Las voces de las mujeres en las curules de paz

El Acuerdo Final de Paz fue firmado hace cinco años bajo la promesa de poner a las víctimas en el centro. Sin embargo, en la implementación ese no ha sido el sentir de muchas de ellas. Por eso, ven una oportunidad histórica en las llamadas curules de paz, 16 lugares en la Cámara de Representantes que harán partícipes del ejercicio legislativo a los elegidos por los habitantes de los lugares más afectados por el conflicto.

Esto incluye, por supuesto, a las mujeres que han sufrido la guerra de formas particularmente crueles. Que ellas pudieran llegar a las curules, en palabras de María Cecilia Lozano, directora de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta, serviría para empezar a saldar la “deuda histórica que hay con la participación de las mujeres en la esfera política y la toma de decisiones”, en especial la de aquellas que habitan los municipios más apartados.

Lozano fue una de las cuatro participantes del conversatorio “Más mujeres, más democracia: los retos de las circunscripciones de paz”, liderado por El Espectador en alianza con la Mesa de Género de la Cooperación Internacional. El encuentro contó también con la presencia de Viviana Palacios, directora de la Organización Yo Puedo; Yuly Artunduaga, de la organización Mujeres Andinoamazónicas, y Ana Rosalba Mosquera, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Riosucio.

Se trata de mujeres provenientes de diferentes regiones, con historias y procesos distintos, pero que tienen en común estar dispuestas a dar el paso del liderazgo social al político, pues aspiran a ser candidatas para las circunscripciones de paz. Tienen la convicción de que no hay nadie mejor para abogar por las necesidades y potencialidades de los territorios que quienes los conocen y los han cuidado incluso en los momentos de mayor sufrimiento.

Al igual que Lozano, Yuly Artunduaga, lideresa del Putumayo, destaca este proceso electoral como una oportunidad para profundizar la democracia en el país y en su territorio. Cree en el papel que desde el Congreso una mujer como ella podría desempeñar para promover, como medida reparadora y garantía de no repetición, el cumplimiento del Acuerdo de Paz y su enfoque en las mujeres.

Artunduaga, de hecho, forma parte de la instancia especial de mujeres que hace seguimiento a la implementación de lo pactado. Por eso, considera que la presencia femenina en las 16 curules de las circunscripciones de paz sería clave para formar equipo, unir esfuerzos con dicha instancia especial y “seguir impulsando lo derechos de las mujeres y el enfoque de género en su integralidad”.

Para Viviana Palacios, además, las garantías de no repetición pasan también por evitar la continuidad o “reconfiguración del conflicto, que para nadie es un secreto”, en palabras de Yuly Artunduaga. Según Palacios, la llegada al Congreso de las víctimas provenientes de distintos territorios contribuiría a conectar lo rural con lo urbano en la formulación legislativa, “que siempre se ha hecho desde el centro”.

Aunque las cuatro coinciden en que es importante que quienes conocen los territorios y sus necesidades lleguen al Congreso, Ana Rosalba Mosquera hace un llamado a no crear más fracturas o llegar con discursos individualistas. Se trata, según ella, de “darse la pela por todos los territorios, no solo el suyo y ya”.

En el encuentro también hubo tiempo para hablar del país que sueñan, partiendo de la base de que sus luchas, si bien son resultado de heridas y cicatrices inimaginables, también son señal de que un futuro mejor es posible. Por supuesto, ese país vive en paz; es seguro y libre de miedos, sobre todo para las mujeres; hay libertad y es incluyente; la vida transcurre en armonía con la naturaleza y el ambiente, al tiempo que las nuevas generaciones tienen la oportunidad de estudiar y desarrollar el proyecto de vida que desean y no el que les toca o les imponen.

Desde su liderazgo, para contribuir a la construcción de ese país, proponen impulsar el derecho de acceso a tierras, formalización y restitución, algo particularmente sensible para Lozano, quien ha sido cinco veces desplazada. Artunduaga, por su parte, resalta lo claves que son las garantías para llevar a cabo la transición desde la economía y la problemática social cocalera, “que nos ha arrebatado a compañeros, esposos, hermanos”. Es entre todos, hombres y mujeres, que se logrará construir una verdadera paz territorial, señala.

Mientras Ana Rosalba Mosquera, lideresa del Chocó, clama por un país con verdad y con el retorno de las personas dadas por desaparecidas, Palacios, lideresa del Meta, apunta a la necesidad de incluir a la juventud en estos procesos para concretar la oportunidad de un futuro diferente. “Yo de china decía que a mí eso de la política no me gustaba, que era pura politiquería y corrupción, y creo que eso nos lo han vendido precisamente para no entenderlo y no hacer parte”, dice.

“Si fueron las mujeres las víctimas mayoritarias de la guerra, que sean ahora las gestoras mayoritarias de la paz”, fue una de las reflexiones de Jorge Cardona, editor general de El Espectador, durante este encuentro. Pero para alcanzar ese papel de gestoras desde un escenario como el Congreso y para, en palabras de la embajadora de Suecia, Helena Storm, “amplificar las voces que han estado excluidas de la toma de decisiones”, primero hay que superar los retos que atraviesan a este proceso electoral.

Las lideresas coincidieron en que las barreras empiezan desde lo más íntimo: la falta de confianza de las mujeres en ellas mismas y los estereotipos de género en sus entornos. Pero van más allá, hasta los requisitos y la burocracia que deben enfrentar para certificarse y poder aspirar a las candidaturas. “La institucionalidad no da respuestas; la mayoría de los candidatos no tiene la documentación necesaria porque no dan respuesta a las inquietudes”, señala Lozano.

Dijeron, además, que aunque, la “dupla” que aspire a cada circunscripción debe ser paritaria (un hombre y una mujer), al final nada garantiza que habrá participación de mujeres ni mucho menos paridad en las curules que salgan elegidas.

Artunduaga y Palacios estuvieron de acuerdo en que hay mucho desconocimiento aún alrededor de las circunscripciones especiales de paz y el proceso electoral y en que el Estado no ha asumido el papel que debería en la pedagogía. “Nos ha costado la vida defender la paz”, dice Yuly. Por cierto, en su intervención, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Consejería de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reiteró el compromiso de esa oficina para “hacer seguimiento a las garantías de seguridad para todas las personas candidatas”.

Las precandidatas hicieron un llamado a sus comunidades a participar del ejercicio electoral, pues son estas la razón de ser de las curules. Asimismo, a los medios de comunicación, para que se interesen y acompañen el proceso. Los días 13 serán claves de ahora en adelante: el 13 de diciembre cerrarán las inscripciones de las candidaturas; el 13 de enero lo harán las inscripciones de cédulas, y el 13 de marzo de 2022, cuando los territorios más afectados por el conflicto armado podrán, después de un largo camino y debate jurídico, elegir a sus representantes en el Congreso.

El Acuerdo Final de Paz fue firmado hace cinco años bajo la promesa de poner a las víctimas en el centro. Sin embargo, en la implementación ese no ha sido el sentir de muchas de ellas. Por eso, ven una oportunidad histórica en las llamadas curules de paz, 16 lugares en la Cámara de Representantes que harán partícipes del ejercicio legislativo a los elegidos por los habitantes de los lugares más afectados por el conflicto.

Esto incluye, por supuesto, a las mujeres que han sufrido la guerra de formas particularmente crueles. Que ellas pudieran llegar a las curules, en palabras de María Cecilia Lozano, directora de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta, serviría para empezar a saldar la “deuda histórica que hay con la participación de las mujeres en la esfera política y la toma de decisiones”, en especial la de aquellas que habitan los municipios más apartados.

Lozano fue una de las cuatro participantes del conversatorio “Más mujeres, más democracia: los retos de las circunscripciones de paz”, liderado por El Espectador en alianza con la Mesa de Género de la Cooperación Internacional. El encuentro contó también con la presencia de Viviana Palacios, directora de la Organización Yo Puedo; Yuly Artunduaga, de la organización Mujeres Andinoamazónicas, y Ana Rosalba Mosquera, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Riosucio.

Se trata de mujeres provenientes de diferentes regiones, con historias y procesos distintos, pero que tienen en común estar dispuestas a dar el paso del liderazgo social al político, pues aspiran a ser candidatas para las circunscripciones de paz. Tienen la convicción de que no hay nadie mejor para abogar por las necesidades y potencialidades de los territorios que quienes los conocen y los han cuidado incluso en los momentos de mayor sufrimiento.

Al igual que Lozano, Yuly Artunduaga, lideresa del Putumayo, destaca este proceso electoral como una oportunidad para profundizar la democracia en el país y en su territorio. Cree en el papel que desde el Congreso una mujer como ella podría desempeñar para promover, como medida reparadora y garantía de no repetición, el cumplimiento del Acuerdo de Paz y su enfoque en las mujeres.

Artunduaga, de hecho, forma parte de la instancia especial de mujeres que hace seguimiento a la implementación de lo pactado. Por eso, considera que la presencia femenina en las 16 curules de las circunscripciones de paz sería clave para formar equipo, unir esfuerzos con dicha instancia especial y “seguir impulsando lo derechos de las mujeres y el enfoque de género en su integralidad”.

Para Viviana Palacios, además, las garantías de no repetición pasan también por evitar la continuidad o “reconfiguración del conflicto, que para nadie es un secreto”, en palabras de Yuly Artunduaga. Según Palacios, la llegada al Congreso de las víctimas provenientes de distintos territorios contribuiría a conectar lo rural con lo urbano en la formulación legislativa, “que siempre se ha hecho desde el centro”.

Aunque las cuatro coinciden en que es importante que quienes conocen los territorios y sus necesidades lleguen al Congreso, Ana Rosalba Mosquera hace un llamado a no crear más fracturas o llegar con discursos individualistas. Se trata, según ella, de “darse la pela por todos los territorios, no solo el suyo y ya”.

En el encuentro también hubo tiempo para hablar del país que sueñan, partiendo de la base de que sus luchas, si bien son resultado de heridas y cicatrices inimaginables, también son señal de que un futuro mejor es posible. Por supuesto, ese país vive en paz; es seguro y libre de miedos, sobre todo para las mujeres; hay libertad y es incluyente; la vida transcurre en armonía con la naturaleza y el ambiente, al tiempo que las nuevas generaciones tienen la oportunidad de estudiar y desarrollar el proyecto de vida que desean y no el que les toca o les imponen.

Desde su liderazgo, para contribuir a la construcción de ese país, proponen impulsar el derecho de acceso a tierras, formalización y restitución, algo particularmente sensible para Lozano, quien ha sido cinco veces desplazada. Artunduaga, por su parte, resalta lo claves que son las garantías para llevar a cabo la transición desde la economía y la problemática social cocalera, “que nos ha arrebatado a compañeros, esposos, hermanos”. Es entre todos, hombres y mujeres, que se logrará construir una verdadera paz territorial, señala.

Mientras Ana Rosalba Mosquera, lideresa del Chocó, clama por un país con verdad y con el retorno de las personas dadas por desaparecidas, Palacios, lideresa del Meta, apunta a la necesidad de incluir a la juventud en estos procesos para concretar la oportunidad de un futuro diferente. “Yo de china decía que a mí eso de la política no me gustaba, que era pura politiquería y corrupción, y creo que eso nos lo han vendido precisamente para no entenderlo y no hacer parte”, dice.

“Si fueron las mujeres las víctimas mayoritarias de la guerra, que sean ahora las gestoras mayoritarias de la paz”, fue una de las reflexiones de Jorge Cardona, editor general de El Espectador, durante este encuentro. Pero para alcanzar ese papel de gestoras desde un escenario como el Congreso y para, en palabras de la embajadora de Suecia, Helena Storm, “amplificar las voces que han estado excluidas de la toma de decisiones”, primero hay que superar los retos que atraviesan a este proceso electoral.

Las lideresas coincidieron en que las barreras empiezan desde lo más íntimo: la falta de confianza de las mujeres en ellas mismas y los estereotipos de género en sus entornos. Pero van más allá, hasta los requisitos y la burocracia que deben enfrentar para certificarse y poder aspirar a las candidaturas. “La institucionalidad no da respuestas; la mayoría de los candidatos no tiene la documentación necesaria porque no dan respuesta a las inquietudes”, señala Lozano.

Dijeron, además, que aunque, la “dupla” que aspire a cada circunscripción debe ser paritaria (un hombre y una mujer), al final nada garantiza que habrá participación de mujeres ni mucho menos paridad en las curules que salgan elegidas.

Artunduaga y Palacios estuvieron de acuerdo en que hay mucho desconocimiento aún alrededor de las circunscripciones especiales de paz y el proceso electoral y en que el Estado no ha asumido el papel que debería en la pedagogía. “Nos ha costado la vida defender la paz”, dice Yuly. Por cierto, en su intervención, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Consejería de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reiteró el compromiso de esa oficina para “hacer seguimiento a las garantías de seguridad para todas las personas candidatas”.

Las precandidatas hicieron un llamado a sus comunidades a participar del ejercicio electoral, pues son estas la razón de ser de las curules. Asimismo, a los medios de comunicación, para que se interesen y acompañen el proceso. Los días 13 serán claves de ahora en adelante: el 13 de diciembre cerrarán las inscripciones de las candidaturas; el 13 de enero lo harán las inscripciones de cédulas, y el 13 de marzo de 2022, cuando los territorios más afectados por el conflicto armado podrán, después de un largo camino y debate jurídico, elegir a sus representantes en el Congreso.