¿Es posible una renta básica feminista?

Hablar de una renta básica universal en Colombia, el segundo país más desigual, según el informe “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia” del Banco Mundial, implicaría distribuir recursos por igual al 10 % de los colombianos que tienen ingresos 11 veces más altos que el 10 % de la población más pobre del país y a los 25 millones de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica.

En una renta básica garantizada se priorizaría la atención a la población en condiciones de pobreza extrema y de alta vulnerabilidad económica, así lo explica el libro Renta básica feminista: de la utopía a la necesidad urgente, escrito por las abogadas María Ximena Dávila y Nina Chaparro y los economistas Alejandro Rodríguez-Llach y Diana León.

En el libro, los autores presentan dos opciones de renta básica generalizada que beneficiaria a alrededor de 25 millones de personas, es decir, a los 19,6 millones de colombianos que de acuerdo con el DANE están en pobreza monetaria, con ingresos mensuales menores de $354.031, y a los 6,1 millones que en 2021 estaban en condición de pobreza monetaria extrema, pues sus ingresos mensuales promedio fueron menores a $161.099.

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“En un panorama de crisis que se extiende y se intensifica, la renta básica deja de verse como una utopía para convertirse en una solución necesaria para los apremios de nuestra época”, explica el documento en el que se propone una transferencia mensual del 10 % del SMMLV que aumentaría cada año de acuerdo con los puntos porcentuales del incremento del salario mínimo.

En segunda instancia, se plantea un monto acorde con la línea promedio de pobreza extrema, es decir de 145.004 pesos con los datos de 2020 presentados en el libro. “Aunque este monto sigue siendo bajo, sobre todo para las personas con ingresos más altos, puede ser una suma significativa de dinero para personas sin empleo, hogares muy pobres y con alta dependencia económica”, se explica en el texto y se añade que el incremento sería determinado por la línea de pobreza promedio del país.

En el primer caso, la asignación del 10 % de un SMMLV tendría un costo anual de alrededor de 20 billones de pesos, de acuerdo con la publicación, un 1,98 % del PIB y el 11,2 % del gasto total del Gobierno nacional en 2020. La segunda opción se incrementaría a 31,7 billones de pesos, es decir, el 3,2 % del PIB.

“Una renta básica garantizadas, focalizada en estas poblaciones, que es donde vemos las mayores brechas de género, podría entrar a actuar y a reforzar la autonomía económica de las mujeres que tiene otras repercusiones en las variables del mercado laborar, porque, aunque hay brechas de género, estas brechas son mucho mayores en los primeros cuatro deciles de ingreso”, explicó Rodríguez-Llach durante la presentación del libro.

A diferencia del Ingreso Solidario otorgado por el Gobierno a tres millones de hogares que desde la pandemia vieron todavía más reducidos sus ingresos y se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema, los recursos en cualquiera de las propuestas de renta básica se otorgarían no por hogares, sino de forma individual, pues hasta el momento el Ingreso Solidario es el mismo independientemente del número de personas en cada hogar, aunque esto cambiará a partir de julio de este año según el Departamento Nacional de Planeación.

Esta medida beneficiaría de forma particular a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad pues incentiva su autonomía económica, principalmente en las zonas rurales, donde las mujeres y los hogares con jefatura femenina se ven más afectados, pues la pobreza monetaria en estos hogares llega al 48,6 %, 5,5 % por encima de aquellos que tienen un hombre como jefe, donde el porcentaje es de 43,1 %, y muy por encima del promedio nacional (que es de 39,3%).

“Cuando hablamos de que la pobreza está feminizada no nos referimos únicamente a que haya más mujeres pobres frente a hombres pobres, es también pensar que las causas y las consecuencias de la pobreza están feminizadas: las mujeres tienen más probabilidad de caer en pobreza que los hombres”, dijo Dávila, y en cuanto a las consecuencias explicó que los techos de cristal en términos educativos, económicos y de formación impiden que las mujeres que ya están en condiciones de pobreza puedan superarla.

Aunque esta propuesta de renta básica habla de una transferencia económica, también aborda la importancia de mantener y fortalecer los servicios sociales ya existentes para consolidar una amplia oferta de servicios que mejoren la calidad de vida de las personas en condiciones de vulnerabilidad y que impulsen la participación de las mujeres. “Una renta básica es insuficiente si no viene acompañada de políticas complementarias que contribuyan a reducir las brechas económicas y sociales de las mujeres”, añadió Dávila.

Algunos programas que sugiere el libro, y aunque algunos ya existen tienen oportunidades para ser consolidados, son los “subsidios a la contratación laboral formal de mujeres, cupos e incentivos para continuar estudios básicos y secundarios, capacitación en habilidades blandas, técnicas y profesionales a mujeres adultas, cooperación colectiva y emprendimiento comunitario entre mujeres”.

Además, se hace prioritario incluir y valorar en términos monetarios el trabajo de cuidado no remunerado para mejorar las condiciones económicas de las mujeres, pues sobre ellas recae este trabajo al que dedican alrededor de 8 horas al día, frente a las 3 horas de los hombres y representa una barrera para hacer parte de la fuerza laborar remunerada y acceder a espacios de participación y formación.

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Si bien la iniciativa principal debe surgir desde el gobierno, sobre este punto los autores hacen un llamado a los gobiernos locales y para crear “iniciativas que pongan el cuidado de las comunidades en el centro de la política social” por medio de espacios como guarderías, lavanderías y espacios de atención al adulto mayor que incluyan a los hombres y al sector público en la redistribución del trabajo de cuidado.

“Pensamos en una renta de trasferencias monetarias como autonomía económica, no porque un subsidio va a mejorar la economía, sino que un ingreso como una renta básica puede actuar como un ingreso colchón podría hacer que las mujeres de menos recursos que no participan en el mercado laboral porque tienen cargas de cuidado puedan utilizar esos recursos para tercerizar, remunerar el cuidado y entrar en una concepción del valor del cuidado distinto”, concluyó Rodríguez-Llach.

Hablar de una renta básica universal en Colombia, el segundo país más desigual, según el informe “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia” del Banco Mundial, implicaría distribuir recursos por igual al 10 % de los colombianos que tienen ingresos 11 veces más altos que el 10 % de la población más pobre del país y a los 25 millones de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica.

En una renta básica garantizada se priorizaría la atención a la población en condiciones de pobreza extrema y de alta vulnerabilidad económica, así lo explica el libro Renta básica feminista: de la utopía a la necesidad urgente, escrito por las abogadas María Ximena Dávila y Nina Chaparro y los economistas Alejandro Rodríguez-Llach y Diana León.

En el libro, los autores presentan dos opciones de renta básica generalizada que beneficiaria a alrededor de 25 millones de personas, es decir, a los 19,6 millones de colombianos que de acuerdo con el DANE están en pobreza monetaria, con ingresos mensuales menores de $354.031, y a los 6,1 millones que en 2021 estaban en condición de pobreza monetaria extrema, pues sus ingresos mensuales promedio fueron menores a $161.099.

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“En un panorama de crisis que se extiende y se intensifica, la renta básica deja de verse como una utopía para convertirse en una solución necesaria para los apremios de nuestra época”, explica el documento en el que se propone una transferencia mensual del 10 % del SMMLV que aumentaría cada año de acuerdo con los puntos porcentuales del incremento del salario mínimo.

En segunda instancia, se plantea un monto acorde con la línea promedio de pobreza extrema, es decir de 145.004 pesos con los datos de 2020 presentados en el libro. “Aunque este monto sigue siendo bajo, sobre todo para las personas con ingresos más altos, puede ser una suma significativa de dinero para personas sin empleo, hogares muy pobres y con alta dependencia económica”, se explica en el texto y se añade que el incremento sería determinado por la línea de pobreza promedio del país.

En el primer caso, la asignación del 10 % de un SMMLV tendría un costo anual de alrededor de 20 billones de pesos, de acuerdo con la publicación, un 1,98 % del PIB y el 11,2 % del gasto total del Gobierno nacional en 2020. La segunda opción se incrementaría a 31,7 billones de pesos, es decir, el 3,2 % del PIB.

“Una renta básica garantizadas, focalizada en estas poblaciones, que es donde vemos las mayores brechas de género, podría entrar a actuar y a reforzar la autonomía económica de las mujeres que tiene otras repercusiones en las variables del mercado laborar, porque, aunque hay brechas de género, estas brechas son mucho mayores en los primeros cuatro deciles de ingreso”, explicó Rodríguez-Llach durante la presentación del libro.

A diferencia del Ingreso Solidario otorgado por el Gobierno a tres millones de hogares que desde la pandemia vieron todavía más reducidos sus ingresos y se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema, los recursos en cualquiera de las propuestas de renta básica se otorgarían no por hogares, sino de forma individual, pues hasta el momento el Ingreso Solidario es el mismo independientemente del número de personas en cada hogar, aunque esto cambiará a partir de julio de este año según el Departamento Nacional de Planeación.

Esta medida beneficiaría de forma particular a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad pues incentiva su autonomía económica, principalmente en las zonas rurales, donde las mujeres y los hogares con jefatura femenina se ven más afectados, pues la pobreza monetaria en estos hogares llega al 48,6 %, 5,5 % por encima de aquellos que tienen un hombre como jefe, donde el porcentaje es de 43,1 %, y muy por encima del promedio nacional (que es de 39,3%).

“Cuando hablamos de que la pobreza está feminizada no nos referimos únicamente a que haya más mujeres pobres frente a hombres pobres, es también pensar que las causas y las consecuencias de la pobreza están feminizadas: las mujeres tienen más probabilidad de caer en pobreza que los hombres”, dijo Dávila, y en cuanto a las consecuencias explicó que los techos de cristal en términos educativos, económicos y de formación impiden que las mujeres que ya están en condiciones de pobreza puedan superarla.

Aunque esta propuesta de renta básica habla de una transferencia económica, también aborda la importancia de mantener y fortalecer los servicios sociales ya existentes para consolidar una amplia oferta de servicios que mejoren la calidad de vida de las personas en condiciones de vulnerabilidad y que impulsen la participación de las mujeres. “Una renta básica es insuficiente si no viene acompañada de políticas complementarias que contribuyan a reducir las brechas económicas y sociales de las mujeres”, añadió Dávila.

Algunos programas que sugiere el libro, y aunque algunos ya existen tienen oportunidades para ser consolidados, son los “subsidios a la contratación laboral formal de mujeres, cupos e incentivos para continuar estudios básicos y secundarios, capacitación en habilidades blandas, técnicas y profesionales a mujeres adultas, cooperación colectiva y emprendimiento comunitario entre mujeres”.

Además, se hace prioritario incluir y valorar en términos monetarios el trabajo de cuidado no remunerado para mejorar las condiciones económicas de las mujeres, pues sobre ellas recae este trabajo al que dedican alrededor de 8 horas al día, frente a las 3 horas de los hombres y representa una barrera para hacer parte de la fuerza laborar remunerada y acceder a espacios de participación y formación.

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Si bien la iniciativa principal debe surgir desde el gobierno, sobre este punto los autores hacen un llamado a los gobiernos locales y para crear “iniciativas que pongan el cuidado de las comunidades en el centro de la política social” por medio de espacios como guarderías, lavanderías y espacios de atención al adulto mayor que incluyan a los hombres y al sector público en la redistribución del trabajo de cuidado.

“Pensamos en una renta de trasferencias monetarias como autonomía económica, no porque un subsidio va a mejorar la economía, sino que un ingreso como una renta básica puede actuar como un ingreso colchón podría hacer que las mujeres de menos recursos que no participan en el mercado laboral porque tienen cargas de cuidado puedan utilizar esos recursos para tercerizar, remunerar el cuidado y entrar en una concepción del valor del cuidado distinto”, concluyó Rodríguez-Llach.