Katherine Mora llegó a Colombia en 2017, desplazada desde Venezuela, que vivía una crisis que aún no termina y que ha empujado a ocho millones de personas a buscar mejores oportunidades en otros países. Empezó a dedicarse al reciclaje para poder sostener a sus siete hijos. Veía a otras personas que en Riohacha, donde se radicó, trabajaban en lo mismo, pero no sabía nada de ellos. Ni siquiera sus nombres.
Johanna Rangel vive en la misma ciudad desde hace 11 años. También es desplazada, pero por la violencia en Colombia, y recicla. Sin embargo, ya no es su actividad principal. Al igual que Mora forma parte del programa Integrando Horizontes Sostenibles, apoyado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos (PRM), y ejecutado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF-FUPAD en Colombia).
Una compañera le dijo a Rangel que a la ciudad había llegado FUPAD brindando apoyo a población vulnerable, aunque le dijo que era solo para personas venezolanas. Sin embargo, se acercó y se dio cuenta de que no era así: con su cédula pudo vincularse al programa, al igual que su hermana, quien hoy se dedica a la zapatería. Johanna recibió en donación una máquina con la que ahora se dedica a la costura. “No he dejado de reciclar. Lo que veo por la calle, como una botella, lo voy juntando y luego voy y lo vendo”, cuenta.
Aunque han recibido formación y medios para trabajar, como el compresor y otros implementos que Mora necesita para su emprendimiento de restauración de muebles, entre lo que más destacan está el impacto del programa en su desarrollo personal y en el fortalecimiento de sus comunidades. “Me han ayudado mucho a crecer como persona y a perder mis miedos, pues era una persona muy tímida, me daba miedo relacionarme con otras personas”, agrega Rangel. Los días en que no sabían ni cómo se llamaban, por cierto, quedaron atrás.
Estas mujeres asistieron al primer encuentro de Integrando Horizontes Sostenibles, “El reciclaje: una labor con valor”, que se llevó a cabo esta semana en Cali, ciudad que, junto a Riohacha y Maicao, forma parte de los territorios beneficiados por el programa.
“Formulamos y desarrollamos un proyecto que promueve la integración socioeconómica de la población migrante de Venezuela y de las comunidades de acogida en Colombia mediante el reciclaje y, en general, mediante el fortalecimiento del sector de la economía circular. De esta manera nuestra contribución impacta varios frentes: el social, el ambiental, el económico, y todos ellos promueven la integración”, explica Roberto Obando, director general de FUPAD Colombia.
¿Cómo llegaron a los tres territorios escogidos? “Realizando estudios técnicos que nos indicaron que, en Riohacha y Maicao, por ejemplo, había una alta presencia de población migrante debido a su proximidad con Venezuela”, responde. “Además, estas poblaciones enfrentan desafíos significativos en términos de pobreza, falta de infraestructura básica y servicios públicos sobrecargados. Maicao, en particular, tiene un asentamiento informal llamado La Pista, en donde más del 80 % de la población se dedica al reciclaje informal”.
En el caso de Cali, reconocen que “también ha atraído a una gran cantidad de población migrante proveniente de Venezuela debido a su ubicación estratégica y a las oportunidades de empleo en sectores informales como la venta ambulante y el reciclaje”, añadió Obando.
El programa, que está en su primer año de implementación (de un total de tres), apunta a “crear oportunidades de trabajo decente y a mejorar las condiciones de vida, acciones que ayudan a reducir la percepción de que los migrantes son una carga para las comunidades receptoras”, como señala el director de FUPAD. En concreto, se enfoca en proporcionar capacitación y apoyo económico.
La estrategia, que se ha impulsado con la campaña “Una labor con valor”, busca que el oficio del reciclaje sea reconocido como una potente alternativa para la generación de empleo y de ingresos, al tiempo que contribuye a la sostenibilidad ambiental (en un país que recicla menos del 20 % de los residuos sólidos que produce al día) y a la integración de la población migrante y de las comunidades de acogida. En total, de 744 recicladores que forman parte del programa, 478 son migrantes venezolanos.
Pero, además, parte de la base de la importancia de fomentar en esta ruta el acceso a derechos básicos para la población vulnerable (tanto migrantes como comunidades de acogida), además de generar empleo e impulsar el emprendimiento local en el ámbito de la economía circular.
Rosiris Alean, otra participante del programa, y creadora del taller de confección y reparación Taller Rosi, resaltó que entre los aprendizajes precisamente ha estado el de valorar. “Decían que reciclar no es un trabajo, pero las capacitaciones nos han enseñado que sí, que tiene valor, que tenemos que sentirnos orgullosos”, dice esta mujer, oriunda de Antioquia, de donde también salió desplazada para radicarse en Barranquilla y, finalmente, hace 10 años, en Riohacha. En el taller, trabaja con sus dos hijas y les ayudan sus dos nietas. Recicla de día, y en la tarde se dedica a la reparación y confección de vestuario. Sueña con crear puestos de trabajo.
Según las cifras de la organización, en este primer año más de 1.450 familias han recibido acompañamiento integral, y cerca de 2.350 personas han obtenido asesoría legal, al tiempo que 1.000 familias han resultado beneficiadas con asistencia multipropósito. Además, 1.000 personas han sido capacitadas en habilidades para la economía circular, la misma cantidad que recibió asistencia para mejorar sus medios de vida. En total, ocho asociaciones de reciclaje han sido fortalecidas empresarialmente; se ha formado a 20 funcionarios gubernamentales en temas claves, y más de 150.000 personas fueron alcanzadas con campañas de sensibilización sobre el cuidado ambiental y el reciclaje.
“La migración llegó a enriquecer el reciclaje. En la asociación tenemos 40 % de población migrante”, cuenta Luis Emiro Fernández, presidente de la Asociación de Recicladores de Maicao (ARM), quien también participó del encuentro en Cali. Resaltó los cambios sustanciales que la llegada de personas del vecino país trajo a la labor: “El migrante llegó de cero y era la única opción que tenía, pues muchas veces se llega a este oficio por necesidad. Al no tener nada ganado, el migrante se esforzó un poco más por captar”, cuenta. Por ejemplo, antes no se acostumbraba a reciclar de noche, una actividad en la que empezaron a incursionar los recicladores de oficio venezolanos. Así mismo, cuenta Fernández, ampliaron las zonas de recolección, lo que a su vez impactó en el volumen captado.
Lo anterior no es menor, pues precisamente la disponibilidad de fuentes de abastecimiento o los volúmenes de recolección están entre los principales desafíos que ven las grandes empresas que trabajan de la mano con los recicladores de oficio para poder implementar soluciones en el área de la economía circular. Así lo señalaron varias de las firmas participantes del encuentro en Cali, entre las que estuvieron Carvajal Empaques, Enka y Empacor.
Pero barreras hay de otro tipo. Paola Weise, asesora de Asistencia Humanitaria de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, señala las persistentes estigmatización y xenofobia contra los recicladores de oficio y la población migrante. “Son de los mayores retos para la inclusión social, y este tipo de programas, que surgen desde nivel comunitario, son muy importantes e impactantes para enfrentar estos dos retos. No es fácil, no sucederá de un día a otro”, pero además depende de cada persona contribuir a combatir esos problemas. Fernández, de la ARM, incluso llamó la atención sobre la responsabilidad que en esa estigmatización muchas veces tienen las mismas autoridades locales, como las alcaldías o la Policía.
Felipe Orjuela, especialista en Integración Económica de USAID, menciona desafíos muy diversos que están en manos de distintos actores de la sociedad, como la separación de residuos desde la fuente para facilitar el trabajo de los recicladores de oficio. Asimismo, más y mejores opciones de financiamiento para que las organizaciones de estos recuperadores puedan funcionar. Son solo un par de ejemplos de los muchos y muy grandes retos que, según Orjuela, pueden afrontarse con “trabajo conjunto” y mayor coordinación entre los diferentes actores. Destacó como clave el rol de entidades como Innpulsa, para promover la innovación y el emprendimiento. Ibeth Díaz Izquierdo, directora de innovación social de esa agencia, aseguró que están implementando dos pilotos, en Bogotá y Riohacha, con 340 y 315 participantes respectivamente, para promover la transformación y comercialización del trabajo de la población recicladora.
También presente en el encuentro en Cali, Néstor David Medina, de la subdirección de Extranjería de Migración Colombia, admitió que uno de los principales retos sigue siendo la regularización del estatus migratorio de la población proveniente de Venezuela. Afirmó que la entidad sigue trabajando en eso, no solo en la expedición de documentos, sino en la apropiación de estos por parte del sector público y privado. “El PPT [Permiso Temporal de Protección] es la llave”, dijo; sin embargo, reconoce que la “llave” a veces no abre la puerta, es decir, las distintas entidades, por desconocimiento, no lo aceptan.
Fernández, de la ARM, por cierto, aprovechó para hacer un llamado a Migración Colombia para que amplíe el acceso del PPT “para la población que aún está fuera de la regularización en el país”, pues, efectivamente, “gran parte de la población que se dedica al reciclaje tiene barreras de acceso a documentos, y el PPT no solamente nos permite vincular al reciclador como asociado formal, sino subsanar falencias de acceso a salud, educación, entre otros”.
El vocero de los recicladores de Maicao apuntó, además, la deficiencia en los espacios y los servicios con los que cuenta esta población para realizar su trabajo. “Muchas veces hablamos de transformación [de la materia prima], pero si la infraestructura con que cuentan las asociaciones no es adecuada para qué meter maquinaria, si no tenemos el lleno de todas las necesidades de infraestructura”. Por eso resaltó la importancia de que las políticas públicas en la materia se apliquen, que las administraciones destinen recursos y los ejecuten. Esto refuerza la premisa de que la integración y la sostenibilidad socioeconómica, así como la ambiental, requiere del esfuerzo de toda la sociedad. “Lograr una transición no se logra solo, si todos no jalamos en la misma dirección no lo vamos a lograr”, como dijo Andrés Cortés, coordinador de proyecto de la organización Swisscontact.
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