Así es como el Gobierno quiere frenar el consumo de sustancias psicoactivas

En la capital de Boyacá, el Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza de Juan Pablo Uribe, presentó este miércoles la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, una “nueva herramienta para reforzar la lucha contra el consumo de alcohol y otras sustancias”.  

Según el más reciente Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – realizado en 2013–, Colombia pasó de ser un país productor de sustancias psicoactivas a uno consumidor. Por ejemplo, las más usadas el año anterior al informe fueron el alcohol (58,7%) y el tabaco (16,2%), con prevalencias más bajas de marihuana (3,3%) y cocaína (0,7%).

Los resultados coinciden con los del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar del país, publicados en junio de 2018. Un 69.2% de los estudiantes de colegios de Colombia han probado el alcohol alguna vez en la vida (equivale a decir que 1 de cada 2 colegiales de 10° y 11° consume alcohol regularmente). Por otro lado, el consumo de marihuana aumentó entre 2011 y 2016, de 6.9% a 7.8%. El consumo de cocaína también, que pasó de 2.4% en 2011 a 2.6% en 2016. (Lea: Los colegiales colombianos consumen menos alcohol y cigarrillo, pero más marihuana y cocaína)

Incluso en 2013, el consumo de alcohol se había estabilizado, pero el consumo de sustancias ilícitas iba en aumento. “Es un fenómeno complejo y como tal, el Gobierno nacional lo asume como una prioridad; por ello esta política que hoy lanzamos enfoca el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública y a las personas y comunidades en riesgo o afectadas, como sujetos con derechos que necesitan desarrollarse en sus entornos”, aseguró el ministro Uribe Restrepo.

De acuerdo con el ministro, la política estará guiada por cinco principios rectores: desarrollo humano, la vida digna, la inclusión, la no discriminación y la integralidad, es decir, que cubre desde tareas de promoción y prevención del consumo de estas sustancias, hasta el tratamiento completo de las personas y comunidades en riesgo o afectadas, siembre bajo la voluntariedad de las mismas.

Una de las acciones es la inclusión de medicamentos en el Plan Básico de Salud para tomar acciones más contundentes frente a la salud mental (estaría focalizado por territorios de acuerdo a la prevalencia) e incluiría desde la promoción de espacios saludables hasta la rehabilitación de ciudadanos que son consumidores problemáticos de sustancias psicoactivas.

Cuando le preguntaron al ministro si el Estado cubriría terapias de sustitución para adictos, este aclaró que solo para el caso de las personas adictas a los opiáceos. Una terapia de sustitución es un tratamiento para deshabituar a un consumidor a la sustancia a la que está “enganchado”. En el caso de los opiáceos, las sustancias de reemplazo más comunes en los tratamientos son la metadona o la buprenorfina.

Según dijo el ministro Uribe, se está desarrollando un documento CONPES con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que define recursos, acciones e intervenciones de las diferentes entidades que participarán en la implementación del programa.

En la capital de Boyacá, el Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza de Juan Pablo Uribe, presentó este miércoles la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, una “nueva herramienta para reforzar la lucha contra el consumo de alcohol y otras sustancias”.  

Según el más reciente Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – realizado en 2013–, Colombia pasó de ser un país productor de sustancias psicoactivas a uno consumidor. Por ejemplo, las más usadas el año anterior al informe fueron el alcohol (58,7%) y el tabaco (16,2%), con prevalencias más bajas de marihuana (3,3%) y cocaína (0,7%).

Los resultados coinciden con los del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar del país, publicados en junio de 2018. Un 69.2% de los estudiantes de colegios de Colombia han probado el alcohol alguna vez en la vida (equivale a decir que 1 de cada 2 colegiales de 10° y 11° consume alcohol regularmente). Por otro lado, el consumo de marihuana aumentó entre 2011 y 2016, de 6.9% a 7.8%. El consumo de cocaína también, que pasó de 2.4% en 2011 a 2.6% en 2016. (Lea: Los colegiales colombianos consumen menos alcohol y cigarrillo, pero más marihuana y cocaína)

Incluso en 2013, el consumo de alcohol se había estabilizado, pero el consumo de sustancias ilícitas iba en aumento. “Es un fenómeno complejo y como tal, el Gobierno nacional lo asume como una prioridad; por ello esta política que hoy lanzamos enfoca el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública y a las personas y comunidades en riesgo o afectadas, como sujetos con derechos que necesitan desarrollarse en sus entornos”, aseguró el ministro Uribe Restrepo.

De acuerdo con el ministro, la política estará guiada por cinco principios rectores: desarrollo humano, la vida digna, la inclusión, la no discriminación y la integralidad, es decir, que cubre desde tareas de promoción y prevención del consumo de estas sustancias, hasta el tratamiento completo de las personas y comunidades en riesgo o afectadas, siembre bajo la voluntariedad de las mismas.

Una de las acciones es la inclusión de medicamentos en el Plan Básico de Salud para tomar acciones más contundentes frente a la salud mental (estaría focalizado por territorios de acuerdo a la prevalencia) e incluiría desde la promoción de espacios saludables hasta la rehabilitación de ciudadanos que son consumidores problemáticos de sustancias psicoactivas.

Cuando le preguntaron al ministro si el Estado cubriría terapias de sustitución para adictos, este aclaró que solo para el caso de las personas adictas a los opiáceos. Una terapia de sustitución es un tratamiento para deshabituar a un consumidor a la sustancia a la que está “enganchado”. En el caso de los opiáceos, las sustancias de reemplazo más comunes en los tratamientos son la metadona o la buprenorfina.

Según dijo el ministro Uribe, se está desarrollando un documento CONPES con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que define recursos, acciones e intervenciones de las diferentes entidades que participarán en la implementación del programa.