Entre la esperanza y la incertidumbre: atención médica sin fronteras para migrantes
Las necesidades de quienes migran no han cambiado. Ante la falta de un sistema de salud digno en Venezuela, miles de personas cruzan la frontera para beneficiarse de servicios humanitarios. Sin embargo, estos espacios son cada vez menos.
José David Escobar Franco
Diana* está sentada en la sala de espera del centro de salud Las Margaritas, un espacio cubierto bajo una carpa blanca que genera una atmósfera fresca en medio del calor seco. Espera a que la enfermera de Profamilia la llame para hacerse una citología. Aunque el corregimiento cucuteño de La Parada es polvoriento, Las Margaritas está inmaculado. Es posible encontrarlo tras caminar un kilómetro dentro del territorio colombiano, una vez se cruza el puente Simón Bolívar, que une a Colombia con Venezuela.
Hasta allí llega Diana, quien visita este centro regularmente y esta vez, en un gesto de cuidado, trajo a cuatro sobrinas. Meses después de la reapertura de la frontera, la mujer pudo pasar en mototaxi. Antes se veía obligada a pasar por trochas, pasos irregulares en medio de la montaña y los valles que simulan separar los dos países. En este trayecto era posible toparse con controles de guerrillas y bandas criminales, sin mencionar animales, y cuando llovía, un lodazal. Pero, según ella, este era un escenario más seguro que hacerse atender en Venezuela.
Es venezolana y vive en San Antonio del Táchira, un pueblo fronterizo de Venezuela. Cruza la frontera regularmente para acceder a los servicios que brinda la asistencia humanitaria. Cuenta que para acceder a un servicio de ginecología en su país tendría que esperar meses, pagar una alta cantidad de dinero y llevarle a su ginecóloga (si es que la hay) unos guantes quirúrgicos, jeringas, alcohol y demás instrumentos que se requieran, pues los centros de salud allá no tienen dotación.
Por eso, sitios como el centro Las Margaritas son, para cientos de miles de migrantes que trasiegan de Venezuela y llegan a Colombia, una suerte de oasis de bienestar. Se trata de centros de salud y orientación donde personas en situación de vulnerabilidad, que no solo son migrantes y refugiados venezolanos, sino también personas colombianas. Es un espacio abierto financiado con cooperación internacional.
Allí, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a través del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), la entidad que coordina la respuesta humanitaria para migrantes, habilitó pequeños consultorios en los que operan organizaciones humanitarias internacionales como el Consejo Noruego para los Refugiados y la Cruz Roja, así como organizaciones locales como Profamilia, a través del programa especializado “Sin Fronteras”, creado para atender de manera diferencial a migrantes como Diana y satisfacer sus necesidades de salud sexual y reproductiva. A diario atienden a unas 220 personas.
Este ir y venir a través de la frontera es lo que se conoce como “migración pendular”, y es parte de la vida cotidiana de miles de colombianos y venezolanos, desde al menos 2019, cuando se cortaron las relaciones bilaterales entre los dos países y se prohibió el paso a través de los canales regulares. Esa política cambió con el Gobierno de Colombia, con la llegada del presidente Gustavo Petro, quien retomó las relaciones con Nicolás Maduro, su homólogo, y dio orden de reabrir la frontera. Aun así, no han cambiado las necesidades de quienes migran, pero los centros de salud son cada vez menos.
“El Gobierno dejó huérfanos a los migrantes”
Previo a la reapertura de la frontera, Diana hubiera podido recibir una atención similar en un sitio de asistencia parecido al de Las Margaritas, pero este en el parqueadero del Centro Nacional Fronterizo (Cenaf) del puente Simón Bolívar, un centro administrativo de temas migratorios ubicado junto al puente que migrantes como ella cruzan para pasar de Venezuela a Colombia.
“A la guardia fronteriza no le importa que una venga con niños o que esté embarazada, nos han puesto a esperar horas en la lluvia a que pasen las gandolas (camiones con mercancía) antes de permitirnos pasar el puente”, cuenta una de las sobrinas de Diana. Antes no era así. Cuando estaba cerrada la frontera los guardias permitían el paso de manera irregular, usualmente a cambio de un soborno.
Los migrantes aseguran que tanto la Policía de Colombia como la Guardia Bolivariana siguen pidiendo sobornos, pero ahora la prioridad es el comercio internacional. Eso sí, se refieren al comercio internacional que viene a gran escala en los camiones de carga, pues las pequeñas mercancías de quienes pasan la frontera a pie son objeto de chequeos constantes y arbitrarios. Migrantes en la zona aseguran que, por ejemplo, las autoridades fronterizas les agarran los costales que cargan en la espalda y los cortan para verificar que no carguen “contenidos sospechosos”, como drogas o armas. Poco les importa que esto implique derramar cargas de granos.
Tras la reapertura de la frontera se cerraron los centros de salud del puente Simón Bolívar y del paso fronterizo de Los Patios. Estos dos, a diferencia del centro de salud Las Margaritas, eran visibles para cualquier migrante inmediatamente cruzara la frontera. En ese momento, un portavoz de la Gerencia de Fronteras le dijo a El Espectador que el cierre de estos puestos de asistencia respondía a una reevaluación de la estrategia para atender a los migrantes, y que estos puestos serían eventualmente reubicados. Esta explicación contrasta con una carta filtrada a este medio, proveniente del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), y dirigida a la entonces viceministra de Cancillería, Laura Gil. La misiva, con fecha de octubre de 2022, decía que el cierre del CAS de Los Patios se debía a que “las condiciones de seguridad, acceso a agua, conectividad, energía, aseo y mantenimiento general del espacio no son adecuadas”.
En su momento, siendo viceministra de Asuntos Multilaterales, la ahora embajadora en Viena, Laura Gil Savastano (quien previo a salir de su cargo por malas relaciones con el canciller Álvaro Leyva recibió el respaldo de más de 150 organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales), le confirmó a El Espectador que estaba trabajando para instalar de nuevo esos puestos. Sin embargo, para mayo de 2023, los centros de salud no se han reubicado, no hay confirmación por parte de ninguna entidad oficial de cuándo esto vaya a ocurrir y esa tarea no está en la agenda de la Cancillería.
En octubre de 2022, la Gerencia de Fronteras, oficina con el mismo rango de una alta consejería presidencial, fue cerrada por orden del presidente Gustavo Petro y sus funciones se remitieron a la Cancillería. El argumento del Gobierno fue que se ahorrarían al menos $23.000 millones en lo que restaba de 2022 y más de $83.000 millones en 2023. Una explicación extraña, siendo que la principal financiación de la Gerencia de Fronteras provenía de cooperación internacional. Aun así, los donantes internacionales han persistido en unir esfuerzos a través del GIFMM.
No alcanza la plata
En Colombia, la respuesta humanitaria a la migración proveniente de Venezuela se coordina desde el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), que funciona desde 2016 y reúne 78 organizaciones. El Grupo, a su vez, es parte del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP, por su sigla en inglés), que reúne 200 organizaciones (agencias de la ONU, sociedad civil, organizaciones religiosas y ONG) que coordinan esfuerzos específicamente para los migrantes de Venezuela en 17 países de América Latina y el Caribe.
Pese al tamaño de esta coalición, nunca hay suficiente plata. De acuerdo con las proyecciones del propio GIFMM, de US$644 millones que en 2021 se requerían para financiar las operaciones del GIFMM, solo se alcanzaron US$68,52 millones, lo que representa un déficit superior al 90 %. Este patrón porcentual no ha cambiado, pero la cantidad de dinero que el GIFMM requiere por año sí: para 2022 la cifra subió a US$803 millones y, en cambio, para 2023 bajó a US$664 millones y para 2024 se establecieron US$575 millones.
Este descenso coincide con una normalización relativa de la situación migratoria en la región, así como con una alta concentración de esfuerzos humanitarios para ayudar a Ucrania tras la invasión rusa.
Miembros de organizaciones que en Colombia prestan servicios de ayuda humanitaria para migrantes, mayormente de salud, temen que esto se traduzca en un eventual cese de sus servicios. Aun así, no ha sucedido que los donantes y financiadores se ausenten.
La ayuda humanitaria y los organismos internacionales operan bajo principio de complementariedad, es decir, deberían ser una ayuda para que el Estado haga más fácilmente su tarea de responder por los derechos humanos de quienes ingresan al territorio. En la práctica, estos organismos no operan bajo complementariedad, sino más bien bajo sustitución de las funciones del Estado: no solo para los migrantes, sino para nacionales en situación de vulnerabilidad, es más fácil acceder a servicios de salud en los centros que coordina el GIFMM, que hacerlo en un hospital público o en una EPS.
¿Qué pasará entonces si estos servicios se acaban?
Esta es la pregunta que agobia a los trabajadores sociales de las instituciones que tienen programas especiales para migrantes.
Para Carlos Gómez, director de Proyectos Humanitarios de Profamilia, la reducción de recursos que facilitan el sostenimiento de programas como “Sin Fronteras”, se traduciría en miles de mujeres migrantes que no tendrían cómo acceder a servicios oportunos en salud sexual y reproductiva, como citologías, servicios de anticoncepción y prevención de embarazos no deseados, acceso y garantía del servicio de aborto seguro y adquisición de tratamientos antirretrovirales para tratar el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Esto es particularmente grave para mujeres que en su tránsito migratorio a Colombia son, a menudo, víctimas de violencia sexual.
Dildar Salamanca, quien coordina en Cúcuta el programa del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), vería también la pérdida de un espacio de encuentro entre mujeres vulnerables donde se han creado comunidades de apoyo. Pero pronostica algo igualmente alarmante: un colapso del sistema de salud en las zonas fronterizas.
Actualmente, el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta opera en condiciones de hacinamiento hospitalario. El 70 % de sus pacientes son migrantes, según cifras del mismo hospital. En un escenario donde no existieran más centros de ayuda humanitaria, hospitales como ese, afirma Dildar, no darían abasto. Pero el escenario parce poco probable, al menos en el mediano plazo. Para los próximos dos años el GIFMM ha desplegado centros de ayuda enfocados ahora en la ruta migratoria del Darién.
*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente.
Diana* está sentada en la sala de espera del centro de salud Las Margaritas, un espacio cubierto bajo una carpa blanca que genera una atmósfera fresca en medio del calor seco. Espera a que la enfermera de Profamilia la llame para hacerse una citología. Aunque el corregimiento cucuteño de La Parada es polvoriento, Las Margaritas está inmaculado. Es posible encontrarlo tras caminar un kilómetro dentro del territorio colombiano, una vez se cruza el puente Simón Bolívar, que une a Colombia con Venezuela.
Hasta allí llega Diana, quien visita este centro regularmente y esta vez, en un gesto de cuidado, trajo a cuatro sobrinas. Meses después de la reapertura de la frontera, la mujer pudo pasar en mototaxi. Antes se veía obligada a pasar por trochas, pasos irregulares en medio de la montaña y los valles que simulan separar los dos países. En este trayecto era posible toparse con controles de guerrillas y bandas criminales, sin mencionar animales, y cuando llovía, un lodazal. Pero, según ella, este era un escenario más seguro que hacerse atender en Venezuela.
Es venezolana y vive en San Antonio del Táchira, un pueblo fronterizo de Venezuela. Cruza la frontera regularmente para acceder a los servicios que brinda la asistencia humanitaria. Cuenta que para acceder a un servicio de ginecología en su país tendría que esperar meses, pagar una alta cantidad de dinero y llevarle a su ginecóloga (si es que la hay) unos guantes quirúrgicos, jeringas, alcohol y demás instrumentos que se requieran, pues los centros de salud allá no tienen dotación.
Por eso, sitios como el centro Las Margaritas son, para cientos de miles de migrantes que trasiegan de Venezuela y llegan a Colombia, una suerte de oasis de bienestar. Se trata de centros de salud y orientación donde personas en situación de vulnerabilidad, que no solo son migrantes y refugiados venezolanos, sino también personas colombianas. Es un espacio abierto financiado con cooperación internacional.
Allí, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a través del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), la entidad que coordina la respuesta humanitaria para migrantes, habilitó pequeños consultorios en los que operan organizaciones humanitarias internacionales como el Consejo Noruego para los Refugiados y la Cruz Roja, así como organizaciones locales como Profamilia, a través del programa especializado “Sin Fronteras”, creado para atender de manera diferencial a migrantes como Diana y satisfacer sus necesidades de salud sexual y reproductiva. A diario atienden a unas 220 personas.
Este ir y venir a través de la frontera es lo que se conoce como “migración pendular”, y es parte de la vida cotidiana de miles de colombianos y venezolanos, desde al menos 2019, cuando se cortaron las relaciones bilaterales entre los dos países y se prohibió el paso a través de los canales regulares. Esa política cambió con el Gobierno de Colombia, con la llegada del presidente Gustavo Petro, quien retomó las relaciones con Nicolás Maduro, su homólogo, y dio orden de reabrir la frontera. Aun así, no han cambiado las necesidades de quienes migran, pero los centros de salud son cada vez menos.
“El Gobierno dejó huérfanos a los migrantes”
Previo a la reapertura de la frontera, Diana hubiera podido recibir una atención similar en un sitio de asistencia parecido al de Las Margaritas, pero este en el parqueadero del Centro Nacional Fronterizo (Cenaf) del puente Simón Bolívar, un centro administrativo de temas migratorios ubicado junto al puente que migrantes como ella cruzan para pasar de Venezuela a Colombia.
“A la guardia fronteriza no le importa que una venga con niños o que esté embarazada, nos han puesto a esperar horas en la lluvia a que pasen las gandolas (camiones con mercancía) antes de permitirnos pasar el puente”, cuenta una de las sobrinas de Diana. Antes no era así. Cuando estaba cerrada la frontera los guardias permitían el paso de manera irregular, usualmente a cambio de un soborno.
Los migrantes aseguran que tanto la Policía de Colombia como la Guardia Bolivariana siguen pidiendo sobornos, pero ahora la prioridad es el comercio internacional. Eso sí, se refieren al comercio internacional que viene a gran escala en los camiones de carga, pues las pequeñas mercancías de quienes pasan la frontera a pie son objeto de chequeos constantes y arbitrarios. Migrantes en la zona aseguran que, por ejemplo, las autoridades fronterizas les agarran los costales que cargan en la espalda y los cortan para verificar que no carguen “contenidos sospechosos”, como drogas o armas. Poco les importa que esto implique derramar cargas de granos.
Tras la reapertura de la frontera se cerraron los centros de salud del puente Simón Bolívar y del paso fronterizo de Los Patios. Estos dos, a diferencia del centro de salud Las Margaritas, eran visibles para cualquier migrante inmediatamente cruzara la frontera. En ese momento, un portavoz de la Gerencia de Fronteras le dijo a El Espectador que el cierre de estos puestos de asistencia respondía a una reevaluación de la estrategia para atender a los migrantes, y que estos puestos serían eventualmente reubicados. Esta explicación contrasta con una carta filtrada a este medio, proveniente del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), y dirigida a la entonces viceministra de Cancillería, Laura Gil. La misiva, con fecha de octubre de 2022, decía que el cierre del CAS de Los Patios se debía a que “las condiciones de seguridad, acceso a agua, conectividad, energía, aseo y mantenimiento general del espacio no son adecuadas”.
En su momento, siendo viceministra de Asuntos Multilaterales, la ahora embajadora en Viena, Laura Gil Savastano (quien previo a salir de su cargo por malas relaciones con el canciller Álvaro Leyva recibió el respaldo de más de 150 organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales), le confirmó a El Espectador que estaba trabajando para instalar de nuevo esos puestos. Sin embargo, para mayo de 2023, los centros de salud no se han reubicado, no hay confirmación por parte de ninguna entidad oficial de cuándo esto vaya a ocurrir y esa tarea no está en la agenda de la Cancillería.
En octubre de 2022, la Gerencia de Fronteras, oficina con el mismo rango de una alta consejería presidencial, fue cerrada por orden del presidente Gustavo Petro y sus funciones se remitieron a la Cancillería. El argumento del Gobierno fue que se ahorrarían al menos $23.000 millones en lo que restaba de 2022 y más de $83.000 millones en 2023. Una explicación extraña, siendo que la principal financiación de la Gerencia de Fronteras provenía de cooperación internacional. Aun así, los donantes internacionales han persistido en unir esfuerzos a través del GIFMM.
No alcanza la plata
En Colombia, la respuesta humanitaria a la migración proveniente de Venezuela se coordina desde el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), que funciona desde 2016 y reúne 78 organizaciones. El Grupo, a su vez, es parte del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP, por su sigla en inglés), que reúne 200 organizaciones (agencias de la ONU, sociedad civil, organizaciones religiosas y ONG) que coordinan esfuerzos específicamente para los migrantes de Venezuela en 17 países de América Latina y el Caribe.
Pese al tamaño de esta coalición, nunca hay suficiente plata. De acuerdo con las proyecciones del propio GIFMM, de US$644 millones que en 2021 se requerían para financiar las operaciones del GIFMM, solo se alcanzaron US$68,52 millones, lo que representa un déficit superior al 90 %. Este patrón porcentual no ha cambiado, pero la cantidad de dinero que el GIFMM requiere por año sí: para 2022 la cifra subió a US$803 millones y, en cambio, para 2023 bajó a US$664 millones y para 2024 se establecieron US$575 millones.
Este descenso coincide con una normalización relativa de la situación migratoria en la región, así como con una alta concentración de esfuerzos humanitarios para ayudar a Ucrania tras la invasión rusa.
Miembros de organizaciones que en Colombia prestan servicios de ayuda humanitaria para migrantes, mayormente de salud, temen que esto se traduzca en un eventual cese de sus servicios. Aun así, no ha sucedido que los donantes y financiadores se ausenten.
La ayuda humanitaria y los organismos internacionales operan bajo principio de complementariedad, es decir, deberían ser una ayuda para que el Estado haga más fácilmente su tarea de responder por los derechos humanos de quienes ingresan al territorio. En la práctica, estos organismos no operan bajo complementariedad, sino más bien bajo sustitución de las funciones del Estado: no solo para los migrantes, sino para nacionales en situación de vulnerabilidad, es más fácil acceder a servicios de salud en los centros que coordina el GIFMM, que hacerlo en un hospital público o en una EPS.
¿Qué pasará entonces si estos servicios se acaban?
Esta es la pregunta que agobia a los trabajadores sociales de las instituciones que tienen programas especiales para migrantes.
Para Carlos Gómez, director de Proyectos Humanitarios de Profamilia, la reducción de recursos que facilitan el sostenimiento de programas como “Sin Fronteras”, se traduciría en miles de mujeres migrantes que no tendrían cómo acceder a servicios oportunos en salud sexual y reproductiva, como citologías, servicios de anticoncepción y prevención de embarazos no deseados, acceso y garantía del servicio de aborto seguro y adquisición de tratamientos antirretrovirales para tratar el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Esto es particularmente grave para mujeres que en su tránsito migratorio a Colombia son, a menudo, víctimas de violencia sexual.
Dildar Salamanca, quien coordina en Cúcuta el programa del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), vería también la pérdida de un espacio de encuentro entre mujeres vulnerables donde se han creado comunidades de apoyo. Pero pronostica algo igualmente alarmante: un colapso del sistema de salud en las zonas fronterizas.
Actualmente, el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta opera en condiciones de hacinamiento hospitalario. El 70 % de sus pacientes son migrantes, según cifras del mismo hospital. En un escenario donde no existieran más centros de ayuda humanitaria, hospitales como ese, afirma Dildar, no darían abasto. Pero el escenario parce poco probable, al menos en el mediano plazo. Para los próximos dos años el GIFMM ha desplegado centros de ayuda enfocados ahora en la ruta migratoria del Darién.
*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente.