Migración venezolana en Colombia aporta US$500 millones en impuestos

¿Cuáles son los hallazgos más impactantes que quedan después de esta investigación?

Más que impactante, es muy interesante poder tener esta cifra exacta de cuánto es el valor del recaudo, pero además sacar el saldo. Estamos hablando de más de US$500 millones que se están recibiendo por tributación asociada al pago de impuestos, tanto directos como indirectos, de la población migrante. Pero, además, es de gran valor agregado que hayamos podido hacer la cuenta de cuánto le está costando al país hacer una gestión migratoria y darnos cuenta de que el saldo es positivo, que no estamos gastando más de lo que estamos recibiendo por la tributación, pero, si a eso le sumamos el recurso que estamos recibiendo de la cooperación internacional para la gestión migratoria, estamos casi duplicando esa cifra. Es un hallazgo muy importante que además nos demuestra algo que siempre hemos sabido, pero que hoy podemos argumentar con cifras: que la migración es una apuesta que solamente trae desarrollo al país.

¿Cuál es la recomendación primordial para llamar la atención de los tomadores de decisiones en esta materia?

La dividiría en dos. Una sería para los tomadores de decisiones y la segunda para el sector privado. En cuanto a los tomadores de decisiones, sí o sí, el eje central es que hay que continuar con las apuestas de regularización. Colombia tiene 500.000 migrantes de origen venezolano en su territorio que no tienen claro cuál va a ser su plan de regularización. Son personas que se quedaron por fuera del ETPV [Estatuto Temporal de Protección], por distintas circunstancias, pero adicionalmente no tenemos ningún indicio con evidencia que nos diga claramente que la migración va a detenerse y que vamos a dejar de recibir personas. Si bien se está hablando de que viene un proceso de regularización, todavía no tenemos certezas de cómo va a ser, y el que los migrantes puedan pagar renta, hacer aportes de salud, hacer aportes a pensión, depende en gran medida de que tengan un piso mínimo legal para poder hacerlo, y eso es la regularización migratoria. Entonces las apuestas a largo plazo de regularidad migratoria son, sin duda, lo que potencializa el retorno de la inversión.

Lo segundo es que sí identificamos que en tanto haya una apuesta también del sector privado por incluir a estas personas, por comprar emprendimiento migrante, por contratar personas migrantes en condiciones regulares, dignas y de trabajo decente, esto genera un desarrollo de la competitividad muy importante, tanto para el país como para sus propias empresas. Encontramos que la transferencia de conocimiento que hay en las compañías que generan activamente plazas o estrategias de contratación de personas migrantes es muy importante para su productividad.

¿Han podido analizar o personalmente tiene una opinión sobre incluir en estos esfuerzos de regularización a personas de otras nacionalidades?, que es lo que hemos estado escuchando por parte del Gobierno teniendo en cuenta la diversidad del fenómeno migratorio que se está viendo sobre todo en el Darién.

Se habla mucho de “desvenezolanizar” la migración y creo que esto es un error en lo teórico y en lo práctico. Dicha percepción viene de que Colombia no tiene un historial de gestión migratoria y se puede pensar que desvenezolanizar el Estatuto Temporal de Protección, por ejemplo, es la respuesta a situaciones de migración complejas que estamos tratando de manejar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que Colombia tiene que avanzar no solamente por el desarrollo económico del país, sino también en buscar mecanismos que permitan que las personas que están en tránsito por el país, que son personas de 14 nacionalidades distintas, puedan tener una ruta o vía de tránsito segura que sí pasa por estrategias de regularización. En el pasado, por ejemplo, existió la tarjeta de movilidad fronteriza. Podrían existir ese tipo de modelos.

Hoy hay algunos modelos de tránsito que permiten que la gente efectivamente esté en territorio nacional por 10 días. Sin embargo, esto no necesariamente lo conoce todo el mundo y no es algo que esté “terminado de inventar”. Colombia requiere de más modelos, pero considero que el Estatuto Temporal de Protección es algo que debería continuar siendo para la población venezolana, debe existir y debemos obligarnos como país a generar otro tipo de modelos para incluir y gestionar la migración que tenemos en tránsito y también de población de permanencia de otras nacionalidades.

¿Cómo comunicar los hallazgos del estudio de manera que ayude a derribar estereotipos y que se comprenda mejor el fenómeno? ¿Y por qué es importante hacerlo?

En Equilibrium estamos convencidos de que los datos y la información son la forma correcta o el piso mínimo para tomar decisiones, pero también para comunicarles a las personas cómo vamos, para derribar este tipo de narrativas xenófobas.

Vemos que esas narrativas encuentran su asidero en información anecdótica: “Yo conocí a una señora o a un señor al que le pasó esta cosa asociada a un migrante…”, o por noticias. Hemos podido levantar en otros estudios que la información negativa se replica el doble que la información positiva. Entonces, cuando tienes información positiva, tienes que manejarla de una manera lo suficientemente contundente para que se replique con la misma potencia, pero, además, que controvierta directamente algunas de las informaciones más negativas que hay.

En este caso, por ejemplo, sentimos que estamos aportando directamente con datos a combatir narrativas como que las personas venezolanas nos están quitando el trabajo. Encontramos en las cifras que no, que ellos de hecho están generando mayoritariamente su propio trabajo. O que la plata de los subsidios se está yendo en personas migrantes: encontramos que no, primero que todo porque entran muy poco en los criterios de focalización de programas de protección social. Y lo segundo es que no, que la plata que se está entregando en atención es menos que la que está recibiendo el país, es decir, no gastamos más de lo que recibimos [por concepto de la migración].

Creo que es un reto de cara a la opinión pública, ahora que el estudio está afuera, cómo vamos a entregarlo en cápsulas o de manera desmenuzada y que ayude a generar un debate en la opinión pública. También es un insumo para dejar de trabajar narrativas contra la xenofobia en torno a banalidades; siento que ya es hora de que superemos el hablar, por ejemplo, de la oferta gastronómica, y nos centremos en temas mucho más coyunturales que nos ayuden a atacar los miedos que tiene la gente que, al final, es de donde viene la xenofobia.

¿Cómo ve las condiciones, tanto en el sector público como en el sector privado, para acoger las recomendaciones que da este estudio?

Estamos muy ilusionados en la respuesta que ha tenido el estudio, tanto desde el sector público como del sector privado. Nos han convocado para tener reuniones o llamadas bilaterales para conversar sobre cómo acoger las recomendaciones o sobre cómo, por ejemplo, levantar un poco más de información a escala territorial con el fin de tomar decisiones con evidencia, que es lo que nosotros buscamos: que se utilice la información.

Entonces, en principio sí, hay un muy buen ambiente. Algo que vemos en toda la región, no solamente en Colombia, es que para el sector privado sumarse a este tipo de iniciativas requiere de certeza. En ese orden de ideas, las decisiones que toma el Gobierno nacional son muy importantes a la hora de poder mostrarle al sector privado que las apuestas por la regularización son de largo plazo; eso a ellos les da la certeza de que trabajar en esto no les va a tomar el mismo tiempo de vigencia que tiene el documento que se entregue a los migrantes, por ejemplo. Es importante que sepan que es una apuesta que va a durar.

En una entrevista que tuvimos hace unos días con Juanita Goebertus sobre el estudio que presentó Human Rights Watch sobre la situación en el Darién, ella mencionaba que ya es hora de que los gobiernos, en particular de Colombia y de Panamá, dejen de depender de los recursos de cooperación para la gestión migratoria. Sin embargo, en el estudio de ustedes se resalta mucho esa cifra del aporte por el lado de la cooperación. ¿Son mensajes contradictorios?

La diáspora venezolana es una de las más grandes del mundo, pero también es una de las más desfinanciadas. Por ejemplo, cuando empezó la guerra en Ucrania, mucho dinero de los donantes que estaba en Colombia se fue para Ucrania. Eso realmente golpeó la forma como se estaba gestionando acá la migración, especialmente la asistencia humanitaria.

Un ejemplo muy puntual: el transporte humanitario casi se acabó cuando empezó la guerra en Ucrania. Lo menciono no como dato curioso, sino porque la respuesta y el aporte de la cooperación internacional ha sido muy importante. El discurso oficial de las agencias de cooperación internacional es que ellos son complementarios y efectivamente lo son; al final, el dinero que sale, por ejemplo, para que los niños y las niñas estudien en los colegios de Colombia viene del Estado colombiano, lo mismo la plata para la atención en salud. Sin embargo, hay unas cosas que son más microfocalizadas en el día a día donde sí viene bien una ayuda de la cooperación internacional.

Lo que dice Juanita Goebertus y que señalan también en el informe, que es muy importante, sobre todo en el lado colombiano del Darién, es que hay muchas cosas en las que Colombia sí podría estar dando una milla extra, pero se está refugiando en la cooperación internacional. Específicamente en el tránsito que va para Necoclí, hoy lo que estamos identificando es que la respuesta y el conteo de migrantes lo está haciendo cooperación internacional, y no hay una persona de Migración Colombia en Necoclí que te sepa decir cuántos niños o niñas están saliendo y se están embarcando para Panamá; se está dejando en manos de la cooperación, y eso es una falencia. Pero no estamos todavía en el momento de “soltar”, creo que estamos ante un panorama en el que vale la pena que nos sentemos y pensemos qué de lo que viene de la cooperación se queda en la cooperación y qué de eso va a entrar a operar el Estado.

Creo que también tiene mucho que ver cómo está pensada la institucionalidad de la gestión migratoria. Hoy, en la gran mayoría de las capitales del país, hay asesores de despacho para la gestión migratoria y eso es algo que vino como ejemplo de lo que hubo en su momento en Presidencia como la Gerencia de Fronteras, y eso fue un caso regional de éxito: el hecho de que directamente en los despachos de los mandatarios haya una figura de asesor. Pero esas figuras de asesores no existen a nivel institucional y son muy costosas. Entonces, mientras se incorpora el enfoque diferencial migratorio a la gestión de los despachos, de las secretarías o de los ministerios, que exista esa figura de asesor, y que por ahora esté pagada por cooperación internacional, me parece que es una solución, transitoria, pero es una solución que no hay por qué demeritar.

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¿Cuáles son los hallazgos más impactantes que quedan después de esta investigación?

Más que impactante, es muy interesante poder tener esta cifra exacta de cuánto es el valor del recaudo, pero además sacar el saldo. Estamos hablando de más de US$500 millones que se están recibiendo por tributación asociada al pago de impuestos, tanto directos como indirectos, de la población migrante. Pero, además, es de gran valor agregado que hayamos podido hacer la cuenta de cuánto le está costando al país hacer una gestión migratoria y darnos cuenta de que el saldo es positivo, que no estamos gastando más de lo que estamos recibiendo por la tributación, pero, si a eso le sumamos el recurso que estamos recibiendo de la cooperación internacional para la gestión migratoria, estamos casi duplicando esa cifra. Es un hallazgo muy importante que además nos demuestra algo que siempre hemos sabido, pero que hoy podemos argumentar con cifras: que la migración es una apuesta que solamente trae desarrollo al país.

¿Cuál es la recomendación primordial para llamar la atención de los tomadores de decisiones en esta materia?

La dividiría en dos. Una sería para los tomadores de decisiones y la segunda para el sector privado. En cuanto a los tomadores de decisiones, sí o sí, el eje central es que hay que continuar con las apuestas de regularización. Colombia tiene 500.000 migrantes de origen venezolano en su territorio que no tienen claro cuál va a ser su plan de regularización. Son personas que se quedaron por fuera del ETPV [Estatuto Temporal de Protección], por distintas circunstancias, pero adicionalmente no tenemos ningún indicio con evidencia que nos diga claramente que la migración va a detenerse y que vamos a dejar de recibir personas. Si bien se está hablando de que viene un proceso de regularización, todavía no tenemos certezas de cómo va a ser, y el que los migrantes puedan pagar renta, hacer aportes de salud, hacer aportes a pensión, depende en gran medida de que tengan un piso mínimo legal para poder hacerlo, y eso es la regularización migratoria. Entonces las apuestas a largo plazo de regularidad migratoria son, sin duda, lo que potencializa el retorno de la inversión.

Lo segundo es que sí identificamos que en tanto haya una apuesta también del sector privado por incluir a estas personas, por comprar emprendimiento migrante, por contratar personas migrantes en condiciones regulares, dignas y de trabajo decente, esto genera un desarrollo de la competitividad muy importante, tanto para el país como para sus propias empresas. Encontramos que la transferencia de conocimiento que hay en las compañías que generan activamente plazas o estrategias de contratación de personas migrantes es muy importante para su productividad.

¿Han podido analizar o personalmente tiene una opinión sobre incluir en estos esfuerzos de regularización a personas de otras nacionalidades?, que es lo que hemos estado escuchando por parte del Gobierno teniendo en cuenta la diversidad del fenómeno migratorio que se está viendo sobre todo en el Darién.

Se habla mucho de “desvenezolanizar” la migración y creo que esto es un error en lo teórico y en lo práctico. Dicha percepción viene de que Colombia no tiene un historial de gestión migratoria y se puede pensar que desvenezolanizar el Estatuto Temporal de Protección, por ejemplo, es la respuesta a situaciones de migración complejas que estamos tratando de manejar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que Colombia tiene que avanzar no solamente por el desarrollo económico del país, sino también en buscar mecanismos que permitan que las personas que están en tránsito por el país, que son personas de 14 nacionalidades distintas, puedan tener una ruta o vía de tránsito segura que sí pasa por estrategias de regularización. En el pasado, por ejemplo, existió la tarjeta de movilidad fronteriza. Podrían existir ese tipo de modelos.

Hoy hay algunos modelos de tránsito que permiten que la gente efectivamente esté en territorio nacional por 10 días. Sin embargo, esto no necesariamente lo conoce todo el mundo y no es algo que esté “terminado de inventar”. Colombia requiere de más modelos, pero considero que el Estatuto Temporal de Protección es algo que debería continuar siendo para la población venezolana, debe existir y debemos obligarnos como país a generar otro tipo de modelos para incluir y gestionar la migración que tenemos en tránsito y también de población de permanencia de otras nacionalidades.

¿Cómo comunicar los hallazgos del estudio de manera que ayude a derribar estereotipos y que se comprenda mejor el fenómeno? ¿Y por qué es importante hacerlo?

En Equilibrium estamos convencidos de que los datos y la información son la forma correcta o el piso mínimo para tomar decisiones, pero también para comunicarles a las personas cómo vamos, para derribar este tipo de narrativas xenófobas.

Vemos que esas narrativas encuentran su asidero en información anecdótica: “Yo conocí a una señora o a un señor al que le pasó esta cosa asociada a un migrante…”, o por noticias. Hemos podido levantar en otros estudios que la información negativa se replica el doble que la información positiva. Entonces, cuando tienes información positiva, tienes que manejarla de una manera lo suficientemente contundente para que se replique con la misma potencia, pero, además, que controvierta directamente algunas de las informaciones más negativas que hay.

En este caso, por ejemplo, sentimos que estamos aportando directamente con datos a combatir narrativas como que las personas venezolanas nos están quitando el trabajo. Encontramos en las cifras que no, que ellos de hecho están generando mayoritariamente su propio trabajo. O que la plata de los subsidios se está yendo en personas migrantes: encontramos que no, primero que todo porque entran muy poco en los criterios de focalización de programas de protección social. Y lo segundo es que no, que la plata que se está entregando en atención es menos que la que está recibiendo el país, es decir, no gastamos más de lo que recibimos [por concepto de la migración].

Creo que es un reto de cara a la opinión pública, ahora que el estudio está afuera, cómo vamos a entregarlo en cápsulas o de manera desmenuzada y que ayude a generar un debate en la opinión pública. También es un insumo para dejar de trabajar narrativas contra la xenofobia en torno a banalidades; siento que ya es hora de que superemos el hablar, por ejemplo, de la oferta gastronómica, y nos centremos en temas mucho más coyunturales que nos ayuden a atacar los miedos que tiene la gente que, al final, es de donde viene la xenofobia.

¿Cómo ve las condiciones, tanto en el sector público como en el sector privado, para acoger las recomendaciones que da este estudio?

Estamos muy ilusionados en la respuesta que ha tenido el estudio, tanto desde el sector público como del sector privado. Nos han convocado para tener reuniones o llamadas bilaterales para conversar sobre cómo acoger las recomendaciones o sobre cómo, por ejemplo, levantar un poco más de información a escala territorial con el fin de tomar decisiones con evidencia, que es lo que nosotros buscamos: que se utilice la información.

Entonces, en principio sí, hay un muy buen ambiente. Algo que vemos en toda la región, no solamente en Colombia, es que para el sector privado sumarse a este tipo de iniciativas requiere de certeza. En ese orden de ideas, las decisiones que toma el Gobierno nacional son muy importantes a la hora de poder mostrarle al sector privado que las apuestas por la regularización son de largo plazo; eso a ellos les da la certeza de que trabajar en esto no les va a tomar el mismo tiempo de vigencia que tiene el documento que se entregue a los migrantes, por ejemplo. Es importante que sepan que es una apuesta que va a durar.

En una entrevista que tuvimos hace unos días con Juanita Goebertus sobre el estudio que presentó Human Rights Watch sobre la situación en el Darién, ella mencionaba que ya es hora de que los gobiernos, en particular de Colombia y de Panamá, dejen de depender de los recursos de cooperación para la gestión migratoria. Sin embargo, en el estudio de ustedes se resalta mucho esa cifra del aporte por el lado de la cooperación. ¿Son mensajes contradictorios?

La diáspora venezolana es una de las más grandes del mundo, pero también es una de las más desfinanciadas. Por ejemplo, cuando empezó la guerra en Ucrania, mucho dinero de los donantes que estaba en Colombia se fue para Ucrania. Eso realmente golpeó la forma como se estaba gestionando acá la migración, especialmente la asistencia humanitaria.

Un ejemplo muy puntual: el transporte humanitario casi se acabó cuando empezó la guerra en Ucrania. Lo menciono no como dato curioso, sino porque la respuesta y el aporte de la cooperación internacional ha sido muy importante. El discurso oficial de las agencias de cooperación internacional es que ellos son complementarios y efectivamente lo son; al final, el dinero que sale, por ejemplo, para que los niños y las niñas estudien en los colegios de Colombia viene del Estado colombiano, lo mismo la plata para la atención en salud. Sin embargo, hay unas cosas que son más microfocalizadas en el día a día donde sí viene bien una ayuda de la cooperación internacional.

Lo que dice Juanita Goebertus y que señalan también en el informe, que es muy importante, sobre todo en el lado colombiano del Darién, es que hay muchas cosas en las que Colombia sí podría estar dando una milla extra, pero se está refugiando en la cooperación internacional. Específicamente en el tránsito que va para Necoclí, hoy lo que estamos identificando es que la respuesta y el conteo de migrantes lo está haciendo cooperación internacional, y no hay una persona de Migración Colombia en Necoclí que te sepa decir cuántos niños o niñas están saliendo y se están embarcando para Panamá; se está dejando en manos de la cooperación, y eso es una falencia. Pero no estamos todavía en el momento de “soltar”, creo que estamos ante un panorama en el que vale la pena que nos sentemos y pensemos qué de lo que viene de la cooperación se queda en la cooperación y qué de eso va a entrar a operar el Estado.

Creo que también tiene mucho que ver cómo está pensada la institucionalidad de la gestión migratoria. Hoy, en la gran mayoría de las capitales del país, hay asesores de despacho para la gestión migratoria y eso es algo que vino como ejemplo de lo que hubo en su momento en Presidencia como la Gerencia de Fronteras, y eso fue un caso regional de éxito: el hecho de que directamente en los despachos de los mandatarios haya una figura de asesor. Pero esas figuras de asesores no existen a nivel institucional y son muy costosas. Entonces, mientras se incorpora el enfoque diferencial migratorio a la gestión de los despachos, de las secretarías o de los ministerios, que exista esa figura de asesor, y que por ahora esté pagada por cooperación internacional, me parece que es una solución, transitoria, pero es una solución que no hay por qué demeritar.

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