Mercedes Ortiz nació en la costa venezolana, en Carúpano, estado Sucre. Enseñó durante 15 años, tanto en educación básica como universitaria, en una escuela que pasó a ser bolivariana, pero también en el Colegio Universitario de Administración y Mercadeo (CUAM) y en la Universidad de Carabobo. Tenía los conocimientos, es doctora en ciencias sociales, pero no recibía un sueldo suficiente ni acorde a su oficio. Apenas lograba reunir un dólar. Si desayunaba, no almorzaba. Si almorzaba, no cenaba. Además, debía conseguir los medicamentos para la diabetes y la hipertensión de su mamá. Le tocó salir de Venezuela, y con mucho dolor. Tenía su vida allá, estaba amañada con sus clases, pero la necesidad pesó más. Llegó detrás de su hija, que dejó sus estudios de medicina para venirse antes que ella a Bogotá, donde optó por el camino de la administración de empresas, y de eso ya hace más de siete años. No cree que regrese a su país. Hace pocas semanas estuvo allá para realizar un trámite, pero salió asustada y tomó camino de regreso por la frontera.
Aquí trabajó en restaurantes y en casas de familia, y de a poco fue comprando la nevera y unos muebles para su casa. Paso a paso fue reconstruyendo su vida, pero constantemente se preguntaba: “¿Cómo están los venezolanos debajo de un puente? No puede ser”. Así llegó hasta una organización en Soacha, donde vivía, y se vinculó como voluntaria, recolectando ropa usada, zapatos, cobijas, champú, jabón y comida, hasta maquillaje. La fundación cerró en Colombia, pero se acercó a la Secretaría de Salud del municipio, a la Cruz Roja y a la Organización Internacional para las Migraciones, y su liderazgo creció. En 2022 vio nacer la Asociación Venezolana para la Integración de Nuestras Raíces, su propia iniciativa que trabaja con migrantes, colombianos retornados y población de acogida, ayudando y enseñando sobre afiliación a la EPS o al sisbén, así como con la regularización y otras necesidades, velando por el acceso a derechos.
No se pudo registrar para votar en las elecciones del 28 de julio, cuestionadas por la falta de transparencia y por los reclamos de fraude ante la reelección de Nicolás Maduro. Cree que una cosa es lo que se hace en la política, lo que dice la ley, pero una distinta lo que se puede hacer más allá de ella: “Es importante que nos demos a conocer y que se conozca la problemática de la población migrante. ¿Quién más que nosotros mismos para hablar de lo que sufrimos? Los esfuerzos que hacemos se ven opacados por la situación que está viviendo Venezuela, también por los conflictos entre países, pero estamos organizados. Nos tenemos que hacer ver”. Eso, al menos para ella, marca la importancia de organizaciones sociales como la suya, que agrupan a unos y otros, que, en sus diferencias, comparten dolores, frustraciones, pero también aspiraciones, y que dentro de Venezuela encuentran cada vez menos posibilidades para hacerlo.
“Lo que está pasando ahora, pero que en realidad se ve desde hace años, es que el disenso en forma de oposición política, pero también desde la sociedad civil, está siendo etiquetado como un crimen, como una falta a lo que significa ser venezolano, y eso es mentira”, dice Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea Pacífica: “La represión sigue de formas distintas, y con la ley que adoptaron sobre el control a las ONG va a ser mucho mayor. Vamos a tener un país con un espacio cívico completamente cerrado, y ese es el peor escenario para Venezuela”, más aún en medio de un contexto poselectoral en el que se han reportado 27 asesinatos y, según Foro Penal, 1.780 presos políticos, la mayoría de ellos (1.581) después de los comicios, realizados hace un mes. Hay cansancio, hay presión de la opinión pública frente al gobierno, tanto dentro como fuera, y ahí las manifestaciones, que en el primer fin de semana después de las votaciones ocurrieron en cerca de 48 países, han sido fundamentales. “El disenso se ejecuta en el marco del derecho a la participación, a la asamblea y a la asociación, y lo que se está haciendo es poner como objetivo a quienes hacen algún tipo de oposición”, agrega Romero.
Hay una crisis de derechos humanos, donde de extremo a extremo en el mundo, en Siria, Venezuela y Afganistán, por mencionar los tres principales casos, se ven políticas sistemáticas de opresión, represión y violencia estatal, según menciona, por su parte, Érika Guevara Rosas, directora senior global de Investigación, Incidencia, Política y Campaña de Amnistía Internacional: “La crisis de movilidad humana, de personas en necesidad de protección internacional, es causa y consecuencia de las prácticas autoritarias, que van en aumento. Causa, porque por ellas escapan y huyen las personas. Consecuencia, porque los migrantes terminan siendo chivos expiatorios de los líderes, quienes los utilizan como moneda de cambio y los culpan de los problemas de seguridad”. En una década la situación ha empeorado: pasamos de 44 millones de personas refugiadas, solicitantes de asilo o desplazadas internamente, a 120 millones en situación de movilidad humana. En 10 años se ha casi triplicado el número de individuos en necesidad de protección internacional.
Lo más lamentable, al menos para ella, es que se escucha hablar de garantías de seguridad para quienes toman la decisión de cruzar las fronteras, así como de los derechos económicos, sociales y culturales, “pero en la práctica se ve lo contrario: los Estados se han articulado para imponer políticas que restringen los derechos, como prácticas de expulsión y deportación, además de otras que impiden el acceso al asilo. Por un lado, no hay asistencia ni coordinación de protección, pero sí las hay para evitar que las personas tengan un tránsito seguro, por ejemplo, dando asistencia técnica, incluso financiera, para deportaciones masivas o militarización”.
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