2017, el año de la implementación para la salud

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El año 2017 para el sector salud podría comenzar con el cierre de uno de los capítulos más sonados en los últimos años: la venta de la EPS Cafesalud. Un proceso que se anunció en diciembre del 2015, con la liquidación de Saludcoop, pero que culminaría en marzo de este año, pues, si todo sale como se espera, esta EPS tendría un nuevo dueño para este mes.

 

Pero, más allá de la simple “transacción”, el traspaso de Cafesalud a un operador con mayores capacidades significa un nuevo aliento para el sector, ya que, en teoría, esto reanudaría la prestación de los servicios que se han visto suspendidos y aliviaría la crisis de aseguramiento.

 

Ahora, otro de los grandes “cierres” que se esperan en los primeros meses del año es la implementación de la Ley Estatutaria de Salud, que justamente en febrero cumplirá los dos años de ser sancionada. Tiempo límite, además, que se le dio al Ministerio de Salud para que aclarara las nuevas reglas del juego. Y aunque la Ley Estatutaria está llena de aristas y fueron varias las cosas en las que se avanzó, según el Ministerio, uno de los grandes retos estará en la autonomía de los médicos.

 

Con la entrada en funcionamiento de la plataforma Mipres y el fin de los Comités Técnico Científicos (CTC), los médicos serán libres de recetar medicamentos o tratamientos que no se encuentren en el Plan de Beneficios —antiguo POS—, sin necesidad de que sean aprobados por una instancia mayor. Lo que, además de darles mayor autonomía, implica la responsabilidad de no cargar al sistema, pues lo excluido del Plan de Beneficios va con cargo a los recursos públicos.

 

En este punto, además, el Ministerio tendrá la misión de establecer de forma precisa qué queda excluido del Plan de Beneficios, como tratamientos cosméticos, fármacos que no tengan documentación científica o estén en fase de estudio, de lo contrario se entenderá que hacen parte de él.

En cuento a los retos que implica hacer frente al posconflicto desde la salud, Fernando Ruiz, médico y exviceministro de Salud, considera que un tema central estará en la implementación de la salud rural y en poblaciones dispersas.

 

“La respuesta del sector va a ser compleja porque tiene que dar respuesta a través del régimen subsidiado, entonces tendrá que existir un trabajo de afiliación y, eventualmente, algunos programas especiales”, agregó.

 

Además, Ruiz considera que hay que ponerle el ojo a la situación médica que se está viviendo en Venezuela, pues el vecino país lleva tres años de silencio epidemiológico, tiene bajas tasas de vacunación y hay riesgo de un aumento en la demanda de servicios en Colombia ante un eventual colapso del sistema de salud de Venezuela.

 

 

Dos de las decisiones que más generaron debate el año pasado fueron la declaración del imatinib —fármaco para tratar la leucemia mieloide crónica— como medicamento de interés público y el desarrollo del decreto emitido por el Ministerio de Salud en el 2015 que reglamentó la producción de marihuana medicinal.

 

Aunque el año 2016 cerró con cuatro licencias de producción aprobadas, este año se espera no sólo que aparezcan más licenciatarios, sino que en el primer trimestre ya esté el decreto que dé pie para que se otorguen licencias de cultivo de marihuana para uso medicinal. Pero en cuanto a si este es el año en que se tendrán los primeros medicamentos de cannabis colombianos, la respuesta parecer ser no, pues las primeras cosechas no se darían hasta el segundo semestre y de ahí a que se tenga listo el producto final hay un largo tiempo.

 

Por otra parte, a la pregunta de si otros medicamentos tendrán el mismo destino del imatinib en cuanto a ser declarados de interés público, aún no se sabe a ciencia cierta cuál será la ruta, pero el primero que podría colarse en la lista es el sofosbuvir: un medicamento que se usa para tratar la hepatitis C crónica, conocido comercialmente como Sovaldi y producido el laboratorio estadounidense Gilead. Según el Ministerio, su caso ya está siendo estudiado.

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El año 2017 para el sector salud podría comenzar con el cierre de uno de los capítulos más sonados en los últimos años: la venta de la EPS Cafesalud. Un proceso que se anunció en diciembre del 2015, con la liquidación de Saludcoop, pero que culminaría en marzo de este año, pues, si todo sale como se espera, esta EPS tendría un nuevo dueño para este mes.

 

Pero, más allá de la simple “transacción”, el traspaso de Cafesalud a un operador con mayores capacidades significa un nuevo aliento para el sector, ya que, en teoría, esto reanudaría la prestación de los servicios que se han visto suspendidos y aliviaría la crisis de aseguramiento.

 

Ahora, otro de los grandes “cierres” que se esperan en los primeros meses del año es la implementación de la Ley Estatutaria de Salud, que justamente en febrero cumplirá los dos años de ser sancionada. Tiempo límite, además, que se le dio al Ministerio de Salud para que aclarara las nuevas reglas del juego. Y aunque la Ley Estatutaria está llena de aristas y fueron varias las cosas en las que se avanzó, según el Ministerio, uno de los grandes retos estará en la autonomía de los médicos.

 

Con la entrada en funcionamiento de la plataforma Mipres y el fin de los Comités Técnico Científicos (CTC), los médicos serán libres de recetar medicamentos o tratamientos que no se encuentren en el Plan de Beneficios —antiguo POS—, sin necesidad de que sean aprobados por una instancia mayor. Lo que, además de darles mayor autonomía, implica la responsabilidad de no cargar al sistema, pues lo excluido del Plan de Beneficios va con cargo a los recursos públicos.

 

En este punto, además, el Ministerio tendrá la misión de establecer de forma precisa qué queda excluido del Plan de Beneficios, como tratamientos cosméticos, fármacos que no tengan documentación científica o estén en fase de estudio, de lo contrario se entenderá que hacen parte de él.

En cuento a los retos que implica hacer frente al posconflicto desde la salud, Fernando Ruiz, médico y exviceministro de Salud, considera que un tema central estará en la implementación de la salud rural y en poblaciones dispersas.

 

“La respuesta del sector va a ser compleja porque tiene que dar respuesta a través del régimen subsidiado, entonces tendrá que existir un trabajo de afiliación y, eventualmente, algunos programas especiales”, agregó.

 

Además, Ruiz considera que hay que ponerle el ojo a la situación médica que se está viviendo en Venezuela, pues el vecino país lleva tres años de silencio epidemiológico, tiene bajas tasas de vacunación y hay riesgo de un aumento en la demanda de servicios en Colombia ante un eventual colapso del sistema de salud de Venezuela.

 

 

Dos de las decisiones que más generaron debate el año pasado fueron la declaración del imatinib —fármaco para tratar la leucemia mieloide crónica— como medicamento de interés público y el desarrollo del decreto emitido por el Ministerio de Salud en el 2015 que reglamentó la producción de marihuana medicinal.

 

Aunque el año 2016 cerró con cuatro licencias de producción aprobadas, este año se espera no sólo que aparezcan más licenciatarios, sino que en el primer trimestre ya esté el decreto que dé pie para que se otorguen licencias de cultivo de marihuana para uso medicinal. Pero en cuanto a si este es el año en que se tendrán los primeros medicamentos de cannabis colombianos, la respuesta parecer ser no, pues las primeras cosechas no se darían hasta el segundo semestre y de ahí a que se tenga listo el producto final hay un largo tiempo.

 

Por otra parte, a la pregunta de si otros medicamentos tendrán el mismo destino del imatinib en cuanto a ser declarados de interés público, aún no se sabe a ciencia cierta cuál será la ruta, pero el primero que podría colarse en la lista es el sofosbuvir: un medicamento que se usa para tratar la hepatitis C crónica, conocido comercialmente como Sovaldi y producido el laboratorio estadounidense Gilead. Según el Ministerio, su caso ya está siendo estudiado.