Aborto legal: dos años de despenalización y las barreras que persisten
Este 21 de febrero se cumplen dos años de la sentencia Causa Justa emitida por la Corte Constitucional para garantizar el derecho al aborto hasta la semana 24 de gestación. Cifras conocidas por El Espectador muestran que todavía hay barreras por parte de algunas EPS para acceder a este derecho, y también situaciones de violencia en que las mujeres son vulneradas.
Luisa Fernanda Orozco
Hace dos años, la Corte Constitucional tomó una decisión histórica: la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación mediante la sentencia C-055, conocida como Causa Justa. Desde entonces, ha aumentado el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-. La clandestinidad también se redujo, y territorios rurales y urbanos han recibido mayor información sobre sexualidad y reproducción. Esto es lo que hasta ahora muestran cifras conocidas por El Espectador, elaboradas por instituciones como Profamilia y Oriéntame -instituciones prestadoras de salud privadas-, y fundaciones como Jacarandas.
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Hace dos años, la Corte Constitucional tomó una decisión histórica: la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación mediante la sentencia C-055, conocida como Causa Justa. Desde entonces, ha aumentado el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-. La clandestinidad también se redujo, y territorios rurales y urbanos han recibido mayor información sobre sexualidad y reproducción. Esto es lo que hasta ahora muestran cifras conocidas por El Espectador, elaboradas por instituciones como Profamilia y Oriéntame -instituciones prestadoras de salud privadas-, y fundaciones como Jacarandas.
Aunque todas las organizaciones coinciden en que la mayoría de experiencias de IVE han sido seguras y positivas, con garantía de derechos, todavía existen muchos casos en los que no es así, pues hay prácticas violentas a nivel psicológico, verbal y físico. “Ojalá todo hubiera sido perfecto luego de la despenalización, pero nos queda camino por recorrer”, explica Marta Royo, directora ejectuvia de Profamilia. Ese es el caso de Diana*, una mujer de 23 años que vive en Puerto López, Putumayo, y que a finales de 2023 tuvo un aborto incompleto a las 6.5 semanas de gestación.
Su historia se cuenta en el informe que Jacarandas dio a conocer el pasado 20 de febrero en el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá, “Agradezca que pudo abortar: dos años de avances y barreras para acceder al aborto”. En él, se recopiló la información de 10.033 mujeres que pidieron asesoría entre 2022 y 2023 a través de la línea* que la fundación creó en abril de 2022 para brindar información, orientar e, incluso, representar jurídicamente a quienes quieran acceder a una interrupción voluntaria en Colombia.
El informe recopiló la historia de otras 9 mujeres que, como Diana, fueron víctimas de violencia obstétrica -también llamada violencia reproductiva-, que se define por las prácticas inadecuadas durante la interrupción del embarazo. Sin embargo, en palabras de la abogada y vocera de Jacarandas, Viviana Bohórquez, el relato de Diana es uno de los más graves, pues ella contó que la IPS a la que acudió no le brindó una adecuada atención médica. En primer lugar, cuando llegó hasta allí solicitando una IVE, le dijeron que no había misoprostol ni mifepristona, medicamentos necesarios para inducir el aborto.
Ella misma decidió entonces realizarse la interrupción, pero horas después comenzó a sangrar de manera excesiva y tuvo que acudir otra vez al mismo centro de salud. Allí le practicaron una ecografía y le confirmaron que tenía restos de una interrupción incompleta. Le realizaron 10 ecografías más y, en dos de ellas, Diana afirma que el profesional de salud que la atendió cometió violencia sexual en su contra. En reiteradas ocasiones, le palpó los genitales sin guantes de manera no consensuada. También, y por parte de otra doctora, recibió comentarios estigmatizantes, como que debía “confesarle sus pecados a Dios” y “rezar para obtener su perdón”. Ella también está afiliada a la EPS Sanitas, a la que consultamos para que nos ayudara a entender lo sucedido y nos contara cómo abordan ese tipo de casos, pero al cierre de esta edición no tuvimos respuesta.
En total, Diana tuvo nueve esquemas de misoprostol sin que el aborto fuera efectivo, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace énfasis en que el uso excesivo de este tipo de medicamentos puede ser altamente perjudicial para la salud de las mujeres. Además, Diana tuvo que acudir 11 veces a urgencias, y, en al menos 3 oportunidades, le señalaron que le iban a hacer un legrado, método no recomendado por la OMS, pues consiste en eliminar tejido del útero mediante un raspado.
Luego de que Jacarandas le brindara los recursos a Diana para que viajara hasta Bogotá y allí le practicaran el debido procedimiento, pasaron dos meses hasta que ella decidió denunciar. Así, la fundación la acompañó en varias acciones legales ante el Tribunal de Ética Médica del Meta por los comportamientos del personal de salud que la atendió, y una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presunta violencia sexual. También se presentaron quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud de Villavicencio, y Sanitas EPS. De todas esas acciones, ninguna ha tenido respuesta, más allá de que, hace una semana, un fiscal fue asignado al caso y llamó a Diana para escuchar su versión de los hechos.
Bohórquez dice que se han presentado otros casos de violencia verbal en los que se juzga a las mujeres por abortar, o en los que se les niega el acceso al servicio mediante falsa información. Hay ocasiones en las que les dicen que la IVE no es legal en Colombia hasta la semana 24, o que solo está disponible mediante las tres causales antiguas: malformación en el feto que haga inviable su vida; peligro vital para la mujer; y violencia sexual, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.
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“Además, es importante resaltar que argumentos como la objeción de conciencia no exime a que los profesionales de la salud brinden información sobre la sentencia y remitan a otros profesionales que garanticen el derecho sin ninguna barrera”, explica Laura Castro González, coordinadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
Al respecto, la OMS es bastante clara cuando hace un llamado a cómo debería ser una atención adecuada en ese tipo de procedimientos: atención humanizada, información basada en la evidencia médica, entrenamiento en todos los métodos para realizar el aborto, atención postaborto e igualitaria, sin importar etnia, condición migrante, orientación sexual y demás.
Pero, aunque todas las expertas coinciden en que la atención en IVE ha mejorado en algunas EPS e IPS del país, esto no es garantía de que las usuarias no encuentren barreras cuando inician la ruta a través de sus EPS. De hecho, Jacarandas acompañó a 106 mujeres a presentar acciones legales contra las EPS en las que las mujeres tuvieron una mala experiencia durante su interrupción voluntaria. Las que acumularon un mayor número de acciones fueron Sanitas, con 23; Compensar, con 15; y Nueva Salud, con 12. El Espectador intentó comunicarse con estas EPS para conocer su respuesta ante el informe, pero tampoco obtuvimos respuesta.
Según datos del Dane, solo cerca del 25,4%, de las IPS prestan algún Servicio de Salud Sexual y Reproductiva. Tanto Causa Justa y Jacarandas señalan que hay mujeres a las que las hacen esperar de manera injustificada cuando solicitan una IVE, cuando la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud estableció que el máximo era de 5 días. Castro explicó que algunas mujeres se abstienen de llevar a cabo acciones legales por temor a ser “presionadas por las instituciones, asumir esperas o más trámites o temen la falta confidencialidad”.
Para la vocera de Causa Justa y directora del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir, Sandra Mazo, las mujeres rurales son quienes tienen más dificultades a la hora de acceder a un IVE, pues muchas ni siquiera cuentan con un centro de salud cercano al cual acudir, medios de transporte o vías en buenas condiciones para movilizarse hasta otros territorios, e información oportuna para conocer que el aborto es un derecho hasta la semana 24 de gestación.
Con ello coincide el Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad Icesi, que afirma que el estado de la implementación de la sentencia reproduce la exclusión que sufren las mujeres que habitan zonas periféricas, así como la violencia estructural que recae sobre las personas de bajos recursos o que por su condición étnica enfrentan barreras y negaciones de los servicios.
Datos positivos que se repiten durante el segundo año de despenalización
Para Royo, luego de la decisión del alto tribunal, surgieron muchos prejuicios. “El argumento que muchos detractores utilizan es que, supuestamente, las mujeres corren a abortar en la semana 24, pero, en los dos años que llevamos de despenalización, hemos comprobado que eso no es así”, dice.
Como se comprobó luego de que la sentencia cumpliera un año, la mayoría de abortos, incluso más del 90 %, siguen sucediendo antes de la semana 12 de gestación. De hecho, y según cifras de Profamilia, 9 de cada 10 abortos se realizaron durante ese tiempo, y solo el 0,7 % después de la semana 24, como también ocurrió en 2023.
Lo mismo confirman los datos de Causa Justa por el Aborto -el movimiento de organizaciones feministas que litigó el caso en la Corte Constitucional-, y La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Al comparar los datos recopilados después del primer año y medio de implementación de la sentencia con los de antes del 2022, muestran que una mayor cantidad de mujeres consultaron antes de la semana 14 de gestación, pasando del 33 % al 53 %.
Oriéntame también reportó que, entre febrero de 2022 y septiembre de 2023, más del 90 % de los abortos realizados en sus clínicas sucedieron dentro de las primeras 12 semanas de gestación. También se redujo el porcentaje de aquellas que consultaron después de la semana 15, pasando del 54 % al 34 %.
En cuanto al acceso de la IVE, Profamilia registró un aumento del 18,7 % en sus puntos de atención entre 2022 y 2023. “Pero, contrario a lo que pueda creerse desde el prejuicio, no es que muchas más mujeres estén abortando porque sí, sino que esa cifra representa a aquellas que ya no tienen que acudir a la clandestinidad. Al no existir el delito y el riesgo de ir a la cárcel, acuden en las primeras semanas de su embarazo buscando la interrupción”, dice Royo, quien también destaca la creación de “Mía”*, servicio de aborto farmacológico por telemedicina hasta la semana 12 de gestación, que tuvo un 29.3 % de aumento en 2023 respecto al año anterior y que facilita la prestación de servicios y llegar lugares apartados.
Mazo dice que eso significa que “se está accediendo más rápida a la información, un gran triunfo para que las mujeres conozcan sus derechos, decidan sobre sus cuerpos y, luego, accedan a métodos anticonceptivos de los que tal vez no tenían conocimiento previo”.
Si bien Profamilia y Oriéntame coinciden en que la mayoría de mujeres que pregunta sobre el aborto está, en promedio, por debajo de los 35 años, también hay menores de edad que acuden a las líneas de información. “Por supuesto que las niñas pueden requerir la interrupción de un embarazo”, dice Royo, pero advierte que no hay que olvidar que detrás de cada aborto en una menor de 14 años hay una víctima de violencia sexual, como indica el Código Penal colombiano. “Allí lo importante es avanzar también en la creación de entornos protectores para esas menores”, complementa.
Aquellas que decidan abortar luego de la semana 24, deben acudir a las causales extremas de la sentencia C-355 de 2006, que son las mismas tres por las cuales se podía interrumpir un embarazo antes del 21 de febrero de 2022.
Ahora, Profamilia y Oriéntame coinciden en que poco más del 1 % de las mujeres consultaron entre las semanas 20 y 24 de gestación. Bohórquez, Mazo y Royo dicen que esto se puede presentar porque la mayoría de las mujeres que están en ese grupo son migrantes, viven en la ruralidad o se encuentran en situación de escasos recursos.
Mazo explica que ninguna mujer, por decisión propia, va a querer prolongar el tiempo para abortar en un estado de gestación avanzada, sobre todo porque, antes de la semana 12, la interrupción voluntaria puede realizarse de manera sencilla y ambulatoria con medicamentos como el misoprostol y la mifepristona, únicamente prescritos por un profesional de la salud con fines ginecobstétricos. “La tardanza en acudir al aborto puede suceder por las barreras que las mujeres encuentran para acceder a él de manera oportuna”, complementa Royo.
*Nombre cambiado en el informe de Jacarandas por seguridad de la fuente.
*La línea de atención de Jarandas a través de WhatsApp es a través del número +57 314 5929359.
*Para obtener mayor información sobre “Mía”, de Profamilia, puede ingresar a https://mia.com.co/.
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