¿Cartel del Covid-19? Una caricatura desinformada

La reciente caricatura de Julio César González, Matador, en la que muestra a una persona fallecida en un accidente de tránsito y a dos trabajadores de la salud que coinciden en que la causa de muerte fue el coronavirus, desató la indignación en los trabajadores del sector y una ola de críticas al autor. Esta nueva afrenta al personal de la salud nos lleva a preguntarnos: ¿Hasta qué punto una caricatura es lesiva?, ¿caricaturizar tiene límites?, ¿las caricaturas son noticias?

Las caricaturas forman parte de los recursos para expresar opinión y, en tal sentido, sus autores son libres de utilizarlas. Su contenido, aparte del humor implícito, está marcado por la sátira (que por lo general suele ser política). Sin embargo, lo ideal sería que el creador se informara antes de atacar a un equipo que por múltiples razones ya la tiene suficientemente difícil para llevar a cabo su labor. Pero ¿de dónde surge ese ataque velado del caricaturista? En este caso particular, hay un antecedente.

En el mes de junio, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió públicamente a la posible existencia de un “cartel del Covid-19” con el que las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) estarían prolongando la permanencia de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo (UCI) con fines económicos. “Esto es absolutamente perjudicial para los servicios de salud, para la disponibilidad y para que la gente pueda acceder a los ventiladores…”, afirmó el ministro en su comunicado. Lo que sí terminó siendo perjudicial fue la publicación anticipada de su interpretación, que aumentó la percepción de desconfianza hacia el sistema de salud colombiano, que ya se encuentra suficientemente desacreditado, y produjo el rechazo de los trabajadores del sector, pues cuestionó la ética y los criterios profesionales de permanencia de un paciente en UCI.

Poco más de dos meses después de dichas declaraciones, cuando estamos acercándonos al pico de la pandemia del Covid-19 en el país, se mantiene la desconfianza hacia el talento humano del sistema de salud. Con la reciente publicación de la caricatura de Matador (quien, a propósito, afrontó obstáculos médico-legales para que su padre, Ovidio González, ejerciera el derecho a morir dignamente, en el año 2015) se mantiene la idea que existe un “cartel del Covid-19” en Colombia. En medio de una crisis económica y sanitaria, los profesionales de la salud nos manifestamos nuevamente en contra de mensajes que causan un impacto negativo, escudados en la libertad de opinión.

Para poner en contexto, es preciso señalar el proceso de certificación de la muerte por Covid-19 como acto médico-legal, el cual se realiza de acuerdo con las definiciones operativas de caso del Ministerio de Salud: confirmado, sospechoso o probable.

Para la certificación médica de una muerte por Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido dos diagnósticos:

1. Covid-19 virus identificado: caso confirmado por laboratorio.

2. Covid-19 virus no identificado: casos sospechosos o probables de Covid-19 (según las definiciones operativas).

De acuerdo con lo anterior, es de vital importancia diferenciar las muertes con y por Covid-19. Una muerte por Covid-19 es el resultado de una enfermedad clínicamente compatible con un caso de Covid-19 sospechoso, probable o confirmado, en el que NO puede atribuirse la muerte a otra enfermedad. Una defunción con Covid-19 es aquella configurada como caso sospechoso, probable o confirmado en el que existe una cadena causal que explica por qué motivo diferente del Covid-19 se produjo la defunción1 (aunque se confirme o se sospeche presente).

En conclusión, si el profesional de la salud (independientemente del resultado de la prueba de laboratorio) considera que el cuadro clínico del paciente es compatible con un posible caso por o con Covid-19, DEBE relacionarlo en el certificado de defunción. Esto significa que al incluirse dentro de los estados patológicos como un posible caso de Covid-19, es imprescindible el alistamiento de cadáver de acuerdo con el protocolo “Orientaciones para el manejo, traslado, disposición final de cadáveres por SARS-CoV-2”2, ya sea para cremación o inhumación, como principio de precaución para la salud pública.

Una caricatura no debe criminalizar al caricaturista, pero no es correcto que el caricaturista establezca suspicacias sobre los profesionales de la salud, desconociendo los enormes esfuerzos que se hacen no solo desde la labor asistencial sino en lo referente a la vigilancia epidemiológica. Es por lo menos irresponsable concluir sin reparo que somos “un cartel”. Por eso, los trabajadores del sector de la salud debemos manifestar de manera contundente el inconformismo ante las ideas erróneas que se propagan en algunos medios. El cartel del Covid-19 no existe.

*Enfermera, Magíster en Salud Pública. Especialista en Cuidado Crítico Pediátrico. @Annieuse

La reciente caricatura de Julio César González, Matador, en la que muestra a una persona fallecida en un accidente de tránsito y a dos trabajadores de la salud que coinciden en que la causa de muerte fue el coronavirus, desató la indignación en los trabajadores del sector y una ola de críticas al autor. Esta nueva afrenta al personal de la salud nos lleva a preguntarnos: ¿Hasta qué punto una caricatura es lesiva?, ¿caricaturizar tiene límites?, ¿las caricaturas son noticias?

Las caricaturas forman parte de los recursos para expresar opinión y, en tal sentido, sus autores son libres de utilizarlas. Su contenido, aparte del humor implícito, está marcado por la sátira (que por lo general suele ser política). Sin embargo, lo ideal sería que el creador se informara antes de atacar a un equipo que por múltiples razones ya la tiene suficientemente difícil para llevar a cabo su labor. Pero ¿de dónde surge ese ataque velado del caricaturista? En este caso particular, hay un antecedente.

En el mes de junio, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió públicamente a la posible existencia de un “cartel del Covid-19” con el que las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) estarían prolongando la permanencia de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo (UCI) con fines económicos. “Esto es absolutamente perjudicial para los servicios de salud, para la disponibilidad y para que la gente pueda acceder a los ventiladores…”, afirmó el ministro en su comunicado. Lo que sí terminó siendo perjudicial fue la publicación anticipada de su interpretación, que aumentó la percepción de desconfianza hacia el sistema de salud colombiano, que ya se encuentra suficientemente desacreditado, y produjo el rechazo de los trabajadores del sector, pues cuestionó la ética y los criterios profesionales de permanencia de un paciente en UCI.

Poco más de dos meses después de dichas declaraciones, cuando estamos acercándonos al pico de la pandemia del Covid-19 en el país, se mantiene la desconfianza hacia el talento humano del sistema de salud. Con la reciente publicación de la caricatura de Matador (quien, a propósito, afrontó obstáculos médico-legales para que su padre, Ovidio González, ejerciera el derecho a morir dignamente, en el año 2015) se mantiene la idea que existe un “cartel del Covid-19” en Colombia. En medio de una crisis económica y sanitaria, los profesionales de la salud nos manifestamos nuevamente en contra de mensajes que causan un impacto negativo, escudados en la libertad de opinión.

Para poner en contexto, es preciso señalar el proceso de certificación de la muerte por Covid-19 como acto médico-legal, el cual se realiza de acuerdo con las definiciones operativas de caso del Ministerio de Salud: confirmado, sospechoso o probable.

Para la certificación médica de una muerte por Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido dos diagnósticos:

1. Covid-19 virus identificado: caso confirmado por laboratorio.

2. Covid-19 virus no identificado: casos sospechosos o probables de Covid-19 (según las definiciones operativas).

De acuerdo con lo anterior, es de vital importancia diferenciar las muertes con y por Covid-19. Una muerte por Covid-19 es el resultado de una enfermedad clínicamente compatible con un caso de Covid-19 sospechoso, probable o confirmado, en el que NO puede atribuirse la muerte a otra enfermedad. Una defunción con Covid-19 es aquella configurada como caso sospechoso, probable o confirmado en el que existe una cadena causal que explica por qué motivo diferente del Covid-19 se produjo la defunción1 (aunque se confirme o se sospeche presente).

En conclusión, si el profesional de la salud (independientemente del resultado de la prueba de laboratorio) considera que el cuadro clínico del paciente es compatible con un posible caso por o con Covid-19, DEBE relacionarlo en el certificado de defunción. Esto significa que al incluirse dentro de los estados patológicos como un posible caso de Covid-19, es imprescindible el alistamiento de cadáver de acuerdo con el protocolo “Orientaciones para el manejo, traslado, disposición final de cadáveres por SARS-CoV-2”2, ya sea para cremación o inhumación, como principio de precaución para la salud pública.

Una caricatura no debe criminalizar al caricaturista, pero no es correcto que el caricaturista establezca suspicacias sobre los profesionales de la salud, desconociendo los enormes esfuerzos que se hacen no solo desde la labor asistencial sino en lo referente a la vigilancia epidemiológica. Es por lo menos irresponsable concluir sin reparo que somos “un cartel”. Por eso, los trabajadores del sector de la salud debemos manifestar de manera contundente el inconformismo ante las ideas erróneas que se propagan en algunos medios. El cartel del Covid-19 no existe.

*Enfermera, Magíster en Salud Pública. Especialista en Cuidado Crítico Pediátrico. @Annieuse