Descentralización para la equidad, la inclusión y la sostenibilidad

Una nueva ola de descentralización podría ayudar a revertir esta tendencia si afecta los criterios de distribución. Un Fondo de Compensación Económica territorial podría cerrar brechas económicas intermunicipales dentro de los departamentos. Una reforma al Sistema General de Participaciones podría incrementar las transferencias hacia los municipios de prevalencia ambiental, densidad étnica, mayor proporción de población rural y a los pequeños pueblos, al tiempo que respete plenamente la autonomía de las entidades territoriales sobre el destino de las transferencias. Además, el venidero aumento del SGP podría destinarse al cierre de brechas de calidad al interior de los sectores de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, tales como los indicadores de mortalidad materna, los resultados de las pruebas saber y las coberturas de acueducto y alcantarillado. Una renovada regla fiscal territorial podría facilitar el acceso al crédito para el desarrollo, a la vez que una libre dosificación de las inversiones por objetivos de gasto.

Ante el cambio climático la nación, los departamentos, los municipios y los diversos esquemas asociativos territoriales deben reforzar sus inversiones en la mitigación y adaptación a los efectos ambientales. Es imperativa una planeación de la producción, transporte, consumo y posconsumo que minimice la huella de carbono. La concurrencia de recursos entre niveles territoriales y entre el Estado con el sector privado, social y comunitario se puede tejerse alrededor de los circuitos del agua, la economía circular y la agroecología. El apoyo a la economía popular y a los sistemas económicos territoriales debe ser pivote de la segunda ola de descentralización.

Es general la queja contra el centralismo uniformizante y organizado por sectores que no se articulan nacionalmente ni en cada territorio. La planeación nacional no existe, la territorial tampoco. Se requiere una nueva arquitectura financiera e institucional. Avanzar hacia presupuestos por programas y bolsas territoriales de gasto; prioridades de desarrollo económico, social y ambiental prevalentes para cada región; sistemas de información, burocracias y competencias diferenciadas; regímenes de administración, organización y gobierno adaptados a la diversidad del país. La descentralización asimétrica supone incrementar la autonomía de las comunidades territoriales, es decir, una apropiación social de las políticas, presupuestos e instituciones a través de múltiples ejercicios de planeación, ejecución, evaluación y control.

La primera ola de descentralización produjo grandes resultados: inauguró el sistema político pluralista, explayó territorialmente el gasto público, apalancó la construcción de instituciones, mercados y empresas estatales, privadas, sociales y comunitarias por toda la geografía, a la vez que normó cuantiosos mecanismos de participación social sobre los asuntos descentralizados. Una segunda ola podría profundizar la autonomía de las comunidades territoriales para cerrar las brechas en desarrollo económico, bienestar social y capacidades institucionales de los gobiernos locales, encarar el cambio climático e impulsar sistemas económicos territoriales sustentables.

Queda además una enorme tarea de cerrar las brechas dentro de las ciudades, las más desarrolladas de las cuales son ejemplo de discriminación, fragmentación y segmentación social. Buena parte de la inviabilidad de las grandes ciudades no se resuelve dentro de ellas sino precisamente construyendo una descentralización para la equidad socio territorial, la inclusión poblacional y la descentralización del modelo de desarrollo más allá del centro andino y del sistema de ciudades.