La iniciativa comenzó en 2022, cuando Gil participó en una convocatoria de la Comisión de la Verdad, creada tras el Acuerdo de Paz con las antiguas FARC-EP en 2016. “Nuestra primera tarea fue diseñar una estrategia para hablar del informe final de la Comisión, pero, en el camino, nos encontramos con muchas dificultades para su divulgación, entre ellas la desinformación y la censura”, cuenta Gil.
Por eso, según ella, decidió crear formalmente el laboratorio en 2023, enfocado en la tecnología como herramienta para visibilizar procesos sociales y políticos. “También vi una necesidad de hablar a partir de un enfoque de género, porque las redes sociales son un canal de doble vía donde muchas mujeres pueden hacer activismo sobre nuestros derechos, pero donde también son atacadas por hacerlo”, explica Gil.
Desde entonces, el laboratorio ha hecho alianzas estratégicas con la Universidad de los Andes, ONU Mujeres, USAID y Makaia. Esta última, por ejemplo, es una de las organizaciones encargadas de impulsar uno de los eventos anuales más destacados de nuestro país para debatir sobre el rol de la tecnología en el cambio social.
Uno de los grandes propósitos de Infoactivismo Lab, en palabras de Gil, es brindarles herramientas a ciertas comunidades para que visibilicen lo que les sucede a través de las redes sociales. Por ejemplo, y en alianza con USAID y Makaia, el laboratorio hace parte de un proyecto que se llama Credible. Impacta a 60 jóvenes de todo el país a través de una metodología de Alfabetización Mediática Informacional (AMI). Su labor, entre otras cosas, es analizar la información falsa, y realizar fact-checking en procesos comunitarios que quieran divulgarse virtualmente. Gil también participó de la edición número 16 de la Parada Juvenil de la Lectura de Medellín durante el pasado 27 y 28 de julio, una importante plataforma en la ciudad para promover la lectura entre niños, niñas y adolescentes.
El Espectador habló con Gil sobre los retos de hablar de derechos humanos en la virtualidad, en específico, aquellos que abordan temas de género. A esto debe sumarse el hecho de que en muchos territorios de Colombia el acceso a internet continúa siendo una barrera.
¿Cuáles son los principales beneficios y retos del infoactivismo para las comunidades?
En primer lugar, está el hecho de que cualquier persona pueda tomar su celular, hacer una denuncia y hablar de su territorio. La gente que está trabajando desde sus hogares puede hacer uso de las redes y darle un lugar a su voz.
Ahora, en términos de retos, seguimos sin saber medir el nivel de exposición que tienen las personas en redes sociales. Por ejemplo, en Twitter se permiten muchos discursos de odio. Otras empresas, como Meta, no están diseñadas para hablar de esos temas. En el caso de Reels (Instagram) y TikTok, los usuarios las utilizan como plataformas para el entretenimiento y la comedia. En ese panorama, las personas que quieren realizar denuncias públicas sobre lo que les sucede a ellos y a sus comunidades se enfrentan, a veces, con situaciones de censura. Ahí es donde nosotros debemos pensar en unas herramientas que permitan hacerlo de manera más eficaz.
¿Cómo hablar de derechos humanos desde el Infoactivismo?
Lo que sucede en la virtualidad es el traslado de lo que existe en la cotidianidad. Cuando salimos a la calle, por ejemplo, los discursos de odio ya están ahí, y las redes son una extensión de ellos. Lo digital tal vez está permitiendo que surjan otro tipo de violencias, como el acoso y la extorsión con datos. Esto nos está representando muchos más retos. Por eso es importante hablar de derechos humanos digitales y de la importancia de que las personas conozcan las herramientas a las que podrían acudir en caso de que les suceda algo en específico, como, por ejemplo, cuando extorsionan a las mujeres con fotos íntimas.
También, a veces no somos conscientes del alcance que tiene el dejar datos como nuestro número de celular y correo en algunas plataformas. Tener conocimiento sobre el uso que le podrían dar a nuestra información es fundamental para garantizar nuestros derechos en el ámbito virtual. A eso se le llama huella digital, y, a partir del riesgo que se corre con ella, es vital pensar políticas públicas que garanticen la privacidad y la seguridad de los usuarios. Es válido que nos hagamos preguntas como, ¿qué va a pasar con nuestros datos? ¿Los van a vender? ¿Tendremos derecho al olvido y al anonimato en redes sociales? Ante la respuesta a estos cuestionamientos, es fundamental ser críticos.
Otro tema que hay que abordar es el uso de la inteligencia artificial (IA), que se va a volver un asunto de doble vía con problemáticas muy claras. Pero, en el laboratorio, nuestra apuesta es formar a mujeres con microempresas para que puedan apalancarse a partir de ella.
¿De qué manera ha compaginado el infoactivismo con la violencia de género?
He diseñado e implementado el proyecto Talleres de infoactivismo en Medellín, dirigido a empoderar a más de 150 mujeres en situación de vulnerabilidad a través de la educación digital. En este proyecto, no solo les enseñé habilidades básicas y avanzadas en tecnología, sino que también les brindé herramientas para proteger su privacidad y su seguridad en línea. Además, incorporé un componente de emprendimiento digital que les permitió obtener herramientas para obtener ingresos mediante plataformas en línea.
¿Por qué es importante hablar de violencia de género en la virtualidad?
Porque, en primer lugar, los discursos machistas se están divulgando con mucha fuerza y rapidez en redes. Ahí es importante identificar a qué organizaciones podemos acercarnos, o a qué medidas legales podemos acudir, por ejemplo, en el caso de que se divulguen fotos íntimas de mujeres sin su consentimiento. Esto va desde la identificación de las violencias digitales, hasta el tipo de plataformas en las que estamos dejando nuestra información.
Muchas organizaciones de mujeres están uniendo el infoactivismo con el feminismo para desarrollar estrategias que divulguen información sobre derechos sexuales y reproductivos, o que promuevan su cuidado a través de lo virtual. Por ejemplo, el trabajo de la organización Jacarandas es un referente en cuanto al acceso de datos por parte de mujeres que quieran acceder a servicios como la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El trabajo de otros grupos también puede verse cuando, por ejemplo, un medio no hable de feminicidios, sino de crímenes pasionales. Muchos colectivos empezaron a funar a los medios que utilizan los términos incorrectos, y, a partir de eso, muchas salas de redacción ven con lupa ese tipo de temas.
¿Cómo identificar las violencias digitales, cuáles son sus riesgos y cómo denunciarlos?
Primero, partamos de que hay muchos tipos de violencias que pueden ejercerse en redes sociales. Están, por ejemplo, los discursos de odio contra culturas, religiones, orientaciones sexuales e inclinaciones políticas. También está la censura o el bloqueo de cierto tipo de contenido.
Como las redes sociales pertenecen a empresas extranjeras, todavía no queda muy claro a qué entidades podemos remitirnos para hacer una denuncia. Si apenas estamos asimilando las rutas de violencias basadas en género, ahora nos queda mucho más difícil emplearlas en lo digital.
Y, por ahora, ¿qué se puede hacer en el caso específico de la violencia de género digital?
En este caso específico, las mujeres pueden acercarse a la Línea Nacional de Atención a Mujeres 155. Esta línea ofrece orientación y apoyo a mujeres víctimas de violencia, incluyendo la digital. Está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y es operada por la Policía Nacional.
La Policía también tiene un CAI virtual que permite reportar delitos informáticos, incluyendo la violencia de género digital. Las denuncias de este tipo se pueden reportar ante la Fiscalía, que cuenta con unidades especializadas en delitos informáticos. Otra vía es que las redes sociales como Facebook, Instagram, X (antes Twitter) y TikTok, tienen mecanismos para reportar contenido abusivo y cuentas que incurren en violencias de género digital.
