En septiembre de este año se cumplirán 20 años desde que Amparo Buzato empezó a buscar la verdad sobre el paradero de su hija: le dijeron que la habían asesinado en Charras (Guaviare), pero nunca vio su cuerpo y las investigaciones no le han dado ninguna respuesta. Desde entonces su lucha ha sido la misma que la de los familiares de las más de mil víctimas de desaparición forzada que ha dejado el conflicto en Guaviare.
Aunque esa cifra es alta, en todo el país alcanza las 100 mil víctimas; 80.631 personas desaparecidas forzadamente entre 1958 y 2020, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, y 99.235 de acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Cifras dispares y ninguna exacta, pues la probabilidad de que exista un subregistro es alta, dado el riesgo que supone para las familias, en muchos casos, investigar o denunciar, y también por la falta de diligencia de las instituciones encargadas de adelantar las investigaciones.
Cada 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, las mujeres buscadoras de personas desaparecidas convocan marchas y manifestaciones que hacen un llamado a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición. Son ellas las que lideran estos movimientos, pues en su mayoría son las mujeres, hijas, esposas, hermanas y madres de las víctimas las que se han convertido en investigadoras y buscadoras de sus seres queridos para disminuir la impunidad que prima cuando se habla de desaparición forzada.
“Fuera de los desplazamientos y las violencias, es muy triste que también seamos revictimizadas por parte de las instituciones, donde no hay espacio para reclamar nuestros derechos. Es muy triste que llevemos más de 20 años en esta lucha y al Estado no le interese nuestro dolor, nosotras hacemos investigación, incidencia, denunciamos, porque uno de los flagelos más grandes que ha sufrido este país ha sido la desaparición forzada”, dijo Amparo Buzato durante el encuentro “El trabajo de la Comisión de la Verdad y las mujeres buscadoras: un camino hacia la reparación”, organizado por Impacto Mujer, en donde también participó Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydia Érika Bautista, quien desde hace más de 25 años acompaña a familiares de víctimas de desaparición forzada, y Salomé Gómez, coordinadora del grupo de trabajo de género en la Comisión de la Verdad.
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Si bien los hombres desaparecidos forzadamente en Colombia representan el 82 %, según Gómez, “las mujeres son las que han tenido el lugar protagónico de hacer una defensa por la verdad, de contarles al país y a la Comisión cuáles han sido los impactos de estas desapariciones, también se han encargado de hablar de algo poco mencionado, que es la desaparición forzada de mujeres en el país, que aunque es menor que la de los hombres, tiene unas particularidades, como los hechos de violencia sexual que sufren o los casos de mujeres que fueron desaparecidas estando en embarazo”.
Las vulneraciones a los derechos y a la integridad de las víctimas, con esas particularidades de género, no se limitan a las desaparecidas, sino que se convirtieron en formas de revictimizar a las buscadoras de mujeres y hombres desaparecidos en el marco del conflicto.
En agosto de 1987, agentes del Estado desaparecieron a Nydia Érika Bautista por ser militante del M-19, fue torturada y víctima de violencia sexual y, desde entonces, su hermana Yanette y su familia fueron asediados con amenazas y persecuciones hasta el exilio, desde donde en 1997 creó la fundación que lleva el nombre de su hermana.
Desde el nacimiento de la Comisión de la Verdad, la fundación le ha presentado seis informes; uno de ellos se llama “Despojadas de su humanidad: violencia sexual contra mujeres y familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria en Bolívar y Montes de María”, donde recogen 120 episodios de violencia sexual y otras formas de violencia basadas en género contra mujeres y niñas durante los procesos de búsqueda de familiares que fueron víctimas de desaparición forzada.
“En este informe encontramos un alto índice de violencia contra la mujer, desde violencia física, psicológica, tortura, violencia y esclavitud sexual por parte de actores del conflicto y agentes del Estado. El informe relata cómo los actores armados cometieron violencias sexuales como forma de castigo en poblaciones que estaban estigmatizadas como simpatizantes de la guerrilla”, explicó Bautista.
También dijo que el subregistro, el anonimato y la invisibilización de muchos casos se convierten en formas de revictimizar a los familiares. El hecho de que las mujeres buscadoras estén en los territorios donde está presente el conflicto armado las hace más susceptibles de sufrir múltiples violencias.
“Ellas han irrumpido en los escenarios de la guerra y los han enfrentado para preguntar por sus seres queridos, dónde están, por qué se los llevaron, quién se los llevó, y las represalias han sido la violencia sexual contra las mujeres buscadoras, el reclutamiento forzado de otros jóvenes de las familias, el desplazamiento forzado o el secuestro. Las formas de revictimización han sido muchas y han estado fundadas en la discriminación histórica que hemos sufrido las mujeres, y en ese entorno de abandono por parte del Estado”, dijo Bautista.
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Por otro lado, Buzato y Bautista también recalcaron el rol desfavorecedor que ha tenido el Estado frente a las víctimas: “Hemos sido las más revictimizadas, hemos sido botín de guerra, y es muy triste que el Estado no tenga en cuenta el contexto de guerra en el que hemos vivido y los efectos que nos deja. Es muy triste encontrar las historias de madres que quedaron con cuatro y cinco nietos para mantener y sin saber qué pasó realmente”. Bautista agregó que “las violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas y la violencia sexual, no hubieran sido posibles si el Estado cumpliera su deber de garantizar los derechos humanos, porque en las zonas donde ocurrieron los hechos había presencia del Ejército, de organismos de seguridad y de Policía”.
Pese a las barreras y el riesgo que implica ser buscadoras, Gómez explicó que “se estima que en promedio han dedicado 17 años a la búsqueda de personas desaparecidas”, teniendo en cuenta que hay casos como el de Amparo Buzato, cuya lucha lleva décadas, y otros que apenas van empezando. En ambos, la desaparición de sus seres queridos ha significado un cambio drástico en sus vidas, pues su tiempo ha sido sacrificado y sus proyectos y roles dentro de sus familias, modificados. “Son las mujeres las que han politizado la búsqueda de sus seres queridos, esto muestra que hay una feminización de estas victimizaciones que son indirectas”, dijo Gómez.
El informe final de la Comisión
Después de casi cinco años de trabajo de la Comisión de la Verdad, que se creó como una de las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, a finales de junio de este año, este organismo deberá entregar el informe final que esclarezca cómo se desarrolló el conflicto armado en Colombia, con un período de socialización de dos meses.
El informe deberá narrar todas las prácticas y los hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como el desplazamiento forzado, el paramilitarismo y, claro, la desaparición forzada, así como las responsabilidades de estos actos, el impacto del conflicto en la sociedad y en la democracia; todo esto con un enfoque diferencial de género.
“En el ejercicio de escuchar a víctimas dentro y fuera del país, víctimas de diferentes violaciones de DD. HH., la Comisión ha tenido un reto gigante, y ha sido garantizar la participación de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ para que sus voces no sean silenciadas. Las mujeres, en el caso de desaparición forzada, han tenido un lugar protagónico en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos”, aseguró Gómez.
Explicó que además del capítulo sobre desaparición forzada, el informe final de la Comisión tendrá un apartado que habla sobre las experiencias de las mujeres y las personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto, con un análisis de las causas y de los factores que hacen que las mujeres hayan vivido todos los hechos victimizantes del conflicto. “Sus causas han sido distintas a las de los hombres y los impactos psicosociales van más allá de la salud mental y física. En el capítulo se abordarán los impactos en la democracia, en la participación política, impactos económicos y en el territorio”, añadió.
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En este capítulo sobre desaparición forzada, Bautista espera que los seis informes que han presentado a la Comisión como aporte a la construcción de la verdad sean tenidos en cuenta. “Todavía estamos esperando que la Comisión haga una retroalimentación con las regiones, con las familias y con las organizaciones, aparte de los escenarios creados para la entrega de estos, todavía estamos a tiempo de ser escuchadas y de contribuir al legado de la Comisión de la Verdad”, señaló. Hasta el momento solo se han dado espacios solicitados por ellas para entregar sus investigaciones.
Además de esta solicitud a Gómez, la Fundación Nydia Érika Bautista dirigió una carta a la Comisión para buscar estos espacios de escucha y retroalimentación que hoy reclaman. “No hemos sido escuchados, Padre de Roux y señores comisionados, en el sentido humano, ético, epistemológico y jurídico de la palabra. Tenemos miedo de que la verdad de las víctimas de las desapariciones forzadas sea mirada como sesgada, que seamos considerados parte interesada”, dice la carta enviada este 24 de marzo.
Gómez aclaró que las recomendaciones que proporcionará el informe final de la Comisión tendrá en cuenta las cerca de 3.500 recomendaciones de mujeres que han dado su testimonio a la Comisión y que habrá llamados a la sociedad civil, a las organizaciones que han generado la desprotección del Estado, también en clave de la atención integral de las víctimas, a una atención a la salud mental, sexual y reproductiva de ellas.
“Le pedimos a la Comisión que seamos tenidas en cuenta, que todo lo que hemos hecho no vaya a quedar solo en el archivo, sino que podamos ver un fruto del trabajo, que les podamos dar satisfacción a madres y padres que luchan por la desaparición forzada de sus familiares”, concluyó Buzato.
En los dos meses de socialización del informe final de la Comisión de la Verdad, esta entidad se encargará de hacer talleres y devoluciones con las organizaciones, víctimas y equipos territoriales que han trabajado en la recolección de información. También se definirá un comité de seguimiento a las recomendaciones de no repetición, donde podrán participar víctimas del conflicto y organizaciones de la sociedad civil que han contribuido al trabajo de la Comisión.
Finalmente, Gómez habló de la importancia de reconocer y acatar las recomendaciones del informe final: “Mi llamado para las instituciones es para que acojan nuestras recomendaciones, si hay cambios que hacer en este país son en relación con la justicia, que recojan estos aprendizajes de la justicia transicional, que trabajen de la mano de las víctimas, de las organizaciones. El Estado no puede seguir trabajando como si esta no fuera su responsabilidad, esto solo es posible cambiarlo de la mano de las víctimas, de sus procesos organizativos”.
Aquí puedes ver el encuentro “El trabajo de la Comisión de la Verdad y las mujeres buscadoras: un camino hacia la reparación”:
