La creciente crisis de gestión migratoria en Centroamérica, simbolizada por el flujo sin precedentes de migrantes a través del peligroso Tapón del Darién, se ha convertido en un claro ejemplo de las fallas en la gobernanza regional y los crecientes desafíos humanitarios en la atención a poblaciones desplazadas. Desde 2020, el número de migrantes que cruzan el Tapón del Darién se ha disparado de 8.000 a los casi 500.000 de finales de 2023, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que informa que son principalmente ciudadanos de Venezuela (casi el 60 %), así como de Haití, Ecuador y, más recientemente, de China. Niños, personas con discapacidades y aquellos que sufren enfermedades crónicas o problemas de salud mental constituyen un porcentaje importante de estos grupos de migrantes. Cientos de miles de forma irregular cruzan el Tapón del Darién a Panamá desde Colombia. La mayoría intentan llegar a los Estados Unidos. La selva del Darién separa América del Sur de América Central y es la única interrupción en la Carretera Panamericana, que une a las Américas.
Este aumento en la migración irregular ha llevado a políticas más estrictas en los Estados Unidos, lo que ha resultado en la deportación de muchos migrantes, a menudo a países de Centroamérica. Recientemente, un giro hacia políticas aún más restrictivas ha llevado a un cambio significativo en la política en las Américas. El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asumió el cargo en julio de 2024 con la promesa de “cerrar el Darién” como respuesta a la crisis humanitaria. La decisión de cerrar el cruce del Darién llevó a la instalación de una valla de alambre de púas, con profundas implicaciones para las dinámicas migratorias regionales y los derechos humanos de los migrantes. Esta acción unilateral, junto con las deportaciones financiadas por EE. UU., tiene varios impactos clave y plantea importantes preguntas sobre la responsabilidad estatal en la provisión de protección. Primero, cerrar el cruce obliga a los migrantes a buscar rutas alternativas, que probablemente sean más largas y peligrosas. Esto aumenta el riesgo de violencia, explotación y condiciones adversas durante el viaje, y también podría alimentar redes de tráfico de personas a medida que los migrantes recurren a coyotes para nuevas rutas, exponiéndolos a más explotación y abuso, como se ha informado.
El cierre y las deportaciones violan fundamentalmente las obligaciones de los Estados bajo el derecho internacional y los derechos humanos, incluido el derecho a solicitar asilo y protección contra la deportación a lugares donde los migrantes enfrentan riesgos significativos. Además, estas acciones infringen principios básicos de dignidad y protección humanitaria, lo que exacerba el sufrimiento de individuos que ya huyen de condiciones extremas de hambre, violencia y pobreza. Los migrantes ahora bloqueados por la valla de alambre de púas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, con un acceso inadecuado a servicios básicos como alimentos, agua, atención médica y refugio. El cierre del cruce del Darién por parte de Panamá, combinado con la pausa en el asilo bajo la administración de Biden en EE. UU., ha creado una situación crítica para los migrantes en la región, que están varados y en un limbo.
Esta situación ha expuesto una profunda crisis de gobernanza, no solo a nivel bilateral sino regional. El corredor que conecta Colombia y Panamá se ha convertido en un microcosmos de sistemas regionales que han fallado a la hora de proteger a las personas desplazadas. En lugar de proporcionar soluciones, estas estructuras están atrapadas en una dinámica global que criminaliza a los migrantes y limita su acceso a la protección y a derechos básicos.
En la 79.ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Mulino, el presidente panameño, sorprendió a muchos al distanciarse del discurso de su predecesor, Laurentino Cortizo Cohen, quien, un año antes declaró: “Es una situación insostenible… en la que somos víctimas y no responsables”. Pero Mulino también ha optado por una postura más pragmática, suavizando la dura retórica del cierre de fronteras. Reconociendo la necesidad de un enfoque regional y multilateral, su discurso aboga por la cooperación más allá de las fronteras nacionales, marcando una clara ruptura con la tendencia a culpar a otros países.
Un punto clave en el discurso de Mulino fue su alejamiento de la narrativa oficial que durante años insistió en que “el Darién no es una ruta; es una selva”. En lugar de perpetuar esta visión, el presidente reconoció que el Darién es, de hecho, un paso migratorio, y la prioridad ahora es convertirlo en seguro y eficiente. ¿Qué significa una ruta “segura y eficiente”? Eso aún está por definirse, pero sugiere un enfoque más colaborativo y realista al problema, alejándose de la inacción que caracterizó a las administraciones anteriores.
Un elemento clave de esta estrategia ha sido su acercamiento al presidente colombiano, Gustavo Petro, lo que ha aliviado las tensiones bilaterales y abre la puerta a la acción multilateral. Este nuevo enfoque también presenta una oportunidad para revitalizar iniciativas regionales como el Acuerdo de Cartagena, que podría ser crucial para repensar la crisis de gestión migratoria desde una perspectiva más amplia. No se trata solo de derechos humanos, sino también de vincular estos esfuerzos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente en áreas críticas como la salud y el medio ambiente, que han sido gravemente impactadas por la crisis migratoria en la región.
El desafío ahora radica en convertir esta retórica en políticas concretas. Sin embargo, aunque este es un paso importante, el desafío regional de instituciones como la Comunidad Andina (CAN), Mercosur y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es que actualmente carecen tanto de la capacidad como de una agenda clara para impulsar esfuerzos compartidos o movilizar cooperación y recursos transnacionales.
La cooperación regional basada en el respeto a los derechos humanos y los compromisos internacionales será esencial para garantizar que se protejan los derechos de los individuos perseguidos y desplazados tanto a nivel nacional como regional. La tarea es inmensa, pero este cambio en el discurso representa una oportunidad para reevaluar las políticas fronterizas, remodelar la respuesta regional y la cooperación internacional, y crear soluciones más humanas y sostenibles a la crisis que afecta a cientos de miles de personas desplazadas.
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