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En la noche del 15 de mayo de 2022 un enfrentamiento entre grupos armados tuvo lugar cerca del resguardo indígena de Puerto Bélgica Las Palmas, en el municipio de Cáceres, Antioquia. En medio de la disputa, indígenas de la zona fueron maltratados.
Según su cacica, Nordelia Romero, se desplazaron forzosamente 120 personas de sus hogares para prevenir situaciones en las que su seguridad se viera comprometida. “.”Las familias que nos fuimos no hemos podido retornar por miedo y también porque no nos dan garantía de regresar a nuestro territorio”, aseguró Romero.
Este es solo uno de los muchos casos que ilustran la violencia y criminalidad en Colombia; una realidad que afecta especialmente a las regiones que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
En estas zonas destacan los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba. Allí los enfrentamientos han afectado los núcleos sociales y familiares, así como las relaciones entre la comunidad y entidades administrativas del país.
En respuesta a esta situación la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa Somos Comunidad implementado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), ha contribuido en estos departamentos en el mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana, robusteciendo los niveles de cohesión social.
Las cifras de criminalidad y violencia dan un panorama de la problemática, pues conforme lo que indica la Defensoría del Pueblo en Colombia en 2023 se registraron 184 casos de reclutamiento forzado de menores de los cuales el 68,4 % correspondía a comunidades indígenas. Además, la Policía Nacional reportó a nivel nacional 391.042 hurtos a personas, 4.605 homicidios y 238.932 casos de violencia intrafamiliar. En los siete departamentos mencionados, el 18 % de los homicidios de 2023 se registraron en estas zonas. Asimismo, el 20,36 % de los hurtos a personas y el 12,96 % de los casos de violencia intrafamiliar de este año ocurrieron en estos territorios.
En vista de esta realidad, Somos Comunidad trabaja en fortalecer los sistemas locales de seguridad y mitigar la violencia. Se han impulsado iniciativas que incluyen el desarrollo de estrategias de prevención del crimen y la creación de planes de seguridad participativos, donde la comunidad, la policía y el Estado colaboran.
“Ganamos más escuchando que hablando, por eso lo que hemos venido trabajando en el entorno de convivencia en los municipios (...) es oír lo que tienen que decir las organizaciones de la sociedad civil. De ahí identificamos los factores de riesgo y así podemos plantear estrategias de convivencia”, comentó el líder de Seguridad Ciudadana del programa Somos Comunidad, Juan Carlos Nieto.
Prevención del crimen y la violencia
En municipios como Caldono, ubicado en Cauca, el reclutamiento de menores de edad, el consumo de sustancias psicoactivas, así como la delincuencia, y la violencia intrafamiliar y de género, representan serios problemas debido a la presencia de diversos grupos al margen de la ley en la zona.
“Se han visto casos, y parto de que al menos desde mi resguardo, la vía tiene mucha conexión con el norte del Cauca. Esa vía conecta con muchos lugares y hace años se ha visto afectada por ser una ruta de transporte de marihuana. En un momento se perdió el control territorial y la gente no solo la transportaba, sino que también comenzó a venderla. Ahora quieren cultivar matas, ha sido bastante complejo”, aseguró Lucy Marela Cuene, lideresa indígena en Caldono de la organización Jóvenes Sath’ Tama Kiwe.
Los datos respaldan los testimonios, dado que la Defensoría del Pueblo afirmó que Caldono fue uno de los lugares con mayores casos de reclutamiento de menores de edad en 2023, con 18 casos reportados. Una situación similar se observa en los territorios donde ha trabajado el programa Somos Comunidad, pues en este mismo año se presentaron 3 reclutamientos en Antioquia, 14 en Norte de Santander y 10 en Nariño.
Para prevenir la violencia, se han desarrollado herramientas que las comunidades pueden utilizar en situaciones de riesgo. Además, se han realizado jornadas de formación y lúdico –pedagógicas para que puedan identificar estas agresiones con mayor facilidad a través de diagnósticos participativos y el diseño de iniciativas adecuadas al contexto para la generación de entornos protectores.
De acuerdo con Héctor Sanabria, secretario de Gobierno de El Carmen de Bolívar, el inicio del 2024 fue de grandes retos en materia de seguridad para su municipio. “El 2 de enero se registró el primer homicidio y, hasta febrero, la tasa era muy alta en comparación con años anteriores. Sin embargo, con la formulación del PISCC hemos logrado identificar y mejorar en este aspecto”, afirmó Sanabria.
Las amenazas que enfrentan los líderes y lideresas sociales, así como las violencias basadas en género, agravan la situación en la región. Por ello, desde este mismo programa se han construido junto a las comunidades y a los actores institucionales propuestas de rutas de prevención y atención para proteger a estas personas y defender sus derechos.
“Algo que hicimos fue activar y armar rutas de prevención y atención para mirar de frente cada problemática. En ese momento por el contexto en el que se vive es el acompañamiento de todos y poder estar unidos porque en un descuido (…) se nos llevan a alguien”, testificó la lideresa juvenil Cuene.
Este esfuerzo ha logrado implementar 57 iniciativas para la prevención del crimen y la violencia incidiendo con 14 de ellas en los planes de desarrollo territorial, impactando a 3.738 personas y beneficiando a 82 comunidades.
Transformación de la policía
En el municipio de Santander de Quilichao, dos hermanos entraron en una discusión por una herencia, pero la disputa aumentó su intensidad con amenazas que resonaban en el aire. Ante este escenario, la policía llegó para intervenir en el altercado.
“Mi compañero de patrulla escuchó una parte, yo la otra. Ambos ciudadanos se calmaron y se les informó sobre la mediación policial. (...) Se les explicó que no se trataba de un comparendo” relató Edwin Arrieta, patrullero del Departamento de Policía de Cauca. De esta forma se promovió una conciliación entre las dos personas para evitar el escalamiento del conflicto.
Los conflictos entre vecinos, familiares, parejas y otros miembros de la comunidad contribuyen al crimen y la violencia. Según la Policía Nacional, ubicada en los territorios donde el programa Somos Comunidad tienen presencia, las riñas y los casos de violencia resultan ser complejos de prevenir o abordar, ya que muchos ciudadanos se muestran reacios a aceptar la ayuda de los uniformados.
Para abordar estas dificultades, la iniciativa de USAID ha promovido la mediación policial y la capacitación en seguridad ciudadana y derechos humanos, entre otras herramientas que fomentan una escucha activa y cercana con un enfoque más humano.
Las capacitaciones recibidas por los uniformados en departamentos como Cauca y Nariño han sido de gran ayuda para acercarse a la comunidad en estos contextos. Policías de estos territorios le aseguraron a este diario que, antes de estas formaciones, carecían de conocimiento sobre la mediación policial, al punto de no saber cómo se llevaba a cabo ni cuáles eran las diferencias con otros medios de policía.
En este proceso se capacitaron 140 miembros de la policía en mediación policial provenientes de municipios como Santander de Quilichao, Caucasia, Montelíbano, Ocaña, Ovejas, San Jacinto, Carmen de Bolívar, San Onofre y Tumaco.
De otra parte, el programa Somos Comunidad ha venido apoyando la transformación de la Policía, desde el impulso de iniciativas de gestión comunitaria, a partir de un proceso de priorización de micro territorios en municipios PDET implementando 33 iniciativas con la participación de 1.448 miembros de la comunidad y de la policía. Lo que ha resultado en un cambio positivo de percepción frente al servicio de policía. Esto se vio reflejado en que el 62 % de los ciudadanos involucrados en este proceso aseguró sentirse más seguro y animado a trabajar con la policía.
Así lo confirma Cristian Maecha, patrullero de Tumaco: “Se puede decir que sí ha bajado un poco los que son las agresiones a servidor público. Ya hay más personas que se relacionan con la institución y confían más, por lo que se han hecho muchas campañas de acercamiento con a la comunidad para que ellos vean de que, no somos como muchos dicen ‘los malos’, sino que nosotros venimos a servir, a trabajar por ellos y para ellos”.
La comunidad LGBTIQ+ también se ha visto involucrada en estos procesos y como lo resalta el teniente coronel de Tumaco, Pablo Javier Galindo, ha sido un “logro” la nueva relación y cooperación que se tiene entre la comunidad diversa y la policía.
“Anteriormente, no teníamos ningún contacto con la comunidad LGBTIQ+. Este año hemos realizado varias reuniones en las que los hemos vinculado a muchos de los programas de prevención que ofrece la Policía Nacional, a través de los diálogos que hacemos”, afirmó Galindo.
Mentoría en gestión territorial de la seguridad
En Colombia cada territorio debe contar con políticas públicas de convivencia y seguridad para abordar la violencia, la delincuencia y la inseguridad. Para lograrlo se debe establecer un conjunto de actividades que, a través de estrategias, líneas de acción, programas y proyectos, aborden de manera integral los temas de seguridad y convivencia; pero no todos los funcionarios públicos, que son aquellos que lideran estos documentos son expertos en seguridad ciudadana y conocen a cabalidad todas las necesidades de la comunidad.
Somos Comunidad ha implementado procesos de mentoría en los cuales una persona experta en el tema se encarga de guiar y asesorar en la elaboración de un diagnóstico de la situación, identificar los factores de riesgo, diseñar acciones de solución, hacerles seguimiento, e integrar a la comunidad con las autoridades públicas, administrativas y la policía. Todo esto con el fin de desarrollar un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
“El mentoring es una parte fundamental del proceso. Ha sido ese tipo de liderazgo necesario para poder integrar y crear un lazo común entre el mundo nacional, el regional y el local”, afirmó Juan Carlos Nieto.
Como resultado de este esfuerzo, se han promovido 102 políticas públicas en los territorios y se han capacitado 11.622 personas en la creación de estos documentos. Así, 35 se han convertido en Planes de Desarrollo Territorial, 20 han evolucionado a Planes Integrales de Prevención y Protección, y 35 en Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Para lograr los resultados mencionados Somos Comunidad apoyó al Sistema de Planeación Territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la creación de un módulo para la formulación y el seguimiento de los planes integrales de seguridad (PISCC), de forma tal que el proceso mejore en 1.103 municipios y 32 departamentos y aumente la colaboración entre administración y ciudadanos..
La orientación profesional en esta área ha permitido que, de los 35 municipios en los que se trabaja todos cumplieran con la metodología establecida por el DNP y con los plazos estipulados en la Ley. El PISCC de Montelíbano (Córdoba) uno de los municipios en los que trabaja Somos Comunidad, por ejemplo, fue el primero en ser aprobado en todo el país.
“Este Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es como una hoja de ruta para nosotros, ir visibilizando la situación desde nuestro municipio ante la demás comunidad. Este PISSC ha sido creado, no solamente con la Alcaldía y Somos Comunidad, que son las personas que nos han orientado, sino que se ha organizado desde las comunidades de base”, afirmó la secretaria de Gobierno del municipio de Caldono, Diana Lorena Sarria.
Los resultados de estas mentorías y acompañamientos también han contribuido a combatir el reclutamiento de menores, como lo confirma Irene Conda Pazu, coordinador pedagógico del núcleo de educación del Plan de Vida Proyecto Global Jambaló. “Los grupos armados necesitan a los jóvenes, entonces hoy estamos en esa disputa. (...) Con todos estos apoyos hemos logrado generar alternativas para ellos”, aseguró.
Este Plan de Vida, según Nancy Consuelo Rivera, indígena nasa y técnica administrativa del municipio de Jambaló, se enfoca en trabajar con poblaciones vulnerables, como mujeres y jóvenes. A través de un proceso de acompañamiento, se fomentan actividades como la pintura, la danza, la música y la educación, además de ofrecer a las mujeres información sobre cómo enfrentar la violencia.
“Yo creo que en esos planes nosotros nos damos por bien servidos en la participación. Nos han permitido colaborar en varios escenarios con jóvenes y mujeres. (...) Lo valoramos porque antes no lo teníamos y hoy se está haciendo”, aseguró Conda Pazu.