Mientras Sean Diddy Combs sigue en prisión, sin posibilidad de fianza, pese a que sus defensores ofrecieron hasta 50 millones de dólares por estar en libertad mientras llega la fecha del juicio, que será el próximo 5 de mayo, la fiscalía decidió que los delitos que habría cometido el rapero son demasiados graves y que era prioridad tener bajo custodia al antes empresario y productor, toda vez que era posible que con la fortuna que maneja pudiera por ejemplo, querer salir del país. Trascendió que ofreció poner a disposición delas autoridades su pasaporte, pero definitivamente no calificó para una fianza.
Mientras llega el juicio, la defensa busca argumentos para que su cliente sea declarado inocente, como dice serlo el rapero, desde que en septiembre fue privado de la libertad: por su lado, la parte acusadora reúne más y más testimonios y pruebas de los delitos sexuales por los cuales es señalado.
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp¿Se viola el derecho a la legítima defensa de P. Diddy?
Ahora, este 19 de noviembre el equipo legal de Sean Combs denunció que las autoridades federales allanaron la celda de su cliente en un operativo que asegura, es completamente ilegal y violatorio en cuanto a sus derechos ciudadanos a una legítima y justa defensa.
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Según documentos legales obtenidos por el medio TMZ, el abogado de P. Diddy, Marc Agnifilo, contó que los fiscales tienen en su poder material protegido por el secreto profesional abogado-cliente que obtuvieron en el mencionado allanamiento.
Se refiere a las notas decomisadas y ahora custodiadas que incluyen apuntes escritos a mano sobre testigos de defensa y estrategias procesales para el juicio. Agnifilo argumentó que las autoridades ya han admitido tener estos documentos y que el procedimiento viola los derechos constitucionales de Diddy amparados en la Cuarta, Quinta y Sexta Enmiendas.
El abogado asegura que el interés de los fiscales es tener esa información para garantizar que Diddy está tras las rejas sin importar sii es inocente o culpable.
En los documentos, el representante calificó lo ocurrido como un “escandaloso proceder gubernamental que constituye una violación al debido proceso”.
La defensa de P. Diddy ahora solicita una investigación por el operativo y exigen que se responda: quién autorizó el registro de la celda, quién determinó qué materiales incautar, quién decidió entregarlos a la Fiscalía y por qué no se notificó a Sean Combs sobre la incautación.
Las autoridades federales no han emitido ninguna comunicación sobre lo acontecido.