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En los últimos años, la ruta migratoria por San Andrés se ha promocionado erróneamente como una opción “VIP” para las personas que aspiran a llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, es un nombre que esconde una realidad muy distinta: peligros para la vida, además de impactos en el ambiente y las comunidades receptoras por cuenta de las redes criminales que controlan el negocio y la institucionalidad que, con lo que tiene, trata de ejercer autoridad en el territorio.
Es una realidad compleja que explora el informe “Las olas como frontera: la migración marítima irregular en el Caribe suroccidental 2024″, publicado en un esfuerzo conjunto entre la iniciativa por la conservación ambiental y cultural del Caribe suroccidental Saltwatta Roots, la corporación Vivamos Humanos (fundada por el expresidente Ernesto Samper) y la Fundación Franz Weber.
En diálogo con El Espectador, los autores, Mateo Córdoba, Susana Espinosa y Sara Mendoza, hablaron sobre los hallazgos, las preocupaciones y las recomendaciones en torno al impacto ambiental, social y cultural del fenómeno migratorio y el contexto en el que sucede. El punto de partida es no estigmatizar, fortalecer las capacidades locales y nacionales, así como mejorar la coordinación interinstitucional, incluyendo a otros países que tienen que ver con la problemática, dando siempre voz a las comunidades locales.
Ustedes señalan que esta ruta está teniendo un impacto en los ecosistemas, en el ambiente, pero también se hace mucho énfasis en que no se debe estigmatizar a la población migrante. ¿Cuál es el impacto y en quiénes recaen las responsabilidades (las redes criminales, la falta de respuesta institucional, etc.)?
Mateo Córdoba: El tránsito de migrantes retroalimenta unos fenómenos previos y unas amenazas a nivel ambiental que tiene el archipiélago desde hace muchos años. Por ejemplo, el fenómeno de sobrepoblación que se ha denunciado históricamente y que ha incidido en que haya asentamientos irregulares en algunas zonas de fragilidad ambiental, como cerca del manglar Old Point.
Un informe de la Procuraduría, por ejemplo, sacó una alerta sobre la contaminación en los cayos del sur del archipiélago por cuenta de la migración. Y lo que hemos visto es que históricamente se ha buscado un chivo expiatorio para explicar la contaminación en San Andrés y los cayos. Antes eran los pescadores artesanales, y los informes decían que eran los pescadores que pernoctaban en los cayos y dejaban un montón de basura. Ahora son los migrantes.
No hay que negar que evidentemente ese tránsito puede generar algunas cargas ambientales, pero lo fundamental es entender que la gran carga ambiental en el archipiélago de San Andrés tiene que ver con sobrepoblación histórica, incluso por políticas oficiales desde el Estado colombiano; por el turismo masivo, porque en una isla de 27 kilómetros cuadrados que recibe al año más de 1,5 millones de turistas, evidentemente hay un problema muy serio con el manejo de los residuos. Tercero, las economías depredadoras: además del turismo, está la pesca industrial, que en esta parte del Caribe sigue generando no solo un problema de residuos, sino un problema de depredación de especies, irrespeto de las vedas, violación a los derechos humanos… El argumento que tenemos es: podemos entender los efectos ambientales de la existencia de esta ruta, pero no desconectados de los otros tres elementos que acabo de mencionar.
¿Por qué es importante hablar del medioambiente en el marco de un fenómeno migratorio?
Susana Espinosa: Hablar del medioambiente en esta cuestión migratoria es muy importante sobre todo en el archipiélago, porque estamos hablando de un territorio étnico raizal y la cultura raizal es absolutamente arraigada al ecosistema insular y su cultura marítima. Era evidente que las afectaciones a su cultura también están relacionadas con las afectaciones que sucedan en el medioambiente.
MC: San Andrés y Providencia tienen el tercer sistema de coral más grande del mundo y tiene una fragilidad ecosistémica muy alta, entonces cualquier traumatismo asociado al uso del mar tiene que ser considerado en términos ambientales. Es clave ponerlo en una lectura ambiental porque sin duda alguna los colapsos ecosistémicos que han venido sucediendo en el Caribe en general, huracanes, calentamiento del océano, blanqueamiento de corales, la invasión del pez león, entre otras, nos obligan siempre a hablar desde la perspectiva ambiental y particularmente en este tema migratorio entendiendo que, por ejemplo, las condiciones meteomarinas a través de las que migran las personas muchas veces tienen que ver con esto, con la posibilidad de estrellarse con una barrera de coral; la posibilidad de naufragar porque las condiciones meteomarinas de junio a noviembre son más complicadas; las posibilidades de que muchas veces sea no la Armada sino una guardia de coralina la que termina enfrentándose con un tránsito de migrantes… entonces la gobernanza ambiental es el tema que lo engloba casi todo en el archipiélago de San Andrés.
¿Cuál es la recomendación a los medios para comunicar estos temas, no incentivar ni romantizar el tránsito por rutas inseguras?
MC: El fundamental es que no hay ninguna ruta de migración irregular que sea “VIP” por los riesgos asociados a su carácter irregular. Lo segundo es que, después de tantos años, todavía vemos el uso del término “migrantes ilegales”, que hace parte de las formas de estigmatización. Por otro lado, creo que cuando uno vende unas facilidades logísticas y de seguridad en una ruta en contraste con otra como, en este caso el Darién, creo que hay que ser muy cuidadosos, no solo de tener información verídica. Muy pocas veces en los medios de comunicación hemos visto que se registren los naufragios como una forma de desmentir ese bautizo de la ruta “VIP”.
Entender que la prioridad es un manejo con enfoque de derechos humanos, pero también poner el foco en los impactos para la población receptora, porque estamos teniendo un problema muy serio en San Andrés: el crecimiento de un discurso xenófobo. Creo que ahí los medios de comunicación pueden jugar un papel, en la forma en que se registra. Por ejemplo, hace unos ocho meses hubo un rumor de que se iba a abrir un ruta aérea Caracas-San Andrés; primero fue desmentida, nunca estuvo en planes, pero varios medios lo recogieron de una forma literalmente vinculada con la posibilidad de que vengan más venezolanos.
Es un tema de lenguaje también cuando hay romantización. En esta ruta no se ve tanto, pero muchas veces el cubrimiento de la ruta del Darién se enfoca en las vicisitudes o las historias personales de los que lograron cruzarlo. Es importante darles voz a los migrantes, pero con el cuidado del impacto que puede tener en la demanda de otra ruta.
Si no hay coordinación institucional y ni siquiera hay datos certeros, ¿por dónde empezar a buscar esa coordinación institucional?
MC: La coordinación interinstitucional es un caos en el archipiélago. Tenemos a Migración Colombia, que solo puede estar en el aeropuerto 12 horas; por otro lado, tenemos a la OCCRE, que algunos de cuyos trabajadores han estado asociados al tráfico de migrantes; por otro lado está la Armada, que tiene una capacidad muy reducida. Además, el año pasado, se reportó un operativo nacional contra una banda que se llamaba La Agencia y ahí hubo cinco detenidos de la Armada, entonces evidentemente hay un problema de corrupción. Pero, además, la Gobernación de San Andrés no tiene las herramientas para atender desde un enfoque de derechos este tema.
La recomendación es que se busque a las agencias internacionales que manejan estos asuntos, como ACNUR o Cruz Roja, muy dispuestas a capacitar al archipiélago en este tipo de temas. Por otro lado, sigue reinando la visión securitista y militarista en la ruta.
Sara Mendoza: En una mesa técnica en la que estuve, el tema era, por ejemplo, cómo hacemos para que haya más detenciones en tierra y no en el mar, o cómo hacer que los radares funcionen mejor, pero poco había de cómo podemos articularnos de una manera más integral, pero que además responda a esto con un enfoque de derechos humanos. Otra cosa que nos preocupa es que realmente no hay forma de saber cuántas personas están logrando llegar a Nicaragua, lo único que sabemos es por las detenciones, por los naufragios, por los rescates, pero las cifras en general se están quedando cortas. Hay una serie de fallas que no permiten tener una información completa y que seguramente hacen que actuar frente a este fenómeno se vuelva aún más complicado.
¿Colombia está en capacidad de tener respuestas diferenciales al fenómeno migratorio según la coyuntura, como ustedes lo recomiendan?
MC: Colombia ha demostrado no estar en capacidad. Es muy importante que las experiencias probadas a nivel internacional por parte de algunas agencias internacionales puedan ser la base de una hoja de ruta. Una estrategia fija asociada a la migración irregular en zonas de frontera no funciona. Creemos que deben ser considerados elementos de coyuntura, características específicas culturales y ambientales de cada zona de frontera de la que estamos hablando; la depuración institucional que ha demostrado ser una necesidad; y la cooperación con mecanismos internacionales, sobre todo en un tema de derechos, porque también puede estar la tentación institucional de creer que una respuesta efectiva es el cierre del paso, un poco la actitud que tiene ahora el Gobierno de Panamá.
Colombia tiene que seguir construyendo sus capacidades, eso pasa por tener funcionarios con experiencia en cargos como Migración Colombia y sus regionales y ajustarse a la coyuntura. Por ejemplo, el primer pico que identificamos de San Andrés como zona de tránsito de migración irregular fue en 2011, y coincidió con el cierre de fronteras entre Costa Rica y Nicaragua, la ruta que estaban usando los cubanos en ese momento hacia Norteamérica; entonces son coyunturas que pueden afectar un territorio tan pequeño como San Andrés y ahí las estrategias fijas no van a funcionar, deben ser flexibles y acompañadas con cooperación internacional y ojalá con una perspectiva no securitista, para no afectar otros elementos como la cultura marítima.
¿Cómo se vería una respuesta integral y sostenible a este problema?
MC: Lo primero sería la flexibilización de la visión que ha tenido históricamente el Estado colombiano con San Andrés Providencia. En Cancillería siempre fue muy fuerte la perspectiva de la soberanía, que es como el metalenguaje de los Estados, pero cada que uno mencionaba San Andrés o Seaflower o raizales en Cancillería la respuesta era: ahí hay un problema de soberanía y no lo vamos a manejar de ninguna otra manera, a tal punto que por ejemplo Ministerio de Ambiente estuvo vedado mucho tiempo para hablar de temas asociados a una gobernanza transfronteriza del Seaflower. La respuesta de Cancillería siempre fue primero resolvamos el tema de la soberanía y luego hablamos del resto de temas. La soberanía es prioridad del Estado colombiano, pero [que sea un asunto pendiente] no puede ser la excusa para dejar de hablar de otros temas.
Segundo, a nivel departamental, formarse, crear capacidades institucionales para atender esto con enfoque de derechos, porque sabemos que la Gobernación no está preparada para eso, no tiene los profesionales para eso, no tiene las instancias, la hoja de ruta. Pero es importante también una política pública en San Andrés que atienda el problema serio de estigmatización de los migrantes. En San Andrés ya hemos visto un discurso mayoritario en términos xenofóbicos con los venezolanos, que es la nacionalidad más reportada en esta ruta. Hay una deshumanización; por ejemplo, el término de “vacas” es el apodo que se les pone a los migrantes, y eso se atiende con política pública, con educación. A veces la Gobernación y los gobiernos tienen la tentación de decir que eso es culpa de los medios de comunicación, pero sí les corresponde atender desde un enfoque educativo.
El tercer elemento es que Colombia no puede manejar esto sola, y eso no solo involucra a las agencias internacionales, sino a otros países, y eso implica que muy a regañadientes tendrán que entenderse con todos los gobiernos vecinos. San Andrés es el departamento que más países conecta a Colombia, son siete, y eso implica que haya una relación mínima, unos canales diplomáticos mínimos. En este momento la conversación Colombia-Nicaragua, aunque la relación diplomática está, fluye más desde Bogotá-Managua, ahí es fundamental también entender el carácter y a urgencia de la coordinación subnacional en este problema. Además, con los demás países, porque hay naufragios que terminan en Costa Rica o en Panamá; Panamá no solo tiene la frontera con Darién, sino alrededor del archipiélago con Colombia. Honduras tiene algún papel que jugar. Creo que en últimas se trata de involucrar a los países en un corredor migratorio, entendiendo que ningún país puede manejarlo solo, e institucionalizar ese diálogo.
¿Qué acciones diferenciales habría que tomar para enfrentar las afectaciones sociales y culturales del fenómeno migratorio?
MC: Frente a la instrumentalización que están haciendo las estructuras criminales del conocimiento raizal es muy difícil que el Estado responda, pero esa instrumentalización se da por elementos como la falta de empleo en San Andrés o la deserción escolar.
En San Andrés en los últimos años ha habido un crecimiento de acciones violentas, conflictos entre pandillas, estructuras armadas, y ahí la gran pregunta a la institucionalidad colombiana es cómo es posible que en una isla 27 kilómetros cuadrados completamente militarizada exista este nivel de vacíos. Hay que replantear también si el modelo de militarización que se ha llevado a las islas funciona. La falta de oportunidades también tiene que ver con las dimensiones económicas y sociales de una isla que depende del turismo, pero ¿qué pasa cuando ese turismo no está? Fue lo que vimos en la pandemia. Es necesario repensar el modelo económico de San Andrés y su dependencia frente al modelo turístico masivo, porque eso implica que no todos los raizales se pueden involucrar, y esa vulnerabilidad económica puede ser aprovechada por criminales.
En 2003 las posadas nativas se presentaron como una forma de incluir a los raizales en la oferta turística que estaba concentrada en los hoteles. Como ahora algunas estructuras armadas están usando estas posadas nativas para hospedar migrantes mientras logran desviarlos hacia Nicaragua también hay ataques en torno al modelo de posadas nativas. Una respuesta institucional no puede ser la estigmatización, sino todo lo contrario: el fortalecimiento del modelo de posadas nativas para que eventualmente no haya presiones económicas por falta de demanda de las posadas. Si no hay demanda por las posadas porque todos los turistas se quedan en hoteles, es más fácil que llegue una banda criminal a instrumentalizar una posada. Entonces creo que ahí hay la institucionalidad tiene que seguir creando un marco redistributivo de la oferta y la demanda turística en San Andrés para que ningún eslabón de la cadena tenga que verse obligado en algún momento a participar de este negocio.
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