A partir de este martes, 2 de julio, Perú le exigirá pasaporte vigente y visa a los ciudadanos y las ciudadanas de nacionalidad venezolana que deseen ingresar al país, según lo comunica la Resolución N° 000121-2024-MIGRACIONES.
La medida fue adoptada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte para tratar de reducir los números de la migración venezolana en el país. Sin embargo, expertos advierten que esta acción no cumplirá con el efecto deseado por la mandataria, sino que, por el contrario, hará que aumente la migración irregular.
“Lo único que pedimos es que estudien, evalúen los casos para que pueda ser flexible, porque esto puede generar también la desventaja de que ahora el tránsito irregular podría aumentar. Mientras más barreras haya para ingresar, menos pueden acceder a ver quiénes están ingresando al país. Pueden aumentar las entradas de manera irregular”, señaló a la RPP Nela Herrera, presidenta y fundadora de la oenegé Ocasiven, la cual atiende a la población migrante venezolana.
En Colombia, donde se tiene un flujo migratorio mayor que el de Perú, expertos en la materia han advertido que este tipo de medidas son un “retroceso” en materia humanitaria. Cuando se sugirió que el Gobierno colombiano iba a adoptar una medida similar en abril de este año, la investigadora sobre migración, María Gabriela Trompetero, dijo que una exigencia así tendría un impacto en el área social, laboral, familiar e incluso económica de las personas migrantes.
Trompetero planteaba que esta decisión también dificultaría la participación de las personas migrantes en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela. El gobierno parecía desconocer el contexto político del vecino país, por el que miles de personas siguen huyendo de Venezuela. El costo de la renovación del pasaporte venezolano para un adulto puede superar los US$70 en Perú, pero debe pagarse en bolívares al tipo de cambio del día (unos 2.600 bolívares en la actualidad).
Este es un costo muy alto, considerando que el salario mínimo en Venezuela está en US$3,60 (unos 150 bolívares) en mayo. Es decir, es prácticamente un lujo poder renovar este documento. Se necesitarían unos 17 salarios mínimos para el trámite. Además, las autoridades venezolanas imponen varios trámites burocráticos para este proceso que dificultan la tarea.
Al final, el gobierno colombiano no adoptó una medida de este tipo citando cuestiones humanitarias. Que Perú entre ahora en esta dinámica, debería preocupar a toda la región por los cuellos de botella que puede causar en pasos fronterizos con el Perú, en países como Ecuador, Colombia y Brasil. También por los beneficios que se le otorgan indirectamente a los actores ilegales que sacan provecho de la migración irregular y, finalmente, porque se da un retroceso enorme en el proceso de integración.
Después de Colombia, Perú es el país que acoge a la mayor cantidad de migrantes, con aproximadamente 1,5 millones de venezolanos, seguido de Brasil y Ecuador. Para Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “cuando fracasa un proceso de integración no solamente fracasa el proyecto de vida de ese ciudadano venezolano, sino que fracasamos nosotros como país receptor al no poder retener ese bono demográfico que nos traería la migración venezolana”, le dijo a France 24.
El Gobierno del Perú y sus autoridades migratorias tampoco han definido cómo se va a actuar frente a los ciudadanos y las ciudadanas de nacionalidad venezolana que no cuenten con visa y pasaporte vigente y que ya estén el país. Solo se ha recordado que se expulsará a aquellos ciudadanos que intenten entregar a las autoridades documentos falsificados, de acuerdo con información del medio peruano RPP.
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