El clamor por los derechos de las privadas de la libertad

Falta de acceso al agua, a productos para gestionar su menstruación, a citas médicas y dificultades para mantener contacto con sus hijos son solo algunos de los problemas a los que cada día se enfrentan las 6.749 mujeres que están privadas de la libertad en el país.

De la población reclusa, las mujeres representan el 6,9 %, pero, aunque el porcentaje es bajo y se pensaría que esto permite atender su derecho a una vida digna de forma más eficiente que en el caso de los hombres, que son el 93,1 %, las condiciones de precariedad son las mismas, y en algunos casos, peores.

Con corte a julio de 2022, el Inpec reportó que se tienen seis establecimientos para la reclusión de mujeres en Bogotá, Popayán, Bucaramanga, Pereira, Manizales y Armenia. Además, en algunos centros para hombres existen pabellones para mujeres y las que están en los centros de Cartagena y Riohacha están de forma provisional.

Pese a la disposición de estos espacios, el hacinamiento es uno de los factores que afectan tanto a hombres como a mujeres privadas de la libertad. Actualmente, en los centros de reclusión de mujeres esta condición es del 6,54 %, con una ocupación de más de 400 cupos por encima de la capacidad de la infraestructura y de los servicios de atención.

Lee también: “Necesitamos pasar del papel a la práctica”: el reclamo por los derechos afro

Un paso importante para disminuir el hacinamiento, de acuerdo con María Isabel Mora, asesora de la Clínica Jurídica Grupo de Prisiones de la Universidad de Los Andes, es disminuir la reclusión de mujeres que no han sido condenadas. Solo el 65 % de las mujeres en prisión están condenadas, mientras que el 35 % restante se encuentran sindicadas.

Además del hacinamiento, la falta de acceso a salud, a condiciones de salubridad, a alimentación adecuada y la negación de otros derechos han llevado a la declaración del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario en dos ocasiones. La primera fue en 1998, la segunda en 2013, y fue reiterada por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-762 de 2015.

El Inpec asegura que a las mujeres privadas de la libertad se “les brinda una atención integral que garantiza sus derechos fundamentales, en el marco del respeto y la protección, teniendo en cuenta que constituyen un grupo poblacional que, desde los mandatos constitucionales y tratados internacionales, se le reconoce una condición de especial vulnerabilidad por la naturaleza de sus circunstancias legales y por sexo”. Sin embargo, la realidad dista de estas aseveraciones.

Claudia Cardona, cofundadora de la organización Mujeres Libres, que trabaja por los derechos y el acompañamiento a mujeres privadas de la libertad y sus familiares, explica que “los problemas son los mismos que se vienen presentando desde hace muchos años, e incluso, mucho antes de que la corte haya decretado el estado de cosas inconstitucional. La mala alimentación, la falta de atención en salud, el hacinamiento, la mala habitabilidad permanecen, y lo que hizo el covid-19 fue exponer más esa situación”.

Durante abril, mayo y junio de 2020, cuando el confinamiento en el país por covid-19 se intensificó, Corporación Humanas y Mujeres Libres registraron la situación que vivieron las mujeres privadas de la libertad en Bogotá. “En cuanto a la calidad de la comida, durante los tres meses, las mujeres manifestaron que los alimentos se encontraron crudos o semicrudos por lo menos 23 veces. En al menos 26 ocasiones la comida tenía mal sabor o sabor u olor extraño (…). En por lo menos 10 ocasiones el pollo, la carne y las menudencias se encontraban en descomposición”, relata el informe.

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Pero como cuenta Cardona, esta no es una situación que se haya presentado por la pandemia. Jenny Marcela Pérez estuvo hace un poco más de cinco años recluida en el centro penitenciario El Buen Pastor en Bogotá y de su estadía por seis años recuerda que tanto el estado de los alimentos como las condiciones para recibirlo no eras dignas.

“No podíamos decir nada así nos dieran el pollo crudo o la carne en descomposición, incluso una vez que nos dieron arroz con verdura me salió un gusano en la comida”. A esto agrega que los horarios de alimentación no tenían en cuenta su día a día. “Los desayunos los terminaban de servir a las 5 de la mañana; el almuerzo a las 10 y, la comida a las 3 de la tarde, pasábamos el resto del día sin comer nada. En fechas especiales, como el Día de la Madre, servían algo especial como un tamal, pero teníamos que hacer filas desde las 3 de la mañana y esperar muchas horas para que nos dieran algo”, recuerda Pérez.

Según el Ministerio de Justicia, en un informe sobre las acciones para mejorar el estado de cosas inconstitucional, “las órdenes supusieron fundamentalmente la asignación de recursos por parte de las entidades para la modernización de la infraestructura física de los establecimientos penitenciarios del orden nacional, que a corto plazo significó la disminución de las cifras de hacinamiento, a largo plazo no tuvo una implicación real sobre las condiciones de habitabilidad y particularmente para la garantía de derechos de la población privada de la libertad”.

Pero aun con esas medidas, la infraestructura tampoco mejora de forma significativa. Mujeres que estuvieron privadas de la libertad, también en Bogotá, aseguran que las condiciones de las celdas y de los baños no les garantizaron su derecho a la salud mientras estuvieron en prisión. Goteras, humedad, óxido y pocos implementos para asear el lugar fueron las principales razones que argumentaron.

La calidad del agua es regular y en ocasiones mala, “llega turbia de color gris, sucia y con residuos de óxido, lo cual la hace imposible para el consumo”, explica Cardona. Sumado a esto, la falta de presión deja sin suministro a los pisos 3 y 4, en el caso de Bogotá, lo que obliga a las mujeres a recoger agua en botellas y canecas para poder bañarse, ir al baño, hacer aseo y gestionar su menstruación.

Pérez, frente a estas condiciones, cuenta que la humedad le generó un hongo en la espalda y “lo único que pude hacer fue quemarlo con cloro”, cuenta pues tampoco tuvo atención médica a tiempo. Acceder a medicina general y odontología en prisión es un reto para estas mujeres que encuentran obstáculos para asistir a exámenes y citas que requieran salir del centro penitenciario. Mientras que la atención dentro de los centros es limitada. Durante la pandemia, cuenta Yolima Rivera, quien quedó en libertad hace tres meses, “hablar de salud era pensar solo en el covid-19, el resto de enfermades y necesidades que tuviéramos quedaron de lado”.

El informe de Mujeres Libres y Corporación Humanas narra la escasez de servicios que se vivió en Bogotá. “Durante los tres meses, al menos en cincuenta días no hubo atención en sanidad ni se programaron citas médicas, aun cuando se encontraba un médico de turno en la mañana, uno en la tarde junto a dos enfermeras, y un médico y una enfermera en la noche”.

Los servicios especializados como ginecología son todavía más escasos, “el ginecólogo iba una vez al mes y alcanzaba solo a atender a las maternas”, explica Pérez. A la falta de atención médica y las condiciones de insalubridad, la escasez de productos para atender la menstruación es otra de las problemáticas que enfrentas las mujeres que sufren la prisión.

“Nos daban un rollo de papel higiénico y 10 toallas higiénicas cada tres meses”, recuerda Rivera. Pérez, por su parte, cuenta que, aunque ella mitigó el problema con la ayuda de sus padres que le enviaban toallas higiénicas cuando podían, “muchas mujeres están completamente solas, o sus familias viven en otras ciudades y para ellas era terrible; tenían que ponerse trapos, medias, gritaban en el patio que cambiaban un cigarrillo por una toalla”.

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Atender la menstruación en condiciones dignas será uno de los retos que tendrá el próximo gobierno, pero no tendrá que partir de ceros. A finales de julio, Iván Duque sancionó la Ley 2261 de 2022 que garantiza la entrega de artículos de higiene y salud menstrual a las personas privadas de la libertad en los centros de detención en el país de forma “gratuita, oportuna y suficiente” cada mes, pues hasta ahora las entregas eran trimestrales.

Por otro lado, promover alternativas a la prisión para que las mujeres puedan cumplir sus condenas es otro de los temas que estas mujeres solicitan al nuevo gobierno. “Encontrar trabajo para nosotras es muy difícil, el estigma con el que se carga no desaparece y los procesos de resocialización al interior de la prisión no son efectivos, el servicio público, bien reglamentado, nos puede dar una mejor oportunidad para cumplir la condena sin alejarnos de la familia y de nuestros hijos”, explica Cardona.

El 92,7 % de las mujeres privadas de libertad se encuentra entre los 18 a los 54 años, en edad de trabajar y, en muchos casos, de ser las encargadas de llevar el sustento a sus hogares. La delegación en Colombia del CICR, junto con la Pontificia Universidad Javeriana, presentó el informe de investigación “Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género”, donde se explica que las medidas de cumplimiento de condena fuera de las prisiones “pueden convertirse en una respuesta asertiva para reducir los índices de hacinamiento, garantizar derechos humanos e implementar adecuadamente el fin resocializador de la pena”.

El proceso de resocialización, en el que las organizaciones piden hacer énfasis desde el gobierno, además de contemplar las alternativas de servicio público para cumplir la condena, también deben tener en cuenta la atención psicosocial de las mujeres y sus familias. “El contacto con el mundo es esencial para la resocialización y durante la pandemia se limitó a videollamadas cortas y vigiladas que dificultan todo el proceso que viene en la vida en libertad”, dice Cardona.

“Las mujeres dejaron de recibir las visitas de sus hijos en los centros de reclusión por la pandemia y solo hasta hace tres meses volvieron las visitas por no más de 45 minutos, cuando yo podía verlos hasta por tres horas. Eso está perjudicando todo a lo que las mujeres se van a encontrar cuando salgan”, explica Pérez. Concluye que es primordial “hacer un acompañamiento psicológico a nosotras y nuestras familias porque ya no estamos acostumbradas a los problemas que hay en los hogares, hay unos lazos con los hijos que se rompen y es difícil reconstruirlos; se necesita ayuda”.

Falta de acceso al agua, a productos para gestionar su menstruación, a citas médicas y dificultades para mantener contacto con sus hijos son solo algunos de los problemas a los que cada día se enfrentan las 6.749 mujeres que están privadas de la libertad en el país.

De la población reclusa, las mujeres representan el 6,9 %, pero, aunque el porcentaje es bajo y se pensaría que esto permite atender su derecho a una vida digna de forma más eficiente que en el caso de los hombres, que son el 93,1 %, las condiciones de precariedad son las mismas, y en algunos casos, peores.

Con corte a julio de 2022, el Inpec reportó que se tienen seis establecimientos para la reclusión de mujeres en Bogotá, Popayán, Bucaramanga, Pereira, Manizales y Armenia. Además, en algunos centros para hombres existen pabellones para mujeres y las que están en los centros de Cartagena y Riohacha están de forma provisional.

Pese a la disposición de estos espacios, el hacinamiento es uno de los factores que afectan tanto a hombres como a mujeres privadas de la libertad. Actualmente, en los centros de reclusión de mujeres esta condición es del 6,54 %, con una ocupación de más de 400 cupos por encima de la capacidad de la infraestructura y de los servicios de atención.

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Un paso importante para disminuir el hacinamiento, de acuerdo con María Isabel Mora, asesora de la Clínica Jurídica Grupo de Prisiones de la Universidad de Los Andes, es disminuir la reclusión de mujeres que no han sido condenadas. Solo el 65 % de las mujeres en prisión están condenadas, mientras que el 35 % restante se encuentran sindicadas.

Además del hacinamiento, la falta de acceso a salud, a condiciones de salubridad, a alimentación adecuada y la negación de otros derechos han llevado a la declaración del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario en dos ocasiones. La primera fue en 1998, la segunda en 2013, y fue reiterada por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-762 de 2015.

El Inpec asegura que a las mujeres privadas de la libertad se “les brinda una atención integral que garantiza sus derechos fundamentales, en el marco del respeto y la protección, teniendo en cuenta que constituyen un grupo poblacional que, desde los mandatos constitucionales y tratados internacionales, se le reconoce una condición de especial vulnerabilidad por la naturaleza de sus circunstancias legales y por sexo”. Sin embargo, la realidad dista de estas aseveraciones.

Claudia Cardona, cofundadora de la organización Mujeres Libres, que trabaja por los derechos y el acompañamiento a mujeres privadas de la libertad y sus familiares, explica que “los problemas son los mismos que se vienen presentando desde hace muchos años, e incluso, mucho antes de que la corte haya decretado el estado de cosas inconstitucional. La mala alimentación, la falta de atención en salud, el hacinamiento, la mala habitabilidad permanecen, y lo que hizo el covid-19 fue exponer más esa situación”.

Durante abril, mayo y junio de 2020, cuando el confinamiento en el país por covid-19 se intensificó, Corporación Humanas y Mujeres Libres registraron la situación que vivieron las mujeres privadas de la libertad en Bogotá. “En cuanto a la calidad de la comida, durante los tres meses, las mujeres manifestaron que los alimentos se encontraron crudos o semicrudos por lo menos 23 veces. En al menos 26 ocasiones la comida tenía mal sabor o sabor u olor extraño (…). En por lo menos 10 ocasiones el pollo, la carne y las menudencias se encontraban en descomposición”, relata el informe.

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Pero como cuenta Cardona, esta no es una situación que se haya presentado por la pandemia. Jenny Marcela Pérez estuvo hace un poco más de cinco años recluida en el centro penitenciario El Buen Pastor en Bogotá y de su estadía por seis años recuerda que tanto el estado de los alimentos como las condiciones para recibirlo no eras dignas.

“No podíamos decir nada así nos dieran el pollo crudo o la carne en descomposición, incluso una vez que nos dieron arroz con verdura me salió un gusano en la comida”. A esto agrega que los horarios de alimentación no tenían en cuenta su día a día. “Los desayunos los terminaban de servir a las 5 de la mañana; el almuerzo a las 10 y, la comida a las 3 de la tarde, pasábamos el resto del día sin comer nada. En fechas especiales, como el Día de la Madre, servían algo especial como un tamal, pero teníamos que hacer filas desde las 3 de la mañana y esperar muchas horas para que nos dieran algo”, recuerda Pérez.

Según el Ministerio de Justicia, en un informe sobre las acciones para mejorar el estado de cosas inconstitucional, “las órdenes supusieron fundamentalmente la asignación de recursos por parte de las entidades para la modernización de la infraestructura física de los establecimientos penitenciarios del orden nacional, que a corto plazo significó la disminución de las cifras de hacinamiento, a largo plazo no tuvo una implicación real sobre las condiciones de habitabilidad y particularmente para la garantía de derechos de la población privada de la libertad”.

Pero aun con esas medidas, la infraestructura tampoco mejora de forma significativa. Mujeres que estuvieron privadas de la libertad, también en Bogotá, aseguran que las condiciones de las celdas y de los baños no les garantizaron su derecho a la salud mientras estuvieron en prisión. Goteras, humedad, óxido y pocos implementos para asear el lugar fueron las principales razones que argumentaron.

La calidad del agua es regular y en ocasiones mala, “llega turbia de color gris, sucia y con residuos de óxido, lo cual la hace imposible para el consumo”, explica Cardona. Sumado a esto, la falta de presión deja sin suministro a los pisos 3 y 4, en el caso de Bogotá, lo que obliga a las mujeres a recoger agua en botellas y canecas para poder bañarse, ir al baño, hacer aseo y gestionar su menstruación.

Pérez, frente a estas condiciones, cuenta que la humedad le generó un hongo en la espalda y “lo único que pude hacer fue quemarlo con cloro”, cuenta pues tampoco tuvo atención médica a tiempo. Acceder a medicina general y odontología en prisión es un reto para estas mujeres que encuentran obstáculos para asistir a exámenes y citas que requieran salir del centro penitenciario. Mientras que la atención dentro de los centros es limitada. Durante la pandemia, cuenta Yolima Rivera, quien quedó en libertad hace tres meses, “hablar de salud era pensar solo en el covid-19, el resto de enfermades y necesidades que tuviéramos quedaron de lado”.

El informe de Mujeres Libres y Corporación Humanas narra la escasez de servicios que se vivió en Bogotá. “Durante los tres meses, al menos en cincuenta días no hubo atención en sanidad ni se programaron citas médicas, aun cuando se encontraba un médico de turno en la mañana, uno en la tarde junto a dos enfermeras, y un médico y una enfermera en la noche”.

Los servicios especializados como ginecología son todavía más escasos, “el ginecólogo iba una vez al mes y alcanzaba solo a atender a las maternas”, explica Pérez. A la falta de atención médica y las condiciones de insalubridad, la escasez de productos para atender la menstruación es otra de las problemáticas que enfrentas las mujeres que sufren la prisión.

“Nos daban un rollo de papel higiénico y 10 toallas higiénicas cada tres meses”, recuerda Rivera. Pérez, por su parte, cuenta que, aunque ella mitigó el problema con la ayuda de sus padres que le enviaban toallas higiénicas cuando podían, “muchas mujeres están completamente solas, o sus familias viven en otras ciudades y para ellas era terrible; tenían que ponerse trapos, medias, gritaban en el patio que cambiaban un cigarrillo por una toalla”.

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Atender la menstruación en condiciones dignas será uno de los retos que tendrá el próximo gobierno, pero no tendrá que partir de ceros. A finales de julio, Iván Duque sancionó la Ley 2261 de 2022 que garantiza la entrega de artículos de higiene y salud menstrual a las personas privadas de la libertad en los centros de detención en el país de forma “gratuita, oportuna y suficiente” cada mes, pues hasta ahora las entregas eran trimestrales.

Por otro lado, promover alternativas a la prisión para que las mujeres puedan cumplir sus condenas es otro de los temas que estas mujeres solicitan al nuevo gobierno. “Encontrar trabajo para nosotras es muy difícil, el estigma con el que se carga no desaparece y los procesos de resocialización al interior de la prisión no son efectivos, el servicio público, bien reglamentado, nos puede dar una mejor oportunidad para cumplir la condena sin alejarnos de la familia y de nuestros hijos”, explica Cardona.

El 92,7 % de las mujeres privadas de libertad se encuentra entre los 18 a los 54 años, en edad de trabajar y, en muchos casos, de ser las encargadas de llevar el sustento a sus hogares. La delegación en Colombia del CICR, junto con la Pontificia Universidad Javeriana, presentó el informe de investigación “Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género”, donde se explica que las medidas de cumplimiento de condena fuera de las prisiones “pueden convertirse en una respuesta asertiva para reducir los índices de hacinamiento, garantizar derechos humanos e implementar adecuadamente el fin resocializador de la pena”.

El proceso de resocialización, en el que las organizaciones piden hacer énfasis desde el gobierno, además de contemplar las alternativas de servicio público para cumplir la condena, también deben tener en cuenta la atención psicosocial de las mujeres y sus familias. “El contacto con el mundo es esencial para la resocialización y durante la pandemia se limitó a videollamadas cortas y vigiladas que dificultan todo el proceso que viene en la vida en libertad”, dice Cardona.

“Las mujeres dejaron de recibir las visitas de sus hijos en los centros de reclusión por la pandemia y solo hasta hace tres meses volvieron las visitas por no más de 45 minutos, cuando yo podía verlos hasta por tres horas. Eso está perjudicando todo a lo que las mujeres se van a encontrar cuando salgan”, explica Pérez. Concluye que es primordial “hacer un acompañamiento psicológico a nosotras y nuestras familias porque ya no estamos acostumbradas a los problemas que hay en los hogares, hay unos lazos con los hijos que se rompen y es difícil reconstruirlos; se necesita ayuda”.