Si hay un impuesto que ha generado discordia es el impuesto a las bebidas azucaradas. Desde que el Ministerio de Salud lo puso sobre la mesa en 2015, no ha dejado de causar controversia. La propuesta, liderada entonces por Alejandro Gaviria, no prosperó, como tampoco los diversos intentos que se han hecho desde el Congreso para que las gaseosas o jugos con azúcar sean gravados. La idea nunca le ha sonado a la industria, que cree que no tendrá los efectos esperados.
Esta historia, llena de tensiones y proyectos de ley hundidos, tuvo este 25 de octubre un nuevo capítulo que estaban esperando tanto industriales como quienes hacen parte del mundo de la salud pública. La Corte Constitucional dio vía libre al impuesto sobre esas bebidas, una propuesta que había quedado consignada en la reforma tributara del gobierno de Gustavo Petro. Con ocho votos a favor y cero en contra, la Sala Plena del alto tribunal le dio luz verde.
“Es una decisión que, por supuesto, celebramos desde la salud pública”, dice el médico salubrista y profesor de la Universidad Javeriana, Luis Fernando Gómez. “Es el resultado de un esfuerzo colectivo de varias organizaciones de la sociedad civil. Hay una evidencia muy robusta que soporta la decisión de ponerle impuesto a estas bebidas que incrementan el riesgo de obesidad y sobrepeso, especialmente en la población infantil”.
Si no hay ningún contratiempo en la próxima semana o algún cambio desde el Ministerio de Hacienda de última hora, la medida empezaría a regir desde el próximo 1 de noviembre. La fórmula es simple: entre más costosas sean estas bebidas, se desincentiva su consumo. Y si se toman con menos regularidad, el porcentaje de calorías y azúcar que ingiera la población va a ser mucho menor.
Será un impuesto que incrementará poco a poco hasta 2025. En 2023, las bebidas que tengan 6 o más gramos (gr) de azúcar tendrán un gravamen de $18 por cada 100 mililitros (ml). En 2024, esa cifra será de $28 y en 2025 de $38.
En el caso de las bebidas que tengan 10 gramos o más de azúcar, tendrán un impuesto de $35 por cada 100 mililitros desde el próximo 1 de noviembre. El año siguiente será de $55 y en 2025, de $65.
Por otra parte, las bebidas que tengan menos de 6 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros tendrán un gravamen de $0, lo que deja abierta la puerta para que en algún momento se incremente ese valor (a partir del 2025 el impuesto de $0 solo aplicará para las bebidas de menos de 5 gramos).
La siguiente gráfica puede ayudar a entenderlo un poco mejor.
Aunque la decisión ha sido aplaudida por personas que estudian salud pública, también creen que pudo ser mejor. Lo ideal, explica Gómez, es que el impuesto no sea por gramaje, sino que lo tengan todas las bebidas de este tipo, sin importar el nivel de azúcar.
La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en su informe “Fiscal policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases (NCDs)” señalaba que si había un aumento de, al menos, el 20% del precio de venta al público de las bebidas azucaradas, podría haber una reducción proporcional del consumo de estos productos. En el caso colombiano, el incremento para el 2023 será del 5% para las bebidas con 6 gr de azúcar (por cada 100 ml) y 11% para las de 10 gr o más. Esos porcentajes crecerán en 2024 (9% y 17,8%) y en 2025 (12,3% y 20%).
Sin embargo, el profesor Gómez también es franco en reconocer que es clave que, para que una medida de este tipo tenga el efecto esperado, se debe acompañar de otras decisiones como restricciones a la publicidad de alimentos ultraprocesados o restricción de la comida chatarra en ambientes escolares. Además es clave, dice, promover medidas económicas para impulsar la oferta de alimentos reales como ha sucedido en Brasil.
¿Sirve o no sirve?
El impuesto a bebidas azucaradas siempre ha estado acompañado de un debate sobre la evidencia que lo respalda. Desde que se inició la discusión hace 8 años, poco a poco se han recopilado más datos para comprender mejor si es o no útil a la hora de hablar de salud pública.
La Organización Mundial de la Salud, por su parte, es clara: “los impuestos a las bebidas azucaradas ayudan a reducir el consumo de estos productos y también la prevalencia de la obesidad, la diabetes de tipo 2 y la caries dental”.
Este tipo de impuesto, advirtió en 2021 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “mejoran la salud de la población, generan ingresos y pueden reducir a largo plazo los correspondientes costos de atención de salud y pérdidas de productividad”. Hoy, unos 73 países han tomado una medida similar.
Hace poco más de un año, cuando la propuesta volvía a discutirse en el Congreso, Paul Rodríguez Lesmes, profesor Asociado del Departamento de Economía de la Universidad del Rosario, y Pamela Góngora Salazar, Consultora en políticas en salud y estudiante de doctorado de la Universidad de Oxford, escribieron una columna para este diario en el que sintetizaban parte de la evidencia y derrumbaban algunos mitos que se han construido en torno al impuesto de las bebidas azucaradas.
Entre sus argumentos mencionaban la relación causal que han demostrado muchos los ensayos aleatorizados entre la ingesta de bebidas azucaradas, el aumento del peso corporal, la aparición de diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares, entre otras enfermedades no transmisibles. Uno de ellos era el estudio publicado en Nature Reviews Endocrinology por Vasanti S. Malik y Frank B.Hu, del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, en Estados Unidos.
También mencionaban los estudios de caso de México, Inglaterra, Portugal, Chile. En el primer país, otra investigación publicada el año pasado en Nutrients, liderada por Lindsey English, del Departamento de Nutrición y Dietética, Universidad de Dakota del Norte (EE.UU), concluyó, tras analizar 464 adolescentes mexicanos, que los adolescentes que habían aumentado el consumo de bebidas azucaradas también habían tenido un aumento en la grasa corporal y la circunferencia de la cintura en comparación con aquellos que no habían modificado su consumo.
“Hay una evidencia fuerte y convincente de que la obesidad y el sobrepeso (causados, entre otras cosas por los alimentos ultraprocesados) se relaciona con la Diabetes Mellitus Tipo 2 y con la enfermedad cardiovascular. Después de todo, las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte en Colombia”, añade el profesor Gómez.
Para la muestra, un botón: según el informe de Estadística Vitales del Dane del pasado junio, las enfermedades isquémicas del corazón habían sido la principal causa de muerte en el primer trimestre de 2023. Produjeron 5.964 fallecimientos, es decir, el 20,6% del total.
De hecho, cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares (ECV) que por cualquier otra causa, dice la OPS. El riesgo de padecerlas, aumenta por una alimentación poco saludable, consumo elevado de sal, azúcares, grasas o productos derivados del tabaco.
También hay algunos estudios que han analizado la evidencia disponible sobre la eficacia del impuesto a las bebidas azucaradas. A mediados de 2022, un equipo liderado por Tatiana Andreyeva, afiliada a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Illinois en Chicago (Estados Unidos), publicó una investigación en JAMA en la que analizaron 86 estudios. Una de sus conclusiones fue que las bebidas azucaradas que tuvieron impuestos se asociaron con menores ventas.
Otra revisión sistemática (análisis de estudios) publicada en 2022 y liderada por Maryam Shakiba, del University of Medical Sciences, de Tehran, Irán, mostraba que ponerle un impuesto a las bebidas azucaradas tenían un impacto positivo en la salud bucal de la población.
Rodríguez Lesmes y Góngora Salazar sintetizaban sus razones con una frase en su columna: “Los impuestos saludables no son un capricho. Son una medida de salud pública que busca promover hábitos y estilos de vida más saludables para con ello aportar a la salud de los colombianos”.