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En Colombia, la violencia intrafamiliar es un problema que afecta a gran parte de la población. Los datos lo confirman. Solo en el primer semestre de 2024, se registraron más de 31.239 casos, con un promedio de 174 víctimas cada día, de las cuales el 76 % fueron mujeres, según las congresistas del Partido Alianza Verde Catherine Juvinao y Carolina Giraldo.
Como resultado, este 29 de octubre se presentó en el Congreso de Colombia un proyecto de ley ordinaria que busca ofrecer reparación económica a las víctimas de violencia intrafamiliar.
Con el objetivo de asegurar una compensación justa y oportuna, especialmente en casos de divorcio o disolución de una unión marital, las representantes Giraldo y Juvinao presentaron esta iniciativa.
La iniciativa parte de la Sentencia STC-4283 de 2022, que solicitó al Congreso de la República que estableciera los procedimientos necesarios para apoyar a las personas afectadas.
“Hoy presentamos otra iniciativa con la que fortalecemos nuestra agenda social buscando justicia y reparación para las víctimas de violencia intrafamiliar, una verdadera guerra en los hogares que a su vez genera patrones de violencia por generaciones”, afirmó Catherine Juvinao.
Asimismo, la representante Carolina Giraldo expresó su satisfacción por la presentación del proyecto de ley, subrayando que su objetivo es crear un entorno en el que las víctimas de violencia de género puedan obtener justicia y una reparación completa. “¡Es hora de reparar para sanar!”, comentó.
Claves del Proyecto
El proyecto aborda cuatro aspectos clave: la reparación integral, un proceso ágil, el embargo de bienes y la prevención de la revictimización.
En cuanto a la reparación integral, el proyecto propone que las víctimas de este tipo de violencia puedan solicitar una compensación económica que facilite su bienestar y una separación más segura del abusador.
Cuando el abusador no puede cubrir la reparación económica, la iniciativa de las representantes del partido Alianza Verde propone el embargo de bienes como una medida para asegurar el cumplimiento de la sentencia.
Para que los procesos de reparación y denuncia sean verdaderamente “ágiles”, el proyecto de ley establece que el juez deberá tomar una decisión en un máximo de 30 días. Además, las víctimas contarán con un mes después de la sentencia para solicitar la reparación correspondiente.
El proyecto no solo se enfoca en la reparación económica, sino también en brindar a las víctimas el apoyo necesario para superar las consecuencias psicológicas y sociales de la violencia.
Por esta razón, la iniciativa establece que las víctimas no deben ser confrontadas ni revictimizadas durante el proceso de denuncia y reparación.
