Así fue el robo al principal hospital del Chocó

“Siempre que viene el ministro (de Salud) le muestran sólo lo bonito”, gritó una mujer mientras un grupo de delegados del Gobierno y de la Corte Constitucional ingresaba al San Francisco de Asís, o al “hospital del Chocó”, como los pobladores de Quibdó se refieren a él. Y tienen razón para llamarlo así: este es el único hospital público del departamento que cuenta con especialistas y que tiene capacidad de hacer procedimientos quirúrgicos (un hospital de segundo nivel, según la clasificación del sistema de salud). Es el único, está quebrado y pronto dejará de existir.

El hospital San Francisco de Asís está en liquidación, por decisión de la Superintendencia Nacional de Salud. Sus deudas y sus problemas históricos de infraestructura, de falta de insumos y personal, de desorden administrativo y de corrupción, lo arruinaron. Y eso sucedió principalmente durante la última década, que es el mismo tiempo que la institución lleva siendo intervenida por el Gobierno. Desde el 6 de marzo del 2007, la operación y la administración del hospital han estado en cabeza de un funcionario (o interventor) designado por la Superintendencia de Salud. Pero ni siquiera así pudo salvarse. Su crisis se agudizó.

El jueves pasado el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se paseó por los pasillos del hospital como parte de una inspección judicial liderada por la Corte Constitucional. Apenas estaba comenzando la visita (a la que también asistieron funcionarios de la Superintendencia de Salud, la Defensoría, la Personería, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Quibdó), cuando María Carmen Arboleda se atravesó para decir que, más allá de la pintura y los arreglos que le están haciendo al hospital, persisten graves fallas en la atención.

Contó que su esposo había sufrido un accidente de tránsito y llevaba cuatro días esperando una operación. El día anterior estaban a punto de realizarle la cirugía maxilofacial, pero tuvieron que sacarlo del quirófano porque llegó una mujer a punto de parir. Mientras ella seguía el relato, Alirio Torres, su esposo, se quejaba: “Ya no aguanto el dolor”. En la última década esta escena se ha repetido incontables veces en el San Francisco de Asís. Las fallas en la atención a los usuarios, que fueron una de las principales causas de la intervención en el 2007, se siguen repitiendo hoy que está a punto de ser liquidado. Y no sólo eso.

En estos diez años su deuda se multiplicó casi por siete (sus pasivos pasaron de unos $5.000 millones a $34.000 millones). Como dijo el magistrado Jorge Iván Palacio al final de la inspección, a pesar de que hay “algunas mejorías” en la atención, en la adquisición de ambulancias y en el pago de pasivos a los trabajadores, las condiciones de “accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad” del servicio de salud siguen siendo “preocupantes”.

La manera en la que se robaron al San Francisco de Asís incluye un sinnúmero de absurdos que acaban de ser revelados por la Contraloría General de la República. El ente de control encontró, por ejemplo, que en el 2013 se suscribió un contrato de $18,5 millones para crear un manual de procedimientos y que el resultado fue “una copia alterada de los manuales de procedimientos de la E.S.E. Hospital San Antonio y de la E.S.E. Hospital del Sur de Bogotá”.

La Contraloría denunció también absurdos como la “falta de control por parte de la administración al momento de verificar las tarjetas profesionales” y la “presencia prolífica de gatos y palomas en las instalaciones generales” de la institución. En su informe sostiene que, a pesar de que “se observó una leve mejoría en las condiciones del hospital por la administración y operación directa por parte del interventor (en el 2015), aún persisten los hallazgos que dieron origen a la intervención”.

En la cronología de cómo se hundió el San Francisco de Asís también merecen mención especial Caprecom (entidad liquidada, que operó el hospital durante seis años y quedó debiéndole casi $4.000 millones) y uno de los seis interventores que la manejaron: Farid Alonso Vieira González. Vieira, quien estuvo frente al hospital entre agosto de 2013 y septiembre de 2014, está hoy prófugo de la justicia. En febrero pasado, un juez de Quibdó ordenó su captura por enriquecimiento ilícito, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricato por acción. La medida también cobijó a otras cuatro personas que trabajaban con él, incluyendo a su esposa, Rosalbina Manotta.

Y a este listado seguramente van a sumarse más personajes pronto, según lo anunció la Corte Constitucional. Al finalizar la inspección, el magistrado Jorge Iván Palacio afirmó que había hecho traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría de los hallazgos de la Contraloría, para que “en el marco de sus competencias adelanten las acciones disciplinarias y penales sobre gobernadores, alcaldes, interventores y superintendentes involucrados”.

Con el robo sistemático al San Francisco de Asís, los principales afectados fueron los pacientes (y la salud del Chocó, que en el 2014 llegó a tener una tasa de muertes de niños indígenas menores de 5 años por desnutrición 58 % por encima del promedio nacional). Pero también la infraestructura del hospital, que en un momento fue lamentable: humedad en las paredes, goteras, filtraciones, techos a punto de colapsar, equipos médicos deteriorados y oxidados, muebles gastados. Entre las víctimas están también los trabajadores, que durante años recibieron pagos atrasados e incluso todavía esperan que se resuelvan deudas históricas.

Al pediatra Pedro Luis Álvarez, quien observaba la inspección de la Corte Constitucional con prudencia, le deben un mes del 2013, cuatro meses del 2014 y cuatro del 2016. “¿Por qué sigo acá? Porque siento un compromiso con mi tierra”, dice. Y continúa: “En este hospital ha habido de todo: un manejo que no se ha enfocado en la prestación del servicio, corrupción administrativa y complacencia de todos, empezando por el pueblo, que no reclama sus derechos, que también permitió que esto pasara”.

El San Francisco de Asís huele a pintura fresca porque en los últimos meses se han invertido más de $3.000 millones en su infraestructura. El cambio, en comparación con la visita que la Corte Constitucional hizo en enero del 2015, es evidente. Pero no suficiente. Cuando termine la liquidación, el edificio en el que hoy funciona el San Francisco de Asís (al que todavía le faltan muchas mejoras en áreas como maternidad, urgencias, pediatría y cirugía general) deberá estar listo para albergar un nuevo hospital que está en proceso de creación en la Asamblea Municipal y que se llamará Nuevo San Francisco de Asís.

César Rodríguez, director de Dejusticia y delegado por la Corte Constitucional para realizar un peritaje sobre la situación del hospital y la salud en el Chocó, asegura que este tipo de inspecciones permiten una reflexión profunda más allá de señalar culpables. “En este caso sirvió para preguntarnos qué significa la finalización de una intervención. ¿Están los departamentos preparados para recibir un hospital saneado y evitar nuevas quiebras, como en el caso del San Francisco de Asís?”. Precisamente esta es una de las preguntas que siguen en el aire: ¿está el departamento del Chocó preparado? ¿Tiene un plan financiero y operativo para que el nuevo hospital empiece a andar?

El gobernador del Chocó, Jhoany Carlos Palacios, asegura que necesita por lo menos $7.500 millones para empezar a operar esa nueva institución. Confiesa que no los tiene. Le pide al Gobierno Nacional que hagan una “minga” (que cada uno haga un aporte) para que el arranque del nuevo hospital no sea un fracaso. Pero el Gobierno ha sido claro en señalar que su compromiso fue entregar el hospital saneado, que no puede ir más allá.

Cuando tuvo la palabra, el ministro Alejandro Gaviria señaló que “decir que todos los problemas de salud del departamento se deben al Gobierno es minimizar lo que pasó”. Y enumeró una serie de hechos que han aportado al descalabro histórico de la salud en Chocó, como la liquidación de la Secretaría de Salud del departamento (Dasalud), en el 2011, “por problemas de corrupción acumulados”. Y concluyó: “Hay errores del Gobierno, pero tenemos que tener cuidado con las narrativas simplistas que llevan a que la corrupción se siga perpetuando”.

* Periodista de Dejusticia.

“Siempre que viene el ministro (de Salud) le muestran sólo lo bonito”, gritó una mujer mientras un grupo de delegados del Gobierno y de la Corte Constitucional ingresaba al San Francisco de Asís, o al “hospital del Chocó”, como los pobladores de Quibdó se refieren a él. Y tienen razón para llamarlo así: este es el único hospital público del departamento que cuenta con especialistas y que tiene capacidad de hacer procedimientos quirúrgicos (un hospital de segundo nivel, según la clasificación del sistema de salud). Es el único, está quebrado y pronto dejará de existir.

El hospital San Francisco de Asís está en liquidación, por decisión de la Superintendencia Nacional de Salud. Sus deudas y sus problemas históricos de infraestructura, de falta de insumos y personal, de desorden administrativo y de corrupción, lo arruinaron. Y eso sucedió principalmente durante la última década, que es el mismo tiempo que la institución lleva siendo intervenida por el Gobierno. Desde el 6 de marzo del 2007, la operación y la administración del hospital han estado en cabeza de un funcionario (o interventor) designado por la Superintendencia de Salud. Pero ni siquiera así pudo salvarse. Su crisis se agudizó.

El jueves pasado el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se paseó por los pasillos del hospital como parte de una inspección judicial liderada por la Corte Constitucional. Apenas estaba comenzando la visita (a la que también asistieron funcionarios de la Superintendencia de Salud, la Defensoría, la Personería, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Quibdó), cuando María Carmen Arboleda se atravesó para decir que, más allá de la pintura y los arreglos que le están haciendo al hospital, persisten graves fallas en la atención.

Contó que su esposo había sufrido un accidente de tránsito y llevaba cuatro días esperando una operación. El día anterior estaban a punto de realizarle la cirugía maxilofacial, pero tuvieron que sacarlo del quirófano porque llegó una mujer a punto de parir. Mientras ella seguía el relato, Alirio Torres, su esposo, se quejaba: “Ya no aguanto el dolor”. En la última década esta escena se ha repetido incontables veces en el San Francisco de Asís. Las fallas en la atención a los usuarios, que fueron una de las principales causas de la intervención en el 2007, se siguen repitiendo hoy que está a punto de ser liquidado. Y no sólo eso.

En estos diez años su deuda se multiplicó casi por siete (sus pasivos pasaron de unos $5.000 millones a $34.000 millones). Como dijo el magistrado Jorge Iván Palacio al final de la inspección, a pesar de que hay “algunas mejorías” en la atención, en la adquisición de ambulancias y en el pago de pasivos a los trabajadores, las condiciones de “accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad” del servicio de salud siguen siendo “preocupantes”.

La manera en la que se robaron al San Francisco de Asís incluye un sinnúmero de absurdos que acaban de ser revelados por la Contraloría General de la República. El ente de control encontró, por ejemplo, que en el 2013 se suscribió un contrato de $18,5 millones para crear un manual de procedimientos y que el resultado fue “una copia alterada de los manuales de procedimientos de la E.S.E. Hospital San Antonio y de la E.S.E. Hospital del Sur de Bogotá”.

La Contraloría denunció también absurdos como la “falta de control por parte de la administración al momento de verificar las tarjetas profesionales” y la “presencia prolífica de gatos y palomas en las instalaciones generales” de la institución. En su informe sostiene que, a pesar de que “se observó una leve mejoría en las condiciones del hospital por la administración y operación directa por parte del interventor (en el 2015), aún persisten los hallazgos que dieron origen a la intervención”.

En la cronología de cómo se hundió el San Francisco de Asís también merecen mención especial Caprecom (entidad liquidada, que operó el hospital durante seis años y quedó debiéndole casi $4.000 millones) y uno de los seis interventores que la manejaron: Farid Alonso Vieira González. Vieira, quien estuvo frente al hospital entre agosto de 2013 y septiembre de 2014, está hoy prófugo de la justicia. En febrero pasado, un juez de Quibdó ordenó su captura por enriquecimiento ilícito, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricato por acción. La medida también cobijó a otras cuatro personas que trabajaban con él, incluyendo a su esposa, Rosalbina Manotta.

Y a este listado seguramente van a sumarse más personajes pronto, según lo anunció la Corte Constitucional. Al finalizar la inspección, el magistrado Jorge Iván Palacio afirmó que había hecho traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría de los hallazgos de la Contraloría, para que “en el marco de sus competencias adelanten las acciones disciplinarias y penales sobre gobernadores, alcaldes, interventores y superintendentes involucrados”.

Con el robo sistemático al San Francisco de Asís, los principales afectados fueron los pacientes (y la salud del Chocó, que en el 2014 llegó a tener una tasa de muertes de niños indígenas menores de 5 años por desnutrición 58 % por encima del promedio nacional). Pero también la infraestructura del hospital, que en un momento fue lamentable: humedad en las paredes, goteras, filtraciones, techos a punto de colapsar, equipos médicos deteriorados y oxidados, muebles gastados. Entre las víctimas están también los trabajadores, que durante años recibieron pagos atrasados e incluso todavía esperan que se resuelvan deudas históricas.

Al pediatra Pedro Luis Álvarez, quien observaba la inspección de la Corte Constitucional con prudencia, le deben un mes del 2013, cuatro meses del 2014 y cuatro del 2016. “¿Por qué sigo acá? Porque siento un compromiso con mi tierra”, dice. Y continúa: “En este hospital ha habido de todo: un manejo que no se ha enfocado en la prestación del servicio, corrupción administrativa y complacencia de todos, empezando por el pueblo, que no reclama sus derechos, que también permitió que esto pasara”.

El San Francisco de Asís huele a pintura fresca porque en los últimos meses se han invertido más de $3.000 millones en su infraestructura. El cambio, en comparación con la visita que la Corte Constitucional hizo en enero del 2015, es evidente. Pero no suficiente. Cuando termine la liquidación, el edificio en el que hoy funciona el San Francisco de Asís (al que todavía le faltan muchas mejoras en áreas como maternidad, urgencias, pediatría y cirugía general) deberá estar listo para albergar un nuevo hospital que está en proceso de creación en la Asamblea Municipal y que se llamará Nuevo San Francisco de Asís.

César Rodríguez, director de Dejusticia y delegado por la Corte Constitucional para realizar un peritaje sobre la situación del hospital y la salud en el Chocó, asegura que este tipo de inspecciones permiten una reflexión profunda más allá de señalar culpables. “En este caso sirvió para preguntarnos qué significa la finalización de una intervención. ¿Están los departamentos preparados para recibir un hospital saneado y evitar nuevas quiebras, como en el caso del San Francisco de Asís?”. Precisamente esta es una de las preguntas que siguen en el aire: ¿está el departamento del Chocó preparado? ¿Tiene un plan financiero y operativo para que el nuevo hospital empiece a andar?

El gobernador del Chocó, Jhoany Carlos Palacios, asegura que necesita por lo menos $7.500 millones para empezar a operar esa nueva institución. Confiesa que no los tiene. Le pide al Gobierno Nacional que hagan una “minga” (que cada uno haga un aporte) para que el arranque del nuevo hospital no sea un fracaso. Pero el Gobierno ha sido claro en señalar que su compromiso fue entregar el hospital saneado, que no puede ir más allá.

Cuando tuvo la palabra, el ministro Alejandro Gaviria señaló que “decir que todos los problemas de salud del departamento se deben al Gobierno es minimizar lo que pasó”. Y enumeró una serie de hechos que han aportado al descalabro histórico de la salud en Chocó, como la liquidación de la Secretaría de Salud del departamento (Dasalud), en el 2011, “por problemas de corrupción acumulados”. Y concluyó: “Hay errores del Gobierno, pero tenemos que tener cuidado con las narrativas simplistas que llevan a que la corrupción se siga perpetuando”.

* Periodista de Dejusticia.