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En su más reciente estudio, “Tratamiento de la temática de violencia sexual en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): Llamado feminista para poner fin a la impunidad y construir una paz con enfoque de género”, la corporación Sisma Mujer instó a la JEP a abrir un caso sobre violencia sexual: “La priorización de la temática de violencia sexual en un macrocaso sería el paso inicial para simbólicamente dar un mensaje sobre la gravedad de este delito y de transformar la cultura de impunidad que lo ha rodeado históricamente”, señala el documento.
Desde su creación, como parte del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, la JEP ha investigado los delitos cometidos en el marco del conflicto armado con el fin de conocer la verdad y contribuir a la reparación de las víctimas. Su trabajo se venía desarrollando desde siete frentes o macrocasos priorizados de acuerdo con la afectación de los territorios, sus comunidades y con la responsabilidad de los actores armados.
Los siete casos iniciales son toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las Farc; situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); asesinatos y desapariciones forzadas por agentes del Estado; situación territorial de la región de Urabá; situación territorial en el Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca; victimización de los miembros de la Unión Patriótica y reclutamiento de menores, en todos los macrocasos las organizaciones civiles han reportado casos de violencia y victimizaciones basadas en género, incluyendo violencia sexual.
Este año, la JEP dio a conocer la apertura de tres macrocasos adicionales entre los que se esperaba uno dedicado a investigar los hechos relacionados con la violencia sexual de la que hay al menos 15.886 víctimas, de las cuales el 90,7 % son mujeres, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.
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Pese a las peticiones e informes de las víctimas para priorizar la violencia sexual con la apertura de un macrocaso, la decisión de la JEP añadió los crímenes cometidos por las Farc en todo el país, los cometidos por la fuerza pública en asociación con paramilitares y los crímenes contra pueblos étnicos en cuatro regiones dejando de lado un posible macrocaso sobre hechos de violencia sexual, pero incluyendo el tema como un subcaso.
“Gracias a la incidencia de las mujeres fue posible un Acuerdo Final de Paz con enfoque de género y hoy es ineludible la obligación de las instancias creadas por el Acuerdo para dar cumplimiento a este enfoque y garantizar justicia a las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, lo cual solo será posible si se prioriza un macrocaso de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes motivados en la sexualidad de la víctima”, explica el estudio de Sisma Mujer.
Si bien la JEP y todo el Sistema de verdad debe integrar un enfoque transversal de género, Sisma Mujer explica que la no creación del macrocaso le resta prelación frente al enfoque territorial, temporal y de responsabilidad de cada actor armado lo que incluso, puede excluir a las víctimas si no cumplen primero con alguno de los criterios que sí están priorizados.
Además, aunque como parte del enfoque de género la JEP cuenta con la Comisión de Género, su carácter consultivo deja a la institución en la libertad de acatar o no las recomendaciones que emita. El estudio de Sisma Mujer advierte que “no hay mecanismos que garanticen la inclusión de los conceptos de la Comisión en las diferentes salas e instancias que integran la JEP”.
La resistencia para crear un macrocaso sobre violencia sexual, de acuerdo con Sisma Mujer, se debe a varios factores como la persistencia de estereotipos de género, la desestimación de los aportes de las organizaciones de mujeres y del conocimiento feminista como son la información, evidencias y casos presentados por ellas, y la falta de preparación y formación en enfoque de género de la magistratura.
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Además, la organización identificó la persistencia de estereotipos de género durante las versiones libres que asocian, por ejemplo, a las mujeres combatientes como propiedad de los hombres en armas, a las mujeres civiles como mentirosas y poco confiables, subordinadas a la decisión de los combatientes. En el caso de la violación, esta se identifica como la única forma de violencia sexual en las sesiones, ignorando otras prácticas como el acoso sexual, esclavitud sexual, aborto forzado, amenaza sexual, trata de personas, mutilación de órganos sexuales, prostitución y pornografía infantil que también constituyen violencia sexual, de la que 35.046 personas han sido víctimas, según la Unidad de Víctimas en el marco de “delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado”.
“Existen tabúes sobre los delitos como la violencia sexual, así como una alta tolerancia social histórica a estos delitos, acompañada de silenciamientos, invisibilización y ocultamiento de delitos que en muchos casos se han visto como asuntos ‘privados’”, se lee en el informe.
Como resultado de estas falencias en el manejo de los casos asociados a la violencia sexual en la JEP, las víctimas se enfrenta a revictimizaciones y barreras para acceder a la verdad y reparación pues, hasta el momento, “solo el 3,9% de las víctimas estarían siendo acreditadas, 43 víctimas acreditadas, frente a 1.100 víctimas de violencia sexual elevadas por las organizaciones ante la JEP”, explica Sisma Mujer.