Las tres rutas de los migrantes víctimas del Estado “coyote” en Nicaragua
El régimen sandinista ha tejido un denso entramado de políticas migratorias y operaciones clandestinas a gran escala para invisibilizar la migración irregular por el país. El sistema le permitió ganar casi 50 millones de dólares el año pasado, a través del cobro a los migrantes que llegan por tierra, mar y aire.
CONNECTAS y Centroamérica 360
A Marlon Tenorio lo picó un alacrán en Colombia, lo mordió una víbora en el Darién y lo magulló un becerro en Costa Rica. Oriundo de Caracas (Venezuela), sufrió frío, pasó hambre, sintió miedo y soportó dolor en su larga ruta irregular a pie desde Colombia a Estados Unidos. Sin embargo, lo que más dice haber sentido es la doble “mordida” policial que sufrió a su paso por Nicaragua, en febrero.
Junto a su cuñado Ramiro, Marlon respiró con tranquilidad una vez que pisó suelo hondureño en El Paraíso, a 11 kilómetros del puesto migratorio nicaragüense Las Manos, el 21 de febrero. Tuvieron que pagar US$150 cada uno a los policías para que los dejaran cruzar a Honduras. En todo el trayecto por Nicaragua fueron guiados por un funcionario de civil que los acompañó desde San Carlos, cabecera municipal de Río San Juan, en la frontera sur con Costa Rica.
El venezolano de 36 años y su cuñado de 18 son parte de los casi 400.000 migrantes que cruzaron por tierra los dos principales pasos fronterizos del sur del país en 2023, según un informe de la OIM. Lo hicieron ayudados por una logística que posibilita trasladar la masa de viajantes desde Costa Rica a Honduras sin que quede registro de su paso por Nicaragua, según encontró este trabajo de Centroamérica 360 y CONNECTAS.
De Nicaragua no hay datos oficiales sobre la cifra de migrantes que transitan. El país es una especie de Triángulo de las Bermudas de la migración: no hay huellas ni registros públicos de ello. Pero sí de las ganancias que dejan los viajeros a su paso por allí. Porque, en Nicaragua, el “coyote” es directamente el Estado.
Solo en 2023, el Gobierno nicaragüense obtuvo ingresos por US$47,5 millones (1.664 millones de córdobas) por las “multas” que les cobra a los migrantes, según los registros que constan en el último Informe de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. A la vez, recaudó otros US$1,2 millones del impuesto por derecho de terminal aérea en 2023, que deben pagar los que llegan en avión a Managua para seguir luego por tierra rumbo a Estados Unidos.
Para este trabajo se investigó cómo opera este sistema logístico que asiste a los migrantes en las tres rutas que pasan por Nicaragua: terrestre, marítima y aérea.
Por tierra, de Las Tabillas a Honduras
Desde que tomaron la decisión de salir de Venezuela, Marlon Tenorio y su cuñado establecieron una cadena de contactos por países. Todo se inició en Colombia: el contacto colombiano los enlazó con el guía panameño para atravesar el Darién y una vez en Panamá, los contactó un enlace costarricense.
La cadena de contactos se rompió en Nicaragua y Honduras, donde los migrantes deben orientarse por sí mismos y la experiencia transmitida por otros viajeros antes de ellos. Los contactos se reactivan al llegar a Guatemala, para ingresar a México y llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
En Nicaragua, si bien no hay un contacto esperándolos, los “coyotes” costarricenses que sirven de enlace les dan consejos: “Lleven menudo (billetes pequeños en dólares) para pagar la multa de ingreso y obedezcan las instrucciones”.
Ellos les explican qué tienen que hacer para lograr la “colaboración” de las autoridades nicaragüenses desde que entran al país por la Trocha, un desvío rural unos 900 metros antes de llegar al puesto migratorio oficial de Costa Rica. Se trata de un camino de lodo y barro muy pegajoso que atraviesa la frontera por la zona de Las Tablillas, en el cantón Los Chiles.
En agosto de 2020, Nicaragua reformó su Ley General de Migración y Extranjería, estableciendo un arancel de US$150 por “ingreso y salida por puesto fronterizo no habilitado”, que cada migrante debía pagar al Ejército o a Migración al cruzar la frontera. Los migrantes reconocen esa reforma como “el pago por el salvoconducto”, aunque nadie les da un documento ni un recibo que lo certifique.
Así lo confirmó una migrante venezolana, de 43 años, mientras hacía estación en Paso Canoas para checarse la presión arterial en un puesto voluntario de médicos. “Mi hermano nos dijo que escondiéramos bien la plata porque sin eso no entramos a Nicaragua, nos estancaríamos en Costa Rica”, dijo.
El pago es cobrado principalmente por militares nicaragüenses que, por ley, tienen a su cargo la seguridad fronteriza y patrullan los puntos ciegos y vulnerables de la frontera con Costa Rica, según explicó Félix Ríos, promotor de la ONG Centro de Derechos Sociales del Migrante (Cenderos). Sin ese tributo, nadie ingresa al territorio por los pasos no habilitados. Quienes quieran burlar el sistema, arriesgan la vida o quedan a expensas de la Policía Nacional, que les cobra en las ciudades y municipios el impuesto, explica por su lado el abogado Hernández, quien confirma que los uniformados en Nicaragua no emiten recibo del arancel, pero organizan el traslado de Las Tablillas a una estación de transporte a pocos kilómetros de la frontera. “A quien no paga lo devuelven a la frontera a Costa Rica o lo pueden meter a la cárcel”, relata el abogado, quien recibió información sobre personas que hasta sufrieron golpizas al ser descubiertas ingresando al margen del esquema establecido.
Los testimonios que han dado a Cenderos los migrantes víctimas del “salvoconducto” de policías y militares nicaragüenses le han permitido al director de la ONG darse una idea de las irregularidades del sistema de migración nicaragüense. “Luego de salir de Costa Rica, los migrantes se ven expuestos a una especie de crimen organizado que está coludido por el Gobierno y que, en su mayoría, son transportistas autorizados por las alcaldías en Nicaragua”, relata Ríos. Estos los trasladan de Las Tablillas hasta los puestos fronterizos de Las Manos y El Espino, frontera con Honduras, en un recorrido de aproximadamente 400 kilómetros que está plagado de “mordidas”.
En uno de los puestos fronterizos del norte de Nicaragua, del lado hondureño, un exfuncionario público nicaragüense, ahora dedicado al tráfico de migrantes, habló en condición de confidencialidad. Según dijo, las personas autorizadas a “garantizar la migración fuera de los canales oficiales” deben notificar “sus operaciones” a las autoridades locales, policiales, migratorias o militares de la zona. Esto indica que no existen “coyotes” fuera del sistema oficial y que ellos cobran más a los migrantes, porque aparte de estar obligados a reportar los US$150, deben pagarles su “comisión por servicio”: otros US$150.
El exfuncionario sandinista convertido en “coyote” asegura que hay migrantes que no llegan directo de Las Tablillas o Peñas Blancas (puesto fronterizo con Costa Rica), sino que ingresan a Nicaragua desde el lago Cocibolca o por los ríos afluentes del río San Juan. Y en la frontera con Honduras, “buscan hoteles o lugares donde dormir y es donde usualmente los captamos”, confesó en Paraíso, Honduras, adonde llevó a un grupo de 16 migrantes de Ecuador, China y Cuba.
“En muchos casos nosotros los llevamos a los puestos migratorios regulares de Honduras para que se registren y paguen los salvoconductos de ese país (otro arancel irregular que les cobran del lado hondureño). O, si ellos no quieren pagarlos, los acompañamos a cierto punto de la frontera cerca de los puntos ciegos y se van por su cuenta”, explicó el “coyote”.
Durante su relato, el hombre se refirió a otra de las rutas que utilizan los migrantes para cruzar por Nicaragua: la marítima, vía Isla San Andrés, en el Caribe.
La ruta del mar Caribe
Bluefields, pintoresca ciudad ubicada frente al mar, a 365 kilómetros de Managua, es el principal puerto marítimo de Nicaragua en el Caribe. Por años fue una de las principales rutas de trasiego marítimo de drogas de Colombia a Nicaragua. Hoy, burlando la férrea censura del Gobierno sandinista, ha empezado a circular entre la población local un nuevo tipo de tráfico: los migrantes que llegan en lanchas.
Desde 2022 ha aumentado la presencia furtiva de extranjeros que vienen del mar y, a los pocos días, desaparecen. “En su mayoría son venezolanos, cubanos y colombianos, pero también han pasado chinos, rusos y árabes”, dice una investigadora social en retiro que, por presiones políticas y amenazas del sandinismo, lleva una vida de bajo perfil en una pequeña comunidad de Bluefields.
La versión popular que ha llegado a sus oídos es que son migrantes que parten de la isla colombiana San Andrés, a 381 kilómetros de la costa nicaragüense, en lanchas rápidas hasta el límite de la frontera marítima con Nicaragua.
La información recopilada por la investigadora apunta a que una flota de barcos de propiedad privada recibe autorización de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) y de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua para zarpar y atracar con fines de pesca industrial. Los botes recogen en altamar a los migrantes, los trasladan a Corn Island (a 38 millas náuticas de Bluff, el puerto nicaragüense administrado por la EPN) y regresan a San Andrés, mientras los migrantes viajan hasta Bluefields en barcos mercantes, en ferri estatal, pangas o pequeños yates turísticos.
A ella le han detallado sus fuentes que al desembarcar los reciben funcionarios de Migración, de la EPN, militares y funcionarios del Instituto de Turismo, quienes les venden una tarjeta de turismo por US$20 y luego los guían a hostales y pequeños hoteles. En algunos casos, permanecen con vigilancia policial y, en otros, con guías turísticos y agentes migratorios de civil.
Allí duran poco, menos de 24 horas, antes de abordar buses privados sin placas que los trasladan al interior del país en un largo viaje de más de 500 kilómetros, que parte de Bluefields al pueblo de Nueva Guinea, y de ahí por Chontales hasta Las Manos, en la frontera con Honduras.
Esta ruta, incluso, ya despertó la alerta de Estados Unidos, cuyo Gobierno empezó a tomar medidas para frenar el tráfico de migrantes por mar. El pasado 6 de mayo, el Departamento de Estado ordenó restricciones de visado a ejecutivos de empresas colombianas de transporte marítimo “que facilitaban la migración irregular”.
La conexión aérea con Nicaragua
Las restricciones de visado a Estados Unidos que anunció el Departamento de Estado también incluyen a personas que gestionan “vuelos chárter que llegaban a Nicaragua”. Desde 2019, el país ha sido centro de un lucrativo negocio relacionado con el tráfico de migrantes a través de su aeropuerto internacional Augusto C. Sandino.
La conexión aérea, la tercera ruta con la que el Estado “coyote” gestiona la migración irregular, se ha convertido en una vía clave para miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos desde países como Cuba, Haití y naciones africanas, utilizando a Nicaragua como una suerte de “trampolín”.
De acuerdo con las cifras relevadas por Manuel Orozco, en 2022 entraron al país por la terminal aérea 634.800 pasajeros, pero solo 312.400 (poco menos de la mitad) salieron por aire, por lo que se presume que los otros 322.400 siguieron por tierra su viaje hacia Estados Unidos.
El año pasado, entre enero y noviembre, 791.100 personas habían entrado el aeropuerto de Managua, pero solo 517.700 salieron en avión; por lo que 273.400 se habrían ido por tierra hacia el norte.
La gestión es similar que en Las Tablillas: todos deben pagar US$150 por “salvoconducto” y luego costear el boleto del autobús o transporte autorizado hacia la frontera de Honduras, desde donde continúan su travesía hacia Estados Unidos. Nadie recibe sello en su pasaporte ni recibo por los trámites.
Así lo relató Luis Arnaldo, taxista de La Habana entrevistado para este reportaje en Paraíso, Honduras. Él llegó a Managua en un vuelo de Conviasa, aerolínea estatal venezolana. Narró que, pese a pagar el boleto aéreo, ingresar por el aeropuerto internacional, abonar tarjeta de turismo y usar los servicios de transporte autorizados, le cobraron US$150 de “salvoconducto” para permitirle trasladarse a la frontera norte y salir por punto ciego o por los puestos migratorios, según la posibilidad de cada migrante.
Actualmente, Conviasa realiza vuelos de Managua a La Habana los lunes, miércoles, jueves y sábado, pero desde el 5 de mayo de 2024 abrió una nueva ruta Caracas-La Habana-Managua los martes y domingos.
Lleguen por mar, tierra o aire, los migrantes que cruzan Nicaragua siguen usando este sistema logístico que funcionarios públicos e individuos vinculados al partido de gobierno han dispuesto para “apoyarlos” en su viaje a Estados Unidos. Pero más que una gestión humanitaria, la labor del Estado “coyote” resulta una forma de aprovecharse del drama de quienes tuvieron que partir de sus tierras en busca de oportunidades. Las “mordidas” que recibieron Tenorio y otros migrantes consultados por este reportaje son prueba de ello.
Si le interesa conocer más del tránsito de los migrantes por Nicaragua, puede ingresar acá al especial multimedia.
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A Marlon Tenorio lo picó un alacrán en Colombia, lo mordió una víbora en el Darién y lo magulló un becerro en Costa Rica. Oriundo de Caracas (Venezuela), sufrió frío, pasó hambre, sintió miedo y soportó dolor en su larga ruta irregular a pie desde Colombia a Estados Unidos. Sin embargo, lo que más dice haber sentido es la doble “mordida” policial que sufrió a su paso por Nicaragua, en febrero.
Junto a su cuñado Ramiro, Marlon respiró con tranquilidad una vez que pisó suelo hondureño en El Paraíso, a 11 kilómetros del puesto migratorio nicaragüense Las Manos, el 21 de febrero. Tuvieron que pagar US$150 cada uno a los policías para que los dejaran cruzar a Honduras. En todo el trayecto por Nicaragua fueron guiados por un funcionario de civil que los acompañó desde San Carlos, cabecera municipal de Río San Juan, en la frontera sur con Costa Rica.
El venezolano de 36 años y su cuñado de 18 son parte de los casi 400.000 migrantes que cruzaron por tierra los dos principales pasos fronterizos del sur del país en 2023, según un informe de la OIM. Lo hicieron ayudados por una logística que posibilita trasladar la masa de viajantes desde Costa Rica a Honduras sin que quede registro de su paso por Nicaragua, según encontró este trabajo de Centroamérica 360 y CONNECTAS.
De Nicaragua no hay datos oficiales sobre la cifra de migrantes que transitan. El país es una especie de Triángulo de las Bermudas de la migración: no hay huellas ni registros públicos de ello. Pero sí de las ganancias que dejan los viajeros a su paso por allí. Porque, en Nicaragua, el “coyote” es directamente el Estado.
Solo en 2023, el Gobierno nicaragüense obtuvo ingresos por US$47,5 millones (1.664 millones de córdobas) por las “multas” que les cobra a los migrantes, según los registros que constan en el último Informe de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. A la vez, recaudó otros US$1,2 millones del impuesto por derecho de terminal aérea en 2023, que deben pagar los que llegan en avión a Managua para seguir luego por tierra rumbo a Estados Unidos.
Para este trabajo se investigó cómo opera este sistema logístico que asiste a los migrantes en las tres rutas que pasan por Nicaragua: terrestre, marítima y aérea.
Por tierra, de Las Tabillas a Honduras
Desde que tomaron la decisión de salir de Venezuela, Marlon Tenorio y su cuñado establecieron una cadena de contactos por países. Todo se inició en Colombia: el contacto colombiano los enlazó con el guía panameño para atravesar el Darién y una vez en Panamá, los contactó un enlace costarricense.
La cadena de contactos se rompió en Nicaragua y Honduras, donde los migrantes deben orientarse por sí mismos y la experiencia transmitida por otros viajeros antes de ellos. Los contactos se reactivan al llegar a Guatemala, para ingresar a México y llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
En Nicaragua, si bien no hay un contacto esperándolos, los “coyotes” costarricenses que sirven de enlace les dan consejos: “Lleven menudo (billetes pequeños en dólares) para pagar la multa de ingreso y obedezcan las instrucciones”.
Ellos les explican qué tienen que hacer para lograr la “colaboración” de las autoridades nicaragüenses desde que entran al país por la Trocha, un desvío rural unos 900 metros antes de llegar al puesto migratorio oficial de Costa Rica. Se trata de un camino de lodo y barro muy pegajoso que atraviesa la frontera por la zona de Las Tablillas, en el cantón Los Chiles.
En agosto de 2020, Nicaragua reformó su Ley General de Migración y Extranjería, estableciendo un arancel de US$150 por “ingreso y salida por puesto fronterizo no habilitado”, que cada migrante debía pagar al Ejército o a Migración al cruzar la frontera. Los migrantes reconocen esa reforma como “el pago por el salvoconducto”, aunque nadie les da un documento ni un recibo que lo certifique.
Así lo confirmó una migrante venezolana, de 43 años, mientras hacía estación en Paso Canoas para checarse la presión arterial en un puesto voluntario de médicos. “Mi hermano nos dijo que escondiéramos bien la plata porque sin eso no entramos a Nicaragua, nos estancaríamos en Costa Rica”, dijo.
El pago es cobrado principalmente por militares nicaragüenses que, por ley, tienen a su cargo la seguridad fronteriza y patrullan los puntos ciegos y vulnerables de la frontera con Costa Rica, según explicó Félix Ríos, promotor de la ONG Centro de Derechos Sociales del Migrante (Cenderos). Sin ese tributo, nadie ingresa al territorio por los pasos no habilitados. Quienes quieran burlar el sistema, arriesgan la vida o quedan a expensas de la Policía Nacional, que les cobra en las ciudades y municipios el impuesto, explica por su lado el abogado Hernández, quien confirma que los uniformados en Nicaragua no emiten recibo del arancel, pero organizan el traslado de Las Tablillas a una estación de transporte a pocos kilómetros de la frontera. “A quien no paga lo devuelven a la frontera a Costa Rica o lo pueden meter a la cárcel”, relata el abogado, quien recibió información sobre personas que hasta sufrieron golpizas al ser descubiertas ingresando al margen del esquema establecido.
Los testimonios que han dado a Cenderos los migrantes víctimas del “salvoconducto” de policías y militares nicaragüenses le han permitido al director de la ONG darse una idea de las irregularidades del sistema de migración nicaragüense. “Luego de salir de Costa Rica, los migrantes se ven expuestos a una especie de crimen organizado que está coludido por el Gobierno y que, en su mayoría, son transportistas autorizados por las alcaldías en Nicaragua”, relata Ríos. Estos los trasladan de Las Tablillas hasta los puestos fronterizos de Las Manos y El Espino, frontera con Honduras, en un recorrido de aproximadamente 400 kilómetros que está plagado de “mordidas”.
En uno de los puestos fronterizos del norte de Nicaragua, del lado hondureño, un exfuncionario público nicaragüense, ahora dedicado al tráfico de migrantes, habló en condición de confidencialidad. Según dijo, las personas autorizadas a “garantizar la migración fuera de los canales oficiales” deben notificar “sus operaciones” a las autoridades locales, policiales, migratorias o militares de la zona. Esto indica que no existen “coyotes” fuera del sistema oficial y que ellos cobran más a los migrantes, porque aparte de estar obligados a reportar los US$150, deben pagarles su “comisión por servicio”: otros US$150.
El exfuncionario sandinista convertido en “coyote” asegura que hay migrantes que no llegan directo de Las Tablillas o Peñas Blancas (puesto fronterizo con Costa Rica), sino que ingresan a Nicaragua desde el lago Cocibolca o por los ríos afluentes del río San Juan. Y en la frontera con Honduras, “buscan hoteles o lugares donde dormir y es donde usualmente los captamos”, confesó en Paraíso, Honduras, adonde llevó a un grupo de 16 migrantes de Ecuador, China y Cuba.
“En muchos casos nosotros los llevamos a los puestos migratorios regulares de Honduras para que se registren y paguen los salvoconductos de ese país (otro arancel irregular que les cobran del lado hondureño). O, si ellos no quieren pagarlos, los acompañamos a cierto punto de la frontera cerca de los puntos ciegos y se van por su cuenta”, explicó el “coyote”.
Durante su relato, el hombre se refirió a otra de las rutas que utilizan los migrantes para cruzar por Nicaragua: la marítima, vía Isla San Andrés, en el Caribe.
La ruta del mar Caribe
Bluefields, pintoresca ciudad ubicada frente al mar, a 365 kilómetros de Managua, es el principal puerto marítimo de Nicaragua en el Caribe. Por años fue una de las principales rutas de trasiego marítimo de drogas de Colombia a Nicaragua. Hoy, burlando la férrea censura del Gobierno sandinista, ha empezado a circular entre la población local un nuevo tipo de tráfico: los migrantes que llegan en lanchas.
Desde 2022 ha aumentado la presencia furtiva de extranjeros que vienen del mar y, a los pocos días, desaparecen. “En su mayoría son venezolanos, cubanos y colombianos, pero también han pasado chinos, rusos y árabes”, dice una investigadora social en retiro que, por presiones políticas y amenazas del sandinismo, lleva una vida de bajo perfil en una pequeña comunidad de Bluefields.
La versión popular que ha llegado a sus oídos es que son migrantes que parten de la isla colombiana San Andrés, a 381 kilómetros de la costa nicaragüense, en lanchas rápidas hasta el límite de la frontera marítima con Nicaragua.
La información recopilada por la investigadora apunta a que una flota de barcos de propiedad privada recibe autorización de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) y de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua para zarpar y atracar con fines de pesca industrial. Los botes recogen en altamar a los migrantes, los trasladan a Corn Island (a 38 millas náuticas de Bluff, el puerto nicaragüense administrado por la EPN) y regresan a San Andrés, mientras los migrantes viajan hasta Bluefields en barcos mercantes, en ferri estatal, pangas o pequeños yates turísticos.
A ella le han detallado sus fuentes que al desembarcar los reciben funcionarios de Migración, de la EPN, militares y funcionarios del Instituto de Turismo, quienes les venden una tarjeta de turismo por US$20 y luego los guían a hostales y pequeños hoteles. En algunos casos, permanecen con vigilancia policial y, en otros, con guías turísticos y agentes migratorios de civil.
Allí duran poco, menos de 24 horas, antes de abordar buses privados sin placas que los trasladan al interior del país en un largo viaje de más de 500 kilómetros, que parte de Bluefields al pueblo de Nueva Guinea, y de ahí por Chontales hasta Las Manos, en la frontera con Honduras.
Esta ruta, incluso, ya despertó la alerta de Estados Unidos, cuyo Gobierno empezó a tomar medidas para frenar el tráfico de migrantes por mar. El pasado 6 de mayo, el Departamento de Estado ordenó restricciones de visado a ejecutivos de empresas colombianas de transporte marítimo “que facilitaban la migración irregular”.
La conexión aérea con Nicaragua
Las restricciones de visado a Estados Unidos que anunció el Departamento de Estado también incluyen a personas que gestionan “vuelos chárter que llegaban a Nicaragua”. Desde 2019, el país ha sido centro de un lucrativo negocio relacionado con el tráfico de migrantes a través de su aeropuerto internacional Augusto C. Sandino.
La conexión aérea, la tercera ruta con la que el Estado “coyote” gestiona la migración irregular, se ha convertido en una vía clave para miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos desde países como Cuba, Haití y naciones africanas, utilizando a Nicaragua como una suerte de “trampolín”.
De acuerdo con las cifras relevadas por Manuel Orozco, en 2022 entraron al país por la terminal aérea 634.800 pasajeros, pero solo 312.400 (poco menos de la mitad) salieron por aire, por lo que se presume que los otros 322.400 siguieron por tierra su viaje hacia Estados Unidos.
El año pasado, entre enero y noviembre, 791.100 personas habían entrado el aeropuerto de Managua, pero solo 517.700 salieron en avión; por lo que 273.400 se habrían ido por tierra hacia el norte.
La gestión es similar que en Las Tablillas: todos deben pagar US$150 por “salvoconducto” y luego costear el boleto del autobús o transporte autorizado hacia la frontera de Honduras, desde donde continúan su travesía hacia Estados Unidos. Nadie recibe sello en su pasaporte ni recibo por los trámites.
Así lo relató Luis Arnaldo, taxista de La Habana entrevistado para este reportaje en Paraíso, Honduras. Él llegó a Managua en un vuelo de Conviasa, aerolínea estatal venezolana. Narró que, pese a pagar el boleto aéreo, ingresar por el aeropuerto internacional, abonar tarjeta de turismo y usar los servicios de transporte autorizados, le cobraron US$150 de “salvoconducto” para permitirle trasladarse a la frontera norte y salir por punto ciego o por los puestos migratorios, según la posibilidad de cada migrante.
Actualmente, Conviasa realiza vuelos de Managua a La Habana los lunes, miércoles, jueves y sábado, pero desde el 5 de mayo de 2024 abrió una nueva ruta Caracas-La Habana-Managua los martes y domingos.
Lleguen por mar, tierra o aire, los migrantes que cruzan Nicaragua siguen usando este sistema logístico que funcionarios públicos e individuos vinculados al partido de gobierno han dispuesto para “apoyarlos” en su viaje a Estados Unidos. Pero más que una gestión humanitaria, la labor del Estado “coyote” resulta una forma de aprovecharse del drama de quienes tuvieron que partir de sus tierras en busca de oportunidades. Las “mordidas” que recibieron Tenorio y otros migrantes consultados por este reportaje son prueba de ello.
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