Recibir o repeler, el trato de Colombia y México a los migrantes en Latinoamérica
Las políticas migratorias de ambos países se enfrentan a altos flujos migratorios como parte de una ruta que la mayoría de veces apunta a llegar a Estados Unidos. ¿Cuál es en contraste entre una política más pragmática en su recepción y otra enfocada en la militarización?
Hugo Santiago Caro
Enero de 2025 podría ser un mes decisivo para el fenómeno migratorio que afecta a toda América. Esto se debe al posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en Estados Unidos y a los acontecimientos en la lucha por la presidencia en Venezuela. De momento, todo indica que Nicolás Maduro continuará en el poder, respaldado por diversas autoridades venezolanas. Sin embargo, Edmundo González, desde su exilio en España, ha anunciado su regreso para el 10 de enero, día en el que está prevista la investidura presidencial.
Ambos países, Venezuela y Estados Unidos, marcan puntos claves en el flujo de migrantes que se embarcan en la ruta que atraviesa buena parte de los países del continente. Venezuela está a punto de cumplir 10 años del inicio del éxodo masivo de migrantes por causas políticas y económicas, con migrantes de diferentes perfiles y por oleadas, y Estados Unidos es la meta de decenas de miles de estos venezolanos. Tan solo en el último año la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha tenido encuentros en la frontera sur del país con más de dos millones de personas de las cuales un 12 % (245.794) son de origen venezolano. Es un porcentaje significativo teniendo en cuenta que las estadísticas del ente fronterizo registran encuentros con migrantes de 22 países.
Solo para poner en perspectiva la magnitud, migrantes de otros países con crisis políticas y altas salidas de ciudadanos, como Nicaragua y Haití, han marcado cifras en el mismo lapso de 34.333 y 84.594, respectivamente.
Pero de nuevo, Venezuela y Estados Unidos hacen parte de una ruta. No todos los migrantes parten desde Venezuela, pero un gran porcentaje sale de allí de forma masiva, mientras que en el país norteamericano algunos de los políticos más conservadores amenazan con deportaciones masivas si llegan a tomar las riendas de la nación.
En medio de ambos puntos está Panamá, donde el presidente José Raúl Mulino llegó al cargo prometiendo construir un muro en el tapón del Darién, aunque cuando asumió se topó con una realidad más grande que su promesa, y otros como Colombia y México que tienen que afrontar el fenómeno migratorio de forma más intensa por su cercanía geográfica con Venezuela y Estados Unidos, respectivamente.
Colombia, ¿país receptor o de acogida?
Colombia, por un lado, ha tenido que convertirse por inercia en un país receptor de migrantes en el que, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, aproximadamente el 80 % de los casi tres millones de venezolanos que están en el país tienen planes de quedarse para 2025. Con todo y este porcentaje, para Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, estas cifras no hacen de Colombia un país que acoja a los migrantes.
“Colombia ha sido un país receptor, pero no necesariamente de acogida. La diferencia radica en la falta de esfuerzos de integración. Es receptor porque recibe a los migrantes, no los rechaza ni los expulsa. Llegan, y aunque no se les rechaza, el mayor avance ha sido en la regularización, pero no en el área de integración”, explica la docente.
Bolívar la califica como una respuesta pragmática. Los distintos gobiernos, desde Juan Manuel Santos hasta Iván Duque y ahora Gustavo Petro, este último con varias críticas por la no renovación del Estatuto Temporal de Protección, han adoptado un enfoque similar, sin imponer requisitos como la visa humanitaria, que en otros países de la región puede ser demasiado difícil de tramitar para los migrantes. Esto cobra relevancia, dado que muchos de ellos salen indocumentados de Venezuela, optando, en cambio, por figuras como los permisos temporales de permanencia.
El primer documento surgió en la administración de Santos, el Permiso Especial de Permanencia (PEP), pasando por figuras como el Permiso de Permanencia Temporal (PPT), lanzado por Duque y que permanece hasta hoy, hasta otros como el PEP tutor, una variación que comenzó a funcionar a principios de este mes con un enfoque para regularizar la situación de padres o tutores de menores de edad venezolanos en el país.
Como el PEP tutor hay aproximadamente unas ocho figuras de los permisos que han variado y cambiado condiciones, plazos y demás facultades de sus símiles. Para Bolívar, estas trabas burocráticas ralentizan y complican los procesos de integración de los migrantes que deciden quedarse en el país. “Cada uno tiene una fecha de inicio y culminación distinta, dirigida a un perfil diferente de personas. Es muy difícil desarrollar una política migratoria de permanencia e integración porque se están dando respuestas muy puntuales y parciales, asumiendo que se trata de un problema temporal”, continúa explicando.
La temporalidad es un problema clave en cómo se ha asumido el flujo migratorio que llega a Colombia. Muchos de estos permisos contenían errores en su concepción y esto hacía que fuera demasiado complicado que los venezolanos residentes en el país pudieran acceder a servicios básicos como una cuenta bancaria, un crédito o cuentas en plataformas financieras digitales como Nequi, a la cual no pudieron acceder sino desde hace pocos meses.
“El primer permiso, el PEP, tenía un error en el diseño de los números que arrojaba, lo cual impedía, en muchas ocasiones, que los venezolanos pudieran abrir cuentas bancarias. Aún no son sujetos de crédito, lo que es una tragedia para la economía colombiana, ya que podrían acceder, por ejemplo, a microcréditos
Hasta hace unos meses, los venezolanos no podían reabrir sus cuentas en Nequi. Aunque es un servicio privado, el Gobierno podría haber facilitado e incentivado el acceso a más servicios de monederos digitales. La realidad es que en Colombia muchos pequeños negocios dependen de Nequi, y al no permitir su acceso, estaban excluyendo a una población muy importante de esta herramienta”, desarrolla Andrés Besserer Rayas, analista de temas migratorios y candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Evidentemente, no todo ha sido perfecto en la gestión con los migrantes en Colombia. Muchos aspectos no dependen solo de las decisiones del Gobierno de turno, como la situación en el Darién, que requiere una coordinación directa con Panamá y otros países para garantizar una respuesta regional, lo que hasta el momento está pendiente, pero, como rescata Bolívar, por lo menos no se les ha rechazado, ni se les han impuesto más obstáculos en el camino.
Sheinbaum, contra el establecimiento en México
En contraste con la recepción en Colombia, más adelante en la ruta, los migrantes, no solo venezolanos, se encuentran con México, que bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que terminó a principios de este mes, radicalizó sus políticas migratorias entregándoles gran parte de la responsabilidad a las Fuerzas Militares, que, en la mayoría de los encuentros, no están capacitadas para el trato con este tipo de movilidad humana, pues solo tienen entrenamiento militar.
“Existen puntos de control migratorio a lo largo de las principales carreteras de todo el país, especialmente en la frontera entre México y Guatemala. Aunque en esa zona no hay tantos puntos de control, sí los hay en las carreteras. Los militares que están a cargo de los puestos de control migratorio no están entrenados para un trato amable ni para priorizar los derechos humanos; su formación está enfocada en enfrentar amenazas. Entre 2018 y 2019 las caravanas de migrantes centroamericanos se acumulaban en la frontera entre México y Estados Unidos, López Obrador envió a la Guardia Nacional para detener la entrada de migrantes al territorio mexicano”, explica Besserer.
La Guardia Nacional, en una de las últimas movidas de AMLO, terminó adscrita a los militares. Por los hechos que cuenta Besserer entre 2018 y 2019, salió del gabinete de López Obrador el académico y experto en temas migratorios Tonatiuh Guillén López, que llegó a dirigir el Instituto Nacional de Migración. En su remplazo llegó Francisco Garduño, quien estuvo hasta el fin del sexenio y está en medio de un proceso legal por su responsabilidad en el incendio de un centro migratorio en Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes, la mayoría de ellos calcinados.
El trato duro y áspero ya se ha vuelto una costumbre en México y aunque AMLO ya no está, la huella de su administración sí. Su heredera, Claudia Sheinbaum, se posesionó prometiendo un enfoque más dado hacia los derechos humanos de toda la política pública, incluida la migración: “En nuestro gobierno, garantizaremos todas las libertades: la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo”. Pero a los pocos días de este discurso, militares abrieron fuego en Chiapas contra un vehículo que transportaba migrantes por no hacer caso a uno de sus retenes.
“Es una contradicción que exista una presidenta que hable en términos de hermandad y apoyo a los migrantes, pero cuya realidad la supera por mucho. La situación es completamente distinta a como se expresa públicamente sobre ellos”, opina Besserer, quien pone en contraposición las políticas migratorias de Colombia. “El contraste con Colombia no podría ser mayor. Aunque el presidente Petro ha hablado muy poco sobre la migración y ha intentado evadir el tema, el país tiene algunas de las políticas más avanzadas y efectivas en cuanto a la protección de derechos humanos para la acogida de migrantes, especialmente los venezolanos”, dice.
El contraste no se marca solo en cuanto a derechos humanos. Mientras que Colombia ha contado con casi ocho figuras para regularizar la situación de los migrantes venezolanos, México apenas tiene la figura de una visa humanitaria a la que, según Besserer, en muchos casos es bastante complicado acceder.
“México prácticamente no ha desarrollado las instituciones necesarias para procesar visas ni generar permisos que regularicen a la población en tránsito. La combinación de la falta de permisos con el aumento de los controles y la fuerza coercitiva de las instituciones mexicanas lleva a que los migrantes tomen rutas más peligrosas. Esto también provoca que los ‘polleros’ y ‘coyotes’ cobren más por cruzar a lo largo de México hacia Estados Unidos, volviendo el viaje mucho más arriesgado. Además, el crimen organizado se inmiscuye en la gestión migratoria. Si el Estado no regulariza a los migrantes ni crea las condiciones para que puedan establecerse o cruzar de manera segura, será el crimen organizado quien controle esas rutas”, dice Besserer.
Según el investigador, la situación es tan crítica en cuestiones de derechos humanos y crimen organizado, que el riesgo es casi igual o más peligroso que el que los migrantes enfrentan al cruzar el Darién. El problema es que los más de dos millones de migrantes que llegaron a Estados Unidos en el último año lo hicieron a través del territorio mexicano.
Ahora el pulso será entre la capacidad de hacer efectivo el cambio por parte de Sheinbaum contra un establecimiento militarizado que poco o nada tiene en cuenta la parte humanitaria en el control de la migración.
Lo que viene
Este panorama está en vilo con lo que pueda pasar en enero. Trump ha amenazado con deportaciones masivas si es presidente y en el camino cierres de fronteras, un problema que pone a prueba la voluntad de Sheinbaum, mientras que, en Venezuela, la profesora Lígia Bolívar afirma que la posibilidad de que se genere una nueva ola migratoria trae consigo un perfil de migrantes orientado a perseguidos políticos, algo que no encaja lo suficiente en los permisos que Colombia ya tiene establecidos para los migrantes venezolanos. Son casi tres meses en los que voluntades y políticas migratorias serán puestas a prueba.
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Enero de 2025 podría ser un mes decisivo para el fenómeno migratorio que afecta a toda América. Esto se debe al posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en Estados Unidos y a los acontecimientos en la lucha por la presidencia en Venezuela. De momento, todo indica que Nicolás Maduro continuará en el poder, respaldado por diversas autoridades venezolanas. Sin embargo, Edmundo González, desde su exilio en España, ha anunciado su regreso para el 10 de enero, día en el que está prevista la investidura presidencial.
Ambos países, Venezuela y Estados Unidos, marcan puntos claves en el flujo de migrantes que se embarcan en la ruta que atraviesa buena parte de los países del continente. Venezuela está a punto de cumplir 10 años del inicio del éxodo masivo de migrantes por causas políticas y económicas, con migrantes de diferentes perfiles y por oleadas, y Estados Unidos es la meta de decenas de miles de estos venezolanos. Tan solo en el último año la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha tenido encuentros en la frontera sur del país con más de dos millones de personas de las cuales un 12 % (245.794) son de origen venezolano. Es un porcentaje significativo teniendo en cuenta que las estadísticas del ente fronterizo registran encuentros con migrantes de 22 países.
Solo para poner en perspectiva la magnitud, migrantes de otros países con crisis políticas y altas salidas de ciudadanos, como Nicaragua y Haití, han marcado cifras en el mismo lapso de 34.333 y 84.594, respectivamente.
Pero de nuevo, Venezuela y Estados Unidos hacen parte de una ruta. No todos los migrantes parten desde Venezuela, pero un gran porcentaje sale de allí de forma masiva, mientras que en el país norteamericano algunos de los políticos más conservadores amenazan con deportaciones masivas si llegan a tomar las riendas de la nación.
En medio de ambos puntos está Panamá, donde el presidente José Raúl Mulino llegó al cargo prometiendo construir un muro en el tapón del Darién, aunque cuando asumió se topó con una realidad más grande que su promesa, y otros como Colombia y México que tienen que afrontar el fenómeno migratorio de forma más intensa por su cercanía geográfica con Venezuela y Estados Unidos, respectivamente.
Colombia, ¿país receptor o de acogida?
Colombia, por un lado, ha tenido que convertirse por inercia en un país receptor de migrantes en el que, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, aproximadamente el 80 % de los casi tres millones de venezolanos que están en el país tienen planes de quedarse para 2025. Con todo y este porcentaje, para Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, estas cifras no hacen de Colombia un país que acoja a los migrantes.
“Colombia ha sido un país receptor, pero no necesariamente de acogida. La diferencia radica en la falta de esfuerzos de integración. Es receptor porque recibe a los migrantes, no los rechaza ni los expulsa. Llegan, y aunque no se les rechaza, el mayor avance ha sido en la regularización, pero no en el área de integración”, explica la docente.
Bolívar la califica como una respuesta pragmática. Los distintos gobiernos, desde Juan Manuel Santos hasta Iván Duque y ahora Gustavo Petro, este último con varias críticas por la no renovación del Estatuto Temporal de Protección, han adoptado un enfoque similar, sin imponer requisitos como la visa humanitaria, que en otros países de la región puede ser demasiado difícil de tramitar para los migrantes. Esto cobra relevancia, dado que muchos de ellos salen indocumentados de Venezuela, optando, en cambio, por figuras como los permisos temporales de permanencia.
El primer documento surgió en la administración de Santos, el Permiso Especial de Permanencia (PEP), pasando por figuras como el Permiso de Permanencia Temporal (PPT), lanzado por Duque y que permanece hasta hoy, hasta otros como el PEP tutor, una variación que comenzó a funcionar a principios de este mes con un enfoque para regularizar la situación de padres o tutores de menores de edad venezolanos en el país.
Como el PEP tutor hay aproximadamente unas ocho figuras de los permisos que han variado y cambiado condiciones, plazos y demás facultades de sus símiles. Para Bolívar, estas trabas burocráticas ralentizan y complican los procesos de integración de los migrantes que deciden quedarse en el país. “Cada uno tiene una fecha de inicio y culminación distinta, dirigida a un perfil diferente de personas. Es muy difícil desarrollar una política migratoria de permanencia e integración porque se están dando respuestas muy puntuales y parciales, asumiendo que se trata de un problema temporal”, continúa explicando.
La temporalidad es un problema clave en cómo se ha asumido el flujo migratorio que llega a Colombia. Muchos de estos permisos contenían errores en su concepción y esto hacía que fuera demasiado complicado que los venezolanos residentes en el país pudieran acceder a servicios básicos como una cuenta bancaria, un crédito o cuentas en plataformas financieras digitales como Nequi, a la cual no pudieron acceder sino desde hace pocos meses.
“El primer permiso, el PEP, tenía un error en el diseño de los números que arrojaba, lo cual impedía, en muchas ocasiones, que los venezolanos pudieran abrir cuentas bancarias. Aún no son sujetos de crédito, lo que es una tragedia para la economía colombiana, ya que podrían acceder, por ejemplo, a microcréditos
Hasta hace unos meses, los venezolanos no podían reabrir sus cuentas en Nequi. Aunque es un servicio privado, el Gobierno podría haber facilitado e incentivado el acceso a más servicios de monederos digitales. La realidad es que en Colombia muchos pequeños negocios dependen de Nequi, y al no permitir su acceso, estaban excluyendo a una población muy importante de esta herramienta”, desarrolla Andrés Besserer Rayas, analista de temas migratorios y candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Evidentemente, no todo ha sido perfecto en la gestión con los migrantes en Colombia. Muchos aspectos no dependen solo de las decisiones del Gobierno de turno, como la situación en el Darién, que requiere una coordinación directa con Panamá y otros países para garantizar una respuesta regional, lo que hasta el momento está pendiente, pero, como rescata Bolívar, por lo menos no se les ha rechazado, ni se les han impuesto más obstáculos en el camino.
Sheinbaum, contra el establecimiento en México
En contraste con la recepción en Colombia, más adelante en la ruta, los migrantes, no solo venezolanos, se encuentran con México, que bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que terminó a principios de este mes, radicalizó sus políticas migratorias entregándoles gran parte de la responsabilidad a las Fuerzas Militares, que, en la mayoría de los encuentros, no están capacitadas para el trato con este tipo de movilidad humana, pues solo tienen entrenamiento militar.
“Existen puntos de control migratorio a lo largo de las principales carreteras de todo el país, especialmente en la frontera entre México y Guatemala. Aunque en esa zona no hay tantos puntos de control, sí los hay en las carreteras. Los militares que están a cargo de los puestos de control migratorio no están entrenados para un trato amable ni para priorizar los derechos humanos; su formación está enfocada en enfrentar amenazas. Entre 2018 y 2019 las caravanas de migrantes centroamericanos se acumulaban en la frontera entre México y Estados Unidos, López Obrador envió a la Guardia Nacional para detener la entrada de migrantes al territorio mexicano”, explica Besserer.
La Guardia Nacional, en una de las últimas movidas de AMLO, terminó adscrita a los militares. Por los hechos que cuenta Besserer entre 2018 y 2019, salió del gabinete de López Obrador el académico y experto en temas migratorios Tonatiuh Guillén López, que llegó a dirigir el Instituto Nacional de Migración. En su remplazo llegó Francisco Garduño, quien estuvo hasta el fin del sexenio y está en medio de un proceso legal por su responsabilidad en el incendio de un centro migratorio en Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes, la mayoría de ellos calcinados.
El trato duro y áspero ya se ha vuelto una costumbre en México y aunque AMLO ya no está, la huella de su administración sí. Su heredera, Claudia Sheinbaum, se posesionó prometiendo un enfoque más dado hacia los derechos humanos de toda la política pública, incluida la migración: “En nuestro gobierno, garantizaremos todas las libertades: la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo”. Pero a los pocos días de este discurso, militares abrieron fuego en Chiapas contra un vehículo que transportaba migrantes por no hacer caso a uno de sus retenes.
“Es una contradicción que exista una presidenta que hable en términos de hermandad y apoyo a los migrantes, pero cuya realidad la supera por mucho. La situación es completamente distinta a como se expresa públicamente sobre ellos”, opina Besserer, quien pone en contraposición las políticas migratorias de Colombia. “El contraste con Colombia no podría ser mayor. Aunque el presidente Petro ha hablado muy poco sobre la migración y ha intentado evadir el tema, el país tiene algunas de las políticas más avanzadas y efectivas en cuanto a la protección de derechos humanos para la acogida de migrantes, especialmente los venezolanos”, dice.
El contraste no se marca solo en cuanto a derechos humanos. Mientras que Colombia ha contado con casi ocho figuras para regularizar la situación de los migrantes venezolanos, México apenas tiene la figura de una visa humanitaria a la que, según Besserer, en muchos casos es bastante complicado acceder.
“México prácticamente no ha desarrollado las instituciones necesarias para procesar visas ni generar permisos que regularicen a la población en tránsito. La combinación de la falta de permisos con el aumento de los controles y la fuerza coercitiva de las instituciones mexicanas lleva a que los migrantes tomen rutas más peligrosas. Esto también provoca que los ‘polleros’ y ‘coyotes’ cobren más por cruzar a lo largo de México hacia Estados Unidos, volviendo el viaje mucho más arriesgado. Además, el crimen organizado se inmiscuye en la gestión migratoria. Si el Estado no regulariza a los migrantes ni crea las condiciones para que puedan establecerse o cruzar de manera segura, será el crimen organizado quien controle esas rutas”, dice Besserer.
Según el investigador, la situación es tan crítica en cuestiones de derechos humanos y crimen organizado, que el riesgo es casi igual o más peligroso que el que los migrantes enfrentan al cruzar el Darién. El problema es que los más de dos millones de migrantes que llegaron a Estados Unidos en el último año lo hicieron a través del territorio mexicano.
Ahora el pulso será entre la capacidad de hacer efectivo el cambio por parte de Sheinbaum contra un establecimiento militarizado que poco o nada tiene en cuenta la parte humanitaria en el control de la migración.
Lo que viene
Este panorama está en vilo con lo que pueda pasar en enero. Trump ha amenazado con deportaciones masivas si es presidente y en el camino cierres de fronteras, un problema que pone a prueba la voluntad de Sheinbaum, mientras que, en Venezuela, la profesora Lígia Bolívar afirma que la posibilidad de que se genere una nueva ola migratoria trae consigo un perfil de migrantes orientado a perseguidos políticos, algo que no encaja lo suficiente en los permisos que Colombia ya tiene establecidos para los migrantes venezolanos. Son casi tres meses en los que voluntades y políticas migratorias serán puestas a prueba.
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