El presupuesto para la equidad de la mujer: $47,9 billones

Uno de los principales retos que tuvo la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer durante el gobierno de Iván Duque ha sido contrarrestar los efectos negativos que tuvo la pandemia por covid-19 contra las mujeres. El aumento de casos de violencia doméstica, la tasa de desempleo (que llegó al 18 % para las mujeres, según el DANE), la deserción escolar y la sobrecarga del trabajo de cuidado no remunerado son solo algunos de los temas más problemáticos.

Desde septiembre de 2019, Gheidy Gallo Santos asumió el cargo al frente de la Consejería y, como nos contó, el foco de su gestión fueron las mujeres rurales del país. Si bien las cifras más recientes del DANE muestran una disminución en la tasa de desempleo de las mujeres, con un 13,7 %, la brecha sigue siendo amplia frente al 8,4 % de los hombres.

Estas cifras desencadenan en una serie de inequidades para las mujeres que las aleja no solo de un empleo formal, sino de la participación política, en espacios de toma de decisión, y las expone a violencias basadas en género y condiciones de pobreza, un panorama que se masifica en las zonas rurales donde, por ejemplo, el 42,9 % de los hogares con jefatura femenina estuvo en condiciones de pobreza monetaria en 2021.

¿Cuál es el balance general de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer durante este gobierno?

Quisiera destacar tres grandes titulares de la administración de la gestión del gobierno de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, donde el tema de las mujeres fue una causa central: es la primera vez que en un gobierno, en la política pública, las mujeres estamos en el centro.

Segundo, esas políticas públicas se generaron en una política económica para generar más oportunidades, más autonomía económica para las mujeres, para que puedan gozar efectivamente de sus derechos, de estar en escenarios de política, de participar en los procesos de construcción de paz, pero sobre todo para disminuir la violencia contra las mujeres. Por último, Colombia se consolida como un referente internacional en equidad de mujer.

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¿Cuál fue el resultado del Conpes con la “Política pública de equidad de género para las mujeres: hacia el desarrollo sostenible del país”?

Durante estos cuatro años consolidamos una política de equidad con unos logros específicos, y sobre esa base dejamos la hoja de ruta de los próximos ocho años en este país, lo que deben seguir haciendo los dos próximos gobiernos.

Se dejan asignados recursos de más o menos $47,9 billones. Más de 30 entidades del gobierno, encargadas de administrar los recursos, asumieron compromisos específicos en el Conpes que tienen que hacer y que el próximo gobierno tiene que hacerle seguimiento y garantizar su cumplimiento.

¿Por qué la brecha de género en la tasa de desempleo sigue siendo mayor que la de los hombres y la del promedio nacional?

Durante los últimos ocho meses las mujeres hemos venido liderando la recuperación de empleos, y con corte a abril hemos recuperado 1,3 millones de empleos, la brecha de desempleo entre hombres y mujeres es de 5,3 puntos porcentuales. Estamos a 200 mil empleos de recuperar los empleos que se perdieron durante el covid-19.

Pero el desempleo y la pobreza siguen siendo mayores para las mujeres y los hogares con jefatura femenina.

En el punto más alto del covid-19, por cada empleo que perdía un hombre, tres mujeres lo hacían; ahora, por cada empleo que recupera un hombre, casi tres mujeres lo están haciendo. Eso es porque el país adoptó la primera política fiscal (Ley de Inversión Social) con un enfoque de género con incentivos tributarios para el sector privado: 25 % de subsidio a la contratación de mujeres jóvenes y 15 % para mujeres mayores de 28 años.

Además, el diseño de instrumentos como el Ingreso Solidario, que estuvo enfocado en madres cabeza de familia, donde el 65 % de las beneficiarias fueron mujeres, y gracias a esa política se evitó que 1,4 millones adicionales de mujeres cayeran en la línea de pobreza. ¿Cómo incluir a las mujeres en sectores como la minería y la construcción, donde la reactivación económica avanza más rápido, pero ellas no tienen mayor participación?

Con los sectores minero-energético, construcción e infraestructura nos sentamos, con los ministerios correspondientes y con el sector privado. Con Camacol creamos “Construimos a la par” para dinamizar una mayor participación de las mujeres en el sector. Estamos trabajando de la mano con los departamentos, con empresarios, el Sena, cajas de compensación y las secretarías de la Mujer.

Este programa ya está funcionando, lo acabamos de abrir en Cartagena (Bolívar), y esperamos, con el apoyo de cooperación internacional, podamos llegar al menos a 10 departamentos.

¿Cómo potenciar la autonomía económica de las mujeres en las zonas rurales, donde la brecha de género en desempleo y pobreza es mayor?

Para ellas nos hemos enfocado en el emprendimiento, que es el segundo eje de nuestra política económica: consolidar a Colombia como una nación de mujeres emprendedoras. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lideró el “Pacto por la equidad de las mujeres rurales”, donde buscamos garantizarles a las mujeres rurales un ingreso digno para que tengan una vida digna.

En la UPRA creamos la herramienta “Las mujeres rurales cuentan”, donde todas las entidades reportan los programas y las beneficiarias con enfoque de género. En este gobierno hemos apoyado a más de 800 mil mujeres rurales a convertir en realidad su emprendimiento, su negocio, para que sea rentable, escalable y sostenible.

Lee también: “El cuidado no es un tema de género, sino de desarrollo”

¿Qué garantiza la sostenibilidad de esos emprendimientos?

Para que esto tenga sostenibilidad en el mediano y largo plazos creamos tres instrumentos: el Fondo Mujer Emprende, para ir a las regiones, identificar las ideas de negocio de las mujeres y ayudarlas a estructurar un proyecto, cofinanciarlo y acompañarlo; el sistema de compras públicas, y con el DNP hicimos el proyecto tipo de regalías mujer, para que los mandatarios locales financien sus políticas a favor de las mujeres de manera mucho más expedita.

Pensando en la economía del cuidado, con Comfinagro creamos un formato para que las mujeres puedan medir sus actividades de trabajo de cuidado, y con eso puedan abrir la línea de crédito y bajar la tasa de interés.

Acceder a capacitaciones y programas de emprendimiento representa un sobreesfuerzo para las mujeres que, además de trabajar, se encargan del trabajo de cuidado no remunerado, ¿cómo impulsar su autonomía sin recargar más trabajo sobre ellas?

Es así, por eso fortalecer la política de cuidado debe concretarse en acciones específicas a nivel territorial. Mejorar la infraestructura de cuidado a nivel departamental es el siguiente nivel de lo que debe seguir en una política de empoderamiento de las mujeres, eso lo iniciamos en 2020, pero a los tres meses llegó la pandemia al país y los recursos se volcaron a la salud.

Por cada departamento debe hacerse un análisis de la participación laboral de las mujeres y desde eso fortalecer la capacidad de la infraestructura como tener guarderías 24/7 y debe pensarse en mecanismos de sostenibilidad fiscal de esas guarderías para que las mujeres puedan estar tranquilas mientras trabajan. También hay que masificar la aplicación de la licencia parental compartida, para eliminar un sesgo que hay en la contratación de las mujeres.

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¿Cuál fue el trabajo de la Consejería para acompañar a las mujeres víctimas del conflicto armado y en la implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz?

Recibimos los 51 indicadores del enfoque de género del Acuerdo de Paz y entregamos la herramienta digital “Así avanzan las mujeres en la paz”, donde se encuentra un análisis detallado de en qué van esos indicadores, que nos da como resultado que el 61 % ya se cumplieron o tienen un alto nivel de aplicación.

Sisma Mujer presentó un informe donde explican que solamente el 20 % de las medidas de género presenta avances y el 50 % avances parciales. ¿Por qué la diferencia en los registros?

Nosotros nos sentamos con las 17 entidades encargadas de implementar ese enfoque de género para hacer pedagogía, nuestra metodología está abierta al escrutinio y a la mejora por parte de la cooperación internacional, por parte de organizaciones de mujeres de la sociedad civil y de la academia. La oficina del Alto Comisionado para la Paz de la ONU destacó el avance de esta herramienta y del avance en estos indicadores de género.

¿Cuál fue el trabajo de la Consejería en instituciones como la JEP y la Comisión de la Verdad para garantizar los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado?

De la JEP solamente quisiera destacar la petición que hizo la vicepresidenta, la cual reafirmamos, de la importancia urgente de que la JEP abra el macrocaso de violencia sexual en contra de las mujeres. Las organizaciones de mujeres han venido haciendo un trabajo muy juicioso documentando los casos. Es un compromiso y una exigencia que no da más demoras.

Con la Comisión no participamos, nunca nos invitaron, ese fue un ejercicio donde no se tuvo en cuenta a la Consejería.

¿Cuáles fueron las barreras para aumentar la participación de las mujeres en las instituciones de defensa?

La necesidad de estar en permanente formación. Así como lo requiere la sociedad colombiana y el mundo, la formación es fundamental, hoy en las mallas curriculares de la Fuerza Pública existe la capacitación en equidad de género para que, desde el inicio, este sea un eje central en las instituciones.

También se fortalecieron los protocolos para la prevención de violencias basadas en género en la Fuerza Pública e incrementamos en un 38 % la participación de mujeres allí. Todo articulado con el Ministerio de Defensa y con ONU Mujeres.

¿Qué estrategias se usaron para reducir los casos de violencia contra las mujeres, los que aumentaron durante el confinamiento?

Entregamos instituciones fortalecidas, en el 76 % se conformaron los mecanismos articuladores para coordinar respuestas interseccionales para garantizar acciones de prevención, justicia, protección, atención y sistemas de información de violencias contra mujeres.

Definimos el proyecto de fortalecimiento de las comisarías de familia. Priorizamos el 10 % de los municipios con mayores indicadores de violencia y ahí dejamos implementado el proyecto. Asimismo, se implementó el programa “Inés: justicia a la puerta” como estrategia para las mujeres rurales, que ha llegado a 25 departamentos.

¿Cuál es la posición de la Consejería frente al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y el fallo de la Corte Constitucional que lo ampara?

En un Estado de derecho, un gobierno debe acatar las decisiones de los órganos judiciales y con la sentencia de la Corte, el Ministerio de Salud está trabajando en dejar el marco para el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La apuesta de este gobierno es que ojalá ninguna mujer tuviera que enfrentar esta situación, hemos trabajado en una política para que ninguna llegue a esa situación, pero hay una sentencia de la Corte Constitucional sobre la que se está trabajando.

¿Qué le queda pendiente a la Consejería?

Más participación de mujeres en política, un código electoral con listas paritarias, herramientas para erradicar la violencia política en contra de las mujeres, que muchas veces se convierte en la principal barrera para su participación, y necesitamos robustecer la financiación de las campañas orientadas específicamente a mujeres, porque eso no existe.

¿Cuál es el mensaje para el próximo gobierno y el Ministerio de la Igualdad?

Un mensaje muy importante es construir sobre lo construido. Lo clave será que este tipo de programas se sigan profundizando y llevando a más territorios de los que este gobierno deja en entrega.

Más mujeres TIC también tiene que estar en el centro de una política pública para el avance de los derechos de las mujeres, como lo estuvo en este gobierno.

Uno de los principales retos que tuvo la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer durante el gobierno de Iván Duque ha sido contrarrestar los efectos negativos que tuvo la pandemia por covid-19 contra las mujeres. El aumento de casos de violencia doméstica, la tasa de desempleo (que llegó al 18 % para las mujeres, según el DANE), la deserción escolar y la sobrecarga del trabajo de cuidado no remunerado son solo algunos de los temas más problemáticos.

Desde septiembre de 2019, Gheidy Gallo Santos asumió el cargo al frente de la Consejería y, como nos contó, el foco de su gestión fueron las mujeres rurales del país. Si bien las cifras más recientes del DANE muestran una disminución en la tasa de desempleo de las mujeres, con un 13,7 %, la brecha sigue siendo amplia frente al 8,4 % de los hombres.

Estas cifras desencadenan en una serie de inequidades para las mujeres que las aleja no solo de un empleo formal, sino de la participación política, en espacios de toma de decisión, y las expone a violencias basadas en género y condiciones de pobreza, un panorama que se masifica en las zonas rurales donde, por ejemplo, el 42,9 % de los hogares con jefatura femenina estuvo en condiciones de pobreza monetaria en 2021.

¿Cuál es el balance general de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer durante este gobierno?

Quisiera destacar tres grandes titulares de la administración de la gestión del gobierno de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, donde el tema de las mujeres fue una causa central: es la primera vez que en un gobierno, en la política pública, las mujeres estamos en el centro.

Segundo, esas políticas públicas se generaron en una política económica para generar más oportunidades, más autonomía económica para las mujeres, para que puedan gozar efectivamente de sus derechos, de estar en escenarios de política, de participar en los procesos de construcción de paz, pero sobre todo para disminuir la violencia contra las mujeres. Por último, Colombia se consolida como un referente internacional en equidad de mujer.

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¿Cuál fue el resultado del Conpes con la “Política pública de equidad de género para las mujeres: hacia el desarrollo sostenible del país”?

Durante estos cuatro años consolidamos una política de equidad con unos logros específicos, y sobre esa base dejamos la hoja de ruta de los próximos ocho años en este país, lo que deben seguir haciendo los dos próximos gobiernos.

Se dejan asignados recursos de más o menos $47,9 billones. Más de 30 entidades del gobierno, encargadas de administrar los recursos, asumieron compromisos específicos en el Conpes que tienen que hacer y que el próximo gobierno tiene que hacerle seguimiento y garantizar su cumplimiento.

¿Por qué la brecha de género en la tasa de desempleo sigue siendo mayor que la de los hombres y la del promedio nacional?

Durante los últimos ocho meses las mujeres hemos venido liderando la recuperación de empleos, y con corte a abril hemos recuperado 1,3 millones de empleos, la brecha de desempleo entre hombres y mujeres es de 5,3 puntos porcentuales. Estamos a 200 mil empleos de recuperar los empleos que se perdieron durante el covid-19.

Pero el desempleo y la pobreza siguen siendo mayores para las mujeres y los hogares con jefatura femenina.

En el punto más alto del covid-19, por cada empleo que perdía un hombre, tres mujeres lo hacían; ahora, por cada empleo que recupera un hombre, casi tres mujeres lo están haciendo. Eso es porque el país adoptó la primera política fiscal (Ley de Inversión Social) con un enfoque de género con incentivos tributarios para el sector privado: 25 % de subsidio a la contratación de mujeres jóvenes y 15 % para mujeres mayores de 28 años.

Además, el diseño de instrumentos como el Ingreso Solidario, que estuvo enfocado en madres cabeza de familia, donde el 65 % de las beneficiarias fueron mujeres, y gracias a esa política se evitó que 1,4 millones adicionales de mujeres cayeran en la línea de pobreza. ¿Cómo incluir a las mujeres en sectores como la minería y la construcción, donde la reactivación económica avanza más rápido, pero ellas no tienen mayor participación?

Con los sectores minero-energético, construcción e infraestructura nos sentamos, con los ministerios correspondientes y con el sector privado. Con Camacol creamos “Construimos a la par” para dinamizar una mayor participación de las mujeres en el sector. Estamos trabajando de la mano con los departamentos, con empresarios, el Sena, cajas de compensación y las secretarías de la Mujer.

Este programa ya está funcionando, lo acabamos de abrir en Cartagena (Bolívar), y esperamos, con el apoyo de cooperación internacional, podamos llegar al menos a 10 departamentos.

¿Cómo potenciar la autonomía económica de las mujeres en las zonas rurales, donde la brecha de género en desempleo y pobreza es mayor?

Para ellas nos hemos enfocado en el emprendimiento, que es el segundo eje de nuestra política económica: consolidar a Colombia como una nación de mujeres emprendedoras. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lideró el “Pacto por la equidad de las mujeres rurales”, donde buscamos garantizarles a las mujeres rurales un ingreso digno para que tengan una vida digna.

En la UPRA creamos la herramienta “Las mujeres rurales cuentan”, donde todas las entidades reportan los programas y las beneficiarias con enfoque de género. En este gobierno hemos apoyado a más de 800 mil mujeres rurales a convertir en realidad su emprendimiento, su negocio, para que sea rentable, escalable y sostenible.

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¿Qué garantiza la sostenibilidad de esos emprendimientos?

Para que esto tenga sostenibilidad en el mediano y largo plazos creamos tres instrumentos: el Fondo Mujer Emprende, para ir a las regiones, identificar las ideas de negocio de las mujeres y ayudarlas a estructurar un proyecto, cofinanciarlo y acompañarlo; el sistema de compras públicas, y con el DNP hicimos el proyecto tipo de regalías mujer, para que los mandatarios locales financien sus políticas a favor de las mujeres de manera mucho más expedita.

Pensando en la economía del cuidado, con Comfinagro creamos un formato para que las mujeres puedan medir sus actividades de trabajo de cuidado, y con eso puedan abrir la línea de crédito y bajar la tasa de interés.

Acceder a capacitaciones y programas de emprendimiento representa un sobreesfuerzo para las mujeres que, además de trabajar, se encargan del trabajo de cuidado no remunerado, ¿cómo impulsar su autonomía sin recargar más trabajo sobre ellas?

Es así, por eso fortalecer la política de cuidado debe concretarse en acciones específicas a nivel territorial. Mejorar la infraestructura de cuidado a nivel departamental es el siguiente nivel de lo que debe seguir en una política de empoderamiento de las mujeres, eso lo iniciamos en 2020, pero a los tres meses llegó la pandemia al país y los recursos se volcaron a la salud.

Por cada departamento debe hacerse un análisis de la participación laboral de las mujeres y desde eso fortalecer la capacidad de la infraestructura como tener guarderías 24/7 y debe pensarse en mecanismos de sostenibilidad fiscal de esas guarderías para que las mujeres puedan estar tranquilas mientras trabajan. También hay que masificar la aplicación de la licencia parental compartida, para eliminar un sesgo que hay en la contratación de las mujeres.

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¿Cuál fue el trabajo de la Consejería para acompañar a las mujeres víctimas del conflicto armado y en la implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz?

Recibimos los 51 indicadores del enfoque de género del Acuerdo de Paz y entregamos la herramienta digital “Así avanzan las mujeres en la paz”, donde se encuentra un análisis detallado de en qué van esos indicadores, que nos da como resultado que el 61 % ya se cumplieron o tienen un alto nivel de aplicación.

Sisma Mujer presentó un informe donde explican que solamente el 20 % de las medidas de género presenta avances y el 50 % avances parciales. ¿Por qué la diferencia en los registros?

Nosotros nos sentamos con las 17 entidades encargadas de implementar ese enfoque de género para hacer pedagogía, nuestra metodología está abierta al escrutinio y a la mejora por parte de la cooperación internacional, por parte de organizaciones de mujeres de la sociedad civil y de la academia. La oficina del Alto Comisionado para la Paz de la ONU destacó el avance de esta herramienta y del avance en estos indicadores de género.

¿Cuál fue el trabajo de la Consejería en instituciones como la JEP y la Comisión de la Verdad para garantizar los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado?

De la JEP solamente quisiera destacar la petición que hizo la vicepresidenta, la cual reafirmamos, de la importancia urgente de que la JEP abra el macrocaso de violencia sexual en contra de las mujeres. Las organizaciones de mujeres han venido haciendo un trabajo muy juicioso documentando los casos. Es un compromiso y una exigencia que no da más demoras.

Con la Comisión no participamos, nunca nos invitaron, ese fue un ejercicio donde no se tuvo en cuenta a la Consejería.

¿Cuáles fueron las barreras para aumentar la participación de las mujeres en las instituciones de defensa?

La necesidad de estar en permanente formación. Así como lo requiere la sociedad colombiana y el mundo, la formación es fundamental, hoy en las mallas curriculares de la Fuerza Pública existe la capacitación en equidad de género para que, desde el inicio, este sea un eje central en las instituciones.

También se fortalecieron los protocolos para la prevención de violencias basadas en género en la Fuerza Pública e incrementamos en un 38 % la participación de mujeres allí. Todo articulado con el Ministerio de Defensa y con ONU Mujeres.

¿Qué estrategias se usaron para reducir los casos de violencia contra las mujeres, los que aumentaron durante el confinamiento?

Entregamos instituciones fortalecidas, en el 76 % se conformaron los mecanismos articuladores para coordinar respuestas interseccionales para garantizar acciones de prevención, justicia, protección, atención y sistemas de información de violencias contra mujeres.

Definimos el proyecto de fortalecimiento de las comisarías de familia. Priorizamos el 10 % de los municipios con mayores indicadores de violencia y ahí dejamos implementado el proyecto. Asimismo, se implementó el programa “Inés: justicia a la puerta” como estrategia para las mujeres rurales, que ha llegado a 25 departamentos.

¿Cuál es la posición de la Consejería frente al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y el fallo de la Corte Constitucional que lo ampara?

En un Estado de derecho, un gobierno debe acatar las decisiones de los órganos judiciales y con la sentencia de la Corte, el Ministerio de Salud está trabajando en dejar el marco para el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La apuesta de este gobierno es que ojalá ninguna mujer tuviera que enfrentar esta situación, hemos trabajado en una política para que ninguna llegue a esa situación, pero hay una sentencia de la Corte Constitucional sobre la que se está trabajando.

¿Qué le queda pendiente a la Consejería?

Más participación de mujeres en política, un código electoral con listas paritarias, herramientas para erradicar la violencia política en contra de las mujeres, que muchas veces se convierte en la principal barrera para su participación, y necesitamos robustecer la financiación de las campañas orientadas específicamente a mujeres, porque eso no existe.

¿Cuál es el mensaje para el próximo gobierno y el Ministerio de la Igualdad?

Un mensaje muy importante es construir sobre lo construido. Lo clave será que este tipo de programas se sigan profundizando y llevando a más territorios de los que este gobierno deja en entrega.

Más mujeres TIC también tiene que estar en el centro de una política pública para el avance de los derechos de las mujeres, como lo estuvo en este gobierno.