Los retos para acceder a vivienda y servicios bancarios siendo migrante en Bogotá
La alcaldía de Claudia López dejó para Bogotá la Política Pública para la Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos, nombre que dio a los migrantes venezolanos con vocación de permanencia, en temas como vivienda. Aun con una hoja de ruta, persisten retos como la burocracia del sistema bancario y la xenofobia.
Juliana Castellanos Guevara
Desde 2018 Bogotá ha intentado desarrollar una política pública migratoria integral para los venezolanos que llegaron a la ciudad, que hoy son 615.000. Con el ensayo y error, la capital colombiana se ha convertido en un referente nacional y regional para la atención de esta población; sin embargo, migrantes que han seguido los procesos diseñados por el Distrito tienen reparos.
Mercedes Ortiz es una de esas voces. Lideresa y fundadora de la organización de base comunitaria Asoveneinra (Asociación Venezolana para la Integración de Nuestras Raíces), se dice incrédula de la última Política Pública para la Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos. “Lamentablemente la política se ve muy buena, o sea aparentemente hay inclusión e integración, pero de la norma a la realidad es totalmente distinto”, afirmó Ortiz.
De ciudad de la furia a ciudad soñada
Bogotá se ha convertido en un destino atractivo para extranjeros del mundo. En 2023, según el estudio de la firma Mercer, la ciudad fue catalogada como uno de los lugares con mejor calidad y costo de vida en Latinoamérica. En la investigación se analizaron factores como alojamiento, transporte, alimentos, ropa, artículos domésticos y entretenimiento.
Quizá para los nómadas digitales, la capital resalta por sus bajos costos y se ajusta a su presupuesto; sin embargo, cuando se piensa en foráneos hay que incluir a los “nuevos bogotanos”, nombre que les dio el Distrito a los migrantes venezolanos en su nueva política pública migratoria.
El salario mínimo aprobado en Colombia es de $1′300.000 (unos US$311,14). Imagine que usted es un joven venezolano de 25 años, sin título profesional, soltero y cuenta con el Permiso Temporal de Protección (PPT), documento que regula el estatus migratorio de la mayoría de los migrantes venezolanos en Colombia, por lo que trabaja de manera legal y gana el salario mínimo. Entre la canasta básica familiar promedio para este año, transporte público por seis días a la semana, arriendo mensual de una habitación amoblada en un sector como Fontibón y un plan de telefonía móvil sencillo, gastaría mensualmente $895.966 (US$214,44). Ahora visualice que es una madre cabeza de hogar, con dos hijos y cuenta con el PPT. Probablemente, los gastos de la tabla anterior se duplicarían, pero usted seguiría ganando lo mismo: el salario mínimo. Agréguese una variable más: no tiene el PPT. Lo más probable es que reciba menos del salario mínimo, no tenga prestaciones sociales y no pueda acceder a las ofertas del Distrito en salud, educación, empleo o vivienda. Bajo estas condiciones, ¿sería Bogotá una ciudad atractiva?
Una alcaldesa preocupada justo al finalizar su mandato
En diciembre de 2023, cuando Claudia López estaba a punto de finalizar su alcaldía, se decretó la Política Pública para la Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos. Una hoja de ruta que, según el Distrito, define la orientación de los procesos migratorios de la ciudad en temas de educación, salud, justicia y vivienda.
Respecto al acceso a vivienda, una de las mayores preocupaciones de los migrantes, a través del programa “Educación e Inclusión Financiera”, dirigido por la Secretaría de Hábitat de Bogotá, el Distrito promete que los “nuevos bogotanos” en condición de vulnerabilidad podrán tener acceso a una solución de vivienda nueva.
La estrategia es la siguiente: con herramientas de planificación y administración financiera, se confía en que el migrante maneje responsablemente las finanzas de su hogar para que con el tiempo tenga la robustez económica de pagar un crédito de finca raíz. Una estrategia pensada para los migrantes venezolanos con vocación de permanencia que, según cifras de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, es el 88,3 % del total de la población migrante en la capital colombiana.
Según el documento diagnóstico de la política pública, es quizá la falta de ingresos, el no tener un historial bancario y crediticio apropiado o los altos costos de la ciudad, “sumado a su condición concreta de migrantes, lo que genera desconfianza o discriminación (...), y a las barreras para acceder a los programas sociales de vivienda, sobre todo cuando se encuentran de manera irregular en el país”, expresó la Alcaldía de Bogotá en su valoración. Por ello, la propuesta es la educación.
Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, concuerda con que el acceso a vivienda es uno de los retos más grandes para los migrantes de la ciudad. “Lamentablemente, en esto (vivienda) tienen bastantes barreras, sobre todo por actuaciones que tienen actores privados que deciden limitar aún más este derecho”, expresó Rodríguez.
Según el investigador, la inclusión financiera que promueve el Distrito es fundamental para el proceso de integración, pero tiene que ir “mucho más allá de abrir cuentas de ahorro o dar acceso a un crédito. Hay que tener toda una dinámica para que esos servicios financieros apalanquen el desarrollo de la población venezolana”, explicó. Porque las instituciones financieras han generado “barreras artificiales”, particularmente al crédito, “lo que limita el desarrollo socioeconómico de esta población”, agregó Rodríguez.
El investigador explica que hay una clara relación entre el desarrollo económico de los migrantes venezolanos y las consecuencias positivas para el desarrollo de la ciudad a mediano y largo plazo, pero la discriminación hacia el migrante impide ver esos resultados.
De acuerdo con el Proyecto Migración Venezuela, el 62,6 % de los colombianos no está de acuerdo con que el Gobierno acoja a los inmigrantes, y el 68,9 % prefiere que los pasos fronterizos permanezcan cerrados para evitar la entrada de venezolanos. La percepción negativa se debe, en su mayoría, al supuesto aumento de la criminalidad que causa esta población.
Según Mercedes Ortiz, la xenofobia y aporofobia que hay en Colombia hacia los migrantes es una de las causas para que los estos no puedan integrarse como ellos quisieran y la ciudad necesita. Un ejemplo preciso, desde su experiencia, se refleja en el sistema de bancarización.
En el banco Bancamía, que hace parte de la fundación Microfinanzas BBVA, desde 2020 existe una iniciativa público-privada llamada Empropaz (Emprendimientos Productivos para la Paz), apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que promueve las finanzas productivas a microempresarios rurales y urbanos, incluidos migrantes venezolanos con estatus regular.
Tras varios cursos de educación financiera y luego de unas pruebas para comprobar que tengan espíritu emprendedor e intención de diseñar su vida en el país, se dice que los migrantes con un documento aprobado por las autoridades colombianas (cédula de extranjería, PPT o pasaporte) podrán acceder a “un modelo de inclusión financiera diferencial” que, además de ofrecer microcréditos, productos de ahorros e inversión, y seguros, tengan acompañamiento empresarial y psicosocial gratuito.
Según Miguel Achury, gerente general de Empropaz, el sistema productivo de las microempresas en Colombia se fortalece con la llegada de los migrantes venezolanos. Pero para ver el efecto positivo, “el mayor reto es el arraigo. Muchos no llegan hasta el final del programa ante la urgencia de generar ingresos. Lo que no ven es que esa formación de tres a cinco meses tiene resultados alentadores”, indicó.
Un 45 % de ellos entran al programa en condición de pobreza extrema y al terminar cerca del 22 % logra superar esa zona y permanecer fuera de ella. También, sus ventas crecen cerca del 113 %, las utilidades superan el 140 % y la capitalización en activos productivos excede el 200 %. No solo se trata de salir de la pobreza, sino de desarrollar una “mentalidad empresarial, entendiendo que el dinero no es para gastarlo todo, sino para reinvertir en su negocio y seguir creciendo”, concluyó Achury.
El vacío de discrecionalidad
Sin embargo, Ortiz afirma que no solo esta, sino la mayoría iniciativas públicas y privadas tienen un vacío de “discrecionalidad”. Esto implica que, entre los márgenes legales, una entidad puede optar por decisiones o soluciones distintas a las establecidas, siempre y cuando sea para satisfacer el interés público. Por ello, aun cuando haya un marco común, entidades como los bancos pueden decidir quién accede o no.
Por experiencia, Ortiz comentó que, incluso teniendo el PPT, el banco los rechaza y, en cambio, les exige el pasaporte. Como muchos no pueden presentarlo porque Venezuela no se los facilitó cuando salieron del país o no se pudieron acoger al Estatuto Temporal de Protección, automáticamente son descalificados y pierden la oportunidad.
Según Achury, hasta 2022 sí exigían el pasaporte como una “medida contingente”, pero en la actualidad teniendo un marco migratorio más claro, basta con el PPT. Aun así “somos muy rigurosos” y, aunque implique rechazar al 95 %, es preferible que aquellos que apliquen sean los que le van a sacar provecho al programa. También existe el riesgo para el banco de que aquellos que pidan un crédito no lo paguen.
Irma, migrante venezolana que llegó en 2017 a Bogotá buscando mejores oportunidades para su hija de un año, fue beneficiaria de Empropaz. Decidió emprender en la repostería, aplicó en 2022 al primer programa del banco, de los cuatro en los que ha participado, y dice que “es lo mejor que le ha pasado para su negocio”. Recibió educación empresarial y financiera, apoyo psicosocial y abrió una cuenta de ahorro programado para demostrar que podía pagar el crédito que pidió. Le tomó un año acceder al préstamo.
El encuentro entre dos mundos
Durante los procesos consultivos para la creación de esta política, una de las tres fallas que encontró el Distrito reside en una falta de saberes básicos sobre el marco de protección y regularización de la población migrante por parte de funcionarios, colaboradores, organizaciones comunitarias, medios de comunicación, periodistas, formadores de opinión y de la ciudadanía, lo que profundiza la brecha entre “ellos” y “nosotros”.
Por ejemplo, “consideraciones tales como si la cédula de extranjería, determinado visado o el PPT son documentos válidos de identidad no presentan un referente común entre diversos actores”, detectó la Alcaldía. Esto “se debe al desconocimiento, pero, también, a la inobservancia de algunos de actores y sectores del Distrito”, agregó.
A partir del examen, “se hace necesario trabajar en estrategias de sensibilización que visualicen las capacidades de la población migrante y cómo las inversiones en oportunidades para su desarrollo humano tienen un alto retorno en términos del desarrollo de la ciudad” (sic), ultimó la Alcaldía.
Según la entidad, así es como el “encuentro entre dos mundos, bogotanos y nuevos bogotanos” será beneficioso.
En 2024 empezó la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Este diario consultó a la Secretaría de Hábitat cómo se estaba implementando la política pública y si había cambios, sin embargo, al cierre de esta edición no había recibido respuesta.
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Desde 2018 Bogotá ha intentado desarrollar una política pública migratoria integral para los venezolanos que llegaron a la ciudad, que hoy son 615.000. Con el ensayo y error, la capital colombiana se ha convertido en un referente nacional y regional para la atención de esta población; sin embargo, migrantes que han seguido los procesos diseñados por el Distrito tienen reparos.
Mercedes Ortiz es una de esas voces. Lideresa y fundadora de la organización de base comunitaria Asoveneinra (Asociación Venezolana para la Integración de Nuestras Raíces), se dice incrédula de la última Política Pública para la Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos. “Lamentablemente la política se ve muy buena, o sea aparentemente hay inclusión e integración, pero de la norma a la realidad es totalmente distinto”, afirmó Ortiz.
De ciudad de la furia a ciudad soñada
Bogotá se ha convertido en un destino atractivo para extranjeros del mundo. En 2023, según el estudio de la firma Mercer, la ciudad fue catalogada como uno de los lugares con mejor calidad y costo de vida en Latinoamérica. En la investigación se analizaron factores como alojamiento, transporte, alimentos, ropa, artículos domésticos y entretenimiento.
Quizá para los nómadas digitales, la capital resalta por sus bajos costos y se ajusta a su presupuesto; sin embargo, cuando se piensa en foráneos hay que incluir a los “nuevos bogotanos”, nombre que les dio el Distrito a los migrantes venezolanos en su nueva política pública migratoria.
El salario mínimo aprobado en Colombia es de $1′300.000 (unos US$311,14). Imagine que usted es un joven venezolano de 25 años, sin título profesional, soltero y cuenta con el Permiso Temporal de Protección (PPT), documento que regula el estatus migratorio de la mayoría de los migrantes venezolanos en Colombia, por lo que trabaja de manera legal y gana el salario mínimo. Entre la canasta básica familiar promedio para este año, transporte público por seis días a la semana, arriendo mensual de una habitación amoblada en un sector como Fontibón y un plan de telefonía móvil sencillo, gastaría mensualmente $895.966 (US$214,44). Ahora visualice que es una madre cabeza de hogar, con dos hijos y cuenta con el PPT. Probablemente, los gastos de la tabla anterior se duplicarían, pero usted seguiría ganando lo mismo: el salario mínimo. Agréguese una variable más: no tiene el PPT. Lo más probable es que reciba menos del salario mínimo, no tenga prestaciones sociales y no pueda acceder a las ofertas del Distrito en salud, educación, empleo o vivienda. Bajo estas condiciones, ¿sería Bogotá una ciudad atractiva?
Una alcaldesa preocupada justo al finalizar su mandato
En diciembre de 2023, cuando Claudia López estaba a punto de finalizar su alcaldía, se decretó la Política Pública para la Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos. Una hoja de ruta que, según el Distrito, define la orientación de los procesos migratorios de la ciudad en temas de educación, salud, justicia y vivienda.
Respecto al acceso a vivienda, una de las mayores preocupaciones de los migrantes, a través del programa “Educación e Inclusión Financiera”, dirigido por la Secretaría de Hábitat de Bogotá, el Distrito promete que los “nuevos bogotanos” en condición de vulnerabilidad podrán tener acceso a una solución de vivienda nueva.
La estrategia es la siguiente: con herramientas de planificación y administración financiera, se confía en que el migrante maneje responsablemente las finanzas de su hogar para que con el tiempo tenga la robustez económica de pagar un crédito de finca raíz. Una estrategia pensada para los migrantes venezolanos con vocación de permanencia que, según cifras de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, es el 88,3 % del total de la población migrante en la capital colombiana.
Según el documento diagnóstico de la política pública, es quizá la falta de ingresos, el no tener un historial bancario y crediticio apropiado o los altos costos de la ciudad, “sumado a su condición concreta de migrantes, lo que genera desconfianza o discriminación (...), y a las barreras para acceder a los programas sociales de vivienda, sobre todo cuando se encuentran de manera irregular en el país”, expresó la Alcaldía de Bogotá en su valoración. Por ello, la propuesta es la educación.
Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, concuerda con que el acceso a vivienda es uno de los retos más grandes para los migrantes de la ciudad. “Lamentablemente, en esto (vivienda) tienen bastantes barreras, sobre todo por actuaciones que tienen actores privados que deciden limitar aún más este derecho”, expresó Rodríguez.
Según el investigador, la inclusión financiera que promueve el Distrito es fundamental para el proceso de integración, pero tiene que ir “mucho más allá de abrir cuentas de ahorro o dar acceso a un crédito. Hay que tener toda una dinámica para que esos servicios financieros apalanquen el desarrollo de la población venezolana”, explicó. Porque las instituciones financieras han generado “barreras artificiales”, particularmente al crédito, “lo que limita el desarrollo socioeconómico de esta población”, agregó Rodríguez.
El investigador explica que hay una clara relación entre el desarrollo económico de los migrantes venezolanos y las consecuencias positivas para el desarrollo de la ciudad a mediano y largo plazo, pero la discriminación hacia el migrante impide ver esos resultados.
De acuerdo con el Proyecto Migración Venezuela, el 62,6 % de los colombianos no está de acuerdo con que el Gobierno acoja a los inmigrantes, y el 68,9 % prefiere que los pasos fronterizos permanezcan cerrados para evitar la entrada de venezolanos. La percepción negativa se debe, en su mayoría, al supuesto aumento de la criminalidad que causa esta población.
Según Mercedes Ortiz, la xenofobia y aporofobia que hay en Colombia hacia los migrantes es una de las causas para que los estos no puedan integrarse como ellos quisieran y la ciudad necesita. Un ejemplo preciso, desde su experiencia, se refleja en el sistema de bancarización.
En el banco Bancamía, que hace parte de la fundación Microfinanzas BBVA, desde 2020 existe una iniciativa público-privada llamada Empropaz (Emprendimientos Productivos para la Paz), apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que promueve las finanzas productivas a microempresarios rurales y urbanos, incluidos migrantes venezolanos con estatus regular.
Tras varios cursos de educación financiera y luego de unas pruebas para comprobar que tengan espíritu emprendedor e intención de diseñar su vida en el país, se dice que los migrantes con un documento aprobado por las autoridades colombianas (cédula de extranjería, PPT o pasaporte) podrán acceder a “un modelo de inclusión financiera diferencial” que, además de ofrecer microcréditos, productos de ahorros e inversión, y seguros, tengan acompañamiento empresarial y psicosocial gratuito.
Según Miguel Achury, gerente general de Empropaz, el sistema productivo de las microempresas en Colombia se fortalece con la llegada de los migrantes venezolanos. Pero para ver el efecto positivo, “el mayor reto es el arraigo. Muchos no llegan hasta el final del programa ante la urgencia de generar ingresos. Lo que no ven es que esa formación de tres a cinco meses tiene resultados alentadores”, indicó.
Un 45 % de ellos entran al programa en condición de pobreza extrema y al terminar cerca del 22 % logra superar esa zona y permanecer fuera de ella. También, sus ventas crecen cerca del 113 %, las utilidades superan el 140 % y la capitalización en activos productivos excede el 200 %. No solo se trata de salir de la pobreza, sino de desarrollar una “mentalidad empresarial, entendiendo que el dinero no es para gastarlo todo, sino para reinvertir en su negocio y seguir creciendo”, concluyó Achury.
El vacío de discrecionalidad
Sin embargo, Ortiz afirma que no solo esta, sino la mayoría iniciativas públicas y privadas tienen un vacío de “discrecionalidad”. Esto implica que, entre los márgenes legales, una entidad puede optar por decisiones o soluciones distintas a las establecidas, siempre y cuando sea para satisfacer el interés público. Por ello, aun cuando haya un marco común, entidades como los bancos pueden decidir quién accede o no.
Por experiencia, Ortiz comentó que, incluso teniendo el PPT, el banco los rechaza y, en cambio, les exige el pasaporte. Como muchos no pueden presentarlo porque Venezuela no se los facilitó cuando salieron del país o no se pudieron acoger al Estatuto Temporal de Protección, automáticamente son descalificados y pierden la oportunidad.
Según Achury, hasta 2022 sí exigían el pasaporte como una “medida contingente”, pero en la actualidad teniendo un marco migratorio más claro, basta con el PPT. Aun así “somos muy rigurosos” y, aunque implique rechazar al 95 %, es preferible que aquellos que apliquen sean los que le van a sacar provecho al programa. También existe el riesgo para el banco de que aquellos que pidan un crédito no lo paguen.
Irma, migrante venezolana que llegó en 2017 a Bogotá buscando mejores oportunidades para su hija de un año, fue beneficiaria de Empropaz. Decidió emprender en la repostería, aplicó en 2022 al primer programa del banco, de los cuatro en los que ha participado, y dice que “es lo mejor que le ha pasado para su negocio”. Recibió educación empresarial y financiera, apoyo psicosocial y abrió una cuenta de ahorro programado para demostrar que podía pagar el crédito que pidió. Le tomó un año acceder al préstamo.
El encuentro entre dos mundos
Durante los procesos consultivos para la creación de esta política, una de las tres fallas que encontró el Distrito reside en una falta de saberes básicos sobre el marco de protección y regularización de la población migrante por parte de funcionarios, colaboradores, organizaciones comunitarias, medios de comunicación, periodistas, formadores de opinión y de la ciudadanía, lo que profundiza la brecha entre “ellos” y “nosotros”.
Por ejemplo, “consideraciones tales como si la cédula de extranjería, determinado visado o el PPT son documentos válidos de identidad no presentan un referente común entre diversos actores”, detectó la Alcaldía. Esto “se debe al desconocimiento, pero, también, a la inobservancia de algunos de actores y sectores del Distrito”, agregó.
A partir del examen, “se hace necesario trabajar en estrategias de sensibilización que visualicen las capacidades de la población migrante y cómo las inversiones en oportunidades para su desarrollo humano tienen un alto retorno en términos del desarrollo de la ciudad” (sic), ultimó la Alcaldía.
Según la entidad, así es como el “encuentro entre dos mundos, bogotanos y nuevos bogotanos” será beneficioso.
En 2024 empezó la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Este diario consultó a la Secretaría de Hábitat cómo se estaba implementando la política pública y si había cambios, sin embargo, al cierre de esta edición no había recibido respuesta.
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