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Hoy se celebra el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y la defensa del derecho al aborto libre. En Colombia se tienen planteadas más de 15 actividades, entre marchas y conciertos, a lo largo del país, y mientras la jornada discurre, la Corte Constitucional seguirá estudiando la demanda que instauró Causa Justa (una unión de más de 90 organizaciones y colectivos feministas de todo el país) para sacar el aborto del Código Penal, logrando así que no se criminalice a ninguna mujer por abortar. En Argentina el movimiento de mujeres logró lo mismo el año pasado, y en México se hizo el anuncio hace unos cuantos meses. Muchas se preguntan si el siguiente país en dar este paso hacia los derechos de las mujeres será Colombia, el país con la “democracia más antigua de América Latina”.
Con ocasión de este día, Profamilia lanzó un informe sobre las barreras de acceso que enfrentaron mujeres y niñas a la hora de solicitar una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en 2020, cuando todos los servicios de salud se enfocaron solo en coronavirus, dejando a miles de mujeres y niñas con embarazos no deseados desatendidas. (Para más noticias sobre derechos sexuales y reproductivos visite El Espectador)
Los investigadores de Profamilia realizaron una encuesta a 1.500 mujeres, el 94 % de las cuales eran sexualmente activas y cerca del 80 % no desean tener un hijo y usaban anticonceptivos. A estos resultados se sumaron las cifras de las encuestas en demografía y salud que se hacen en Colombia desde 1986 y otras cifras del Ministerio de Salud, y las incluyeron en una matriz matemática llamada Impact 2, de la ONG Marié Stopes Internacional.
De acuerdo con sus cálculos, 71.702 embarazos no deseados no pudieron evitarse. De acuerdo con Marta Royo, directora general de Profamilia, en el acceso a la anticoncepción estuvo el mayor bloque de necesidades en la pandemia. “Nunca se tuvo en cuenta cómo la pandemia colapsó el sistema de salud, se enfocó en atender a la pandemia, y las otras patologías y necesidades suspéndalas y espérense que podemos atender la pandemia. El 40.6% de las mujeres no pudieron tener acceso a métodos anticonceptivos por distintas razones: porque los servicios se salud estaban atiborrados, cerca del 30% porque temían contagiarse al ir a centros de salud, o porque las filas eran muy largas”, explica. (Le puede interesar: Forzada a migrar y parir: la tragedia de una venezolana en Colombia)
Por su parte, según el Ministerio de Salud, se dejaron de atender a una de cada cinco personas que buscaban anticoncepción en 2020, y hay varias razones que impidieron el acceso de las mujeres a un método anticonceptivo en pandemia. Por ejemplo, para al menos dos de cada cinco mujeres no había disponibilidad de anticonceptivos. Para al menos tres de cada 10, las prestadoras de salud tenían barreras en la prestación de salud (largas filas en un 34,4 % y no disponibilidad de profesionales en salud en un 25,8 %).
Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, explica que prácticamente la mitad de las mujeres que respondieron la Encuesta de Demografía y Salud de 2019, un 52 %, para ser más exactas, de los nacimientos en 2020 en el país fueron no deseados o no planeados. “Cuando les preguntaban si el último hijo que tuvo lo querían tener, la mitad dijo que no. De esas, la mitad decía que lo pensaba tener en dos o tres años en el futuro, y de la otra mitad, una cuarta parte decía que no quería haberlos tenido nunca. Estas fueron mujeres que no tuvieron acceso a IVE, aun estando en las causales. Tuvieron barreras de acceso a este derecho, y no son solo las particularidades de la pandemia. También temían ser estigmatizadas”, explica Vargas.
Por otro lado, 26.223 abortos inseguros no pudieron evitarse y 34.130 interrupciones voluntarias del embarazo dejaron de realizarse. Esto quiere decir que a más de treinta mil mujeres y personas con capacidad de gestar cuyo embarazo está amparado bajo la sentencia C-355 de 2006 no les fue garantizado el ejercicio de su derecho a un aborto humanizado, libre y seguro. Más de treinta mil veces fue negado este derecho fundamental. (Una cuarta parte de las condenadas por aborto son menores de edad)
Para al menos dos de cada cinco mujeres el acceso a la anticoncepción fue por razones económicas: no podían pagarlo. “Yo me pregunto, ¿por qué no es estable el acceso a los anticonceptivos? Mi teoría es que los insumos no llegan a tiempo, muchas veces se copan con enfermedades de alto costo, pero sobre todo sSiento que se asume que la anticoncepción es solo asunto de mujeres y que, por lo tanto, siempre tendremos una manera de procurar un método anticonceptivo. Que es natural a nosotras. Por eso no hay una preocupación tan sentida con los embarazos no deseados, especialmente en menores de edad”.
Justamente el DANE publicó esta semana una cifra que debería alarmarnos: en el segundo trimestre de 2021 hubo un incremento del 22,2 % de los nacimientos en niñas menores de 14 años, en comparación con el mismo período de 2020. En otras cifras, eso quiere decir que mientras en ese período de 2020 hubo 946 nacimientos, este año hubo 1.156.
En el caso de las mujeres entre 14 y 19 años también hubo un aumento anual: fue del 6,3 %. En el segundo trimestre del año pasado hubo 24.849 nacimientos, mientras que en 2021 hubo 26.405. “Esto es muy grave. ¿Quién ve uno a los 12 o 13 años diciendo en la EPS que necesita una IVE? En la pandemia esto fue más grave, porque no había información, muchas niñas y mujeres quedaron encerradas en sus casas con sus abusadores, es de los peores efectos que ha dejado esta pandemia. Recordemos que el 90 % de los abusadores son personas cercanas. Y esto es porque no hay información sobre un acceso oportuno a anticonceptivos o a IVE. También son niñas, por lo general no tiene recursos económicos. Y de hecho nadie debería tener que pagar un aborto de su bolsillo”, dice Royo. (En Colombia aumentaron los nacimientos en niñas menores de 14 años)
Si bien es cierto que un embarazo no deseado no necesariamente lleva a un aborto, la razón por las cuales las mujeres no accedieron a IVE incluyen las barreras a las que son sometidas, pero ningún caso se reportó de mujeres que no quisieran abortar. A enero de 2021, dos de cada 100 mujeres encuestadas necesitaron un aborto. Unas 33 de las encuestadas por Profamilia no pudieron acceder a la IVE porque los servicios fueron descontinuados (barreras en la disponibilidad del servicio), por falta de transporte (barreras de acceso) o por temor al contagio).
En la pandemia, Profamilia no cerró las puertas de las sedes durante la pandemia y activó un servicio de telemedicina y medicina domiciliaria para realizar abortos seguros en casa y así garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En 2021 (datos enero-agosto) el número de IVE en comparación con tiempos de pre pandemia (enero-agosto de 2019) en lugar de disminuir, creció en un 20,85 %. “El futuro de Colombia es la despenalización total del aborto. Que ninguna mujer sea judicializada por ejercer autonomía”, concluye Royo.
A este estudio sobre barreras a la anticoncepción y al aborto en pandemia se suman otros datos, como los que presentó la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres el mes pasado, que determinó que 400 mujeres son criminalizadas por abortar al año en Colombia. Las investigadoras pudieron determinar que, desde 1998, se han iniciado 5.500 investigaciones por el delito de aborto. Estos han llegado a conocimiento de estas entidades por denuncias ciudadanas, llamados a la Policía e informes de autoridades, especialmente defensores de familia y comisarios de familia. De esos, 4.754 casos están en etapa de indagación, 102 en etapa de juicio y en 450 ya hubo condena o se decretó medida de aseguramiento.
Si pensamos que hay 400 mujeres criminalizadas al año y 26 condenadas por año, parecen pocas, literalmente una de cada mil. Pero un acercamiento a las cifras demuestra que el sistema penal está más sesgado hacia el control de los cuerpos de las mujeres y que las más afectadas son las niñas rurales. Lo más curioso tal vez es que, a partir de 2006, cuando se despenalizó el aborto bajo tres causales, el número de casos que registra la Fiscalía sigue siendo de 400 criminalizadas por año. El número no cambia, y antes aumenta.