En Estados Unidos, miles de familias con migrantes irregulares tienen planes por si un día las niñas o los niños regresan de la escuela y el padre o madre han sido detenidos por autoridades migratorias y no vuelven más a casa.
Contrastando con ese terror diario y frente a un mundo en donde los gobiernos se han cerrado a la migración, Colombia se erige como un ejemplo de políticas migratorias humanas, con uno de los programas de regularización de migrantes más extenso en el mundo, el Permiso por Protección Temporal (PPT) para migrantes venezolanos. Pero el PPT no es absoluto, y ha dejado sin protección a cientos de miles de migrantes que llegaron en fechas por fuera de sus límites temporales.
El PEP-Tutor, una nueva política anunciada hace pocos días por el gobierno, extiende la regularización a tutores (padres, madres o representantes legales) no regularizados de niñas y niños venezolanos regularizados. Es un paso en la dirección correcta. Pero el país puede hacer mucho más para proteger a toda la población migrante irregular en Colombia. Ser potencia de la vida, el objetivo del gobierno de Gustavo Petro, requiere esto.
¿Qué ha hecho Colombia hasta ahora?
Desde 2015, Colombia ha recibido cerca de tres millones de personas venezolanas (incluyendo 20 % menores de edad). En el centro de la política migratoria hacia ellos se encuentra el PPT, un programa que permite la regularización migratoria. La regularización, a su vez, aumenta la capacidad para familias e individuos de desarrollarse plenamente, con mejores empleos, acceso a salud y seguridad jurídica. Cerca de dos millones de personas tienen el PPT o están en trámites para obtenerlo.
En años recientes, sin embargo, este impulso regularizador se ha ido apagando y se estima que hay 500 mil personas venezolanas que no están regularizadas porque a pesar de que la migración hacia Colombia continúa, los términos del PPT no se han expandido. Mucha de la población adulta irregular son tutores de menores de edad (quienes acceden irrestrictamente al PPT), lo que crea familias de estatus mixto: tutores irregulares con niños y niñas regularizados. No deberían existir familias en donde la niñez crezca con la zozobra de que sus tutores carecen de un estatus legal.
¿Por qué es importante regularizar a las tutoras o tutores?
Los migrantes con frecuencia se mueven de manera separada de su familia o se separan posteriormente si no encuentran oportunidades en su lugar inicial de destino. La separación familiar o el miedo a esta tiene efectos negativos sobre niñas y niños. Durante décadas de investigación con familias de estatus mixto en Estados Unidos. Además, numerosos estudios demuestran impactos negativos en el aprendizaje y desarrollo cerebral en la infancia.
La Sociedad para la Investigación del Desarrollo Infantil de Estados Unidos es contundente en sus hallazgos: “La separación de padres e hijos causa un conjunto de problemas de largo plazo de índole psicológica, social, y de salud que no necesariamente se resuelven cuando se da la reunificación [...] La ciencia es clara: las políticas que separan a familias migrantes [...] tienen consecuencias en el desarrollo que son devastadoras para niños y niñas y sus familias” (Bouza et al. 2018).
El estatus legal mixto familiar también tiene un impacto directo en las condiciones económicas en las que crecen las niñas y los niños. Un estudio califica las consecuencias económicas de la separación familiar como “devastadoras” (Artiga y Lyons 2018).
Un tercer riesgo es el miedo constante de los menores de edad a la separación familiar o a la incertidumbre sobre su estabilidad. En Estados Unidos, niños que son ciudadanos con padres indocumentados, asisten menos al dentista, al médico y a otros servicios debido al miedo que tienen de que el acceso a servicios conlleve consecuencias a sus tutores. Las niñas y los niños crecen con desventajas, peor desarrollo social y educativo y con estrés crónico que llega afectar a la salud a largo plazo (Yoshikawa et al. 2011).
El derecho a la unidad familiar como fundamento de la regularización migratoria no solo evita estos daños en menores de edad, sino que promueve también la integración social y protección de los adultos.
El PEP-Tutor y sus debilidades
Celebramos que el gobierno colombiano esté preparado para expandir la regularización con base en un criterio de unidad familiar. Pero debemos notar cuatro debilidades de suma importancia en esta política (enumeradas acá sin prelación).
En primer lugar, la confusión de los instrumentos. El PEP-Tutor reabre una categoría de regularización (PEP o Permiso Especial de Permanencia) que estaba ya superada por el PPT. La coexistencia de los dos instrumentos preocupa y confunde a la población migrante (¿con el nuevo PEP-Tutor accederán a más o menos derechos? ¿Tendrá más o menos requisitos?). La potencial confusión reduce la confianza en las autoridades.
En segundo lugar, el PEP-Tutor impone una fecha límite arbitraria: el 12 de agosto de 2022. Es decir, solo pueden acceder a este instrumento las personas tutoras de menores regularizados antes de esa fecha. No hay una razón clara para esta fecha de corte. Lo único claro es que el PEP-Tutor excluirá a padres de niños y niñas que se regularizaron en fechas posteriores. En vez de fijar una fecha límite, sería mejor un criterio abierto: cualquier padre o madre de un niño o niña con PPT debería ser sujeto de regularización.
En tercer lugar, el nuevo instrumento no incluye a padres y madres irregulares de niños y niñas nacidos en Colombia, que se estiman en más de 100 mil. Es apenas lógico que, si se extiende la regularización a padres de niños y niñas ya regularizados con PPT, se haga lo mismo con tutores de menores que tienen la nacionalidad colombiana por nacer en el país.
En cuarto lugar, el PEP-Tutor requiere a padres y madres biológicos probar la representación legal de sus hijos e hijas a través de un acta de nacimiento apostillada. Para los migrantes en Colombia es una barrera de papel enorme porque es virtualmente imposible apostillar un documento en Venezuela debido a la corrupción del sistema y a los costos prohibitivos de ese trámite (en dinero y tiempo) y los consulados venezolanos no han demostrado capacidad para suplir este servicio. Esta barrera podría limitar severamente el alcance del instrumento.
Enmendar estas debilidades en la propuesta del gobierno es viable y asegurará el éxito de la política, es decir, que más tutores puedan regularizarse. Con la regularización de las familias, los niños, las niñas y sus tutores alcanzarán su mayor potencial. Regularizar es potenciar la vida.
Análisis en alianza con la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y Fundación Konrad Adenauer.
Consulta la Bitácora Migratoria aquí.
* Andrés Besserer Rayas es candidato a Doctor en Ciencia Política en el Graduate Center, Universidad de la Ciudad de Nueva York, y coordinador y autor principal del informe Ciudadanía Cancelada, Derechos Arrebatados.
Robert Courtney Smith es un sociólogo estadounidense especializado en la migración, profesor en Baruch College y el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es autor de Mexican New York y de Dreams Achieved and Dreams Denied. Smith ha llevado a cabo uno de los estudios más completos de migrantes indocumentados en Estados Unidos.
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