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El primer evento que reunió a expertos de todo el mundo para hablar sobre cómo erradicar la violencia infantil sucedió entre el 7 y 8 de octubre en Bogotá. Se trató de la Primera Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la violencia contra la niñez, a la que representantes de 119 países asistieron, y 101 de ellos adquirieron una serie de promesas para acabar con esa problemática. Colombia también presentó las suyas a través de una propuesta que, en resumen, quiere priorizar la detección temprana de casos e impactar de manera indirecta a 13.942.630 niños, niñas y adolescentes en todos los departamentos.
Durante la apertura, Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia, mencionó que “para nosotros, como país, es un privilegio ser los huéspedes de este evento. Hace una semana cerrábamos la COP16 en Cali, el evento más importante del mundo en biodiversidad, y ahora, en esta conferencia, estamos hablando sobre una problemática que nos concierne a todos: la violencia contra la niñez”.
Para poner en perspectiva la gravedad de la violencia contra la niñez, cada cuatro minutos muere un niño o niña por ese motivo según recientes cifras de UNICEF. En Colombia, esta problemática ha aumentado desde 2022, sobre todo en el número de casos de violencia sexual, que representan el 45 % de registros. Otras de las problemáticas más preocupantes en nuestro país son el reclutamiento de menores, la explotación sexual, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil.
Ante este panorama, la propuesta que consolidó el Gobierno, y que espera materializar en un plazo de 18 meses, fue titulada “A tiempo” - Sistema Transectorial para la Protección Integral y Eliminación de las Violencias Contra Niños, Niñas y Adolescentes. En el documento, se lee que el sistema se consolidará para fortalecer la prevención de la violencia contra la niñez a través de una mayor identificación de casos y alertas sobre riesgos.
En últimas, se pretende que esto conlleve a una respuesta, atención inmediata y seguimiento a hechos violentos contra los menores de edad, incluso aquellos que se encuentran en un contexto de conflicto armado u organizaciones criminales. La integración de las entidades correspondientes también es uno de los puntos claves del documento, para garantizar un acceso a la justicia que “reduzca, prevenga e impida la impunidad y promueva medidas concretas para el restablecimiento de los derechos”.
Para lograr esos objetivos, se planteó que el sistema tenga tres ejes: el primero habla de desarrollar una aplicación llamada “A Tiempo” que articule líneas de atención, sistemas de reporte de posibles casos, e instrumentos de tamizaje para detectar riesgos de violencia y activar rutas de atención inmediata con entidades institucionales.
El segundo eje menciona una atención oportuna transectorial que se dará promoviendo más equipos de acompañamiento a familias y comunidades a través de lo que ya ofrecen entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en los territorios, los Equipos Básicos de Salud en todos los municipios, y el personal de las instituciones educativas. Esto también incluirá a las casas de atención a las víctimas que tiene la Fiscalía General de la Nación, el ICBF y las organizaciones de la sociedad civil. En este eje se buscará también la integración de las organizaciones sociales, además de la optimización de líneas gratuitas de protección y cuidado de la niñez (Línea Salvia 155, Línea 106, Línea de atención del ICBF, Línea Púrpura, y demás).
El tercer eje hará seguimiento a la atención y respuesta institucional de los casos mediante la implementación de una mesa de trabajo con el ICBF, instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil.
En el documento compartido por el Gobierno colombiano, se lee que uno de los primeros pasos para que el sistema se consolide es la expedición de un acto normativo que retome las definiciones de la Ley 2137 de 2021, con la que se creó el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Para retomar las definiciones de la ley, el Gobierno sugirió que se definiera la responsabilidad de las entidades e instituciones para el restablecimiento de derechos; que se hicieran ajustes para garantizar la confidencialidad y no revictimización; y que se articulen los mecanismos ya existentes en los territorios para activar el sistema.
Se espera integrar la acción de actores nacionales (Ministerio de Salud, Ministerio de Igualdad, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, ICBF, entre otros), actores territoriales (alcaldías, gobernaciones, autoridades indígenas, consejos comunitarios afro y secretarías de salud), y fuentes de información (SIVIGILA, Estadísticas Vítales del DANE, Medicina Legal y demás).
También, en una nota al pie del documento, se puede leer que se podrá contar “con una versión extensa de la propuesta para la discusión y concertación de gobierno y sociedad civil. Para el formulario se propone esta versión sencilla cumpliendo los parámetros del ejercicio propuesto por la plataforma de la conferencia”.
Las dudas de la sociedad civil
Antes de realizar sus compromisos en la conferencia, todos los países participantes tuvieron que realizar un proceso de consulta nacional que incluyera voces de la sociedad civil, niños, niñas y adolescentes, además de expertos y sobrevivientes de violencia. De ese proceso de consulta, surgieron una serie de recomendaciones que cada Gobierno decidiría incluir o no en las propuestas finales que se definieron en Bogotá.
En Colombia, ese proceso contó con la participación de 230 personas de 70 organizaciones, que fueron convocadas por tres entidades que trabajan para erradicar la violencia contra los menores en nuestro país: Alianza por la Niñez, Niñez Ya y COALICO. Además, se tuvo en cuenta una consulta nacional realizada a 317 niños y niñas en 17 departamentos del país.
Como resultado de la mesa de diálogo, que duró 2 días, surgieron recomendaciones que abordaron 4 ejes fundamentales: el fortalecimiento de la familia y la comunidad; la protección de niños y niñas afectados por el conflicto armado y el crimen organizado; una estrategia nacional pedagógica como política pública de Estado; y una estrategia integral contra la violencia sexual.
Liza Ordóñez, directora de la Misión Internacional de Justicia, una de las organizaciones que participó de la mesa de diálogo, dijo que el Gobierno incluyó algunas de las recomendaciones que habían dado como expertos, entre ellas el fortalecimiento familiar y al sistema de justicia, que incluye una revisión para garantizar mayor acceso a niños, niñas y adolescentes. “El Gobierno no incluyó el 100 % de nuestras recomendaciones, sino algunos componentes. No estamos diciendo que esté mal, y tampoco queremos demeritar los esfuerzos, pero sí esperábamos que el compromiso fuera mucho más ambicioso”, dice Ordóñez.
Una de las propuestas de la sociedad civil que, según la directora, hizo falta incluir fue la que abordaba la creación de una estrategia integral para la violencia sexual. Esta hablaba de la necesidad de una reforma a la justicia adaptada a la niñez que contara con un presupuesto asignado y sensibilización a los funcionarios para evitar la revictimización, además de un monitoreo que garantizara el cumplimiento de la estrategia. “Entendemos que los compromisos del Gobierno estén enfocados a una respuesta rápida porque el problema es urgente, pero también se debe ir más allá para atender su raíz”, dice Ordóñez.
También, en cuanto al presupuesto para implementar la estrategia del Gobierno, que se calculó en $30 mil millones de pesos, las organizaciones hicieron un llamado para que este corresponda a un monto adecuado para iniciar y que se realice el debido planteamiento de proyección financiera.
Por ahora, las recomendaciones de las organizaciones también serán subidas también a la plataforma de la conferencia ministerial. Estas entidades también manifestaron su interés por seguir trabajando con el Gobierno, específicamente con entidades como el ICBF, para la ejecución de los compromisos.
¿Qué se acordó a nivel internacional?
Hasta el viernes 8 de noviembre, tras la finalización de la conferencia, solo 46 países se habían adherido al compromiso final de la conferencia, entre ellos Colombia, Brasil, Ecuador, México, Alemania, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Sin embargo, el documento no ha sido publicado a la opinión pública todavía.
Algunos de los 101 países que enviaron sus compromisos lo hicieron, también, para unirse a la iniciativa Pathfinding 2.0, que es una estrategia que cuenta con países pioneros en su compromiso para erradicar la violencia contra la niñez a partir de acciones claves y conjuntas. Colombia, por ejemplo, ya hacía parte de los 38 países que eran miembros hasta febrero de este año.
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