Aumentan obstáculos para acceder al aborto en América Latina debido a la pandemia

“El aborto definitivamente se ha convertido en un punto modal que nos dice cuánto acceso podemos tener las mujeres y las personas con capacidad de gestar a la salud reproductiva. Si hay barreras en el acceso al aborto quiere decir que hay otras mucho mayores que no nos están permitiendo tomar decisiones”, remarcó Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex y secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI), en una conversación de la campaña regional “La salud reproductiva es vital", que tuvo lugar la semana pasada, y que fue organizado por el Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI).

Laura Gil, ginecóloga y directora de la Fundación Esar, dijo que en Colombia, menos del 1% de las mujeres logra acceder a abortos legales, debido a que priman las visiones personales de los equipos de salud antes que las leyes. “Mientras el aborto siga siendo un delito, habrá un espacio para imponer esa visión personal que solo crea barreras y supedita el derecho de abortar a un tercero, por lo que se torna un privilegio poder acceder a un centro de salud que respeta las normas. La salud y los derechos sexuales y reproductivos no pueden ser un privilegio de pocas personas”, recalcó.

Pese a los llamados que han emitido organismos internacionales, las ponentes coincidieron en que las mujeres, sin importar su edad, han visto mermados su acceso a la salud reproductiva y señalaron en particular,las dificultades relacionadas con la interrupción del embarazo.

Derechos restringidos y falta de comprensión

Rossina Guerrero, directora de programas de Promsex, expuso que el Ministerio de Salud (MINSA) de Perú desde 2014 tiene una guía técnica que incorpora barreras, conllevando a una interpretación restrictiva del derecho al aborto terapéutico. Este protocolo, según afirma la experta, establece un límite gestacional de 22 semanas que no existía en el Código Penal y que, aún cuando hay mujeres que llegan a tiempo, la burocracia estatal las deja fuera de la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo. Así, Rossina explicó que la política en Perú no prioriza la salud de las mujeres.

Un ejemplo de ello, añadió, fue que ante la llegada de la pandemia no se pusieran disposiciones especiales para que las mujeres accedieran al aborto, aún cuando su salud física o mental estuviera en juego, y dejándolas a expensas de decisiones individuales. “Las mujeres tienen que pasar por procesos muy largos y dolorosos para que finalmente no accedan a la atención que necesitan. La falta de rectoría del Ministerio de Salud y de los entes obligados a hacer monitoreo y cumplimiento de la ley es una cosa muy grave en el país.”, sostiene.

De igual manera Rossina señaló que, entre junio de 2019 y el mismo mes en 2020, se ha observado una disminución de casi el 63% en las atenciones. “Para un servicio que ya era escaso y que tenía dificultades en su implementación, una caída así es como que haya desaparecido. Además, hasta este mes tenemos 700 niñas menores de 14 años han registrado hijos”, explicó.

Por otra parte, Ana Vera explicó que en Ecuador el protocolo implementado por la COVID-19 se restringe solo a servicios vinculados al embarazo y anticoncepción, dejando fuera la emergencia obstétrica y al aborto. Asegura que esto se debe a que no existe comprensión del aborto como servicio de salud esencial en el país.

“Un 47% de las mujeres que han querido acceder a los servicios de salud sexual y reproductivos han tenido obstáculos y lo mismo pasa en los casos que quieren acceder a servicios de atención por complicaciones obstétricas, con un 75%”, sostiene la directora de Surkuna.

Por su parte, la académica de la Universidad de Palermo e investigadora de CEDES, Agustina Ramón Michel, aclaró que si bien no son comparables las situaciones entre los países, todas dan cuenta de un claro patrón común en la región.

Pese a esto, las panelistas se mostraron positivas al hablar del rol que está cumpliendo la sociedad civil organizada para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo. En el caso de Ecuador, la directora de Surkuna, Ana Vera comentó: “algunas mujeres están, por suerte, llegando a estas redes feministas, pero muchas otras no. Esto refleja que el servicio de salud pública está ejerciendo barreras muy graves para la vida y salud de las mujeres e impidiendo de manera sistemática el acceso a estos servicios esenciales”.

La ginecóloga y directora de Esar, Laura Gil, finalizó su exposición haciendo un llamado a cambiar de mentalidad con la concepción del aborto. “Hablamos de un procedimiento médico que tiene el menor índice de complicaciones en comparación a cualquier otro. Además, puede ser realizado por cualquier médico general y otras personas del área de la salud bien capacitadas, como enfermeras y obstetrices. Aquí lo importante es el bienestar físico, social y mental de las personas que serán atendidas”, concluyó.

“El aborto definitivamente se ha convertido en un punto modal que nos dice cuánto acceso podemos tener las mujeres y las personas con capacidad de gestar a la salud reproductiva. Si hay barreras en el acceso al aborto quiere decir que hay otras mucho mayores que no nos están permitiendo tomar decisiones”, remarcó Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex y secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI), en una conversación de la campaña regional “La salud reproductiva es vital", que tuvo lugar la semana pasada, y que fue organizado por el Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI).

Laura Gil, ginecóloga y directora de la Fundación Esar, dijo que en Colombia, menos del 1% de las mujeres logra acceder a abortos legales, debido a que priman las visiones personales de los equipos de salud antes que las leyes. “Mientras el aborto siga siendo un delito, habrá un espacio para imponer esa visión personal que solo crea barreras y supedita el derecho de abortar a un tercero, por lo que se torna un privilegio poder acceder a un centro de salud que respeta las normas. La salud y los derechos sexuales y reproductivos no pueden ser un privilegio de pocas personas”, recalcó.

Pese a los llamados que han emitido organismos internacionales, las ponentes coincidieron en que las mujeres, sin importar su edad, han visto mermados su acceso a la salud reproductiva y señalaron en particular,las dificultades relacionadas con la interrupción del embarazo.

Derechos restringidos y falta de comprensión

Rossina Guerrero, directora de programas de Promsex, expuso que el Ministerio de Salud (MINSA) de Perú desde 2014 tiene una guía técnica que incorpora barreras, conllevando a una interpretación restrictiva del derecho al aborto terapéutico. Este protocolo, según afirma la experta, establece un límite gestacional de 22 semanas que no existía en el Código Penal y que, aún cuando hay mujeres que llegan a tiempo, la burocracia estatal las deja fuera de la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo. Así, Rossina explicó que la política en Perú no prioriza la salud de las mujeres.

Un ejemplo de ello, añadió, fue que ante la llegada de la pandemia no se pusieran disposiciones especiales para que las mujeres accedieran al aborto, aún cuando su salud física o mental estuviera en juego, y dejándolas a expensas de decisiones individuales. “Las mujeres tienen que pasar por procesos muy largos y dolorosos para que finalmente no accedan a la atención que necesitan. La falta de rectoría del Ministerio de Salud y de los entes obligados a hacer monitoreo y cumplimiento de la ley es una cosa muy grave en el país.”, sostiene.

De igual manera Rossina señaló que, entre junio de 2019 y el mismo mes en 2020, se ha observado una disminución de casi el 63% en las atenciones. “Para un servicio que ya era escaso y que tenía dificultades en su implementación, una caída así es como que haya desaparecido. Además, hasta este mes tenemos 700 niñas menores de 14 años han registrado hijos”, explicó.

Por otra parte, Ana Vera explicó que en Ecuador el protocolo implementado por la COVID-19 se restringe solo a servicios vinculados al embarazo y anticoncepción, dejando fuera la emergencia obstétrica y al aborto. Asegura que esto se debe a que no existe comprensión del aborto como servicio de salud esencial en el país.

“Un 47% de las mujeres que han querido acceder a los servicios de salud sexual y reproductivos han tenido obstáculos y lo mismo pasa en los casos que quieren acceder a servicios de atención por complicaciones obstétricas, con un 75%”, sostiene la directora de Surkuna.

Por su parte, la académica de la Universidad de Palermo e investigadora de CEDES, Agustina Ramón Michel, aclaró que si bien no son comparables las situaciones entre los países, todas dan cuenta de un claro patrón común en la región.

Pese a esto, las panelistas se mostraron positivas al hablar del rol que está cumpliendo la sociedad civil organizada para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo. En el caso de Ecuador, la directora de Surkuna, Ana Vera comentó: “algunas mujeres están, por suerte, llegando a estas redes feministas, pero muchas otras no. Esto refleja que el servicio de salud pública está ejerciendo barreras muy graves para la vida y salud de las mujeres e impidiendo de manera sistemática el acceso a estos servicios esenciales”.

La ginecóloga y directora de Esar, Laura Gil, finalizó su exposición haciendo un llamado a cambiar de mentalidad con la concepción del aborto. “Hablamos de un procedimiento médico que tiene el menor índice de complicaciones en comparación a cualquier otro. Además, puede ser realizado por cualquier médico general y otras personas del área de la salud bien capacitadas, como enfermeras y obstetrices. Aquí lo importante es el bienestar físico, social y mental de las personas que serán atendidas”, concluyó.