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¿Cómo surgió el Ministerio? ¿Podríamos decir que existe alguna relación con la creación de los demás ministerios?
El Ministerio surgió como una respuesta política a la demanda de los movimientos de mujeres y de la diversidad que, organizados, venían empujando una agenda de más y mejor institucionalidad del organismo estatal encargado de las políticas de género y diversidad. Cuando la voluntad del gobierno se encuentra con la demanda de la calle, la transformación es inevitable. Este Ministerio tiene esa particularidad, no es como cualquier otro. Si bien desde luego que surgió de una decisión del presidente de la nación respecto de cómo organizar su gestión, el origen de este Ministerio es la calle, y lo tenemos muy claro, porque también quienes trabajamos en el Ministerio venimos de allí. Estamos acá representando a los miles de mujeres y LGBTI+ que luchan todos los días por más derechos, por más igualdad y para que podamos vivir en una Argentina libre de violencias por motivos de género.
¿Qué diluye que el Ministerio no sea de las mujeres y para las mujeres, y qué potencia que sea de géneros y diversidad?
No creo que haya dilución alguna, sino todo lo contrario. Las agendas de las mujeres y LGBTI+ avanzan juntas y se potencian, con sus particularidades. De hecho, ni todas las mujeres son iguales ni las lesbianas, gais, bisexuales, travestis y trans lo son. La clave y el gran desafío es poder sintetizar en la gestión una propuesta de política pública que tenga en cuenta las necesidades particulares de todas las personas y todos los sectores. Pensar en clave de géneros y diversidad potencia la lucha. El origen de las desigualdades y violencias por motivos de género es el sistema que las reproduce: el patriarcado, que subalterniza a mujeres y LGBTI+. Pensar que son agendas desvinculadas es un error de análisis y diagnóstico, y además, una mala estrategia para enfrentar al patriarcado.
Usted se ha referido a que la existencia de su Ministerio tiene que ver con un modelo de país, de Estado, con decisión política. ¿De qué modelo estamos hablando?
Sin lugar a dudas. La jerarquización de las políticas de género responde a la certeza genuina de que la democracia se fortalece cuando hay igualdad de oportunidades para todas las personas. Hemos visto años de discursos declamativos en torno a los temas de género de gestiones de gobierno que poco han hecho para avanzar en mayores estándares de igualdad. Las transformaciones ocurren cuando se trabaja por un modelo de país que piensa el desarrollo con inclusión y que ubica a los derechos de su pueblo en el centro. Cuando se gobierna para unos pocos, los temas de género no pasan de discursos de ocasión. Este gobierno, al igual que lo hicieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner años atrás, plantea un modelo de Estado presente, que invierte en igualdad e interviene para corregir los sesgos que nos alejan de esa igualdad. Se trata de un Estado que asiste a quienes más lo necesitan. Lo dijo el presidente de la nación cuando comenzó su gestión: somos una fuerza política que empieza por quienes están de último lugar para llegar a quienes están en el primero.
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¿Cómo gobernar desde los diferentes feminismos? ¿Cómo incluirlas a todas?
Favoreciendo la participación y caminando el territorio. Tejiendo redes y escuchando las demandas de todos los sectores. Los programas y las políticas que creamos en este primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad surgen de una profunda escucha de las necesidades de mujeres y LGBTI+ de todo el país. Uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión es la coordinación con las provincias y municipios, y el trabajo constante con las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes todos los días se enfrentan a los problemas. Estamos para pensar y hacer realidad soluciones a esos problemas.
Existen referentes de dirección y trabajo individualistas, autoritarios e insolidarios (patriarcales). Creeríamos que en un ministerio de feministas el estilo es diferente. ¿Cómo es la dinámica de trabajo en su Ministerio?
Sin duda. Los movimientos de mujeres, los feminismos, hemos sabido construir otra forma de hacer política. Horizontal y en red. Las mujeres y LGBTI+ aprendimos que juntas estamos tirando abajo estructuras que creíamos inamovibles. Estoy convencida de que las grandes transformaciones que se dieron en las últimas décadas obedecen fundamentalmente a la fuerza arrolladora de los movimientos de las mujeres y de la diversidad que tomaron las calles y que, en definitiva, son la razón de la existencia de nuestro Ministerio. Y sobre todo a que planteamos maneras de construir solidarias, de apoyo mutuo que nada tienen que ver con las lógicas que propone el patriarcado. Por eso decimos siempre que no se trata de que haya más mujeres y LGBTQ+ en los puestos de conducción y toma de decisión, sino que es necesario que tengan prácticas y miradas feministas.
¿En qué consiste el proyecto que han presentado para legislar sobre la economía del cuidado?
Se trata de un proyecto que propone la creación de un Sistema Integral de Políticas de Cuidados, es decir, un conjunto de políticas y servicios que aseguran la provisión, la socialización, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado, entre el sector público, el sector privado, las familias y las organizaciones comunitarias, y entre todas las identidades de género, para que todas las personas accedan a los derechos de cuidar y recibir cuidados en condiciones de igualdad. Sin lugar a dudas, el corazón de las desigualdades entre los géneros es la injusta distribución de los cuidados entre varones, mujeres y otras identidades no binarias. En la actualidad, el trabajo reproductivo y de cuidados recae casi con exclusividad en las mujeres. Esta sobrecarga tiene efectos negativos en su desarrollo y es determinante para el ejercicio de sus derechos. Este año, el trabajo del Ministerio está fuertemente orientado a mejorar las condiciones en las que actualmente se cuida, y este proyecto de ley busca impactar positivamente en ese ámbito.
El gobierno del cual usted forma parte ha potenciado la presencia de mujeres con enfoque de género en todas las mesas de negociación de políticas públicas, incluso cuentan con un grupo de economistas feministas. ¿Cuáles han sido los resultados de esta inclusión?
Muy buenos. Las mujeres estamos presentes en múltiples y muy importantes espacios de toma de decisión en este gobierno. Desde luego que es innegable que somos pocas ministras y que esto constituye un desafío en términos de igualdad, pero somos muchas mujeres y LGBTI+ gobernando y llevando la agenda de género y diversidad a las mesas de toma de decisiones. Si no fuera así, no se hubieran dado los avances que se dieron los últimos años, como la propia existencia del Ministerio, el aborto legal, seguro y gratuito, la creación del Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género, el cupo laboral travesti trans y muchas otras políticas para avanzar en más derechos para todas, todes y todos.
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¿Con qué programas cuenta el Ministerio para atender y eliminar las violencias contra las mujeres? ¿Han bajado los índices, específicamente, en el caso de los feminicidios?
El Ministerio organiza las políticas públicas contra las violencias de género en un Plan Nacional que diseñamos e implementamos desde el inicio de la gestión para 2020/2022, y estamos en vías de construcción del segundo para los años que vienen. Ese Plan reúne un conjunto de medidas que se llevan delante de manera coordinada con otros organismos del Ejecutivo nacional, con los gobiernos provinciales, locales y con organizaciones de la sociedad civil. Una de las medidas más importantes del Plan es el Programa Acompañar, de asistencia económica y psicosocial a personas que atraviesan violencia de género y se encuentran en alto grado de vulnerabilidad, donde actualmente se están acá acompañando a 152.000 mujeres. Se trata de un apoyo económico por seis meses. Además, y con el mismo objetivo de fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ que atraviesan violencia de género, llevamos adelante el programa Producir, de apoyo económico a organizaciones que trabajan con mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género y que implementan proyectos productivos. Además, el presidente de la nación suscribió junto a los gobernadores y gobernadoras de todo el país el Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra las Violencias de Género para construir estrategias coordinadas frente a las violencias de género y sus manifestaciones más extremas, los femicidios, travesticidios y transfemicidios.
Sobre estos últimos, lo primero que hay que decir es que detrás de estos hechos aberrantes hay una matriz cultural que los sostiene. No son hechos aislados. Transformar la cultura es un objetivo a largo plazo que requiere el compromiso de toda la ciudadanía, de todos los sectores. Esto nos permite entender la complejidad del fenómeno. Pensar que dos años de existencia del Ministerio lo resuelve es subestimar el problema. Para que las violencias de género y su expresión más extrema, los femicidios, dejen de ocurrir tenemos que transformar estructuras arraigadas hace muchos años, por empezar los poderes judiciales, para que incorporen la perspectiva de género y diversidad, y brinden respuestas eficaces a los problemas reales de las mujeres y LGBTI+ que necesitan acceder a la justicia.
¿Asumió su gobierno la campaña Ni una menos?
La agenda de Ni una menos está presente en los objetivos estratégicos del Ministerio, en todas sus áreas de injerencia. Además del Plan Nacional contra las Violencias de Género, implementamos el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad, con el que nos proponemos una robusta y ambiciosa agenda orientada a reducir las desigualdades de género. Estamos convencidas de que entre las desigualdades y las violencias de género hay una relación de causa/efecto. A mayores estándares de igualdad, menores situaciones de violencia de género. Por eso trabajamos fuertemente la agenda de cuidados, el corazón de las desigualdades.
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Las mujeres tienen una menor participación en el mercado laboral que los varones, ganan menos, enfrentan los mayores niveles de desempleo, tienen empleos más precarios y les corresponde un gasto adicional: las toallitas, tampones y copas menstruales, es decir, tienen un costo económico extra. ¿En qué consiste la propuesta de la justicia menstrual?
Fundamentalmente en el reconocimiento de que en este ámbito también hay desigualdades, porque no todas las mujeres acceden a los productos de gestión menstrual en igualdad de condiciones. El Estado tiene un rol central en hacer visibles esas brechas y actuar en consecuencia. Pensar políticas públicas que igualen las oportunidades y que garanticen este derecho es sin dudas una cuestión de justicia social.
La despenalización del aborto fue una batalla ganada. ¿Ha sido este el mayor logro de su Ministerio?
Sin dudas es un logro inmenso y una satisfacción, pero de ninguna manera lo entiendo como un logro del Ministerio. Es un logro de toda la sociedad, porque cuando los derechos de las mujeres y LGBTI+ se vulneran, el costo lo paga toda la sociedad. Por el contrario, conquistas como la IVE son de todas, todes y todos. Una demanda de años por el derecho a elegir con libertad se materializó en una ley que garantiza el acceso a la salud y a la libertad reproductiva de todas las mujeres y otras personas gestantes. Poder afirmar que no tendremos nunca más una mujer muerta por un aborto clandestino nos vuelve una sociedad mejor.