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Un claro ejemplo es el caso de un profesor acusado de abusar sexualmente de una estudiante de 10 años de edad en un salón de clases en Putumayo en 2023, pues no fue sino hasta el 22 de julio de 2024 cuando la Fiscalía General de la Nación informó que el acusado, Joel Daniel Garcés Salazar, fue judicializado y puesto en un establecimiento carcelario como medida preventiva.
Esto significa que después de un año y cinco meses esta era la única medida que se había tomado contra Garcés que, además de presuntamente realizar tocamientos de índole sexual, habría amenazado a la niña con infligirle daño a ella o su familia si lo denunciaba.
Aún falta un largo proceso para que concluya el caso, pues Garcés negó los cargos que se le imputaron, por lo que la Fiscalía debe continuar su proceso de investigación para llevarlo a una audiencia y así concretar el litigio.
Este no es un caso único en el país, pues una investigación que la Procuraduría General de la Nación realizó a 179 colegios del país reveló que se habían perpetrado 178 agresiones, en lo que corresponde al 0,3 % de la totalidad de centros educativos de Colombia, en los tres primeros meses de 2024.
Hay una carencia de registro nacional de los casos de violencia sexual en las aulas educativas, lo que hace de esta problemática una agresión difícil de dimensionar.
En la búsqueda de estas cifras realizada por este diario, entidades como la Fiscalía y el Ministerio de Educación (MEN) recalcaron que no se llevaba un registro de casos con víctimas estudiantiles.
Esto no se debe a un deficiente proceso de atención frente a esta problemática, sino a que los casos no se categorizan por ocupación o profesión, de modo que se imposibilita conocer con exactitud la cantidad de estudiantes o incluso docentes que son víctimas de este tipo de violencia en Colombia.
Sin embargo, es posible hacerse una idea de la situación por medio de las violencias registradas en la capital, pues la Secretaría de Educación de Bogotá (SED) en su Sistema de Alertas evidencia que en lo corrido de este año se han reportado 6.039 casos, en los que el 68,39 % de las víctimas corresponden al género femenino.
Ha habido un aumento exponencial en los delitos de esta índole según entidades como la Procuraduría y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación. El incremento de casos registrados en Bogotá comenzó desde 2018 con un pico del 88,3 % frente al año anterior. En la pandemia (2020-2021) tuvo un alza del 277,03 % y en 2023 se registró el punto más alto de estos crímenes, con 7.388 casos denunciados.
Una fuente cercana a la investigación comentó que no necesariamente han aumentado los casos, sino que ahora las víctimas usan más las herramientas de prevención y atención ante esta violencia, como las capacitaciones para la ruta de denuncia, la mejora en las plataformas y su accesibilidad.
“Tenemos algunos vacíos legales y administrativos en el país”, respondió Claudia Téllez, vocera del Ministerio de Educación, cuando se le preguntó por el manejo de estos delitos que, según confirmó la funcionaria, están en aumento desde la pandemia.
Los menores de edad que han sido violentados están en riesgo de padecer problemas como trastorno por estrés postraumático, desórdenes alimentarios y problemas de ansiedad y depresión, según la organización del Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual.
Hoy el panorama no es el mejor, pues la Procuraduría General de la Nación advierte que no se está cumpliendo con la directriz del Ministerio de Educación para estos asuntos. Por ello, la procuradora, Margarita Cabello, comentó que “ellas y ellos son más que una prioridad, son el corazón de nuestra misionalidad”, refiriéndose a los estudiantes de los colegios.
Por lo anterior, esta entidad solicitó a la destituida ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, un reporte sobre su manejo y acciones realizadas para combatir este tipo de violencia en las aulas.
Las barreras de la justicia y las administraciones
“No tenemos herramientas ni recursos”, aseguró Claudia Téllez. La vocera explicó que una vez se reporta la denuncia del delito y se inicia el proceso regular por parte de los entes de justicia e inspección y vigilancia, luego se carece de fondos suficientes para contratar a otro docente que reemplace al agresor mientras se determina su culpabilidad.
No tenemos herramientas ni recursos”.
Claudia Téllez, vocera del Ministerio de Educación
Por eso, en las zonas rurales y aisladas, los docentes que han sido acusados de violencia sexual en ocasiones pueden no experimentar las concecuencias administrativas como el despido.
De hecho, fuentes aseguraron que los docentes acusados pueden tener a su cargo múltiples cursos de estudiantes y puede que en la institución o incluso en el territorio se carezca de otro profesional que pueda suplirlo.
Por lo tanto, muchos directivos optan por no expulsarlos de los colegios, pues deben escoger entre que los alumnos reciban educación o denunciar y despedir al agresor, lo que también impacta el aprendizaje de los estudiantes.
Otro factor que dificulta un proceso judicial exitoso es la falta de reportes por parte de las instituciones, víctimas o testigos. De acuerdo con la funcionaria del Ministerio de Educación, las razones son diversas: van desde la falta de conectividad en algunas regiones del país hasta la decisión de los colegios de no denunciar por temor a dañar su imagen.
En el proceso de denuncia también hay complicaciones en cuanto a la información con la que se realizan las acusaciones, pues a veces no se consignan todas las pruebas que les permitan a las autoridades localizar a las víctimas y por ello el proceso de investigación se prolonga, dijo una fuente consultada por El Espectador.
“Lo que uno observa y lo que se siente es que no avanzan en las investigaciones, pero no es exclusivamente en delitos sexuales, es en todos los demás crímenes que tiene el propio sistema que nosotros manejamos. (...) Entonces el llamado es a que estos casos se prioricen y se trabajen con policía judicial”, comentó Oscar Sierra, abogado penalista de la Universidad del Externado de Colombia y miembro de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.
La importancia de tener un equipo capacitado y numeroso se basa en que un fiscal sin un policía judicial no puede recolectar las evidencias, por ello Sierra también hace un llamado a fortalecer esta unidad con mayor cantidad de personas que trabajen en estos casos y realicen capacitaciones sobre estos temas.
El penalista agrega que en estos casos es importante iniciar un proceso de denuncia con la evidencia que se tenga a la mano, ya que las víctimas necesitan una atención inmediata ante la presunta agresión.
Otro obstáculo que se presenta es la resistencia que hay en la población frente a las iniciativas de las entidades que promueven los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los menores de edad, ya que son considerados tabú según afirmó la Secretaría de Educación de Bogotá.
Las rutas de solución
La forma de manejar la violencia sexual en las aulas educativas está detallada en el Sistema de Información Único de Convivencia Escolar. Los colegios deben reportar cualquier incidente de violencia sexual, según la Ley 1620 y el Decreto Reglamentario 1965 de 2013.
En el caso de Bogotá, la SED tiene un equipo especializado en prevención de violencia de género y violencia sexual que ofrece asesoría y coordina acciones preventivas y de seguimiento para asegurar el adecuado acompañamiento y la garantía de derechos de las víctimas.
Dado que hay múltiples vacíos, el MEN se alió con la Fiscalía para encargarle casos de violencia sexual que estén en su radar. Sin embargo, el Ministerio no puede supervisar estos procesos, ya que una vez están en manos de la justicia no se dan actualizaciones debido a la reserva del sumario.
Para activar la ruta adecuada, los colegios deben coordinar con las autoridades de salud, justicia y otras, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), incluyendo la presentación de la denuncia ante la Fiscalía o el organismo correspondiente en caso de que la familia no lo haga.
En esa misma línea, la Fiscalía ha desarrollado la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra niños, niñas y adolescentes focalizado en los delitos sexuales, violencia intrafamiliar, feminicidios y homicidios dolosos mediante la resolución del 25 de junio de 2024 .
Esta unidad se enfoca en la articulación con las entidades relacionadas con estos casos para garantizar la protección de los derechos de los menores de edad, también con un enfoque preventivo frente a los abusos sexuales contra estudiantes y a otros actores de la comunidad educativa.
Dichas medidas vienen de la mano de capacitaciones a docentes, directivos, estudiantes y padres de familia con la intención de que logren reconocer y abordar de manera oportuna y adecuada situaciones en las que se presente un abuso sexual.
En cuanto a los funcionarios públicos que atienden estos casos, las entidades relevantes en la materia están desarrollando mentorías para que sepan llevar los procesos de forma oportuna, eficiente, sin revictimizaciones y con medidas necesarias para la persona agredida y con el debido proceso para el perpetrador.
Las alertas están enfocadas en la problemática, por lo que al corte del 13 mayo de 2024 la Procuraduría inició 237 procesos disciplinarios relacionados con casos de acoso o abuso sexual por parte de funcionarios en entornos educativos.
Los agresores y sus métodos
El Centro de Derechos Reproductivos confirma que hay dos elementos que incrementan la probabilidad de que ocurran casos de violencia sexual en los entornos educativos: la tolerancia ante los hechos y la ineficiencia o inexistencia de los mecanismos legales para erradicar o combatir estos delitos.
La violencia sexual no se limita únicamente a los actos violentos para tener relaciones, sino que también incluye comentarios sexuales, acciones y palabras sexualmente sugestivas, observaciones pornográficas, tocamientos y besos, entre otras formas de acoso; es decir que son acciones que pueden pasar de cierta forma “desapercibidas” y, por ende, toleradas en la comunidad.
Este tipo de agresiones no provienen solo de figuras de autoridad o mayores que las víctimas, también hay pares que la ejercen.
Esto se confirma según los datos de la SED. En lo corrido de este año el 23,43 % de los agresores tenían 18 años o más, el 16,08 % está entre los 14 y 17 años, el 28,93 % tiene menos de 14 años y la edad del 31,56 % es desconocida.
Los casos registrados en la capital han mostrado que los agresores suelen estar vinculados al sistema escolar. En concreto, el 47,93 % de las víctimas pertenecen a estas instituciones, mientras que un 27,95 % son familiares, un 23,61 % son individuos externos y el 0,5 % pertenece a sujetos de la administración.
En cuanto al lugar de ocurrencia, la SED identificó que en Bogotá el 51,68 % de las denuncias corresponden al espacio de estudio, el 33 % aconteció en sus hogares, el 3,26 % en la calle y el 4,07 % de los casos fue en espacios digitales, como redes sociales, entre otras ubicaciones.
El género es relevante
Los datos revelan que atributos como el género, entre otros, están ligados con la frecuencia y cantidad con la que se presentan estos delitos. La SED afirma que en Bogotá, al corte del 1.° de agosto de 2024, mucho más de la mitad de las personas perjudicadas son mujeres, concentrando el 77,84 % de los casos.
Asimismo lo afirma Audrey Azoulay, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco): “Todas estas formas de violencia vienen de lejos: están enraizadas en las mentalidades y en las desigualdades sistémicas de género. Por lo tanto, debemos abordar las causas fundamentales de esta violencia y de los estereotipos de género para construir la igualdad en la mente de las personas”.
Sin embargo, las víctimas pertenecientes al género masculino no se quedan atrás. De los 6.039 casos registrados en Bogotá por el Sistema de Alertas de la SED, al corte del 24 de septiembre de 2024, 1.908 son niños y adolescentes varones.
