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Solo por el hecho de existir, en Colombia, 660 mujeres han sido asesinadas en los primeros nueve meses de 2024, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios.
La existencia de estas cifras es relativamente reciente, pues incluso el término ”feminicidio” fue introducido por primera vez en 1976 en el mundo.
Es decir que apenas van 48 años desde que la activista Diane Russell, doctora en psicología social, en su testimonio sobre asesinatos a mujeres ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres en Bruselas, dio nacimiento al vocablo. En ese tribunal se denunciaron delitos y agresiones contra las mujeres en diversos países. Esto significa que a nivel internacional han sido menos de 50 años teniendo en cuenta y visibilizando “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”, de acuerdo con la definición de Russell.
Mientras, en Colombia tan sólo han pasado nueve años desde que el Código Penal colombiano sanciona y tipifica el feminicidio con la Ley 1761 del 2015 “como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana”.
Esta ley nació a raíz del asesinato de Rosa Elvira Cely, una estudiante de bachillerato nocturno, vendedora de dulces y madre de una niña que tenía 12 años al momento de su feminicidio, que fue secuestrada, violada y torturada en el Parque Nacional de Bogotá por Javier Velasco, hombre que había sido compañero de estudios.
Con la Ley Rosa Elvira Cely se han producido cambios significativos, ya que establece que no habrá rebajas de penas y tipifica estos homicidios como feminicidios cuando son causados por la condición de ser mujer.
Sin embargo, como expresa Juana Afanador, socióloga feminista de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Paris (EHESS), “no fue hasta que ocurrió un caso tan atroz, que paralizó al país, que realmente tomamos conciencia de la violencia tan escalofriante que sufren las mujeres en el país”.
“El delito de feminicidio es algo absolutamente reciente. Es decir, denunciar estos hechos de violencia como violentos y no como acciones cotidianas ha sido el resultado de un proceso histórico en el que se ha logrado reconocer que son acciones injustas, violentas y que subyacen discriminación en la que se cree que las mujeres son objeto”, aseguró María de Los Ángeles Ríos Zuluaga, coordinadora de la línea Mujeres y Construcción de Paz de la Corporación Humanas.
En la medida en que las historias de mujeres asesinadas por rechazo, invisibilización, desprecio y creencias misóginas de que son inferiores a los hombres sean contadas, se podrá mostrar y ayudar a reparar una problemática que ha vivido en el silencio, de acuerdo con María de los Ángeles Zuluaga y Carol Rojas Garzón, directora del Observatorio Colombiano de Feminicidios de Republicanas Populares.
Las cifras como testigos y validadores
“Lo que no se cuenta no cuenta” es la frase utilizada en el libro Counting Feminicide publicado en la universidad de Massachusetts Institute of Technology (MIT por sus siglas en inglés), para hacer énfasis en que las cifras de los feminicidios deben existir para visibilizar y evidenciar los casos de asesinatos hacia mujeres y niñas.
La afirmación de la autora de este libro, Catherine D’Ignazio, “lo que no se cuenta no cuenta”, es respaldada por Rojas, quien sostiene que los datos no son solo una forma de narrar o generar indignación, sino que son herramientas que permiten construir acciones, análisis y estrategias para combatir lo que ella define como “violencia feminicida”.
El registro de los feminicidios, según explica la autora de este libro, también se suma a una demanda colectiva por la restauración de sus derechos y por la transformación del orden de género a nivel global.
“Debido a que son hechos de violencia que se reconocen recientemente hay poca credibilidad hacia las víctimas (...) y lograr visibilizarlo tiene que traer una conversación sobre que esto sí pasa, que es importante y que las voces de las mujeres son fundamentales para poder entender lo que está pasando y que lo que dicen además es verdad”, aseguró Zuluaga.
Ruta Pacífica de las Mujeres, movimiento feminista que promueve la resolución negociada del conflicto armado en Colombia, coincide en que los datos son clave para identificar patrones y realizar análisis. Por medio del boletín 108 de la Procuraduría General de la Nación de 2024, en el que se informó que 21 mujeres fueron víctimas de feminicidio a nivel nacional, le fue posible asegurar y denunciar que este año fue “muy violento y altamente inseguro para mujeres y niñas”.
La Secretaría de la Mujer de Bogotá también reafirma la importancia del registro de estos casos, ya que “la toma de decisiones públicas debe basarse en evidencia e información. De allí el esfuerzo articulado al interior de la entidad y con otras para contar con información confiable que permita establecer los análisis” y asimismo comprender el comportamiento amplio de las violencias.
Las aristas, orígenes y descubrimientos de los asesinatos
La información detrás de los datos tiene el poder de reparar, reformar, reformular, recordar y revelar, como lo señala la publicación del MIT y justamente por las historias de estas mujeres se han podido revelar que estos feminicidios no son casos aislados, sino que pertenecen a un patrón.
“Los feminicidios son parte de un sistema estructural, no son casos únicos”. Esta es una de las conclusiones alcanzadas, no solo por el MIT sino también por diversas organizaciones de la sociedad civil, ya que el seguimiento de los feminicidios ha constatado que los patrones de violencia se repiten y los orígenes y motivaciones son semejantes.
Así lo explica Carol Rojas Garzón, directora del Observatorio: “Los datos aportan síntesis e ideas generales que nos permiten construir patrones y con ello, categorías y análisis. Sin ellos no sería posible entender que no es un caso aislado o que no solamente le pasó a una mujer por ser de malas, sino que hace parte de una estructura que moldea una forma de ver la vida en colectivo”.
Estos elementos son los que permiten identificar que también es un problema cultural y proveniente de una estructura patriarcal de la sociedad.
Según Juana Afanador, estos patrones son de dominación contra la pareja y las violencias que anteceden a los feminicidios en las que las mujeres se “vuelven un objeto” que el hombre aísla en la que la sociedad patriarcal que tiene dinámicas en las que las mujeres son desmerecedoras y sobrevaloradas.
“Tienen elementos en común precisamente porque no responden a una sola persona como responsable del hecho, sino que socialmente nos habla de la manera en que se violentan los cuerpos de las mujeres. (...) Que hay unas formas en que las mujeres acuden al sistema judicial o al sistema de administración de justicia y no siempre reciben la respuesta oportuna”, afirmó Zuluaga.
Para demostrar lo que las expertas plantean se pueden tomar en consideración los datos de ONU Mujeres, que incluso muestran las similitudes de los casos a nivel mundial, pues menos del 40 % de las mujeres que son víctimas de violencia buscan ayuda y menos del 10 % presenta una denuncia ante la policía.
En cuanto a los orígenes y perpetradores del crimen, se ha descubierto que la gran mayoría pertenece a círculos cercanos, como la familia o incluso son sus parejas. En 2022, alrededor de 48.800 niñas y mujeres fueron asesinadas por sus parejas o familiares en 161 países, y de los feminicidios de mujeres, el 55 % fueron cometidos por sus compañeros sentimentales, según ONU Mujeres.
En Colombia el panorama es similar. Entre el 1 de enero y el 30 de mayo, la Procuraduría General de la Nación reportó que de los 90 feminicidios que se han dado a conocer en los medios de comunicación, al menos 61 fueron presuntamente cometidos por compañeros sentimentales o exparejas.
El Observatorio de Feminicidios Colombia también lo corrobora, pues en su último boletín se indicó que de los casos que han seguido el 33,8 % de los casos de junio de 2024 han tenido un sujeto feminicida conocido.
A la ecuación se debe agregar que en países como Colombia, el conflicto armado ha contribuido significativamente a los casos de feminicidio. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv),en el marco de la violencia perpetrada por actores armados han ocurrido un total de 427.498 de estos crímenes mortales.
“En el conflicto armado también es muy claro que estas violencias se realizan con un objetivo, un propósito; tienen unos fines que persiguen para el control territorial, el sometimiento de la sociedad civil y el establecimiento de su poder social, político y de armas”, comentó Zuluaga.
En síntesis, los factores que influyen en los datos son que los autores de feminicidios suelen ser los mismos, guiados según lo explica Rojas “una estructura patriarcal” en la que la autonomía y la libertad de la mujer son aspectos limitados.
El conteo de feminicidios no cuadra. ¿Qué está pasando?
Como se observa en la gráfica, existe una discrepancia entre las cifras recolectadas por organizaciones y entidades del Estado. Aunque esta diferencia en el registro no ocurre únicamente con los feminicidios, sí afecta la manera en que se percibe y aborda esta problemática.
Esto, según Carol Rojas, se debe a que la visibilidad del feminicidio es una postura política, dado que históricamente el Estado ha estado guiado por visiones conservadoras que aún influyen en las instituciones, afectando cómo se entiende el problema y por ende esas perspectivas son las que categorizan los crímenes entre homicidio o feminicidio.
“Muchas veces vamos a hablar con funcionarios de la fiscalía y ni siquiera reconocen el feminicidio íntimo como un feminicidio, dicen que es homicidio o que no tiene nada que ver con el asunto de ser mujer”, dijo Rojas.
A ello, Juana Afanador agrega que esta diferencia en las cifras en Colombia está relacionada con el sistema judicial que tiene una “buena participación de hombres que no están capacitados para entender y tener una perspectiva de género” en el marco legal del país.
Erradicar la problemática
Existe un gran reto de acuerdo con las expertas para darle fin a la problemática y está ligado a la institucionalidad. Se basa en que el feminicidio y su seguimiento se operativicen y sean captados por los funcionarios y las funcionarias para construir estrategias de prevención y protección.
“Necesitamos un Estado que proteja a las mayorías sociales, progresista, que incluya todos los tratados, leyes y acuerdos que hemos firmado en términos de protección de la vida de las mujeres”, aseveró Carol Rojas.
Esto es posible si partimos de la premisa de que los datos son, en realidad, historias de vida y asesinato. Según las activistas, estos datos deben utilizarse para construir estrategias que pongan fin a las configuraciones sociales actuales en nuestro país, las cuales deben transformarse si aspiramos a un futuro distinto, libre de violencia, crimen, crueldad y depredación.
Según ellas, es crucial que las entidades encargadas del seguimiento a las violencias domésticas o fuera del conflicto armado mantengan un diálogo articulado que reconozca el contexto actual de violencia en el país. “La implementación urgente del acuerdo de paz y la política de Paz Total deben coordinarse para abordar de manera integral la violencia contra las mujeres, especialmente en departamentos como Chocó y Bolívar, promoviendo una atención efectiva y preventiva”, aseguró María de los Ángeles Zuluaga.
Por el lado de la justicia las expertas insisten en que haya una transformación estructural para que la recolección de datos y el seguimiento de los casos logren llevar a cabo atención y protección adecuada, y que de esta forma se atiendan las violencias que se presentan antes de los feminicidios con la esperanza de que ninguna otra mujer sea asesinada.
