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Ojalá sea una mujer para yo tomar chirrinchi, comer y poder venderla al mejor postor”, este es el tipo de comentarios de los hombres que están próximos a ser padres en algunas comunidades indígenas de Colombia, según lo aseguró Yazmín Romero Epiayú, activista y feminista wayu del departamento de La Guajira.
El matrimonio infantil y las uniones tempranas (Miut) se refiere a la unión formal o informal de menores de 18 años. Esta es una práctica permitida en Colombia que posiciona al país en el puesto 20 a nivel mundial por el número de niñas casadas o en unión antes de los 15 años, según Unicef y la Fundación PLAN.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 17 % de las uniones involucran a adolescentes de 13 a 19 años. En dichas parejas, el 26,4 % tienen una diferencia de edad de 6 a 9 años y el 17,1 % de estas menores de edad se llevan más de 10 años con su cónyuge.
“El matrimonio infantil en general es una situación que reproduce un círculo eterno de la violencia”, aseveró Jennifer Pedraza, representante a la Cámara e impulsora del proyecto de ley “Son niñas, no esposas”, que prohíbe el Miut en Colombia y fue aprobado el pasado 13 de noviembre por el Congreso de la República.
¿Por qué violencias?, pues estas uniones implican agresiones domésticas, abusos sexuales, embarazos infantiles, enfermedades de transmisión sexual, deserción escolar e incluso pueden llegar a ser víctimas de feminicidio u homicidio, además es definido por las Naciones Unidas como una violación a los derechos humanos.
Según la Unicef, “despojan a las niñas de su infancia, poniendo en riesgo su vida y salud”, y generan consecuencias negativas en sus expectativas de vida. De manera que, conforme lo asegura la organización, afecta la capacidad de un país para ofrecer servicios de salud y educación de calidad a los menores de 18 años.
Casos como estos no se limitan a los escenarios descritos por Romero Epiayú, donde las comunidades indígenas han integrado el matrimonio infantil como parte de su cultura y forma de vida.
En realidad, los departamentos con mayor incidencia de casos son Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca, de acuerdo con el DANE, y aunque la práctica es un 21,5 % más frecuente en zonas rurales, en comparación con áreas urbanas, ocurre en todo el país y puede afectar a cualquier niño, niña o adolescente.
Tal fue la experiencia de una adolescente de 15 años en la ciudad de Bogotá. Aparentemente, la joven estaba en una relación consensuada con un hombre 10 años mayor que ella. Sin embargo, cuando intentó salir de esta unión su madre la obligó a permanecer con su pareja, ya que él cubría los gastos del arriendo, los servicios y el mercado tanto de la adolescente como de su mamá.
Este fue uno de los múltiples casos de matrimonio infantil que atendió Valientes Colombia, una organización que lucha por la prevención y erradicación del tráfico de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial.
“La empezaron a violentar de forma sexual, física, psicológica y económica hasta que ella pudo alzar la mano y presentar una denuncia a las autoridades. Tristemente ella fue quien alzó la voz, porque justamente su mamá era una de sus violentadoras”, recordó Danitza Marentes, subdirectora y cofundadora de Valientes Colombia.
Las diferencias de edad observadas en estas uniones, según las historias compartidas por Valientes, incluyen casos de adolescentes entre los 12 a los 15 años casadas con hombres de entre los 50 y 60 años de edad.
“Esta es una práctica cultural que ha sido normalizada en el país y nunca se le puso atención. (...) Las niñas se convierten en blancos fáciles de la trata de personas bajo figuras para ‘salir de la pobreza’, intercambiándolas y mecanizándolas”, afirmó Alexandra Vásquez, representante a la Cámara e impulsora de “Son niñas, no esposas”.
En el contexto de un país en desarrollo con altos índices de pobreza, como Colombia, muchos de estos matrimonios surgen de la presión que las familias ejercen sobre sus hijas para que se casen a cambio de una compensación económica, lo que convierte inmediatamente estas situaciones en trata de personas.
Estas formas de mercantilización se manifiestan en prácticas como el trueque dentro de algunas comunidades indígenas, donde las niñas pueden ser intercambiadas por dinero, mercancías, ganado, entre otros, o se les ofrece un sustento de vida a ellas y a sus familias.
“Hay una trampa de la pobreza, son los hogares más vulnerables, los menos privilegiados en donde lamentablemente esto ocurre. (...) Eso implica una jerarquía y una relación que no está a favor de la niña o el niño que están casando, sino a favor del adulto”, comentó la representante Pedraza.
En el caso de Colombia, existe un factor étnico que respalda estas prácticas, las cuales se justifican en función de la tradición y el gobierno propio. “El panorama que hemos encontrado en el departamento de La Guajira no es nada alentador. Me atrevo a decir que de cada 10 mujeres menores de edad que hay en territorio, ocho son sometidas desde los 10 a los 15 años a estas prácticas perversas y violentas con el asunto de que eso es cultural”, manifestó Yazmín Romero Epiayú.
La activista incluso le afirmó a este diario que los líderes de la comunidad prefieren atender y solucionar otros asuntos de interés para el territorio en lugar de abordar las violencias basadas en género o los matrimonios infantiles, pues en ocasiones ni siquiera lo identifican como un problema.
A pesar de que, predominantemente entre hombres, esta sea la justificación para continuar con estas uniones en comunidades como la wayu, existen personas como la activista Romero que afirman que no se puede considerar parte de ninguna tradición. Para ella, “es violencia, no cultura”.
“Son niñas, no esposas”
Nueve veces se presentó el proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil y ocho de estas se hundió. Solo fue hasta el pasado miércoles 13 de noviembre que se aprobó en la plenaria del Senado, es decir, 17 años después de su primera presentación.
El éxito de la aprobación del proyecto de ley “Son niñas, no esposas” se explica, según Jennifer Pedraza, por el hecho de que “tenemos un Senado mucho más lleno de mujeres, y esto nos unió a todas las bancadas, independientemente de nuestra filosofía política. Ese es un gran avance, a mi parecer. Todos y todas queríamos que este proyecto saliera adelante”, según le expresó a este diario.
La iniciativa se centra en la prevención y en el cambio de la legislación, lo que implica el desarrollo de estrategias para promover proyectos de vida digna y autónoma para niñas y adolescentes, a través de campañas pedagógicas, además de modificar las leyes y normas sobre el matrimonio infantil para evitar que ocurra.
Este proyecto se aplica en todo el territorio colombiano, lo que significa que ningún gobierno propio podrá eximirse de cumplir la prohibición si se convierte en ley.
A su vez, este incluye una política pública de sensibilización y divulgación de las causas y consecuencias del matrimonio infantil con articulación de los gobiernos locales.
De acuerdo con Yazmín Romero Epiayú, lo más probable es que haya “tensiones” en la comunidad indígena, ya que en el caso del sistema wayu se normalizan y se justifican ciertas prácticas. Asimismo, asegura que es posible que se organicen para “cambiar ciertas reglas del juego”.
Sin embargo, se espera que para 2030 se elimine el matrimonio infantil, precoz y forzado, según el indicador 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además, se busca prevenir la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y el embarazo adolescente, mejorando así la calidad de vida de los menores de edad.
“La eliminación del matrimonio infantil era una deuda histórica con la niñez del país. De ahí que debemos seguir avanzando de manera conjunta y articulada para hacer realidad la ley”, expresó la directora ejecutiva de Profamilia, Marta Royo, en el cuarto y último debate de la iniciativa.
No obstante, el proyecto está a la espera de que el presidente Gustavo Petro lo sancione para que se convierta en ley. De igual manera, las representantes Vásquez y Pedraza afirman que es necesario realizar un trabajo sólido de implementación y vinculación con las comunidades étnicas y raciales para que sea efectivo y acatado por todos, generando así “ese cambio cultural que es realmente lo que necesita el país”, según lo afirmó Alexandra Vásquez.
Que la iniciativa se convierta en ley ofrecería protección a todas las mujeres y menores de 18 años en todo el territorio colombiano, como lo expresó la activista wayu: “Es un caparazón que permite blindar y salvar muchas vidas”.
