Erradicar la violencia de género, el gran asunto pendiente de la sociedad

El viernes 16 de septiembre del 2016, María Isabel Covaleda fue agredida en las calles de Bogotá por Camilo Sanclemente, su expareja, quien la golpeó hasta dejarla inconsciente. Ante las constantes amenazas y ataques de su agresor, Covaleda decidió hacer público su caso a través de redes sociales y medios de comunicación. En ese momento se dio cuenta de que, como ella, muchas mujeres estaban siendo violentadas física y psicológicamente sin recibir ningún tipo de ayuda, protección ni orientación sobre cómo actuar.

Su caso fue mediático y se convirtió en uno de los referentes cuando se habla de violencia contra las mujeres. Meses después del suceso, en abril de 2017, Covaleda se convirtió en activista, creó la Fundación Maisa Covaleda y el movimiento Romper el Silencio, un espacio en el que, desde su experiencia personal, busca acompañar a las mujeres víctimas de violencia.

Cabe resaltar que, aunque en diferentes proporciones, según ONU Mujeres, el 27 % de las mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual por parte de su actual esposo o compañero íntimo al menos una vez en su vida y el 13 % sufrió algún tipo de estas violencias en el último año, lo que muestra que, como Covaleda, son muchas las mujeres que requieren información y acceso a mecanismos de denuncia.

Desde entonces el activismo de Maisa y su fundación han ido creciendo en redes sociales e incursionado en nuevas estrategias para crear conciencia colectiva en torno a este tema. Por ejemplo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, lanzó una campaña en alianza con Spotify para hablar a través del arte y la música sobre las altas cifras de feminicidios en el país. Entre enero y septiembre de 2021, 717 mujeres fueron asesinadas, según el boletín estadístico de septiembre emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal; 87 mujeres más que el año paso en el mismo período.

Lea también: Opinión: ¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!

El trabajo de la fundación es aún más relevante en un contexto de aumento de este tipo de violencia. Además de los reportes sobre feminicidios, el Boletín de Violencias Basadas en Género, de la delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo, evidencia que en el 2020 se incrementaron los casos y los tipos de violencia: económica (95 %), patrimonial (70 %), física (61 %), psicológica (43 %) y sexual (31 %), en lo que la mayoría de las víctimas son mujeres entre 29 y 40 años.

“Había una necesidad palpable de visibilizar el tema. Muchas mujeres llegaron a pedir ayuda y unirse al movimiento. Lo que vimos es que las víctimas de estas violencias necesitan mucho apoyo, porque la ayuda del Estado no estaba siendo suficiente”, explica la activista, quien resalta que, en muchos casos y como consecuencia de los sesgos culturales de género que persisten, denunciar las agresiones se puede convertir en motivo de revictimización y estigmatización para quien denuncia.

Pero son aun más alarmantes las cifras de nuestro país, que revelan la magnitud de la problemática: en promedio, entre 2015 y 2019, en Colombia fueron asesinadas 2,7 mujeres cada día, de acuerdo con el informe “Masatugó”, de Medicina Legal, que evidencia las lesiones contra mujeres y explica la relación entre los tipos de violencia y la brecha de género, la discriminación y la violación de los derechos humanos de mujeres y niñas. La mayoría de estos casos se registraron en las viviendas (35,77 %) y espacios públicos (34,42 %).

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En este contexto, Covaleda empezó a trabajar con mujeres víctimas en procesos de escucha, apoyo y acompañamiento para encontrar las rutas de acción que se acomodaran a cada caso. “Nos dedicamos a prestarles atención psicosocial, jurídica y psicológica a las mujeres. Tratamos de proveer lo que van necesitando en sus procesos”, explica.

Su fundación, a modo de centro de apoyo, recoge la información del caso para hacer un análisis jurídico de lo que necesita cada persona o de las exigencias de restitución o protección de derechos que se requieran. En cuanto a la atención psicológica, dada la falta de recursos económicos, la atención que se presta es en reuniones grupales para hacer un acompañamiento, aunque en los casos que se requiera buscan conexiones con aliados que las puedan guiar.

Aunque el limitante de dinero ha sido un obstáculo, la red que han creado las mujeres que hacen parte de la fundación les ha servido para solventar sus necesidades como organización y les ha dado mayor campo de acción en varias regiones del país. Covaleda cuenta que muchas de las personas que se vinculan y quieren ser voluntarias en el proceso suelen ser víctimas de violencia de género.

Adicionalmente, la fundación se vale de alianzas con empresas, clínicas y organizaciones para aumentar su red de contactos y así lograr un mayor impacto. Por ejemplo, para brindar un mejor apoyo jurídico y psicológico, tienen un enlace con la Universidad de los Andes, con quienes han creado grupos de apoyo psicológico y de análisis legal de los casos. “Hemos visto la importancia de estas asesorías, porque los representantes legales muchas veces hacen el seguimiento de estos casos o representan a las víctimas sin ningún enfoque de género”, explica la activista.

Para visibilizar los casos, Maisa Covaleda busca alianzas también con medios de comunicación, para dar a conocer el caso cuando las víctimas así lo requieran, porque en algunos casos esta acción les permite encontrar el paradero del agresor.

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El confinamiento y los efectos económicos del covid-19 es otro factor que desde la fundación han trabajado, pues ha aumentado de forma particular la violencia contra las mujeres, la pobreza, las tasas de violencia y la carga de trabajo no remunerado en las mujeres. Por medio de bolsas de empleo y alianzas, la fundación apoya la búsqueda de trabajo para las mujeres que son vulnerables económicamente.

Este es un factor que afectó mucho a Latinoamérica. De acuerdo con el informe “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “la pandemia generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región”, afirmación basada en la tasa de participación laboral de las mujeres que, según el informe, en 2020 fue del 46 %, mientras que la de los hombres fue del 69 %, cuando en el 2019 fueron 52 % y 73,6 %, respectivamente.

En el caso colombiano 1,4 millones de mujeres perdieron su trabajo en 2020, según el DANE, una situación que no solo dejó a muchas mujeres en mayor contacto con sus parejas agresoras, sino que también creó una dependencia económica que limita las denuncias.

En sus cuatro años de funcionamiento, la fundación ha acompañado los procesos de unas 1.500 mujeres que han sido víctimas de violencia física en Colombia e incluso fuera del país. “Hay mujeres de todo el territorio e incluso de mujeres colombianas que están fuera del país que están solas, se sienten acorraladas, aisladas, sin una red de apoyo cercana y ahí también estamos para ayudarlas”.

El otro campo de acción de la fundación, además del acompañamiento, se centra en acciones participativas y campañas, cuyo objetivo es generar consciencia en torno al tema, al reconocimiento de la violencia de género y los comportamientos machistas que la perpetúan. Organizaciones a escala mundial también se han comprometido con sus campañas a incluir a todos los actores de la sociedad en la mitigación de la violencia de género.

Por medio de estas iniciativas también se promueve el conocimiento por parte de las mujeres de normas y acuerdos que, además de las políticas internas de cada país, les garantizan sus derechos y les permiten exigirlos. Un ejemplo de estas normas son la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de la ONU y la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará de la OEA.

Covaleda explica que las campañas de la fundación no solo intentan visibilizar el problema de violencia, sino incluir a toda la sociedad en la solución de este problema. “Parece que las campañas siempre les dicen a las mujeres: ‘Denuncia, tú puedes, empodérate’, pero esto no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres y mucho menos de una mujer que ya ha sufrido una o muchas violencias, esto es un problema colectivo en el que todos participamos. Necesitamos que todos también estemos en esa solución y tomemos conciencia de nuestro rol en la perpetuación de la violencia de género”.

Una proporción significativa de hombres que han perpetrado violencia sexual lo han hecho por primera vez en la adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, lo que confirma la necesidad e importancia de vincular a los hombres y niños en el tratamiento de este tema y de implementar acciones pedagógicas a temprana edad para erradicar el comportamiento machista y violento desde la formación.

Por ejemplo, la campaña que promovió la fundación el año pasado se llamó “It Would Be Like” (“Así Sería”), aprovechando el fenómeno viral de la aplicación Face App, donde hombres y mujeres cambiaban su género en fotografías. Aunque abundaba una mirada sexista de los hombres sobre sí mismos cuando se veían como mujeres, según explica Covaleda, la campaña les decía a los hombres los miedos y violencias a los que se enfrentaría si fueran mujeres, solo por el hecho de serlo.

Así como sus iniciativas, son numerosas las campañas digitales que buscan tener una incidencia a favor de las mujeres en diversos espacios, virtuales y físicos.

Esta semana, como apoyo al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ONU Mujeres activó la campaña “Únete”, que incentiva el activismo contra la violencia de género por parte de entidades públicas y privadas, medios de comunicación y de la sociedad en general. La iniciativa se enmarca en los 16 días de activismo contra la violencia contra las mujeres y niñas que, desde 1991, ha convocado a más de 6.000 organizaciones de 187 países.

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En cuanto a las acciones por parte del Estado, la directora de la fundación Maisa Covaleda considera que las acciones no están siendo suficientes: “Yo creo que en Colombia hace falta un ministerio para la equidad de la mujer, no solo una consejería o una oficina que emita informes técnicos, que escuche y sugiera”, explica. Argumenta que, aunque las charlas y los talleres son importantes para crear consciencia, “se requieren más acciones y presupuesto, se requiere apoyar a todas las organizaciones y colectivas que de verdad están trabajando el tema de fondo, porque las cifras de violencia de género y feminicidios aumentan y aumentan. Esto quiere decir que lo que se está haciendo no está funcionando, no hay políticas públicas que estén funcionando”.

Finalmente, Covaleda concluye que, para avanzar en materia de prevención de violencia basada en género, es necesario garantizar el acceso a la justicia, la restitución de derechos de las víctimas y evitar la revictimización.

El viernes 16 de septiembre del 2016, María Isabel Covaleda fue agredida en las calles de Bogotá por Camilo Sanclemente, su expareja, quien la golpeó hasta dejarla inconsciente. Ante las constantes amenazas y ataques de su agresor, Covaleda decidió hacer público su caso a través de redes sociales y medios de comunicación. En ese momento se dio cuenta de que, como ella, muchas mujeres estaban siendo violentadas física y psicológicamente sin recibir ningún tipo de ayuda, protección ni orientación sobre cómo actuar.

Su caso fue mediático y se convirtió en uno de los referentes cuando se habla de violencia contra las mujeres. Meses después del suceso, en abril de 2017, Covaleda se convirtió en activista, creó la Fundación Maisa Covaleda y el movimiento Romper el Silencio, un espacio en el que, desde su experiencia personal, busca acompañar a las mujeres víctimas de violencia.

Cabe resaltar que, aunque en diferentes proporciones, según ONU Mujeres, el 27 % de las mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual por parte de su actual esposo o compañero íntimo al menos una vez en su vida y el 13 % sufrió algún tipo de estas violencias en el último año, lo que muestra que, como Covaleda, son muchas las mujeres que requieren información y acceso a mecanismos de denuncia.

Desde entonces el activismo de Maisa y su fundación han ido creciendo en redes sociales e incursionado en nuevas estrategias para crear conciencia colectiva en torno a este tema. Por ejemplo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, lanzó una campaña en alianza con Spotify para hablar a través del arte y la música sobre las altas cifras de feminicidios en el país. Entre enero y septiembre de 2021, 717 mujeres fueron asesinadas, según el boletín estadístico de septiembre emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal; 87 mujeres más que el año paso en el mismo período.

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El trabajo de la fundación es aún más relevante en un contexto de aumento de este tipo de violencia. Además de los reportes sobre feminicidios, el Boletín de Violencias Basadas en Género, de la delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo, evidencia que en el 2020 se incrementaron los casos y los tipos de violencia: económica (95 %), patrimonial (70 %), física (61 %), psicológica (43 %) y sexual (31 %), en lo que la mayoría de las víctimas son mujeres entre 29 y 40 años.

“Había una necesidad palpable de visibilizar el tema. Muchas mujeres llegaron a pedir ayuda y unirse al movimiento. Lo que vimos es que las víctimas de estas violencias necesitan mucho apoyo, porque la ayuda del Estado no estaba siendo suficiente”, explica la activista, quien resalta que, en muchos casos y como consecuencia de los sesgos culturales de género que persisten, denunciar las agresiones se puede convertir en motivo de revictimización y estigmatización para quien denuncia.

Pero son aun más alarmantes las cifras de nuestro país, que revelan la magnitud de la problemática: en promedio, entre 2015 y 2019, en Colombia fueron asesinadas 2,7 mujeres cada día, de acuerdo con el informe “Masatugó”, de Medicina Legal, que evidencia las lesiones contra mujeres y explica la relación entre los tipos de violencia y la brecha de género, la discriminación y la violación de los derechos humanos de mujeres y niñas. La mayoría de estos casos se registraron en las viviendas (35,77 %) y espacios públicos (34,42 %).

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En este contexto, Covaleda empezó a trabajar con mujeres víctimas en procesos de escucha, apoyo y acompañamiento para encontrar las rutas de acción que se acomodaran a cada caso. “Nos dedicamos a prestarles atención psicosocial, jurídica y psicológica a las mujeres. Tratamos de proveer lo que van necesitando en sus procesos”, explica.

Su fundación, a modo de centro de apoyo, recoge la información del caso para hacer un análisis jurídico de lo que necesita cada persona o de las exigencias de restitución o protección de derechos que se requieran. En cuanto a la atención psicológica, dada la falta de recursos económicos, la atención que se presta es en reuniones grupales para hacer un acompañamiento, aunque en los casos que se requiera buscan conexiones con aliados que las puedan guiar.

Aunque el limitante de dinero ha sido un obstáculo, la red que han creado las mujeres que hacen parte de la fundación les ha servido para solventar sus necesidades como organización y les ha dado mayor campo de acción en varias regiones del país. Covaleda cuenta que muchas de las personas que se vinculan y quieren ser voluntarias en el proceso suelen ser víctimas de violencia de género.

Adicionalmente, la fundación se vale de alianzas con empresas, clínicas y organizaciones para aumentar su red de contactos y así lograr un mayor impacto. Por ejemplo, para brindar un mejor apoyo jurídico y psicológico, tienen un enlace con la Universidad de los Andes, con quienes han creado grupos de apoyo psicológico y de análisis legal de los casos. “Hemos visto la importancia de estas asesorías, porque los representantes legales muchas veces hacen el seguimiento de estos casos o representan a las víctimas sin ningún enfoque de género”, explica la activista.

Para visibilizar los casos, Maisa Covaleda busca alianzas también con medios de comunicación, para dar a conocer el caso cuando las víctimas así lo requieran, porque en algunos casos esta acción les permite encontrar el paradero del agresor.

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El confinamiento y los efectos económicos del covid-19 es otro factor que desde la fundación han trabajado, pues ha aumentado de forma particular la violencia contra las mujeres, la pobreza, las tasas de violencia y la carga de trabajo no remunerado en las mujeres. Por medio de bolsas de empleo y alianzas, la fundación apoya la búsqueda de trabajo para las mujeres que son vulnerables económicamente.

Este es un factor que afectó mucho a Latinoamérica. De acuerdo con el informe “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “la pandemia generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región”, afirmación basada en la tasa de participación laboral de las mujeres que, según el informe, en 2020 fue del 46 %, mientras que la de los hombres fue del 69 %, cuando en el 2019 fueron 52 % y 73,6 %, respectivamente.

En el caso colombiano 1,4 millones de mujeres perdieron su trabajo en 2020, según el DANE, una situación que no solo dejó a muchas mujeres en mayor contacto con sus parejas agresoras, sino que también creó una dependencia económica que limita las denuncias.

En sus cuatro años de funcionamiento, la fundación ha acompañado los procesos de unas 1.500 mujeres que han sido víctimas de violencia física en Colombia e incluso fuera del país. “Hay mujeres de todo el territorio e incluso de mujeres colombianas que están fuera del país que están solas, se sienten acorraladas, aisladas, sin una red de apoyo cercana y ahí también estamos para ayudarlas”.

El otro campo de acción de la fundación, además del acompañamiento, se centra en acciones participativas y campañas, cuyo objetivo es generar consciencia en torno al tema, al reconocimiento de la violencia de género y los comportamientos machistas que la perpetúan. Organizaciones a escala mundial también se han comprometido con sus campañas a incluir a todos los actores de la sociedad en la mitigación de la violencia de género.

Por medio de estas iniciativas también se promueve el conocimiento por parte de las mujeres de normas y acuerdos que, además de las políticas internas de cada país, les garantizan sus derechos y les permiten exigirlos. Un ejemplo de estas normas son la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de la ONU y la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará de la OEA.

Covaleda explica que las campañas de la fundación no solo intentan visibilizar el problema de violencia, sino incluir a toda la sociedad en la solución de este problema. “Parece que las campañas siempre les dicen a las mujeres: ‘Denuncia, tú puedes, empodérate’, pero esto no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres y mucho menos de una mujer que ya ha sufrido una o muchas violencias, esto es un problema colectivo en el que todos participamos. Necesitamos que todos también estemos en esa solución y tomemos conciencia de nuestro rol en la perpetuación de la violencia de género”.

Una proporción significativa de hombres que han perpetrado violencia sexual lo han hecho por primera vez en la adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, lo que confirma la necesidad e importancia de vincular a los hombres y niños en el tratamiento de este tema y de implementar acciones pedagógicas a temprana edad para erradicar el comportamiento machista y violento desde la formación.

Por ejemplo, la campaña que promovió la fundación el año pasado se llamó “It Would Be Like” (“Así Sería”), aprovechando el fenómeno viral de la aplicación Face App, donde hombres y mujeres cambiaban su género en fotografías. Aunque abundaba una mirada sexista de los hombres sobre sí mismos cuando se veían como mujeres, según explica Covaleda, la campaña les decía a los hombres los miedos y violencias a los que se enfrentaría si fueran mujeres, solo por el hecho de serlo.

Así como sus iniciativas, son numerosas las campañas digitales que buscan tener una incidencia a favor de las mujeres en diversos espacios, virtuales y físicos.

Esta semana, como apoyo al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ONU Mujeres activó la campaña “Únete”, que incentiva el activismo contra la violencia de género por parte de entidades públicas y privadas, medios de comunicación y de la sociedad en general. La iniciativa se enmarca en los 16 días de activismo contra la violencia contra las mujeres y niñas que, desde 1991, ha convocado a más de 6.000 organizaciones de 187 países.

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En cuanto a las acciones por parte del Estado, la directora de la fundación Maisa Covaleda considera que las acciones no están siendo suficientes: “Yo creo que en Colombia hace falta un ministerio para la equidad de la mujer, no solo una consejería o una oficina que emita informes técnicos, que escuche y sugiera”, explica. Argumenta que, aunque las charlas y los talleres son importantes para crear consciencia, “se requieren más acciones y presupuesto, se requiere apoyar a todas las organizaciones y colectivas que de verdad están trabajando el tema de fondo, porque las cifras de violencia de género y feminicidios aumentan y aumentan. Esto quiere decir que lo que se está haciendo no está funcionando, no hay políticas públicas que estén funcionando”.

Finalmente, Covaleda concluye que, para avanzar en materia de prevención de violencia basada en género, es necesario garantizar el acceso a la justicia, la restitución de derechos de las víctimas y evitar la revictimización.