A la espera de una decisión clave para el sistema de salud: el aumento de la UPC

En estos últimos días de 2023, hay una inmensa preocupación en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud debe anunciar, antes de que termine diciembre, el aumento para el 2024 de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que es la plata que les gira el Estado a las EPS por cada afiliado que tengan. Pero aún no hay pistas de ese incremento a 10 días de terminar el mes. Para quienes están al frente de las EPS, ese monto es crucial para saber cómo planear el próximo año.

En estos últimos días de 2023, hay una inmensa preocupación en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud debe anunciar, antes de que termine diciembre, el aumento para el 2024 de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que es la plata que les gira el Estado a las EPS por cada afiliado que tengan. Pero aún no hay pistas de ese incremento a 10 días de terminar el mes. Para quienes están al frente de las EPS, ese monto es crucial para saber cómo planear el próximo año.

La UPC, que permite que cada ciudadano pueda acceder al Plan Básico de Salud (PBS) ha estado en el debate público durante 2023. Este año, su incremento fue del 16,23 %, tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado, lo que implica, en términos muy generales, que las EPS del contributivo recibieron $1’289.246 por cada afiliado y para las del régimen subsidiado fueron $1’121.396 (aunque, en realidad, esa cifra varía, según la población —niños o adulto mayor, por ejemplo— o la región en la que alguien viva).

La dificultad es que, según las EPS, esa plata no está alcanzando para garantizar el Plan Básico de Salud, algo que el Ministerio de Salud de Guillermo Alfonso Jaramillo ha negado. Las primeras esperan, al menos, un aumento de 6 a 8 puntos por encima de la inflación, que puede ser del 10 %, según estima el Banco de la República. (Puede ver: Empresa fue multada por vender productos de vapeo sin informar sus efectos).

El cálculo de ese dinero es un técnico y largo proceso, liderado por el Ministerio de Salud, que comienza en octubre. Entre los elementos que se consideran están la inflación, el aumento del salario mínimo, la demanda de servicios de salud, la cobertura, el acceso y otros indicadores de salud. Además, la discusión tiene un elemento que hace la decisión más compleja: este año el Minsalud debe actualizar el PBS con los nuevos servicios, tratamientos e intervenciones a los que los colombianos tendrán derecho a partir de 2024. En 2020 se incluyeron unos 22 procedimientos y en 2022, la entonces ministra, Carolina Corcho, introdujo 654.

Un anuncio crucial

El 24 de agosto pasado, el ministro Jaramillo dio una rueda de prensa donde anunció que el Gobierno estaba dispuesto a revisar si el dinero de la UPC era suficiente. Para hacerlo, se reunió con los dos gremios de las EPS: ACEMI (por el lado del contributivo) y Gestarsalud (en el subsidiado). Pero, al final, no lograron acuerdos.

“Hace 15 días nos convocaron para desestimar toda la información que habían entregado las EPS. No es una situación de una o dos EPS; hay unidad en los problemas que están alertando. Coincidimos en el diagnóstico: no nos está alcanzando la plata porque la gente está consultando más, hay inclusiones en el PBS, hay traslado de pacientes, tenemos una inflación inédita en los últimos dos años y no hemos superado la pandemia. Todo eso se lo mostramos al Ministerio; pero hace unos días nos reunió para decir, simplemente, que ellos revisaron sus números y que la plata alcanza y que, como ellos giran los recursos a tiempo, nosotros no tenemos ninguna razón para estar reclamando”, dice Ana María Vesga, directora de ACEMI.

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Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud, cree que no es común que a pocos días de que acabe el año haya silencio por parte del Minsalud. “Ellos [el Ministerio], nos han invitado, hemos escuchado, pero no hemos hablado de lo que toca hablar: el cambio en la metodología de la UPC. Han escuchado nuestros argumentos, pero no hay una retroalimentación que nos indique qué escenarios están teniendo en cuenta para tomar esa decisión”, dice Dávila, quien antes de estar al frente de este gremio fue directora de financiamiento sectorial y viceministra de Protección Social del Minsalud.

Las EPS esperan que el incremento de la UPC no sea menor que el del 2023 (16,23 %). “Ese aumento no puede estar por debajo de ese margen. Y ese incremento solo serviría para tener cierta tranquilidad y algo de equilibrio, pero no incluiría ni ayudaría a disipar las deudas y pérdidas que dejaron el 2022 y el 2023 a las EPS”, explica Dávila. Según las cuentas de las EPS, ya se les debe más de $1 billón. “Los presupuestos máximos (los recursos que se giran para financiar aquello que no está en el PBS) no se han girado para noviembre y diciembre, lo que hace más complejo el cierre de año”, agrega Vesga.

Desde las Cámaras de Salud de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) que agremian a aseguradores, prestadores y proveedores de tecnologías en salud, publicaron también un comunicado, en línea con ACEMI y Gestarsalud. En él aseguran que el costo en salud ha aumentado y la UPC ya no alcanza por razones como la mayor demanda de servicios en salud.

“Un aumento de la UPC que se limite solo a la inflación (que puede ser el 10 %) sería muy delicado para el sistema”, dice Dávila. Sin embargo, es justo esa cifra la que, según fuentes cercanas a las EPS, se les ha informado extraoficialmente (el Minsalud aclara que solo se referirá al tema cuando haya una resolución o decisión oficial). Lo que disgusta a las EPS es que, hasta ahora, no se les ha socializado cómo se está definiendo ese incremento.

“Lo que normalmente ocurre es que este es un ejercicio en donde el Ministerio publica la información y las EPS comparten datos y tienen tiempo de hacer sugerencias; es decir, un ejercicio de construcción conjunta, que hoy no existe”, añade Vesga. Incluso, dice que la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas —instancia que valida este incremento de la UPC— no se ha reunido a tratar el tema. (Puede ver: Reabrir “mataderos” en municipios, un debate con mucha carne)

Estas entidades tampoco saben aún si habrá inclusiones en el PBS o si algunos tratamientos que no están en esa bolsa empezarán a ser pagados con la UPC, una intención que ha mostrado el ministro Jaramillo. Si bien intentamos comunicarnos con el Ministerio de Salud para conocer su postura, fue imposible obtener una respuesta. Pero, en meses pasados Jaramillo dio indicios de su opinión. “Siempre hemos estado prestos a atender las inquietudes de todos”, ha reiterado el ministro. El 24 de agosto, en una de las últimas ruedas de prensa donde trató el tema, el ministro respondió a algunos de los cuestionamientos de las EPS.

Por ejemplo, en términos de frecuencias (el número de ocasiones en que los usuarios se dirigen al sistema), Jaramillo contradijo la versión de las EPS: “No ha habido un incremento”. Según sus gráficos, las frecuencias sí cayeron alrededor de 18,91 % durante 2020. Hubo un “20 % menos de frecuencias, pero a pesar de eso se les aumentó la UPC. Deberíamos de habérselas reducido, pero se les aumentó. Cuando ganan no dicen nada, pero cuando no están ganando lo suficiente se arma la tempestad”, dijo el ministro.

Respecto a la inclusión de nuevos medicamentos en el PBS, el ministro respondió en esa misma rueda de prensa que en 2022 se estimó que el gasto en esos servicios y tecnologías podría estar alrededor de los $4,6 billones, “pero se gastó $4,5 billones. Es decir, no solo no hizo deficitaria la UPC, sino que incluso hubo un superávit. Por acá tampoco nos han podido demostrar que no les alcanza el dinero”. (Puede ver: Piden que se apruebe novedosa terapia con edición genética en Europa)

Jaramillo también ha insistido en que las cifras que se tienen en cuenta para calcular la UPC son entregadas por las EPS en autoreportes. Y ha señalado que pese a que estos recursos se entregan por adelantado, las EPS tienen deudas onerosas con la red de prestadores. De hecho, según uno de los últimos reportes de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), las EPS del régimen contributivo deben unos $7,9 billones, mientras las del régimen subsidiado deben unos $3.5 billones.

En todo caso, son estas diferencias en las cifras y análisis en lo que respecta a cuánto debe incrementarse la UPC lo que desconcierta al mundo de la salud. “Una diferencia tan enorme no se había visto nunca”, asegura Jairo Humberto Restrepo, profesor de economía y coordinador del Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia.

Para Restrepo, la discusión de la UPC ya parece tan enrevesada como la del aumento del salario mínimo. Es una muestra de la falta de gobernanza del sistema de salud, dice. “Necesitamos una instancia técnica e independiente del Ministerio de Salud, que recoja los datos, los analice y dé un diagnóstico tan técnico que sea indiscutible. Lo que hoy nos pasa, incluso a los académicos, es que quedamos en el medio de posturas. Pero lo que sí es demostrable, a partir de estudios independientes, es que la UPC no está alcanzando. Que el Ministerio de Salud se atreva a decir que los recursos son suficientes, es de entrada un despropósito”.

Para el académico, la UPC requiere un ajuste extraordinario y no basta con reconocer solo el incremento de la inflación. “El sistema atraviesa por una situación financiera muy difícil, donde es necesario reconocer un incremento de la UPC muy superior al 12 %. Si no se reconoce un aumento acorde a las necesidades de gasto del sistema, podemos estar ad portas de una crisis del sistema para 2024”. (Puede ver: Se necesitan medidas urgentes de control de los cigarrillos electrónicos: OMS)

Vesga, de ACEMI, está de acuerdo. “Un incremento del 10 % “profundizaría el desequilibrio financiero, lo que termina afectando la prestación de los servicios. Las EPS han consumido sus patrimonios, empiezan a retrasarse en sus pagos con la red, la red empieza a cerrar convenios con las EPS y hay dificultades de toda índole”, dice. Con ella concuerda Dávila: “Este tema del financiamiento debe quedar muy claro para 2024”.