¿En qué consiste el programa Integrando Horizontes y desde cuándo funciona?
Es una iniciativa que ha sido auspiciada por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos y gestionada por FUPAD. Con ocasión de la crisis humanitaria, Estados Unidos, por supuesto, ha estado muy presente en el apoyo desde el inicio de esta crisis en Colombia y en otros países de Latinoamérica.
Integrando Horizontes tiene como finalidad apoyar a la población migrante, refugiada y comunidades vulnerables en el reasentamiento e integración socioeconómica de la población en el país. La primera respuesta que se está dando es apoyar la gestión de la crisis que se presentó a través de acciones como entregar alimentos, facilitar albergues e insumos para vivir, con un gran aporte para las zonas de frontera, donde se empezó a gestar esta situación humanitaria.
El programa funciona desde 2018 y lo hace desde tres acciones concretas: primero, la protección; segundo, la salud, que maneja toda la asistencia en acompañamiento psicosocial y articulación de servicios de salud con priorización de algunas poblaciones, y tercero, el componente de albergues, que lo teníamos en los primeros tres años, hoy manejamos el tema de integración comunitaria y medios de vida. Estos componentes son los que han estado presentes a lo largo de estos seis años de trabajo con la población migrante y ya cada uno de ellos tiene un objetivo y acciones que han facilitado atender a la población migrante.
¿Dónde se implementa el programa?
Estamos en más de 10 departamentos y más de 24 municipios. Nosotros fuimos pioneros en entrar a trabajar en Arauca, Maicao, Riohacha, Cali y Barranquilla, en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Arauca y Valle del Cauca. Nos hemos ido abriendo en otros municipios como Cartagena (Bolívar), Bucaramanga (Santander), Medellín y Bello (Antioquia) y hemos incursionado también fortaleciendo la atención en Bogotá con Sabana Norte, con Cota, Chía y Zipaquirá.
En el último año, teniendo en cuenta las características de los flujos migratorios, incursionamos en Necoclí para dar una respuesta a las personas que tienen vocación de permanencia y que allí están viviendo una crisis humanitaria.
El programa brinda una atención integral con un acompañamiento psicosocial y de desarrollo humano a las familias. Luego trabaja con grupos específicos de personas como población joven, incluyendo los no acompañados, la población LGBTIQ+, las mujeres, los indígenas y otras poblaciones que vienen siendo afectadas por violaciones a sus derechos, como víctimas de violencias basadas en género, trata de personas y población en riesgo de abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas o vinculación a grupos al margen de la ley.
No podríamos desarrollar este programa si no trabajamos de la mano y en alianza fundamental con el Gobierno nacional, las alcaldías locales y gobernaciones. El programa busca generar capacidad en el territorio; acompaña al Gobierno y a los actores locales para poder garantizar continuidad y sostenibilidad. No es desconocida la crisis que vivió Colombia con esta migración, con más de 2’800.000 de migrantes de Venezuela. Entonces el Gobierno, las instituciones, las entidades académicas y de la sociedad civil estábamos preparados para atender la situación y ha sido necesario fortalecer la capacidad, la educación y la formación en materia de flujos migratorios mixtos.
Por esto, también trabajamos con el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, liderado por ACNUR y OIM para coordinar acciones y ordenar las intervenciones en campo.
¿De qué forma se priorizaron las zonas de cobertura?
Sin duda, las zonas de frontera siempre han sido un punto de trabajo nuestro y en FUPAD ha sido importante llegar a sitios donde encontramos población desatendida. Nosotros hacemos un diagnóstico y lectura territorial, un análisis de contexto de las ciudades donde hay mayor población migrante y un análisis de la oferta institucional que haya en el territorio. Con esa información, hay unas mesas de trabajo internas de análisis de oferta institucional, población asentada y brechas que se deben cubrir. Si no están siendo cubiertas por otros actores y nosotros dentro de nuestro portafolio lo podemos hacer, entonces vamos organizando el target para poder atender esas ciudades o municipios en donde se requiere mayor intervención.
También trabajamos de la mano de nuestro socio, la oficina de PRM, que promueve que lleguemos a diferentes territorios y no nos concentremos solo en las tres ciudades de frontera. Así hemos llegado a Santa Marta, Cota, Chía, Zipaquirá, Bello, Vichada, Pasto y otras ciudades que han tenido menos intensidad de oferta institucional.¿Cuánta población se ha visto beneficiada de este programa?
Debemos tener en cuenta el flujo migratorio que se ha dado en el país. Desde 2018 ha venido creciendo el número de personas migrantes y hoy tenemos más de 2 millones. De la misma manera, ha ido creciendo nuestra oferta, el alcance y la cobertura. A lo largo de estos seis años hemos logrado llegar con orientación y acompañamiento a más de 77.000 personas, desde todo el fortalecimiento de orientación, asesoría y articulación para el acceso a derechos, de los cuales el 47 % han sido mujeres; más de 1 % población LGBTIQ+ y los jóvenes son aproximadamente un 50 %.
En materia de acompañamiento psicosocial y fortalecimiento psicoemocional hemos trabajado más de 20.000 hogares a nivel nacional.
¿Cuáles son los principales retos que han afrontado?
En principio, el volumen de población que fue llegando y la falta de herramientas por parte de las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y, en general, la comunidad, para aceptar e incorporar a este volumen de personas en las dinámicas territoriales. En Colombia, con las condiciones de pobreza, desempleo y alta vulnerabilidad en diferentes territorios, la llegada de más personas vulnerables hizo que se ejerciera una fuerte presión en los servicios sociales del Estado y que, obviamente, se generaran rivalidades y discriminaciones entre la población. Sin embargo, comenzamos a hacer iniciativas conjuntas para reducir esta situación.
El otro gran desafío fue, sin duda, el covid-19. Justo en el 2020 estábamos manejando el tercer año de este convenio y fue difícil hacer casi todo. La población estaba en cascos urbanos, en asentamientos muy vulnerables; precarios en agua, en servicios de energía, en cobertura de alimentos y habitabilidad. Esto nos exigió que la organización hiciera una readecuación, readaptación y casi un delineamiento nuevo de las herramientas de acompañamiento a las familias y del desarrollo del programa.
Comenzamos a llegar a través de WhatsApp, con pódcast, audios y videos, y a facilitar recursos para internet, porque las poblaciones tampoco tenían esa facilidad. Trabajamos capacitación virtual y, de cierta forma, fortalecimos el marketing digital de las unidades económicas que facilitó que superaran esas dificultades.
Otro desafío importante ha sido la falta de regularización, que ha sido una dificultad desde el día uno porque, para que las personas puedan acceder a los derechos deben tener un documento de identidad en el país. La población migrante no tenía un documento especial que le facilitara acceder a todos los derechos, algunos faltaban que se inscribieran en diferentes procesos. El Gobierno estableció el estatuto temporal de protección, que, sin duda, ha sido una herramienta valiosa que facilita la regularización de la población por más de 10 años y permite el acceso a derechos como trabajo, salud, educación y servicios financieros, entre otros. Este desafío, que fue tan evidente desde 2018 hasta 2021, se ha atenuado con el PPT. Un gran desafío ha sido el desconocimiento, por parte de la población, de ciertos mecanismos de regularización, de tener desconfianza hacia esta promoción del permiso temporal de protección, de no acceder. Hoy tenemos que aún falta el 18 % de personas para que accedan al mecanismo de regularización. Hubo personas que decían o pensaban que con este mecanismo los iban a sacar del país, entonces nunca participaron en los procesos de regularización con el PPT. Sigue siendo una dificultad todo lo que es la homologación de títulos, la convalidación de experiencia y aún son muy complejas las dificultades para acceder a información confiable y actualizada en la materia.
La xenofobia y la discriminación siguen siendo dificultades; aunque hemos avanzado, aún hay discriminación y afirmaciones que la perpetúan. Hemos logrado mayor apertura de los empresarios para facilitar en sus vacantes que no se discrimine a los migrantes, sino que se incluya a las personas que tienen las capacidades y competencias.
¿Cómo han sorteado la situación de orden público de los territorios donde desarrollan el proyecto?
La población migrante y el flujo migratorio llega a zonas muy precarias, que tienen difícil acceso y zonas que de por sí son inseguras. El trabajo que hacemos desde FUPAD es con la comunidad y para la comunidad; con el ente rector del territorio, trabajamos con los líderes y organizaciones propias de seguridad del Estado. Tenemos trabajo con Migración Colombia, Defensoría del Pueblo y otras instituciones para conocer lo que hay en el territorio y entender la dinámica que se vive en donde llevamos nuestros programas de integración, donde involucramos a la población de acogida y migrante para que las personas se sientan parte y promovemos liderazgos.
No llegamos a colocar cosas, sino a entender lo que podemos rescatar, los liderazgos e iniciativas comunitarias para, a partir de eso, trabajar realmente con las comunidades.
Usted mencionó el desconocimiento y la estigmatización como grandes retos claves, ¿qué acciones pedagógicas están realizando para transformar estos comportamientos? ¿Cuál es su invitación?
Compartir las acciones afirmativas que hemos logrado en los temas de proyectos comunitarios, poder crear redes de convivencia sana y trabajo de equipo con la población de acogida y la población migrante. También son muy importantes las campañas que hemos realizado en contra de la xenofobia para trabajar con inclusión. Buscamos resaltar la riqueza que la migración ha traído a nosotros como sociedad, también reconocer a empresarios que incluyen personal de población migrante. Ahorita estamos lanzando la campaña “Gente integrando horizontes, somos más”, que busca hablar un poco más desde las cosas que nos unen como sociedad, colombianos y venezolanos, reforzando ese mensaje de inclusión para combatir la discriminación contra estas comunidades.
¿Cuál es la proyección que tienen para el programa?
El programa Integrando Horizontes busca, cada vez más, reconocer y valorar las contribuciones de la población migrante venezolana al país, resaltando, por supuesto, las oportunidades de integración y el proceso bidireccional que beneficia a toda la comunidad. La migración no solo es una oportunidad para quienes en realidad buscan un nuevo comienzo, sino también como una fuente de innovación y diversidad que enriquece en Colombia y la posición a la vanguardia del desarrollo social económico.
Este es un programa multianual, pero adicionalmente, a través de la intervención que hemos venido haciendo durante estos seis años, nos han pedido una propuesta para trabajar Integrando Horizontes Sostenibles, que es un apoyo que nos pide la oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde realmente trabajamos con la población migrante y población vulnerable en el marco de la economía circular.
Continuaremos fortaleciendo las rutas de protección contra violencias basadas en género, contra la trata de personas, por la reunificación familiar, entre otros. La proyección es continuar apoyando al gobierno y trabajar en el marco de la cooperación estas iniciativas y fortalecer lo humanitario y el desarrollo con el programa Integrando Horizontes Sostenibles.
La visión de la oficina es apoyar la integración y la cohesión social; por lo tanto, estamos ahí para trabajar de la mano en la integración de los migrantes, no solo en un acto de solidaridad para ellos, sino también en una inversión para un futuro compartido. Es necesario continuar con este tipo de acciones para promover la convivencia sana y trabajar, desde los derechos humanos, con las personas, porque es importante que reconozcamos a la población migrante y refugiada como seres humanos con quienes compartimos necesidades, sueños, esperanzas y construimos juntos una convivencia pacífica y bienestar.
Integrando Horizontes en cifras
- 77.375 personas han sido beneficiadas por el programa Integrando Horizontes en cinco años de ejecución.
- 46,7 % de los beneficiarios del programa han sido mujeres.
- 49 % de los beneficiarios han sido niños, niñas o adolescentes.
- 1,3 % de los beneficiarios han sido personas de población LGBTIQ+.
- 4.595 de los beneficiados han sido caminantes, desde 2022.
“Una labor con valor” para la gente y el ambiente
“Una labor con valor” es la más reciente campaña del programa Integrando Horizontes Sostenibles, cuyo objetivo es reconocer y exaltar el trabajo que realizan la población migrante y las comunidades de acogida en la sociedad. El propósito de la campaña es dignificar las actividades de economía circular que llevan a cabo las personas recicladoras de oficio, tanto colombianas como venezolanas, al tiempo que se concientiza sobre la importancia para el medio ambiente de dar nuevas opciones de uso para materiales que han sido desechados.
El plan piloto ha fortalecido a cuatro asociaciones de reciclaje y promovido iniciativas de comunicación, cohesión social y acompañamiento psicosocial, entre otras.
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