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Los impactos de las pandemias y otras emergencias sanitarias dependen mucho más de lo que sucede antes de que estas ocurran que de las decisiones que se implementen sobre la marcha para enfrentarlas. La mayoría de los informes internacionales coinciden hoy en que el covid-19 tuvo un impacto mucho más significativo en los países de bajos y medianos ingresos que en los países más ricos, a pesar de que estos últimos tenían -aparentemente- una mayor proporción de personas susceptibles (adultos mayores) a sus peores efectos.
Sin duda, este mayor impacto en estos países, incluidos los de América Latina, que en un principio estaba subestimado por la menor capacidad de los sistemas de vigilancia epidemiológica, se explica por diversos determinantes tales como la pobreza, la debilidad de los sistemas de salud, la mayor prevalencia de enfermedades crónicas no controladas (que generó otro grupo susceptible), el desempleo, el hacinamiento, entre muchos otros, cuyo papel parece comparable, pero además intrincado, con el desempeño de la respuesta institucional. De esta manera, estos determinantes explicaron sustancialmente el exceso de mortalidad observado, pero también pudieron afectar la efectividad de varias intervenciones como el rastreo de contactos. Sin embargo, la mayoría de los expertos, al tiempo que reconocen el rol de los determinantes sociales, coinciden en que el impacto ciertamente pudo haber sido menor de haber tenido previamente una mayor capacidad de prevención, preparación y respuesta (PPR) a nivel nacional, regional y global.
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El Global Health Security Index, desde antes de la pandemia, describió que la gran mayoría de países tenían diversas debilidades en sus capacidades para garantizar la seguridad sanitaria. Este índice se correlacionó posteriormente, aunque no tan fuerte como se esperaba, con el impacto final del covid-19 en los países. Varios expertos internacionales reconocen que, a pesar de las debilidades de la respuesta, indudablemente el impacto de la pandemia habría sido mucho mayor de no haber existido planes de preparación globales y nacionales, y un importante líder de la Organización Mundial de la Salud -que no me permite citarlo- dijo hace poco que si esta pandemia hubiera sido de influenza, incluso con una virulencia similar a la del SARS-CoV-2, el impacto pudo ser menor, dado que algunos mecanismos internacionales, sobre todo relacionados con la producción y asignación de vacunas, que estaban específicamente diseñados para esta primera, que era, en las apuestas de muchos expertos, la que iba a generar la siguiente pandemia. Según nos explicaba el mismo experto, lamentablemente no fue tan fácil adaptar todos los mecanismos rápidamente a una pandemia por un coronavirus, con las consecuencias observadas como la inaceptable -y vergonzosa- inequidad global de la vacunación contra el covid-19.
Este hecho demuestra que es supremamente importante la preparación a nivel global y nacional, y que la existencia de capacidades y mecanismos de base es determinante, pues, aunque mucho puede hacerse durante las pandemias, el margen de maniobra dadas las restricciones de tiempo y marcos normativos es limitado para acciones en marcha, especialmente en las primeras fases. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha impulsado un nuevo acuerdo global para proteger al mundo contra futuras emergencias pandémicas, y al tiempo diversas iniciativas, como el Fondo Pandémico, destinan grandes montos de dinero al desarrollo de capacidades en los países de menores ingresos. Esta atención de estas organizaciones indudablemente contrasta con el desinterés de algunos gobiernos que ya no perciben la presión mediática y política dada por el covid-19, y que, con otras agendas aplazadas por casi 3 años de pandemia, ha hecho que el fortalecimiento de la seguridad sanitaria ya casi no se encuentre en la boca de los políticos. Es por eso por lo que se hace más urgente llamar la atención sobre esta desatención del debate público, en un momento de renovación política en las Américas.
Es, de hecho, justo ahora el mejor momento para aprovechar la disponibilidad de recursos internacionales que, bien invertidos, pueden retomar los esfuerzos para mantener y profundizar las capacidades rezagadas. Un estudio reciente del Global Burden of Disease muestra que se necesitaría al menos un punto adicional de Producto Interno Bruto en gasto público en salud para mejorar la preparación a pandemias. El costo que se requiere para fortalecer capacidades como las redes de laboratorio, la vigilancia genómica, la vigilancia en salud pública y la formación continua de talento humano es ciertamente muy alto, pero el costo humano, y también económico, de no hacerlo lo excede varias veces como lo mostró el covid-19.
Otros temas estratégicos transversales como la integración de la salud humana, animal y ambiental bajo el marco de “una salud”, el fortalecimiento del acceso efectivo a servicios de salud, la Atención Primaria y la gobernanza de Salud Pública, redundan necesariamente en otros beneficios deseables para la salud de la sociedad, más allá de la protección contra emergencias sanitarias. Lamentablemente, estos retornos no son observados siempre por los líderes políticos, y a diferencia de los problemas de prestación de servicios, bienes públicos como la vigilancia epidemiológica no son percibidos políticamente como atractivos en la agenda, por la misma razón que sus beneficios son silenciosos, pero en cambio se hacen solo latentes en emergencias, o cuando estos fallan.
Las evaluaciones del desempeño de Colombia y otros países frente a la pandemia se encuentran muchas todavía en elaboración, aunque algunos preliminares muestran al tiempo fortalezas y debilidades, aunque estas, en promedio, ocultan las evidentes desigualdades territoriales al interior del país. Es claro que la vigilancia epidemiológica en el país, por ejemplo, tiene un mejor desempeño que otros países de similares niveles de ingreso, pero también que el desarrollo de otras dimensiones de la seguridad sanitaria sigue siendo insuficiente.
Es fundamental una evaluación que considere el papel de los determinantes sociales, y las limitaciones de nuestro marco normativo, pero que, al tiempo, que nos de luces sobre los aprendizajes. Este proceso de evaluación institucional debe ser pluralista, técnico, y sobreponerse a los que quieren usarlo con fines proselitistas, para fortalecer la capacidad de las instituciones, y del Estado, ya que la seguridad sanitaria debe ser un asunto que transcienda las diferencias ideológicas entre gobiernos. De las tres letras del PPR, Colombia, igual que otros países, tiene sobre mucho que mejorar en la primera P (prevención) que implica trabajar en la gestión intersectorial de riesgo para nuevas emergencias, pero al tiempo todavía necesita disminuir las diferencias de capacidades locales en preparación y respuesta inmediata, que pasan por deficiencias en cantidad y calidad del talento humano en Salud Pública.
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En el escenario político actual en el que la agenda del sector salud se ha visto marcadamente dominada por el debate a la reforma al sistema de salud, y con la idea de que la pandemia es solo una fea pesadilla del pasado, no parece existir un compromiso político de mantener la agenda de seguridad sanitaria, aprovechando la inercia y los recursos disponibles ahora mismo. Si bien existe una mención en el debate público de la seguridad sanitaria por parte del nuevo gobierno, todavía no existe una senda claramente definida, y hechos como las demoras en la designación en propiedad del director del INVIMA (que hasta hace poco se anunció) no envía un mensaje claro, que incorpore otros elementos adicionales a los de producción de medicamento y vacunas, que sin duda son esenciales, pero no los únicos. En este contexto, el nivel local tiene una oportunidad, y los alcaldes y gobernadores pueden incorporar en su agenda en el desarrollo de la capacidad sanitaria, y en general, las capacidades renovadas en Salud Pública.
Colombia no está preparada para una nueva pandemia, pero probablemente ningún país lo esté hoy, con la diferencia de que en nuestro país los determinantes estructurales nos hacen más vulnerables a sus efectos, por lo que es esencial que el país mantenga la PPR como parte de sus prioridades, dado el impacto potencial de las emergencias sanitarias sobre las vidas de los más vulnerables. El covid-19 puso en la agenda muchos temas que históricamente tenían pocos dolientes, y por primera vez estuvieron en la plaza pública, pero la clase política ya no ve atractivas estas banderas, y puede que los réditos a corto plazo ciertamente sean pocos, pero estoy convencido que justamente cuando hablar de pandemias deja de estar de moda, es más importante hacerlo, porque es ahora cuando vivimos esta tregua incierta que podemos aprovechar para prepararnos mejor para la próxima vez.
Los salubristas no deberíamos solo hablar de los temas que despiertan el interés mediático, sino también llamar la atención de aquellos que caen en el peligro del olvido. Esta columna es un intento de mantener esa conversación pública abierta.
*Assistant Scientist - Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
E-mail: jferna53@jh.edu
*Nota aclaratoria del autor: El artículo inicial sugería que Colombia no había presentado una propuesta a la primera ronda del Fondo Pandémico, pero el país hizo parte de una propuesta multipaís aprobada por el fondo pandemico con acompañamiento de la OMS titulada “Pandemic Response Optimization Through Engaged Communities and Territories (PROTECT)”.