Así reacciona el mundo de la salud al aumento de la UPC decretado por el Gobierno

El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este martes, 31 de diciembre, se conoció una de las noticias más esperadas en el mundo de la salud en Colombia: el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según lo anunciado por el Gobierno en la resolución 2718, el incremento será del 5,36 %, que fue la inflación acumulada en el año hasta noviembre de 2024.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, como contamos en un artículo publicado hoy, el cálculo para hacer el aumento no se hizo con la información reportada por las EPS, pues esta no habría cumplido con los criterios de validación para considerarla “confiable, oportuna y clara”.

Las reacciones no se hicieron esperar ante esa decisión crucial para la sostenibilidad del sistema de salud. La organización Pacientes Colombia, que agrupa a cerca de 200 asociaciones de usuarios del sistema de salud en Colombia, fue una de las primeras en pronunciarse. “De múltiples formas y a través de amplias voces en el sector, se hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social para que la UPC tuviera un incremento mínimo del 16 %”, señalaron a través de un comunicado.

Para la organización, este aumento amplía la brecha entre los recursos que se destinan y los que necesita el sistema de salud. “En 2025, la UPC seguirá siendo insuficiente y el aumento del gasto de bolsillo será inminente para los pacientes y usuarios del sistema. Esto significa que, en medio de una crisis cada vez más profunda, los pacientes tendrán que comprar los medicamentos o pagar el total de los procedimientos, a los que hoy acceden pagando solo una cuota moderadora”, apuntaron en el documento.

El déficit de recursos al que se refieren ha sido documentado por organizaciones como Sectorial, que hace seguimiento al sistema de salud y estima que el 2024 cerrará con un hueco de $9 billones para su funcionamiento.

Para Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (Acesi), en el sector se esperaba que el aumento fuera, al menos, el mismo porcentaje que aumentó el salario mínimo. “Empezamos con un desfase, porque en las bases de nuestras instituciones se aplica el incremento del salario mínimo y eso va a generar un desbalance, sumado a la difícil situación financiera que tienen las instituciones públicas”, aseguró a El Espectador.

Por su parte, Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, reaccionó por medio de su cuenta de X señalando que “la UPC no alcanza para pagar las necesidades de salud de los colombianos, no alcanza para ajustar salarios, no corrige la insuficiencia de la UPC que el Ministerio de Salud reconoció en la Corte Constitucional”.

“¿Cómo van a hacer los hospitales para pagarle a su personal? ¿Cómo van a hacer para cubrir los déficits que hay en este momento en el sector, en términos de medicamentos y procedimientos?”, se preguntó, por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi. “El Minsalud sabe que se incrementará el déficit del sistema en más de $10,5 billones. Seguramente culpabilizará el hecho de que no ha salido la reforma a la salud, que no resuelve este problema (...) La responsabilidad del Ministerio de Salud es asegurar que el sistema funcione, que los pacientes tengan atención temprana y oportuna. Infortunadamente, no es esa la actitud que hemos visto. Lo que podemos prever es que se profundizará la crisis en el 2025″.

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, manifestó, por su parte, que se “completan tres años con un incremento de la UPC que no reconoce la demanda de servicios, el envejecimiento poblacional, inclusión de tecnologías y el comportamiento de precios. Tres años sin estudios serios. Esta decisión de hoy del 5.3% afecta a la población más vulnerable”.

Para Jorge Gutiérrez, el director de Gestarsalud, el gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado,esta decisión muestra la inflexibilidad en la metodología para el cálculo de suficiencia de los costos del Plan Obligatorio de Salud (POS) por parte del ministerio.

“Es el escenario más desastroso, pues se suma al aumento de los costos para los centros de salud del personal en los centros de salud con el aumento del salario mínimo. Los que va a pasar es que los nuevos contratos en salud se terminarán ajustando y se va a restringir la prestación de servicios, y ahí es cuando sufren los pacientes y la salud de los colombianos”, explica Gutiérrez.

En esta misma línea, desde la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), hicieron un llamado al Gobierno Nacional que pueda reconsiderar el uso del IPC hasta noviembre para ajustar la UPC de este año.

“Nosotros le proponemos al gobierno Nacional utilizar como indicador el incremento del salario minino para el ajuste de la UPC, pues de este está ligado el costo del personal de salud, que representa entre el 60 y 70 % de los gastos de los prestadores de los servicios. Este desface de los indicadores puede causar serias afectaciones a un sector que ya viene acusando el problemas crónico de liquidez y otras dificultades en la operación de salud”, explicó Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC.

Acemi, que agremia a las EPS del régimen contributivo, no se quedó atrás. Ana María Vesga, su presidenta, se manifestó en horas de la mañana de este 1 de enero: “La decisión de aumento de UPC para 2025 pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes”, escribió en su cuenta de X. “Carece de razón técnica, es incoherente con el incremento del salario mínimo y es contradictoria por cuanto más de la mitad de la información que se requiere para su cálculo debía ser proporcionada por EPS bajo intervención estatal. Simplemente no alcanzará el dinero para cubrir la atención de los colombianos”.

De acuerdo con sus cifras, para el 2025 el sistema de salud puede tener un déficit de $9 billones.

También se pronunció Alejandro Gaviria, exministro de las carteras de Salud y Educación, afirmando que el Gobierno “renunció a su papel de regulador” al no utilizar la metodología que se suele tener en cuenta para esta tarea, por lo que “fijó un valor a dedo, de manera arbitraria y caprichosa”.

Además, afirmó que la decisión de Gobierno “muestra indiferencia y dejadez” con el sistema de salud, y que “el sector tiene que unirse para evitar una crisis sistémica sin precedentes”.

Otro de los aspectos que han señalado varias voces del sistema de salud es el hecho de que la resolución se haya publicado el 31 de diciembre, último día de plazo para hacer el ajuste, sin haberse publicado previamente para consulta ciudadana.

La Procuraduría había enviado una carta al Ministerio de Salud el pasado 18 de diciembre solicitando información sobre el cálculo de la UPC, pero hasta la fecha no se conoció respuesta a esa petición. En cambio, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó una recusación contra Margarita Leonor Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, y contra Diana Margarita Ojeda Visbal, Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, por considerar que no estaban siendo imparciales al solicitar información sobre el cálculo de la UPC.

Desde la organización Pacientes Colombia también pidieron a la Corte Constitucional “que atienda nuestra solicitud de estado de cosas inconstitucionales, porque aquí se está jugando con el bienestar y la supervivencia de los colombianos”, según dijo Denis Silva, vocero de esa organización, en el comunicado.

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