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En Maracay (Venezuela), a 109 kilómetros de Caracas, vivía Jickssi Desire Infante Álvarez junto a sus dos hermanos y sus padres, antes de que decidiera emprender la travesía que la conduciría a instalarse en Cali. Su carrera profesional como administradora la llevó a trabajar como secretaria de presidencia en una compañía de cárnicos en su ciudad, pero la inestabilidad económica de su país la impulsó a emigrar.
Su historia es la de al menos 2,5 millones de venezolanos que ante la situación económica y política de Venezuela buscaron refugio y nuevas oportunidades en Colombia. De acuerdo con Migración Colombia, en el país el 51 % de migrantes venezolanas son mujeres y el 49 % son hombres.
Cuando Infante llegó a Cali, en 2017, solo la acompañaba su pasaporte, insuficiente para establecerse en el país o, por lo menos, conseguir un trabajo formal. “Antes de tener los papeles trabajé informalmente vendiendo productos de catálogo en un centro comercial. El siguiente trabajo fue en un lavadero de carros, porque se dio esa oportunidad y uno aquí no puede exigir”, recuerda.
En los dos lugares de lavado de carros, cuenta Infante que por cada bus que lavaba le pagaban $4.500, $3.500 si era un microbús y $7.500 cuando eran buses de dos pisos. El trabajo le servía en ese momento porque todavía su familia no había llegado a Colombia y las propinas de los conductores eran las que le permitían mantenerse. “Durante dos años estuve lavando autobuses cerca del terminal de Cali, trabajando de noche y luego en turnos rotativos”, dice Infante.
El Permiso Especial de Permanencia (PEP) fue el primer documento con el que Infante se regularizó, cuatro meses después de su llegada al país; sin embargo, cuando su padre y su hermana entraron al país de forma irregular con sus dos hijos, de diez meses y nueve años, todos dependían económicamente de ella.
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“La situación de precariedad laboral de las mujeres migrantes es preocupante, pues según la no afiliación al sistema pensional contributivo, la mayoría de ellas se encuentra en la informalidad laboral. Adicionalmente, la pandemia agravó su situación de desempleo y generó una reducción de sus ingresos”, explica Aymeric Astre, representante en el país de la organización Cuso Internacional, que trabaja, entre otras cosas, en programas para apoyar a la población migrante.
Y es que, durante la pandemia, como afirma Astre, el empleo de las mujeres migrantes venezolanas fue el más afectado en el país, con una tasa que alcanzó en 2020 el 34,6 % para migrantes recientes; es decir, que llevan entre 12 y 24 meses en el país, y la de mujeres migrantes no recientes del 20,3 %. La de los hombres, en cambio, fue de 14,3 % y 12,7 %, respectivamente, de acuerdo con el DANE. Infante quedó desempleada, haciendo parte de ese 20,3 %.
“Aunque la pandemia fue algo negativo y quedé sin trabajo, por medio de las ayudas que nos han ofrecido los gobiernos extranjeros que trabajan en el país, mi hermana fue beneficiaria de un subsidio. Luego ambas conseguimos trabajo en un supermercado como empacadoras, pero lo que ganábamos eran las propinas de los clientes”, explica Infante.
Quizá con experiencias parecidas a las de ellas, en 2020, el 50,7 % de las mujeres migrantes recientes ocupadas eran asalariadas y el 4,5 % de las mujeres ocupadas migrantes recientes eran trabajadoras familiares sin ningún tipo de remuneración.
La precariedad laboral también implica dificultades para acceder a otros servicios como la salud. El 88,9 % de las mujeres migrantes recientes ocupadas no tenían afiliación a salud en el período mayo-diciembre de 2020, según el DANE. Entonces, los sobrinos de Infante eran atendidos en las jornadas gratuitas de salud organizadas por ACNUR y la Alcaldía de Cali, pues, aparte de las urgencias, estar indocumentados les restringía este derecho.
Desde el 13 de octubre de 2021, cuando se implementó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), que emitió el Permiso por Protección Temporal (PPT) como documento de identificación, la atención en salud ha mejorado considerablemente, según informó el Ministerio de Salud durante el Foro de implementación del ETPV que se llevó a cabo en junio.
Con corte a mayo de 2020, 738.349 personas migrantes se encontraban afiliadas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), de los cuales 247.590 son pertenecientes al régimen contributivo y 490.759 al subsidiado. La meta de esta cartera es llegar a las 945.169 personas migrantes afiliadas al SGSSS para diciembre de este año.
Si bien la incorporación del PPT como documento de regularización tiene como objetivo mejorar la garantía de derechos de la población migrante en temas como educación, empleo y trabajo, las mujeres migrantes siguen estando en desventaja frente a los hombres.
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Es una situación similar a la que sucede entre los hombres y las mujeres en el mercado laboral colombiano. Hay una brecha de género que a ellas no les permite gozar de sus derechos en las mismas condiciones que los hombres, pese a que en los estatutos y leyes se establezca que sí. Por ejemplo, el 89,2 % de las mujeres consultadas por la Encuesta Pulso de la Migración de enero-febrero de este año tuvieron dificultades para conseguir un trabajo pago, porcentaje que llega al 93,7 % en las mujeres mayores de 55 años, y el 41,9 % estaba dedicado a labores del hogar.
“Los altos niveles de informalidad tienen un impacto directo en el acceso a servicios de salud, pues, al carecer de un contrato laboral, las migrantes y sus familias no pueden tener estos servicios. De hecho, el estudio reciente de Cuso International (apoyado por el gobierno de Canadá), demostró que más del 75 % solo pueden acceder a las prestaciones de la seguridad social en los casos de salud que se reconducen a una urgencia”, comenta Astre. De acuerdo con el Pulso Social de la Migración, del DANE, el 80,8 % de los migrantes reportó tener contrato de trabajo verbal y solo 19,2 % aseguró tener un contrato escrito en el período enero-febrero de 2022.
“Hoy en día, en comparación con hace dos años, todo ha cambiado a favor”, dice Infante, aludiendo a la regularización de su familia por medio del PPT y al trabajo que tiene desde hace año y medio en los servicios generales y el mantenimiento del Hospital Universitario Fundación Valle del Lili, en Cali. Para conseguir el empleo, Infante reconoce que el apoyo que ha recibido es proveniente de fundaciones y organizaciones de cooperación internacional dedicadas a proteger los derechos de la población migrante, donde pudo capacitarse y enlazarse con la empresa.
Otra de las ventajas del PPT tiene que ver con la convalidación de títulos profesionales ante el Ministerio de Educación; aunque Infante ya realizó dicho trámite, considera que esto en la práctica no aumenta sus oportunidades para ejercer en el país. “Yo trabajo en mantenimiento en la clínica y a pesar de que siempre he tenido trabajo, no me gusta porque yo me preparé. Mi mamá me decía que estudiara si no quería estar por ahí lavando ropa, fregándoles a otros, y eso es prácticamente en lo que he trabajado aquí, pero por circunstancias de la vida me toca, porque eso es de lo que vivimos”.
Un enfoque de género urgente en las políticas migratorias
Según Migración Colombia, consultada por este diario por el enfoque de género que garantice el cumplimiento de los derechos de las mujeres migrantes, “no hay una distinción entre hombres y mujeres, pues los derechos son uno solo”; sin embargo, hemos reportado la importancia de entender las diferencias y barreras a las que se pueden enfrentar las mujeres ya sea por la falta de políticas que las protejan o los comportamientos discriminatorios socialmente aceptados.
Además de las necesidades de acceso a empleo formal y salud, también es necesaria una acción que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes. Así como denunció la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), hay un desabastecimiento de pastillas anticonceptivas en el país, que no solo afecta a las colombianas sino también a las migrantes.
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Además, como explicó Profamilia, “los migrantes venezolanos llegan al país con múltiples necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva, y pueden enfrentar barreras en el acceso a los servicios de salud, por razones de su situación migratoria, discriminación y desinformación”.
Las migrantes deben tener acceso a servicios como diversos métodos anticonceptivos, a la IVE, controles prenatales y posparto. En 2020, el 10,7 % de los nacimientos en Colombia correspondió a madres procedentes de Venezuela; es decir, 66.637 nacidos vivos, según informó este año el DANE. Sin embargo, solo el 3,8 % asistió a nueve o más consultas prenatales; el 21,5 % no asistió a ninguna; el 29,2 % tuvo entre una y tres citas de este tipo y el 7,1 % fue a ocho consultas.
Por otro lado, las violencias basadas en género (VBG) son otro flagelo que les impide a las mujeres migrantes llevar una vida digna en Colombia. La investigación “Desprotegidas: violencia basada en género contra mujeres refugiadas venezolanas en Colombia y Perú”, publicada por Amnistía Internacional, explica que su estatus migratorio aumenta su vulnerabilidad y las enfrenta a VBG en su ruta migratoria o en las ciudades donde residen.
Las barreras para acceder al trabajo formal no solo incrementan sus posibilidades de sufrir violencia económica, física y sexual, sino que las expone a “diversas formas de violencia y explotación laboral, incluida la cooptación para trabajo con fines de explotación sexual”, explica la investigación.
Según el Observatorio Nacional de Violencias de Género, del Ministerio de Salud, en 2021 se reportaron 4.709 casos de violencia basada en género contra mujeres de nacionalidad venezolana, duplicando la cifra registrada por Amnistía Internacional, que en 2018 registró 2.430 casos. Esto teniendo en cuenta el aumento de migrantes en el país y que hay un subregistro, dada la dificultad de estas mujeres para acceder a la justicia.
Garantías de derechos: el reto del próximo gobierno
Ana María Olarte, del equipo de Mercy Corps, explica que no todos los funcionarios tienen la información de los procesos y documentos requeridos para atender a los migrantes; por eso, la primera misión del gobierno será unificar la información para reducir las barreras de acceso a derechos. “Lo que hemos visto es que la información no la tienen todos los funcionarios. Puede que haya avances en el acceso a derechos, pero cuando los funcionarios no están capacitados ni tienen la información ponen barreras cuando las personas llegan a solicitar los servicios en temas de salud y financieros”, puntualizó.
En el mismo camino, Astre resalta la importancia de dar a conocer las vías de atención que tienen las mujeres migrantes y su integración en los sistemas de cuidado. Agrega que “otro desafío es el apoyo y las fuentes de financiación para el desarrollo y la consolidación de ideas de negocio de la población migrante, especialmente de las mujeres”.
Vale la pena recordar que en días recientes fue publicado el Conpes 4100, que apunta a la integración de población venezolana durante los próximos diez años. Mejorar el acceso a salud, educación, vivienda, educación financiera y oportunidades de emprendimiento, entre otros, son los objetivos, con un costo previsto de más de $13 billones.
En cuanto a la atención en general para garantizar sus derechos, Amnistía Internacional enfatiza que es preciso reforzar el acceso a la protección internacional, la justicia, la salud y la atención y prevención de VBG para mujeres migrantes, así como promover estrategias en contra de la xenofobia y que se mejore la recopilación de datos sobre la VBG contra las mujeres migrantes.
