(Opinión) La lucha por la equidad de género y el poder de lo colectivo

Nadie cuestionaría la idea de que las mujeres hoy tengan derecho a votar, a acceder a la educación en igualdad de condiciones que los hombres o a contar con garantías laborales. Estos parecen ser acuerdos comunes que hemos hecho como sociedad. Sin embargo, no siempre fue así.

Estos acuerdos requirieron que las mujeres se indignaran, se organizaran en torno a unos objetivos comunes y posicionaran estos asuntos en la agenda pública para incidir en las transformaciones legales, institucionales y culturales para avanzar en la garantía de sus derechos. En otras palabras, fue necesario que la sociedad civil organizada, en especial las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres “insistieran, persistieran, resistieran y no desistieran”.

En nuestro país la sociedad civil también ha sido protagonista de transformaciones profundas. En la primera mitad del siglo XX se fueron gestando procesos de mujeres que abonaron el terreno en las luchas civiles y políticas, relacionadas con la mejora de las condiciones laborales y el derecho a la educación y al voto. En 1920, específicamente en Antioquia, 500 trabajadoras de una fábrica entraron en huelga, reivindicando mejoras salariales, medidas contra el abuso sexual por parte de algunos de sus jefes, entre otras. Esto no solo llevó a una cobertura importante por parte de los medios de comunicación y con ello un debate amplio a nivel nacional, sino que abrió la puerta a demandas sociales no solo de tipo laboral.

En 1944 se fundó la Unión Femenina que logró incidir en que las mujeres fueran reconocidas como “ciudadanas” en la reforma constitucional de 1945, aunque el proyecto de derecho al sufragio fuera archivado. Durante la siguiente década las mujeres siguieron organizándose en espacios como la Alianza Femenina, el Movimiento de Acción Nacional Femenina, la Organización Nacional Femenina entre otras. También escribieron en revistas, fundaron periódicos, participaron en emisiones de radio, los debates en la esfera pública se acentuaron, las posturas fueron influenciadas por el panorama internacional y algunos hombres se sumaron como aliados.

De este modo, las organizaciones de la sociedad civil conformadas por mujeres (promoviendo desmarcarse de los partidos políticos tradicionales aún con posturas ideológicas y morales encontradas) lograron incidir en la aprobación del voto femenino en 1954. Sin embargo, estos avances hacia la igualdad de derechos y oportunidades continúan requiriendo una sociedad civil fuerte, capaz de demandar y contribuir a su cumplimiento.

Aunque la adopción de leyes representa victorias indiscutibles, estas no se traducen en entornos laborales libres de violencias; en acceso a espacios de toma de decisión y participación política seguros e igualitarios para ellas; misma remuneración por desempeñar mismos cargos; o igualdad de oportunidades laborales. Por ello, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la equidad de género y la inclusión y tejer puentes entre ellas contribuye al empoderamiento de las mujeres y la garantía de sus derechos.

Por ejemplo, el trabajo conjunto de organizaciones como Sisma Mujer y Casa de la Mujer aportó a la adopción de la Ley 1257 de 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”. En 2008, como en 1954, las organizaciones de mujeres y representantes políticas se unieron, más allá de la camiseta partidista, a favor de los derechos de las mujeres.

No obstante, como se requiere “insistir, persistir, resistir y nunca desistir”, actualmente, la Mesa Nacional de Seguimiento a la Ley 1257 del 2008 (un colectivo de mujeres independientes y organizaciones sociales de mujeres) realiza acciones de exigibilidad política y seguimiento a las actuaciones gubernamentales, judiciales, legislativas y de control, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en todos los ámbitos.

Otros procesos y organizaciones como la Comisión de Género del Consejo Comunitario Mayor de La Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia (CONAMIC), Hombres en Marcha, la Red Nacional de Mujeres, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), Colombia Diversa o Fundación Sentiido desde hace años vienen trabajando desde la diferencia y la interseccionalidad en la eliminación de barreras que impiden a las mujeres –desde toda su diversidad– liderar, participar y vivir en igualdad de derechos y oportunidades, tanto en lo comunitario como en lo organizativo.

A pesar de que es difícil encontrar datos agregados sobre el accionar de la sociedad civil en esta lucha (aspecto que habla de lo mucho que falta por hacer) hoy en día sabemos que son muchas, diversas y poderosas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de estas causas en Colombia. Las anteriores son sóolo algunas de las que en Colombia contribuyen a la garantía efectiva de los derechos de las mujeres adultas, jóvenes, adolescentes y niñas desde los territorios rurales hasta las ciudades. Son ellas quienes hoy, 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, merecen no solo el reconocimiento, sino el agradecimiento por la insistencia en lo privado y lo público, por la persistencia en la unión a pesar del desencuentro con los otros y las otras, por resistir el olvido de la historia, y por nunca desistir en los deseos de transformación social. Sin ustedes, escribir y publicar esta columna de opinión, un acto que actualmente nadie cuestionaría, no hubiera sido posible.

* Oficial GESI, Programa Suma Social.

Nadie cuestionaría la idea de que las mujeres hoy tengan derecho a votar, a acceder a la educación en igualdad de condiciones que los hombres o a contar con garantías laborales. Estos parecen ser acuerdos comunes que hemos hecho como sociedad. Sin embargo, no siempre fue así.

Estos acuerdos requirieron que las mujeres se indignaran, se organizaran en torno a unos objetivos comunes y posicionaran estos asuntos en la agenda pública para incidir en las transformaciones legales, institucionales y culturales para avanzar en la garantía de sus derechos. En otras palabras, fue necesario que la sociedad civil organizada, en especial las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres “insistieran, persistieran, resistieran y no desistieran”.

En nuestro país la sociedad civil también ha sido protagonista de transformaciones profundas. En la primera mitad del siglo XX se fueron gestando procesos de mujeres que abonaron el terreno en las luchas civiles y políticas, relacionadas con la mejora de las condiciones laborales y el derecho a la educación y al voto. En 1920, específicamente en Antioquia, 500 trabajadoras de una fábrica entraron en huelga, reivindicando mejoras salariales, medidas contra el abuso sexual por parte de algunos de sus jefes, entre otras. Esto no solo llevó a una cobertura importante por parte de los medios de comunicación y con ello un debate amplio a nivel nacional, sino que abrió la puerta a demandas sociales no solo de tipo laboral.

En 1944 se fundó la Unión Femenina que logró incidir en que las mujeres fueran reconocidas como “ciudadanas” en la reforma constitucional de 1945, aunque el proyecto de derecho al sufragio fuera archivado. Durante la siguiente década las mujeres siguieron organizándose en espacios como la Alianza Femenina, el Movimiento de Acción Nacional Femenina, la Organización Nacional Femenina entre otras. También escribieron en revistas, fundaron periódicos, participaron en emisiones de radio, los debates en la esfera pública se acentuaron, las posturas fueron influenciadas por el panorama internacional y algunos hombres se sumaron como aliados.

De este modo, las organizaciones de la sociedad civil conformadas por mujeres (promoviendo desmarcarse de los partidos políticos tradicionales aún con posturas ideológicas y morales encontradas) lograron incidir en la aprobación del voto femenino en 1954. Sin embargo, estos avances hacia la igualdad de derechos y oportunidades continúan requiriendo una sociedad civil fuerte, capaz de demandar y contribuir a su cumplimiento.

Aunque la adopción de leyes representa victorias indiscutibles, estas no se traducen en entornos laborales libres de violencias; en acceso a espacios de toma de decisión y participación política seguros e igualitarios para ellas; misma remuneración por desempeñar mismos cargos; o igualdad de oportunidades laborales. Por ello, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la equidad de género y la inclusión y tejer puentes entre ellas contribuye al empoderamiento de las mujeres y la garantía de sus derechos.

Por ejemplo, el trabajo conjunto de organizaciones como Sisma Mujer y Casa de la Mujer aportó a la adopción de la Ley 1257 de 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”. En 2008, como en 1954, las organizaciones de mujeres y representantes políticas se unieron, más allá de la camiseta partidista, a favor de los derechos de las mujeres.

No obstante, como se requiere “insistir, persistir, resistir y nunca desistir”, actualmente, la Mesa Nacional de Seguimiento a la Ley 1257 del 2008 (un colectivo de mujeres independientes y organizaciones sociales de mujeres) realiza acciones de exigibilidad política y seguimiento a las actuaciones gubernamentales, judiciales, legislativas y de control, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en todos los ámbitos.

Otros procesos y organizaciones como la Comisión de Género del Consejo Comunitario Mayor de La Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia (CONAMIC), Hombres en Marcha, la Red Nacional de Mujeres, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), Colombia Diversa o Fundación Sentiido desde hace años vienen trabajando desde la diferencia y la interseccionalidad en la eliminación de barreras que impiden a las mujeres –desde toda su diversidad– liderar, participar y vivir en igualdad de derechos y oportunidades, tanto en lo comunitario como en lo organizativo.

A pesar de que es difícil encontrar datos agregados sobre el accionar de la sociedad civil en esta lucha (aspecto que habla de lo mucho que falta por hacer) hoy en día sabemos que son muchas, diversas y poderosas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de estas causas en Colombia. Las anteriores son sóolo algunas de las que en Colombia contribuyen a la garantía efectiva de los derechos de las mujeres adultas, jóvenes, adolescentes y niñas desde los territorios rurales hasta las ciudades. Son ellas quienes hoy, 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, merecen no solo el reconocimiento, sino el agradecimiento por la insistencia en lo privado y lo público, por la persistencia en la unión a pesar del desencuentro con los otros y las otras, por resistir el olvido de la historia, y por nunca desistir en los deseos de transformación social. Sin ustedes, escribir y publicar esta columna de opinión, un acto que actualmente nadie cuestionaría, no hubiera sido posible.

* Oficial GESI, Programa Suma Social.