¿Qué causas sociales apoyarán si llegan al Congreso? Esto dijeron cinco candidatas

Durante el debate La Parlamentaria, organizado por Temblores ONG y El Espectador, cinco candidatas al Senado de distintos partidos políticos participaron y expusieron sus propuestas frente a temas como los límites de la protesta social y su regulación, así como la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la situación de las personas habitantes de calles, entre otros. Este espacio tenía como objetivo conocer la postura de las candidatas frente a asuntos que atañen a la sociedad en general, la justicia y los derechos humanos, y no se limitó a temas que usualmente se consideran “de mujeres”, en palabras de Emilia Márquez, de Temblores.

En el debate participaron las candidatas Sandra Borda, por la lista cerrada del Nuevo Liberalismo; Liza García, del movimiento feminista Estamos listas; María José Pizarro, segunda candidata en la lista del Pacto Histórico; Viviana Barberena, de la Coalición de la Esperanza, y Sandra Ramírez, del partido Comunes.

Todas las candidatas manifestaron su compromiso en temas como el control político sobre la implementación de la política pública LGTBI, en garantizar el acceso a la salud de ese grupo poblacional y están a favor de iniciativas como eximir a las personas transmasculinas de prestar el servicio militar obligatorio, la prohibición de todas las armas durante las protestas, la creación de programas de educación sobre uso de drogas que se enfoque en la reducción de daños en el uso de sustancias y la regulación de todas las sustancias psicoactivas.

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Sobre la reforma policial, que para las candidatas representa el mayor reto del próximo Congreso, la candidata Barberena propone que se debe regular dándole una forma distinta de proceder a la institución, formar a los integrantes en derechos humanos y crear espacios de formación académica. “Una sociedad democrática no puede vivir sin una policía que brinde seguridad para la ciudadanía”, puntualizó. Al respecto, Ramírez insistió en la necesidad de que la Policía actúe desde el Ministerio del Interior y no desde el de Defensa.

Por el mismo camino, en cuanto a los límites de la protesta social, Ramírez dijo que “ponerle límites a un derecho adquirido como la protesta social no debería hacerse, lo que se tiene que hacer es garantizar que todos puedan manifestarse”. Sin embargo, Borda aclaró que aunque estaba de acuerdo con garantizar las movilizaciones, “el derecho a la protesta no es un derecho absoluto, se debe tener presente que no se violen otros derechos, pero sí debe haber una garantía de seguridad en la protesta y no proceder por la fuerza o intentar desmantelar las protestas por casos aislados”.

Todas las candidatas están de acuerdo en la necesidad de reformar la política de drogas y eliminar los incentivos que el prohibicionismo crea para el negocio ilegal, “necesitamos la regulación del consumo recreativo de la marihuana”, agregó Borda. En temas de regulación, otro tema en la mesa fue el trabajo sexual. Al respecto, Pizarro instó a diferenciar los casos de explotación y trata, que afectan también a personas menores de edad, que se deben erradicar y las garantías necesarias para las personas que ejercen este trabajo libremente, como el acceso a vacunas, métodos anticonceptivos, servicios de salud y guarderías nocturnas.

Liza García, por su parte, explica que, en materia de derechos, su movimiento impulsará la ley integral trans y un seguimiento a la política pública que garantice los derechos de la población LGBTI+. “Hablamos de cupos laborales para las personas trans en el sector público, dignificar sus condiciones laborales, dignificar su calidad de vida, su acceso a la salud y la articulación con la sentencia sobre la cedulación”, puntualiza.

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Otro tema que sí o sí estará en los debates del próximo Congreso será la regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que, por mandato de la Corte Constitucional, debe realizar este estamento.

En un trabajo conjunto, las cinco candidatas propusieron una ruta de acción para poder desarrollar el proyecto de ley que regule la IVE. Estuvieron asesoradas por un panel de expertos conformado por Catalina Martínez, del movimiento Causa Justa; la activista Elizabeth Castillo y Tomás Anzola, de la fundación GAAT, quienes aclararon los pasos en los que ya hay una regulación en marcha y en los que no. Hicieron un llamado a “no inventar la rueda”, es decir, a tener en cuenta lo que ya está reglado y preocuparse por asuntos en donde está todo por hacer, como en los derechos de la población trans.

Por ejemplo, Martínez aclaró sobre la objeción de conciencia que “ya está regulada, lo que tenemos que hacer es una campaña de concientización para que se entienda cómo se puede hacer un uso legal de la objeción de conciencia y cuáles son los límites de esta”. Además, profundizó en la importancia de aclarar que el servicio se debe prestar bajo el principio de confidencialidad y sin exponer a las gestantes a ningún tipo de denuncia.

Priorizando, a petición del público asistente al debate, la implementación de la regulación de la IVE en las zonas rurales y la formación sobre derechos sociales y reproductivos en los colegios las candidatas proponen realizar audiencias públicas e instalar mesas de trabajo con organizaciones y personas en los territorios, discutir con el gobierno la propuesta teniendo claridad sobre lo que ya está legislado, posteriormente divulgar el proyecto y tener una discusión con una gran cantidad de actores para así lograr que el proyecto sea acogido en el Congreso.

Vea el debate completo aquí:

Durante el debate La Parlamentaria, organizado por Temblores ONG y El Espectador, cinco candidatas al Senado de distintos partidos políticos participaron y expusieron sus propuestas frente a temas como los límites de la protesta social y su regulación, así como la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la situación de las personas habitantes de calles, entre otros. Este espacio tenía como objetivo conocer la postura de las candidatas frente a asuntos que atañen a la sociedad en general, la justicia y los derechos humanos, y no se limitó a temas que usualmente se consideran “de mujeres”, en palabras de Emilia Márquez, de Temblores.

En el debate participaron las candidatas Sandra Borda, por la lista cerrada del Nuevo Liberalismo; Liza García, del movimiento feminista Estamos listas; María José Pizarro, segunda candidata en la lista del Pacto Histórico; Viviana Barberena, de la Coalición de la Esperanza, y Sandra Ramírez, del partido Comunes.

Todas las candidatas manifestaron su compromiso en temas como el control político sobre la implementación de la política pública LGTBI, en garantizar el acceso a la salud de ese grupo poblacional y están a favor de iniciativas como eximir a las personas transmasculinas de prestar el servicio militar obligatorio, la prohibición de todas las armas durante las protestas, la creación de programas de educación sobre uso de drogas que se enfoque en la reducción de daños en el uso de sustancias y la regulación de todas las sustancias psicoactivas.

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Sobre la reforma policial, que para las candidatas representa el mayor reto del próximo Congreso, la candidata Barberena propone que se debe regular dándole una forma distinta de proceder a la institución, formar a los integrantes en derechos humanos y crear espacios de formación académica. “Una sociedad democrática no puede vivir sin una policía que brinde seguridad para la ciudadanía”, puntualizó. Al respecto, Ramírez insistió en la necesidad de que la Policía actúe desde el Ministerio del Interior y no desde el de Defensa.

Por el mismo camino, en cuanto a los límites de la protesta social, Ramírez dijo que “ponerle límites a un derecho adquirido como la protesta social no debería hacerse, lo que se tiene que hacer es garantizar que todos puedan manifestarse”. Sin embargo, Borda aclaró que aunque estaba de acuerdo con garantizar las movilizaciones, “el derecho a la protesta no es un derecho absoluto, se debe tener presente que no se violen otros derechos, pero sí debe haber una garantía de seguridad en la protesta y no proceder por la fuerza o intentar desmantelar las protestas por casos aislados”.

Todas las candidatas están de acuerdo en la necesidad de reformar la política de drogas y eliminar los incentivos que el prohibicionismo crea para el negocio ilegal, “necesitamos la regulación del consumo recreativo de la marihuana”, agregó Borda. En temas de regulación, otro tema en la mesa fue el trabajo sexual. Al respecto, Pizarro instó a diferenciar los casos de explotación y trata, que afectan también a personas menores de edad, que se deben erradicar y las garantías necesarias para las personas que ejercen este trabajo libremente, como el acceso a vacunas, métodos anticonceptivos, servicios de salud y guarderías nocturnas.

Liza García, por su parte, explica que, en materia de derechos, su movimiento impulsará la ley integral trans y un seguimiento a la política pública que garantice los derechos de la población LGBTI+. “Hablamos de cupos laborales para las personas trans en el sector público, dignificar sus condiciones laborales, dignificar su calidad de vida, su acceso a la salud y la articulación con la sentencia sobre la cedulación”, puntualiza.

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En un trabajo conjunto, las cinco candidatas propusieron una ruta de acción para poder desarrollar el proyecto de ley que regule la IVE. Estuvieron asesoradas por un panel de expertos conformado por Catalina Martínez, del movimiento Causa Justa; la activista Elizabeth Castillo y Tomás Anzola, de la fundación GAAT, quienes aclararon los pasos en los que ya hay una regulación en marcha y en los que no. Hicieron un llamado a “no inventar la rueda”, es decir, a tener en cuenta lo que ya está reglado y preocuparse por asuntos en donde está todo por hacer, como en los derechos de la población trans.

Por ejemplo, Martínez aclaró sobre la objeción de conciencia que “ya está regulada, lo que tenemos que hacer es una campaña de concientización para que se entienda cómo se puede hacer un uso legal de la objeción de conciencia y cuáles son los límites de esta”. Además, profundizó en la importancia de aclarar que el servicio se debe prestar bajo el principio de confidencialidad y sin exponer a las gestantes a ningún tipo de denuncia.

Priorizando, a petición del público asistente al debate, la implementación de la regulación de la IVE en las zonas rurales y la formación sobre derechos sociales y reproductivos en los colegios las candidatas proponen realizar audiencias públicas e instalar mesas de trabajo con organizaciones y personas en los territorios, discutir con el gobierno la propuesta teniendo claridad sobre lo que ya está legislado, posteriormente divulgar el proyecto y tener una discusión con una gran cantidad de actores para así lograr que el proyecto sea acogido en el Congreso.

Vea el debate completo aquí: