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Una madre y su hija wayúu migrantes en busca de salud y educación
Los gritos de una adolescente se escuchan en una casa hecha de tejas de metal en la Comuna 10, en Riohacha, La Guajira. La curvatura en la columna vertebral de Wilmary Fernández Mármol le inflige un dolor insoportable y para transitar las sensaciones que aquejan su cuerpo patea y llora en la cama que desde que llegó a Colombia comparte con su madre, Raydelys Coromoto.
Hace dos meses las brisas de Riohacha borraron de la arena los pasos de una madre e hija pertenecientes a la etnia wayuu y dejaron solo recuerdos de su vida en El Mejo, Venezuela. Por el consejo de su hermana, que lleva radicada en Colombia 10 años, Raydelys migró en octubre de 2024 de su tierra para acceder a servicios de salud para su hija, quien padece de escoliosis y tiene una discapacidad intelectual.
“Estaba ahogada con tanta presión que tenía. La llevaba al médico y no me la querían recibir. En Venezuela, si no tenías para pagar no te atendían, y para el dolor tenía que comprarle los medicamentos, pero eso solo la aliviaba por un momento, a las horas le empezaba a molestar de nuevo”, aseguró Raydelys.
El acceso a servicios de salud y atención médica era tan limitado cuando vivían en El Mejo, que Raydelys no conoció el diagnóstico de su hija hasta que recibió atención médica en Colombia. Sin embargo, en este país también enfrentaron obstáculos para que se les garantizara este derecho.
Los inicios de una nueva vida
Al ser migrantes irregulares carecían del Permiso por Protección Temporal (PPT), un documento que permite identificarse y residir legalmente en el país para quienes toman estas rutas. Cuando Wilmary y su madre fueron al centro de salud más cercano, que queda a 30 minutos de su casa, descubrieron que no las podían atender sin esta documentación.
Por eso la niña de 16 años, con cabello ondulado y visos rubios, ojos cafés claros que se iluminan casi dorados bajo el sol, y de estatura baja, gritaba y lloraba por las noches. El dolor en su columna le impedía dormir, y su situación se agravaba al no contar con una cama ortopédica, esencial para su condición. Además, la precariedad de su situación les impedía acceder a este recurso.
La inseguridad, inestabilidad y fragilidad que enfrenta esta familia se reflejan en su hogar. La casa, construida con tejas de metal típicamente usadas para techos, tiene dos espacios: una pequeña cocina con un lavabo y el único cuarto donde duerme toda la familia: Raydelys, Wilmary, la hermana de Raydelys, su esposo y sus dos hijos.
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Durante el día, el calor acumulado en el metal eleva la temperatura del dormitorio, que hasta hace poco tenía dos camas. Una era ocupada por la tía de Wilmary, su esposo y su hija menor, mientras que la otra, originalmente del hijo mayor, fue utilizada por Raydelys y su hija. Por dos meses el joven tuvo que dormir en el suelo, sobre una colchoneta que lo separaba de la arena.
Una cama y un tratamiento
La comunidad de la Comuna 10 rápidamente reconoció las necesidades urgentes de Raydelys y Wilmary. Solo un mes y medio después de su llegada la precariedad de su situación era evidente para todos. Ante esta emergencia, un líder local solicitó la intervención del Consejo Danés para Refugiados (CDR).
La organización, al entrar en contacto con la familia, identificó las necesidades más urgentes: la salud y la educación de la adolescente. La joven se encontraba en una situación de vulnerabilidad que exigía una respuesta pronta y efectiva.
El 2 de diciembre, en la mitad de un partido fútbol, llegó el día que Raydelys define como “inolvidable” y que guardará por siempre en su memoria, pues llegó a su morada una cama de tendido rosado con un colchón ortopédico como ayuda del CDR para que Wilmary pueda pasar las noches sin sentir tanto dolor.
El día de la entrega, Charlotte Slente, secretaria general del Consejo Danés para Refugiados, visitó el hogar de Raydelys junto con su equipo. Al ver cómo ingresaban la dotación, Raydelys no pudo contener las lágrimas. Con voz entrecortada expresó su asombro y alegría, pues para ella esta cama representa una mejora en la calidad de vida de su hija.
Ahora Wilmary se encuentra en proceso de diagnóstico médico. Hasta el momento se ha detectado una escoliosis y se han solicitado exámenes complementarios, como una resonancia magnética cerebral y pruebas cognitivas, para determinar con exactitud el alcance de su discapacidad intelectual. Por el momento se le está prestando atención psicosocial y terapias a la joven.
En una escuela le negaron el ingreso por ser considerada mayor, mientras que en otra, a pesar de la posibilidad, mencionaron la necesidad de contar con personal especializado.
El 15 de enero es una fecha marcada en el calendario para esta familia. Ese día la adolescente y su madre sabrán si los trámites para su inscripción escolar han sido aprobados para que continúe con su proceso educativo.
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Raydelys se muestra optimista respecto al futuro de su hija y el suyo propio, ya que lo más importante para ella es que Wilmary esté bien y tenga mejores oportunidades. “Estoy aquí con mi niña, y donde ella esté, yo estaré. Me voy con ella a donde sea”, afirmó la madre wayuu.
Sin pañales, vivienda y a punto de dar a luz
“Al poco tiempo de llegar nos desalojaron, nos dijeron que teníamos 15 días para irnos. Yo me asusté mucho porque estaba en embarazo y tuve muchos problemas de salud. (...) Andaba sola buscando arriendo desesperada y decía: ‘Voy a dar a luz y este bebé no tiene ni un pañal, necesito algo donde pueda tener a mis hijos mientras nace y llegar a un lugar con el recién nacido, porque no puedo estar en la calle”, recordó Katherin Herrera, madre de 25 años que migró de Venezuela a Colombia hace aproximadamente ocho meses.
Con su bebé de dos meses en brazos, Katherin, una mujer de piel morena, cabello lacio y oscuro, y mirada dulce, le relató a este diario cómo emprendió junto a su esposo y sus dos hijas la ruta hacia Riohacha, impulsados por la crisis en su país, además de circunstancias que han tenido que enfrentar, como el desalojo, problemas de salud, xenofobia y falta de oportunidades para conseguir un sustento económico.
Cuando decidió establecerse en La Guajira, Katherine desconocía los problemas relacionados con la documentación, el desplazamiento y los desalojos por disputas sobre la posesión de tierras en esta región.
La posesión de tierras en este departamento de Colombia es una problemática que desplaza a muchas personas. Algunos compran los terrenos, mientras que otros llegan a “reclamarlos”, con el argumento de que han regresado a sus hogares y, por ende, califican a los actuales residentes como “invasores” y les exigen el abandono de lo que consideran como hogar. El panorama es de tal magnitud, que en palabras de miembros de la Comuna 10 de Riohacha, “ni si Dios bajara y me lo pidiera pararía el desalojo”.
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Así fue el caso de la familia de Herrera, quien encontró un arriendo acorde a su capacidad económica. Su ingreso mensual es de $300.00 por trabajos estéticos, más un apoyo de hasta $15.000 diarios que su pareja le envía desde Bogotá. Sin embargo, a los dos meses de estar viviendo en un apartamento, un hombre afirmó haber comprado el terreno y les dio 15 días para desalojar.
El alivio de un arriendo
Ante el ultimátum de desalojo, Katherin acudió al Consejo Danés para Refugiados en busca de apoyo. La organización le otorgó un subsidio de arriendo por tres meses, brindándole un alivio mientras daba a luz a su hijo y buscaba un nuevo lugar para vivir.
En esa búsqueda recibió apoyo con la documentación necesaria para arrendar una nueva vivienda. Además de enfrentar el desconocimiento y las dificultades relacionadas con la legalización y regularización migratoria, incluida la obtención del PPT para ella y su hija, también se encontró con el rechazo de algunos habitantes de la zona, quienes negaban su solicitud de arriendo por su nacionalidad venezolana.
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Por medio del apoyo de la cooperación internacional, Katherin vive en un conjunto que le ofrece refugio y seguridad. Aunque enfrenta dificultades económicas, y a veces pide préstamos, ahora tiene más tranquilidad y puede darles a sus hijos una mejor educación, algo que en Venezuela era difícil, pues en sexto grado muchos no sabían dividir, según lo afirmó Herrera.
La crisis continúa y la regularización decae
El Estatuto Temporal de Protección, creado en 2021 para regularizar la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, ha llegado a su fin. Este instrumento legal, que inicialmente se diseñó para atender la emergencia humanitaria compleja, permitió que 2.845.706 de venezolanos obtuvieran un Permiso por Protección Temporal (PPT), de acuerdo con datos de Migración Colombia.
El cierre del estatuto implica que las personas mayores de 18 años que ingresaron a Colombia después de mayo de 2023 ya no pueden acceder a este beneficio. Esto significa que no podrán regularizar su situación migratoria a través de este mecanismo y, por lo tanto, carecerán de los derechos y oportunidades que el PPT otorgaba.
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A pesar del cierre del estatuto, se han establecido algunas excepciones. Los niños, niñas y adolescentes que ingresen al sistema educativo colombiano seguirán teniendo la posibilidad de obtener el PPT, ya que sus derechos prevalecen.
No obstante, para la mayoría de los adultos venezolanos que llegaron al país después de las fechas establecidas la regularización migratoria se ha vuelto más compleja. Según cifras oficiales, a octubre de 2024, más de dos millones de venezolanos se encontraban en Colombia, pero no todos cuentan con el PPT debido al cierre del estatuto y a otros factores como la migración hacia otros países.
Por eso organizaciones como el Consejo Danés para Refugiados brindan asistencia legal a las poblaciones migratorias. Según Charlotte Slente, “es central para todo migrante y refugiado, porque sin conocer sus derechos es difícil legalizar su residencia y papeles en otro país, y esa es la base para poder disfrutar los derechos que ofrece el territorio al que llegan”.
Por otro lado, el movimiento migratorio también presenta dificultades en términos de protección legal o garantías en lo que respecta a los fenómenos de movilidad humana, producto del desplazamiento interno, específicamente el desalojo forzado que ha generado conflictividad entre los diversos miembros de las comunidades, según Ronald Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela para la Facultad de Estudios Internacionales, Polìticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
A raíz de los diferentes conflictos que se han visto alrededor del mundo, la priorización de problemáticas como esta han salido de foco. Sin embargo, esto sigue siendo una necesidad que requiere la atención de los gobiernos. De acuerdo con Slente, esta población necesita refugio por un período de 10 a 20 años.
El flujo de venezolanos hacia Colombia no se ha detenido. Pese a que el tema ha perdido relevancia en la agenda pública, se trata de población que continúa en una situación vulnerable, y se teme que la migración y búsqueda de refugio aumente el próximo año por cuenta del nuevo mandato que podría asumir Nicolás Maduro.
Artículo posible por invitación del Consejo Danés para Refugiados.
