Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Por medio de un comunicado, la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos (ACTO) manifestó su “inquietud” frente al aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) decretado por el Gobierno el 31 de diciembre, pues consideran que “pone en riesgo la sostenibilidad de los programas de trasplante de órganos, así como la adecuada administración de medicamentos de alto costo para los pacientes trasplantados”.
La UPC determina la cantidad de plata que el Estado le gira a las EPS para cubrir casi la totalidad de atenciones, procedimientos y medicamentos de los usuarios del sistema de salud. Aunque diferentes actores del sector habían hecho un llamado para que el aumento estuviera por encima del 16 %, por la desfinanciación que atraviesa el sistema, el Ministerio de Salud decidió aumentarla en un 5,36 %, ajustándolo a la inflación causada a noviembre de 2024.
El argumento principal del Gobierno apunta a que la información con la que se realiza el cálculo usualmente, que debe ser entregada por las EPS, no tenía la confiabilidad suficiente para considerarla en el proceso. Sin embargo, gremios de EPS, IPS y otras organizaciones de la salud han pedido crear una mesa técnica en la que se revise el cálculo.
En su comunicado, la ACTO manifiesta “profunda preocupación por la crisis que enfrenta el sistema de salud en nuestro país, la cual, entre otras causas, es resultado de financiamiento insuficiente acumulado. Este déficit ha repercutido gravemente en la atención y en la calidad de los servicios de salud, especialmente en lo que respecta a los programas de trasplante de órganos”.
De acuerdo con esa asociación, la falta de recursos suficientes podría poner en riesgo la “la sobrevida de los órganos trasplantados” y a los pacientes que requieren de este tipo de procedimientos.
“Es fundamental que las decisiones relacionadas con la salud se tomen basadas en fundamentos técnicos y no en consideraciones políticas o ideológicas. La salud de los colombianos debe ser una prioridad que trascienda intereses particulares y que busque el bienestar general”, señalan en el documento.
El llamado que se ha hecho desde varias organizaciones a crear una mesa técnica en la que se revise el cálculo tiene que ver con que, según varias organizaciones, no hubo un proceso abierto de participación en el aumento de la UPC, y tampoco se dispuso para comentarios la decisión final, que fue publicada el día que se cumplía el plazo para presentar el aumento.
Frente a esto, la ACTO pidió al Gobierno y a los demás actores del sector a que “las decisiones en el ámbito de la salud se construyan a partir de la unión de todos los aspectos técnico-científicos disponibles”, e hicieron énfasis en la importancia de contar con la participación de todo el sistema para llevar a cabo este proceso.
👩⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺