Semana de la Resiliencia 2024: lecciones y retos para la transformación en territorios PDET
La segunda edición de la Semana de la Resiliencia congregó en Bogotá, el pasado 20 de noviembre, a representantes de la academia, el sector privado, líderes y lideresas sociales, instituciones del Estado, la Policía Nacional, la comunidad internacional y la sociedad civil.
En esta edición se escucharon y plantearon ideas y recomendaciones que han sido fundamentales para que las nuevas autoridades locales de territorios pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) integren enfoques de convivencia y seguridad ciudadana en sus Planes de Desarrollo, así como en sus Planes Integrales de Seguridad y Convivencia (PISCC), además de reparar su tejido social que ha sido fracturado como consecuencia del conflicto armado.
Durante la jornada se resaltó el trabajo que ha venido realizando el programa “Somos Comunidad” en 35 municipios del país, una iniciativa liderada y financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) e implementada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), cuyo objetivo es el de fortalecer la resiliencia comunitaria mediante acciones que promuevan un trabajo mancomunado entre comunidades e instituciones, así como el fortalecimiento de sus capacidades para que cuenten con herramientas que les permitan mitigar y prevenir los riesgos en seguridad que enfrentan en los territorios.
El trabajo de “Somos Comunidad” también se ha centrado en fomentar la creación de redes y canales de comunicación entre los diversos actores de la sociedad, promoviendo la participación ciudadana para incidir en la formulación de políticas públicas. En este contexto se evidenció el pasado miércoles cómo han impulsado la colaboración con pueblos afrodescendientes y comunidades indígenas, reconociendo el valor de sus saberes y tradiciones en la construcción de un modelo de paz sostenible.
“Esta Semana de la Resiliencia no es un ejercicio de autoelogio. Es una invitación a mirar de frente lo que somos. A entender que la paz no se decreta, se construye, y que la confianza no se regala, se gana”, señaló Jeremiah Carew, subdirector de Usaid Colombia, quien además resaltó que “la verdadera fuerza de este programa no está en los informes ni en las estadísticas, sino está en las personas”, reafirmando así el compromiso de esta Agencia por seguir apoyando la labor de las instituciones colombianas para identificar y responder a los asuntos que más preocupan a los ciudadanos.
“‘Somos Comunidad’ es una actividad innovadora, precisamente, porque pone a la comunidad en el centro. La reconoce como el origen, el motor y la razón de ser de nuestro trabajo”, afirmó Roberto Obando, director de FUPAD en Colombia. También hizo un llamado a la acción colectiva y a la corresponsabilidad de todos los actores sociales y administrativos, resaltando que solo a través del trabajo conjunto se pueden enfrentar de manera efectiva los desafíos de la violencia y la inseguridad.
Comunicación para la transformación
Durante la conversación del primer panel se abordó el tema de las estrategias de comunicación para el cambio social en las zonas más afectadas por el conflicto armado, donde se resaltó el esfuerzo colaborativo entre las instituciones del Estado, las comunidades y las autoridades locales. En este espacio, la alcaldesa de San Jacinto, Bolívar, Merly Viana Pérez, subrayó la importancia del apoyo recibido por Usaid a través de “Somos Comunidad” para fortalecer la relación entre la institucionalidad y la sociedad civil, logrando que las comunidades vuelvan a confiar en sus autoridades.
“Estamos trabajando articuladamente con la sociedad civil y las administraciones gubernamentales para garantizar la protección y el fortalecimiento de las organizaciones locales. (...) Podemos decir que volvimos a creer en la institucionalidad”, expresó Viana Pérez.
Por su parte, la lideresa indígena awá Rosa Urbina resaltó la importancia de la cooperación no solo entre los pueblos indígenas, sino también con todos los miembros de la comunidad, para enfrentar los desafíos de seguridad. “La unidad ha sido clave para nuestra supervivencia y resistencia frente a la violencia”, comentó Urbina.
Un factor clave en este contexto es el uso de la comunicación como parte de la transformación para generar redes de protección y autoprotección de las comunidades, especialmente de líderes y lideresas sociales. En relación con este enfoque, Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior, destacó el impacto del programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, señalando que se trata de uno de los programas más legítimos en términos de protección colectiva en Colombia.
“No me he encontrado con una sola lideresa que no le apueste a la implementación del programa integral de protección de lideresas”, afirmó Castañeda, quien subrayó que, aunque actualmente el plan se está implementando en 17 departamentos del país, existe la necesidad y el deseo de expandirlo a todo el territorio nacional para fortalecer la participación y la protección de las lideresas y defensoras de derechos humanos en el ejercicio de su rol. Así mismo anunció inversiones en las regiones por más de 65 mil millones para el año 2025.
Sin embargo, el vocero del Ministerio del Interior explicó que el Estado enfrenta importantes dificultades para garantizar una presencia efectiva en los territorios más afectados por el conflicto, donde los vacíos de poder facilitan la expansión de actores ilegales.
Por esta razón, programas como “Somos Comunidad” resultan fundamentales en el país. Raúl Rosende, representante especial adjunto de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que la organización comunitaria desempeña un papel crucial en la reducción de la vulnerabilidad de estas comunidades frente a la violencia, y destacó que “cuanto más organizada está una comunidad, menos vulnerable es frente a la ilegalidad y los actores armados”.
Gloria Estefan Bermúdez Carabalí, lideresa afrodescendiente representante de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), señaló que la protección no solo depende de las autoridades, sino que también es crucial el trabajo colaborativo entre el gobierno local y las entidades nacionales, resaltando que “la seguridad tiene muchos conceptos. Cuando hablamos de seguridad debemos hablar de la integralidad, de condiciones dignas en temas económicos, participación y restauración social”.
Prevención y protección del crimen y la violencia
Uno de los grandes logros de “Somos Comunidad” ha sido la evolución de la Policía Nacional hacia una institución más cercana y sensible a las necesidades de las comunidades. Más de 3.260 miembros de la Policía han recibido formación en seguridad ciudadana, prevención y derechos humanos. Esta transformación no solo fortalece la confianza, sino que también reconstruye el tejido social.
Por eso, el segundo panel de la Semana de la Resiliencia abordó la experiencia de las autoridades en la formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), la implementación de iniciativas para prevenir y mitigar los riesgos de seguridad que enfrentan las comunidades, y los cambios doctrinales logrados por la Policía Nacional en su proceso de transformación hacia un modelo de servicio policial más humano.
Darlis Rojas Parra, gobernadora de la parcialidad indígena Centroamérica en Puerto Libertador, destacó la grave situación de violencia y desapariciones que enfrentan las comunidades. “Nos matan, nos asesinan, nos desaparecen”, afirmó la lideresa. Además, señaló cómo la minería ilegal y el conflicto territorial impactan a los pueblos indígenas, especialmente debido a los intereses que giran en torno al potencial minero-energético de sus territorios.
A pesar de estos desafíos, Rojas destacó las alianzas claves con las autoridades e instituciones para construir un modelo de “policía amiga”, donde la cooperación entre los pueblos indígenas y el gobierno local se ha fortalecido. “Regresé a mi país porque veo que hay confianza, y con este nuevo modelo los policías son amigos de la gente y del medio ambiente”, expresó la gobernadora indígena.
Por su parte, Lucy Amparo Guzmán, exalcaldesa de Santander de Quilichao y experta en seguridad ciudadana, convivencia y seguridad humana, resaltó que la resiliencia de los territorios no solo depende de las autoridades, sino también de la participación activa de las comunidades.
Según Guzmán, el país tiene la oportunidad de transformar los 1.103 municipios, lo que requiere que las políticas públicas se implementen de manera efectiva en cada uno de estos territorios “porque eso es lo que realmente permite la transformación”, reiteró.
La solución a los problemas de seguridad y convivencia ciudadana, según los panelistas, radica en fortalecer la organización comunitaria, las alianzas interinstitucionales y el trabajo conjunto con los pueblos étnicos para promover una paz duradera y un desarrollo inclusivo.
El brigadier general José Luis Ramírez, director de la jefatura nacional del servicio de policía, destacó el esfuerzo en la implementación del nuevo modelo de policía comunitaria, que está siendo probado en 69 municipios del país.
Según él, este modelo, que incorpora más de 3.500 policías comunitarios en el país, busca una mayor cercanía con las comunidades y una estrategia de seguridad que se adapte a las necesidades específicas de cada territorio.
“Es diferencial este nuevo modelo, debe ser específico para cada territorio”, afirmó, resaltando la importancia de la flexibilidad y la adaptación en las estrategias de seguridad para que realmente respondan a las dinámicas locales.
Por su parte, Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, enfatizó la importancia de reconocer y fortalecer la autoridad local en temas de seguridad ciudadana. En Colombia muchos alcaldes desconocen su responsabilidad en materia de seguridad, lo que subraya la necesidad de formar adecuadamente a las autoridades locales. “Lo que esperan los ciudadanos es protección, cercanía y acción frente a la delincuencia”, indicó Acero.
Así, se hizo un llamado a la importancia de capacitar a los alcaldes y fomentar su colaboración con la Policía, ya que son claves para crear una cultura de seguridad y convivencia en los territorios. Según Acero, el trabajo conjunto entre las comunidades, las autoridades locales y la Policía es esencial para construir un modelo de seguridad efectivo y sostenible.
La Semana de la Resiliencia 2024 evidenció cómo la colaboración entre comunidades, instituciones y actores internacionales es fundamental para superar los desafíos de violencia e inseguridad en los territorios PDET. El compromiso colectivo, la participación activa y el fortalecimiento de capacidades locales surgen como pilares esenciales para avanzar hacia una paz sostenible y una sociedad más equitativa. Aunque persisten grandes retos, el trabajo articulado, como el impulsado por Usaid a través de programas como “Somos Comunidad”, demuestra que la transformación es posible cuando se priorizan enfoques integrales de seguridad, convivencia, inclusión social, diversidad y de resiliencia comunitaria el institucional.
En esta edición se escucharon y plantearon ideas y recomendaciones que han sido fundamentales para que las nuevas autoridades locales de territorios pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) integren enfoques de convivencia y seguridad ciudadana en sus Planes de Desarrollo, así como en sus Planes Integrales de Seguridad y Convivencia (PISCC), además de reparar su tejido social que ha sido fracturado como consecuencia del conflicto armado.
Durante la jornada se resaltó el trabajo que ha venido realizando el programa “Somos Comunidad” en 35 municipios del país, una iniciativa liderada y financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) e implementada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), cuyo objetivo es el de fortalecer la resiliencia comunitaria mediante acciones que promuevan un trabajo mancomunado entre comunidades e instituciones, así como el fortalecimiento de sus capacidades para que cuenten con herramientas que les permitan mitigar y prevenir los riesgos en seguridad que enfrentan en los territorios.
El trabajo de “Somos Comunidad” también se ha centrado en fomentar la creación de redes y canales de comunicación entre los diversos actores de la sociedad, promoviendo la participación ciudadana para incidir en la formulación de políticas públicas. En este contexto se evidenció el pasado miércoles cómo han impulsado la colaboración con pueblos afrodescendientes y comunidades indígenas, reconociendo el valor de sus saberes y tradiciones en la construcción de un modelo de paz sostenible.
“Esta Semana de la Resiliencia no es un ejercicio de autoelogio. Es una invitación a mirar de frente lo que somos. A entender que la paz no se decreta, se construye, y que la confianza no se regala, se gana”, señaló Jeremiah Carew, subdirector de Usaid Colombia, quien además resaltó que “la verdadera fuerza de este programa no está en los informes ni en las estadísticas, sino está en las personas”, reafirmando así el compromiso de esta Agencia por seguir apoyando la labor de las instituciones colombianas para identificar y responder a los asuntos que más preocupan a los ciudadanos.
“‘Somos Comunidad’ es una actividad innovadora, precisamente, porque pone a la comunidad en el centro. La reconoce como el origen, el motor y la razón de ser de nuestro trabajo”, afirmó Roberto Obando, director de FUPAD en Colombia. También hizo un llamado a la acción colectiva y a la corresponsabilidad de todos los actores sociales y administrativos, resaltando que solo a través del trabajo conjunto se pueden enfrentar de manera efectiva los desafíos de la violencia y la inseguridad.
Comunicación para la transformación
Durante la conversación del primer panel se abordó el tema de las estrategias de comunicación para el cambio social en las zonas más afectadas por el conflicto armado, donde se resaltó el esfuerzo colaborativo entre las instituciones del Estado, las comunidades y las autoridades locales. En este espacio, la alcaldesa de San Jacinto, Bolívar, Merly Viana Pérez, subrayó la importancia del apoyo recibido por Usaid a través de “Somos Comunidad” para fortalecer la relación entre la institucionalidad y la sociedad civil, logrando que las comunidades vuelvan a confiar en sus autoridades.
“Estamos trabajando articuladamente con la sociedad civil y las administraciones gubernamentales para garantizar la protección y el fortalecimiento de las organizaciones locales. (...) Podemos decir que volvimos a creer en la institucionalidad”, expresó Viana Pérez.
Por su parte, la lideresa indígena awá Rosa Urbina resaltó la importancia de la cooperación no solo entre los pueblos indígenas, sino también con todos los miembros de la comunidad, para enfrentar los desafíos de seguridad. “La unidad ha sido clave para nuestra supervivencia y resistencia frente a la violencia”, comentó Urbina.
Un factor clave en este contexto es el uso de la comunicación como parte de la transformación para generar redes de protección y autoprotección de las comunidades, especialmente de líderes y lideresas sociales. En relación con este enfoque, Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior, destacó el impacto del programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, señalando que se trata de uno de los programas más legítimos en términos de protección colectiva en Colombia.
“No me he encontrado con una sola lideresa que no le apueste a la implementación del programa integral de protección de lideresas”, afirmó Castañeda, quien subrayó que, aunque actualmente el plan se está implementando en 17 departamentos del país, existe la necesidad y el deseo de expandirlo a todo el territorio nacional para fortalecer la participación y la protección de las lideresas y defensoras de derechos humanos en el ejercicio de su rol. Así mismo anunció inversiones en las regiones por más de 65 mil millones para el año 2025.
Sin embargo, el vocero del Ministerio del Interior explicó que el Estado enfrenta importantes dificultades para garantizar una presencia efectiva en los territorios más afectados por el conflicto, donde los vacíos de poder facilitan la expansión de actores ilegales.
Por esta razón, programas como “Somos Comunidad” resultan fundamentales en el país. Raúl Rosende, representante especial adjunto de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que la organización comunitaria desempeña un papel crucial en la reducción de la vulnerabilidad de estas comunidades frente a la violencia, y destacó que “cuanto más organizada está una comunidad, menos vulnerable es frente a la ilegalidad y los actores armados”.
Gloria Estefan Bermúdez Carabalí, lideresa afrodescendiente representante de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), señaló que la protección no solo depende de las autoridades, sino que también es crucial el trabajo colaborativo entre el gobierno local y las entidades nacionales, resaltando que “la seguridad tiene muchos conceptos. Cuando hablamos de seguridad debemos hablar de la integralidad, de condiciones dignas en temas económicos, participación y restauración social”.
Prevención y protección del crimen y la violencia
Uno de los grandes logros de “Somos Comunidad” ha sido la evolución de la Policía Nacional hacia una institución más cercana y sensible a las necesidades de las comunidades. Más de 3.260 miembros de la Policía han recibido formación en seguridad ciudadana, prevención y derechos humanos. Esta transformación no solo fortalece la confianza, sino que también reconstruye el tejido social.
Por eso, el segundo panel de la Semana de la Resiliencia abordó la experiencia de las autoridades en la formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), la implementación de iniciativas para prevenir y mitigar los riesgos de seguridad que enfrentan las comunidades, y los cambios doctrinales logrados por la Policía Nacional en su proceso de transformación hacia un modelo de servicio policial más humano.
Darlis Rojas Parra, gobernadora de la parcialidad indígena Centroamérica en Puerto Libertador, destacó la grave situación de violencia y desapariciones que enfrentan las comunidades. “Nos matan, nos asesinan, nos desaparecen”, afirmó la lideresa. Además, señaló cómo la minería ilegal y el conflicto territorial impactan a los pueblos indígenas, especialmente debido a los intereses que giran en torno al potencial minero-energético de sus territorios.
A pesar de estos desafíos, Rojas destacó las alianzas claves con las autoridades e instituciones para construir un modelo de “policía amiga”, donde la cooperación entre los pueblos indígenas y el gobierno local se ha fortalecido. “Regresé a mi país porque veo que hay confianza, y con este nuevo modelo los policías son amigos de la gente y del medio ambiente”, expresó la gobernadora indígena.
Por su parte, Lucy Amparo Guzmán, exalcaldesa de Santander de Quilichao y experta en seguridad ciudadana, convivencia y seguridad humana, resaltó que la resiliencia de los territorios no solo depende de las autoridades, sino también de la participación activa de las comunidades.
Según Guzmán, el país tiene la oportunidad de transformar los 1.103 municipios, lo que requiere que las políticas públicas se implementen de manera efectiva en cada uno de estos territorios “porque eso es lo que realmente permite la transformación”, reiteró.
La solución a los problemas de seguridad y convivencia ciudadana, según los panelistas, radica en fortalecer la organización comunitaria, las alianzas interinstitucionales y el trabajo conjunto con los pueblos étnicos para promover una paz duradera y un desarrollo inclusivo.
El brigadier general José Luis Ramírez, director de la jefatura nacional del servicio de policía, destacó el esfuerzo en la implementación del nuevo modelo de policía comunitaria, que está siendo probado en 69 municipios del país.
Según él, este modelo, que incorpora más de 3.500 policías comunitarios en el país, busca una mayor cercanía con las comunidades y una estrategia de seguridad que se adapte a las necesidades específicas de cada territorio.
“Es diferencial este nuevo modelo, debe ser específico para cada territorio”, afirmó, resaltando la importancia de la flexibilidad y la adaptación en las estrategias de seguridad para que realmente respondan a las dinámicas locales.
Por su parte, Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, enfatizó la importancia de reconocer y fortalecer la autoridad local en temas de seguridad ciudadana. En Colombia muchos alcaldes desconocen su responsabilidad en materia de seguridad, lo que subraya la necesidad de formar adecuadamente a las autoridades locales. “Lo que esperan los ciudadanos es protección, cercanía y acción frente a la delincuencia”, indicó Acero.
Así, se hizo un llamado a la importancia de capacitar a los alcaldes y fomentar su colaboración con la Policía, ya que son claves para crear una cultura de seguridad y convivencia en los territorios. Según Acero, el trabajo conjunto entre las comunidades, las autoridades locales y la Policía es esencial para construir un modelo de seguridad efectivo y sostenible.
La Semana de la Resiliencia 2024 evidenció cómo la colaboración entre comunidades, instituciones y actores internacionales es fundamental para superar los desafíos de violencia e inseguridad en los territorios PDET. El compromiso colectivo, la participación activa y el fortalecimiento de capacidades locales surgen como pilares esenciales para avanzar hacia una paz sostenible y una sociedad más equitativa. Aunque persisten grandes retos, el trabajo articulado, como el impulsado por Usaid a través de programas como “Somos Comunidad”, demuestra que la transformación es posible cuando se priorizan enfoques integrales de seguridad, convivencia, inclusión social, diversidad y de resiliencia comunitaria el institucional.