“Colombia debería hacer más activismo para que tratamientos para el COVID-19 sean un bien público global”

Una de las primeras aclaraciones que hizo el ministro de Salud FErnando Ruiz cuando se identificó el primer caso de COVID-19 en el país fue la misma que han repetido muchos líderes globales: la mejor garantía de volver a la normalidad es cuando haya un tratamiento efectivo y seguro o una vacuna. (Lea Control de la temperatura corporal, un arma de doble filo)

Desde entonces, muchas compañías, en unión con universidades e institutos públicos, iniciaron una carrera para lograr lo inimaginable: desarrollar un medicamento en tiempo récord. Empezaron ensayos clínicos para probar medicinas existentes y pactaron proyectos para buscar una vacuna. Lograrlo, usualmente, puede tardar varios años, pero frenar una pandemia que ha dejado más de 420 mil muertos ha requerido esfuerzos que antes no había visto el mundo científico.

En esa “competencia” están las multinacionales que lideran el mercado farmacéutico. Johnson & Johnson, Novartis, Merck, GSK, Sanofi, Moderna, Pfizer, Gilead, Clover Biopharmaceutical (de China) y Vaxart, por mencionar algunas. Varias tienen alianzas con reconocidas universidades. Otras se han unido para trabajar juntas. Hay más de 130 proyectos en marcha, pero hasta el momento no hay resultados concluyentes.

Aunque las esperanzas de todos están depositadas en esas investigaciones, otro punto clave en este escenario ha quedado rezagado: ¿Podrán todos los países acceder de manera rápida a esos tratamientos una vez estén disponibles? Carlos María Correa, un viejo conocedor de la industria farmacéutica global, cree que no será tan sencillo. Un sistema de patentes nada benévolo y un mercado en el que suelen haber secretos parecen complejizar el panorama.

Correa fue miembro de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y desde 2018 asumió la dirección del South Centre, una entidad intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, que hace más de dos décadas busca defender y asesorar a los países en desarrollo en temas como cambio climático, propiedad intelectual, salud pública y acceso a medicamentos.

Argentino, abogado y economista, asegura desde Suiza que, por el momento, el panorama no es muy alentador pues las grandes farmacéuticas no se unieron al llamado de solidaridad que hizo una semana la OMS. Por iniciativa de Costa Rica, se creó un gran fondo para que sus integrantes compartieran datos, conocimiento científico y se comprometieron a otorgar licencias voluntarias para masificar los medicamentos para el COVID-19. El propósito es que los países más pobres también puedan acceder de forma rápida a una vacuna o a un tratamiento (cuando los haya, claro).

La recomendación de Correa para Colombia, que no hace parte de esa iniciativa, es simple: debería ser mucho más activo en esas discusiones y debería darle un buen impulso a su industria farmacéutica nacional.

Hay una carrera por desarrollar tratamientos y vacunas para el COVID-19. Aunque muchos estudios clínicos están en marcha, hay una inquietud que se ha hecho evidente en las últimas semanas: las dificultades que podrían tener algunos países para acceder a esos medicamentos. ¿Cuáles cree que pueden ser las principales barreras?

Es una preocupación que tiene una base muy seria. En particular en relación con las vacunas. Ya hay información, por ejemplo, respecto de la disposición de de Unión Europea de desembolsar más de 2 mil millones de dólares para comprar vacunas y asegurar a su población. Es una compra anticipada. Seguramente, Estados Unidos hará algo parecido. De manera que un problema es que efectivamente el volumen inicial de vacunas sea absorbido por países desarrollados. Esto ya pasó con la pandemia del H1N1, donde, una vez hubo vacuna, hubo compra masiva de países desarrollados y los países en desarrollo no pudieron acceder por mucho tiempo. Incluso, la OMS estableció un programa de donaciones que solo llegó al 10% del volumen existente. Pero a diferencia de la H1N1, en este caso va a ser necesario vacunar a todos os habitantes del planeta. Estamos hablando de miles de millones de dosis y no hay ninguna empresa que pueda producirlas.

Por otro lado, la capacidad de manufactura de vacunas de los países en desarrollo es bastante fragmentada. No es suficiente. Es un cuello de botella muy importante. También hay limitaciones en la existencia de viales: no hay suficiente oferta. Todo esto es una preocupación real que los países en desarrollo deberían plantear de manera más fuerte.

¿Qué pueden hacer los países de medianos y bajos ingresos como Colombia y los de América Latina para evitar que eso suceda?

Hay dos caminos. Uno es llegar a un acuerdo internacional donde la base sea la solidaridad y la distribución equitativa de la vacunas o tratamientos. El segundo es incrementar de una manera drástica y rápida la capacidad de manufactura a medida que se pueda acceder a tecnologías. Pero, la fabricación de vacunas es más complicada que un producto de síntesis química. De manera que hace falta mucha inversión y un programa articulado a nivel regional para acceder a esas tecnologías. Hay algunas plantas en el continente pero la situación actual parece mostrar que no es suficiente.

En este escenario, ¿el sistema de patentes puede ser un obstáculo?

Claro, puede ser un obstáculo. Si las vacunas son patentadas, lo cual es muy probable, quedará a discreción de la patente el permitir o no la utilización de la tecnología protegida por la patente. Los países pueden tomar medidas como licencias obligatorias o invocar el artículo 73 del acuerdo ADPIC, que aplica en emergencia internacional. Es decir, puede usar esas tecnologías aun sin la voluntad de las empresas que son titulares. Por ejemplo, el caso del remdesivir, Gilead otorgó licencias voluntarias, pero no a todos los países. No cubre los de ingresos medios e ingresos altos.

La OMS ha insistido en la necesidad de que se compartan conocimiento, la propiedad intelectual y los datos a gran escala. No algo que suceda con frecuencia en el mundo farmacéutico. ¿Cree eso posible?

Eso partió de una iniciativa del presidente de Costa Rica. Se conoce como el “Llamado de solidaridad”. La idea es que haya una especie de fondo de tecnologías, datos, know how, etc., que está concebido como algo voluntario. Su efectividad dependerá de que las empresas titulares de esas tecnologías estén dispuestas a compartirlas con el resto del mundo. Hay un gran interrogante en ese sentido. La industria farmacéutica internacional, la big pharma, no participó en el lanzamiento de se llamado, cuando se esperaba su participación. Eso no es nada alentador. Algunas empresas manufactureras de vacunas están diciendo que la producirán sin beneficio comercial en algunos países pero no hay claridad si eso se refiere a los países de menos ingresos. Aún no se sabe a cuáles incluyen. Hay bastante incertidumbre.

¿Hay algún ejemplo en el pasado que refleje ese esfuerzo solidario que hoy pide la OMS y que haya funcionado realmente?

No de la manera que este caso lo requiere. Hay ejemplos como concesión de licencias voluntarias en el The Medicines Patent Pool, que ha hecho un trabajo muy importante en lograr que empresas otorguen voluntariamente su patente. Pero estas licencias, en su mayoría, tienen limitaciones geográficas. En algunos casos solo se pueden producir en algunos países y vender en algunos territorios y quedan excluidos países que tienen mercados de gran interés para las empresas. Entonces, hasta el momento no hay una experiencia donde un desarrollo haya sido considerado genuinamente como un bien público global, es decir, que sea accesible para todos al mismo tiempo en todas partes.

Aunque sí ha habido algunos ejemplos de iniciativas: el caso de vacuna anti polio Sabin podría ser un buen ejemplo. Otro buen ejemplo es el del investigador suizo que desarrolló la mezcla de alcohol que se usa como prevención de contagio. Tuvo oportunidad de patentarla y no lo hizo. Hubiera sido multimillonario porque, en el caso de la H1N1, la OMS recomendó el uso de esta formulación de alcohol. El tercer caso es el de los anticuerpos monoclonales, desarrollados por un investigador argentino y uno británico: es una de las revoluciones terapéutica más importantes de los últimos 100 años y ha permitido desarrollar tratamientos para cáncer. Ellos decidieron no solicitar esa patente. Son buenos antecedentes, pero vienen más del area de sector público. Es entendible: las empresas están para hacer dinero, ¿no? Y es entendible que su lógica sea obtener ganancias a partir de sus desarrollos. Lo que se resulta paradójico es que muchos son financiados por el sector público. La lógica sería que sus resultados fueran accesibles.

No parece muy justo que muchos de estos proyectos para desarrollar una vacuna, que son financiados con recursos públicos, terminen en protección de patentes para las empresas. ¿Cuál es la explicación?

Efectivamente. Hoy hay un apoyo masivo al sector privado para el desarrollo de vacunas o tratamientos. Es paradójico que esa innovación termine en una protección de patentes. Es algo que se ha destacado con frecuencia en documentos e informes: que cuando el sector público financie a través del Estado estos desarrollos no debería ser objeto de una protección privada. Pero está sucediendo y por esto algunas de las iniciativas reclaman a los gobiernos que cuando den financiamiento público para estos desarrollos se establezca como una condición que los resultados estén disponibles de manera pública y abierta. Pero esto no necesariamente está sucediendo.

En medio de estas posibles dificultades en el acceso, el precio que puede tener un tratamiento para COVID-19 parece pasar a segundo plano. ¿O también debería inquietar a los Gobiernos?

También es inquietante. En esto hay dos posibles caminos: o se encuentra una vacuna efectiva o se encuentra un tratamiento. El precio puede ser significativo en ambas situaciones, sobre todo para los países de menos recursos. Si una vacuna estuviese protegida por patente y fuera comercializada a un precio elevado, el acceso sería muy difícil para muchos países de bajos ingresos. No hay olvidar que los países deben atender otros aspectos de salud pública. No pude invertir todos los recursos en el COVID-19. Los precios siempre van a ser un problema. Por eso es muy interesante que en la iniciativa de Costa Rica se hable también de la transparencia. La transparencia en los costos de investigación debería ser uno de los principios que guíen la solución de este problema. Como sabemos, en algunos casos, como el sofosbuvir, la empresa dueña de la patente, Gilead, planteó que el precio del medicamento no es el que se vincula con el costo de investigación y producción sino con el valor que tiene en cuanto permite salvar vidas. Y como el costo de una vida es elevadísimo, en EEUU pidieron 84 mil dólares por el tratamiento, lo cual no tiene relación directa con el costo de investigación y producción.

En medio de este escenario, ¿qué debería hacer un país como Colombia que no está en el grupo de licencias voluntarias de Gilead y aún tampoco hace parte de la iniciativa de OMS?

En primer lugar, creo que deberían estar más activos a nivel internacional. Deben plantear con una voz más fuerte la necesidad de acceder a tratamiento o una vacuna para que sea un bien público global. Lo dijo la OMS en abril. Colombia debería hacer más activismo y sostener esta tesis. Segundo, es clave generar capacidad nacional en materia de tecnologías y producción local. Los países desarrollados están en ese camino porque con el COVID-19 han descubierto que tienen un dependencia de insumos farmacéuticos de China e India. Lo mismo deberían hacer países como Colombia. Debe fortalecer sus capacidades.

En tercer lugar, Colombia debe estar dispuesto a usar las flexibilidades del acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). En Colombia ya hubo un ejemplo, en el caos de imatinib, que finalmente no se realizó como consecuencia de las presiones que recibió el país. Pero el Gobierno debe estar plenamente preparado para hacerlo esta vez. El uso de esas flexibilidades es totalmente legítimo. No hay nadie que lo pueda cuestionar, especialmente en el marco de esta pandemia.

¿Qué opina del rol la alianza GAVI (the Vaccine Alliance)?

No la conozco en detalle, pero en estos meses ha estado muy visible. Puede estar jugando un papel importante en el desarrollo de vacunas. Hasta el momento se ha focalizado en países de menor desarrollo y muchos países han quedado excluidos para acceder a esas vacunas. En América Latina el único país que se ha beneficiado de esos costos inferiores de las vacunas distribuidas por GAVI es Bolivia. De forma tal que si el esquema se mantiene como ahora, no daría una solución global al problema actual.

Una de las primeras aclaraciones que hizo el ministro de Salud FErnando Ruiz cuando se identificó el primer caso de COVID-19 en el país fue la misma que han repetido muchos líderes globales: la mejor garantía de volver a la normalidad es cuando haya un tratamiento efectivo y seguro o una vacuna. (Lea Control de la temperatura corporal, un arma de doble filo)

Desde entonces, muchas compañías, en unión con universidades e institutos públicos, iniciaron una carrera para lograr lo inimaginable: desarrollar un medicamento en tiempo récord. Empezaron ensayos clínicos para probar medicinas existentes y pactaron proyectos para buscar una vacuna. Lograrlo, usualmente, puede tardar varios años, pero frenar una pandemia que ha dejado más de 420 mil muertos ha requerido esfuerzos que antes no había visto el mundo científico.

En esa “competencia” están las multinacionales que lideran el mercado farmacéutico. Johnson & Johnson, Novartis, Merck, GSK, Sanofi, Moderna, Pfizer, Gilead, Clover Biopharmaceutical (de China) y Vaxart, por mencionar algunas. Varias tienen alianzas con reconocidas universidades. Otras se han unido para trabajar juntas. Hay más de 130 proyectos en marcha, pero hasta el momento no hay resultados concluyentes.

Aunque las esperanzas de todos están depositadas en esas investigaciones, otro punto clave en este escenario ha quedado rezagado: ¿Podrán todos los países acceder de manera rápida a esos tratamientos una vez estén disponibles? Carlos María Correa, un viejo conocedor de la industria farmacéutica global, cree que no será tan sencillo. Un sistema de patentes nada benévolo y un mercado en el que suelen haber secretos parecen complejizar el panorama.

Correa fue miembro de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y desde 2018 asumió la dirección del South Centre, una entidad intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, que hace más de dos décadas busca defender y asesorar a los países en desarrollo en temas como cambio climático, propiedad intelectual, salud pública y acceso a medicamentos.

Argentino, abogado y economista, asegura desde Suiza que, por el momento, el panorama no es muy alentador pues las grandes farmacéuticas no se unieron al llamado de solidaridad que hizo una semana la OMS. Por iniciativa de Costa Rica, se creó un gran fondo para que sus integrantes compartieran datos, conocimiento científico y se comprometieron a otorgar licencias voluntarias para masificar los medicamentos para el COVID-19. El propósito es que los países más pobres también puedan acceder de forma rápida a una vacuna o a un tratamiento (cuando los haya, claro).

La recomendación de Correa para Colombia, que no hace parte de esa iniciativa, es simple: debería ser mucho más activo en esas discusiones y debería darle un buen impulso a su industria farmacéutica nacional.

Hay una carrera por desarrollar tratamientos y vacunas para el COVID-19. Aunque muchos estudios clínicos están en marcha, hay una inquietud que se ha hecho evidente en las últimas semanas: las dificultades que podrían tener algunos países para acceder a esos medicamentos. ¿Cuáles cree que pueden ser las principales barreras?

Es una preocupación que tiene una base muy seria. En particular en relación con las vacunas. Ya hay información, por ejemplo, respecto de la disposición de de Unión Europea de desembolsar más de 2 mil millones de dólares para comprar vacunas y asegurar a su población. Es una compra anticipada. Seguramente, Estados Unidos hará algo parecido. De manera que un problema es que efectivamente el volumen inicial de vacunas sea absorbido por países desarrollados. Esto ya pasó con la pandemia del H1N1, donde, una vez hubo vacuna, hubo compra masiva de países desarrollados y los países en desarrollo no pudieron acceder por mucho tiempo. Incluso, la OMS estableció un programa de donaciones que solo llegó al 10% del volumen existente. Pero a diferencia de la H1N1, en este caso va a ser necesario vacunar a todos os habitantes del planeta. Estamos hablando de miles de millones de dosis y no hay ninguna empresa que pueda producirlas.

Por otro lado, la capacidad de manufactura de vacunas de los países en desarrollo es bastante fragmentada. No es suficiente. Es un cuello de botella muy importante. También hay limitaciones en la existencia de viales: no hay suficiente oferta. Todo esto es una preocupación real que los países en desarrollo deberían plantear de manera más fuerte.

¿Qué pueden hacer los países de medianos y bajos ingresos como Colombia y los de América Latina para evitar que eso suceda?

Hay dos caminos. Uno es llegar a un acuerdo internacional donde la base sea la solidaridad y la distribución equitativa de la vacunas o tratamientos. El segundo es incrementar de una manera drástica y rápida la capacidad de manufactura a medida que se pueda acceder a tecnologías. Pero, la fabricación de vacunas es más complicada que un producto de síntesis química. De manera que hace falta mucha inversión y un programa articulado a nivel regional para acceder a esas tecnologías. Hay algunas plantas en el continente pero la situación actual parece mostrar que no es suficiente.

En este escenario, ¿el sistema de patentes puede ser un obstáculo?

Claro, puede ser un obstáculo. Si las vacunas son patentadas, lo cual es muy probable, quedará a discreción de la patente el permitir o no la utilización de la tecnología protegida por la patente. Los países pueden tomar medidas como licencias obligatorias o invocar el artículo 73 del acuerdo ADPIC, que aplica en emergencia internacional. Es decir, puede usar esas tecnologías aun sin la voluntad de las empresas que son titulares. Por ejemplo, el caso del remdesivir, Gilead otorgó licencias voluntarias, pero no a todos los países. No cubre los de ingresos medios e ingresos altos.

La OMS ha insistido en la necesidad de que se compartan conocimiento, la propiedad intelectual y los datos a gran escala. No algo que suceda con frecuencia en el mundo farmacéutico. ¿Cree eso posible?

Eso partió de una iniciativa del presidente de Costa Rica. Se conoce como el “Llamado de solidaridad”. La idea es que haya una especie de fondo de tecnologías, datos, know how, etc., que está concebido como algo voluntario. Su efectividad dependerá de que las empresas titulares de esas tecnologías estén dispuestas a compartirlas con el resto del mundo. Hay un gran interrogante en ese sentido. La industria farmacéutica internacional, la big pharma, no participó en el lanzamiento de se llamado, cuando se esperaba su participación. Eso no es nada alentador. Algunas empresas manufactureras de vacunas están diciendo que la producirán sin beneficio comercial en algunos países pero no hay claridad si eso se refiere a los países de menos ingresos. Aún no se sabe a cuáles incluyen. Hay bastante incertidumbre.

¿Hay algún ejemplo en el pasado que refleje ese esfuerzo solidario que hoy pide la OMS y que haya funcionado realmente?

No de la manera que este caso lo requiere. Hay ejemplos como concesión de licencias voluntarias en el The Medicines Patent Pool, que ha hecho un trabajo muy importante en lograr que empresas otorguen voluntariamente su patente. Pero estas licencias, en su mayoría, tienen limitaciones geográficas. En algunos casos solo se pueden producir en algunos países y vender en algunos territorios y quedan excluidos países que tienen mercados de gran interés para las empresas. Entonces, hasta el momento no hay una experiencia donde un desarrollo haya sido considerado genuinamente como un bien público global, es decir, que sea accesible para todos al mismo tiempo en todas partes.

Aunque sí ha habido algunos ejemplos de iniciativas: el caso de vacuna anti polio Sabin podría ser un buen ejemplo. Otro buen ejemplo es el del investigador suizo que desarrolló la mezcla de alcohol que se usa como prevención de contagio. Tuvo oportunidad de patentarla y no lo hizo. Hubiera sido multimillonario porque, en el caso de la H1N1, la OMS recomendó el uso de esta formulación de alcohol. El tercer caso es el de los anticuerpos monoclonales, desarrollados por un investigador argentino y uno británico: es una de las revoluciones terapéutica más importantes de los últimos 100 años y ha permitido desarrollar tratamientos para cáncer. Ellos decidieron no solicitar esa patente. Son buenos antecedentes, pero vienen más del area de sector público. Es entendible: las empresas están para hacer dinero, ¿no? Y es entendible que su lógica sea obtener ganancias a partir de sus desarrollos. Lo que se resulta paradójico es que muchos son financiados por el sector público. La lógica sería que sus resultados fueran accesibles.

No parece muy justo que muchos de estos proyectos para desarrollar una vacuna, que son financiados con recursos públicos, terminen en protección de patentes para las empresas. ¿Cuál es la explicación?

Efectivamente. Hoy hay un apoyo masivo al sector privado para el desarrollo de vacunas o tratamientos. Es paradójico que esa innovación termine en una protección de patentes. Es algo que se ha destacado con frecuencia en documentos e informes: que cuando el sector público financie a través del Estado estos desarrollos no debería ser objeto de una protección privada. Pero está sucediendo y por esto algunas de las iniciativas reclaman a los gobiernos que cuando den financiamiento público para estos desarrollos se establezca como una condición que los resultados estén disponibles de manera pública y abierta. Pero esto no necesariamente está sucediendo.

En medio de estas posibles dificultades en el acceso, el precio que puede tener un tratamiento para COVID-19 parece pasar a segundo plano. ¿O también debería inquietar a los Gobiernos?

También es inquietante. En esto hay dos posibles caminos: o se encuentra una vacuna efectiva o se encuentra un tratamiento. El precio puede ser significativo en ambas situaciones, sobre todo para los países de menos recursos. Si una vacuna estuviese protegida por patente y fuera comercializada a un precio elevado, el acceso sería muy difícil para muchos países de bajos ingresos. No hay olvidar que los países deben atender otros aspectos de salud pública. No pude invertir todos los recursos en el COVID-19. Los precios siempre van a ser un problema. Por eso es muy interesante que en la iniciativa de Costa Rica se hable también de la transparencia. La transparencia en los costos de investigación debería ser uno de los principios que guíen la solución de este problema. Como sabemos, en algunos casos, como el sofosbuvir, la empresa dueña de la patente, Gilead, planteó que el precio del medicamento no es el que se vincula con el costo de investigación y producción sino con el valor que tiene en cuanto permite salvar vidas. Y como el costo de una vida es elevadísimo, en EEUU pidieron 84 mil dólares por el tratamiento, lo cual no tiene relación directa con el costo de investigación y producción.

En medio de este escenario, ¿qué debería hacer un país como Colombia que no está en el grupo de licencias voluntarias de Gilead y aún tampoco hace parte de la iniciativa de OMS?

En primer lugar, creo que deberían estar más activos a nivel internacional. Deben plantear con una voz más fuerte la necesidad de acceder a tratamiento o una vacuna para que sea un bien público global. Lo dijo la OMS en abril. Colombia debería hacer más activismo y sostener esta tesis. Segundo, es clave generar capacidad nacional en materia de tecnologías y producción local. Los países desarrollados están en ese camino porque con el COVID-19 han descubierto que tienen un dependencia de insumos farmacéuticos de China e India. Lo mismo deberían hacer países como Colombia. Debe fortalecer sus capacidades.

En tercer lugar, Colombia debe estar dispuesto a usar las flexibilidades del acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). En Colombia ya hubo un ejemplo, en el caos de imatinib, que finalmente no se realizó como consecuencia de las presiones que recibió el país. Pero el Gobierno debe estar plenamente preparado para hacerlo esta vez. El uso de esas flexibilidades es totalmente legítimo. No hay nadie que lo pueda cuestionar, especialmente en el marco de esta pandemia.

¿Qué opina del rol la alianza GAVI (the Vaccine Alliance)?

No la conozco en detalle, pero en estos meses ha estado muy visible. Puede estar jugando un papel importante en el desarrollo de vacunas. Hasta el momento se ha focalizado en países de menor desarrollo y muchos países han quedado excluidos para acceder a esas vacunas. En América Latina el único país que se ha beneficiado de esos costos inferiores de las vacunas distribuidas por GAVI es Bolivia. De forma tal que si el esquema se mantiene como ahora, no daría una solución global al problema actual.