¿Con quiénes se construyó la reforma a la salud del Gobierno?

La discusión sobre el proyecto de reforma al sistema de salud comenzó desde el segundo semestre de 2022, cuando ya rondaban en círculos de periodistas y líderes de la salud un supuesto borrador de articulado. En ese documento ya se hablaba de la eliminación de la intermediación financiera de las EPS, la creación de centros de atención primaria, la construcción de un sistema único de información y algunos otros detalles que tenían como propósito, decía el proyecto, mejorar las condiciones laborales del personal de salud.

Aunque ese documento se conocía, fue el propio Ministerio de Salud, en un comunicado fechado el 19 de septiembre, el que se encargó de señalar que dichas versiones sobre el proyecto no se ajustaban a la actualidad. “Nosotros vamos a presentar un documento serio para que el país lo discuta. Nuestra intención es presentar en las próximas semanas el documento para el debate público, para que se discuta con tranquilidad, se dialogue y se mejore”, indicó entonces la ministra de Salud, Carolina Corcho.

Durante los siguientes meses asociaciones, organizaciones y exfuncionarios solicitaron al Ministerio de Salud la publicación del documento que sí respondiera a la actualidad. Esta mañana, sin embargo, la ministra Corcho señaló en entrevista con la emisora W que ese proyecto filtrado a inicios de septiembre de 2022, y que entonces dijo no se ajustaba a la actualidad, constituye en realidad el 70% del proyecto oficial de reforma a la salud que tiene en su mesa el presidente Petro desde inicios de enero pasado.

Los diálogos de la Reforma

La participación en la construcción de la reforma a la salud ha estado en el ojo del debate de expertos y líderes. Ante las críticas de organizaciones, salubristas y exfuncionarios por la ausencia de un borrador oficial del articulado, la ministra Corcho respondió en varias oportunidades que estaba segura de que el proyecto era el más discutido “en toda la historia republicana del país”, como dijo hace menos de una semana. Según la ministra, se han realizado seminarios y discusiones de una reforma que “antecede al propio gobierno”.

La clave de esa “larga” discusión que ve el Ministerio, pero no otro sector de la salud, se encuentra en escenarios que existen mucho antes de que Gustavo Petro asumiera la presidencia, la más importante de ellas, la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 (sobre la salud como derecho fundamental) de la Corte Constitucional. Se trata de un espacio político de organizaciones de la sociedad civil que se reunieron tras esa sentencia de la Corte en 2008 con el propósito de reformar el sistema de salud colombiano.

En esa comisión se encontraba (y se encuentran aún), organizaciones como la Federación Médica Colombiana, de la que la hoy ministra de Salud fue vicepresidenta. También están la Academia Nacional de Medicina o la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, organizaciones que, entre otras, reconocieron en un comunicado el pasado 19 de enero que han participado de encuentros y reuniones para construir el proyecto de reforma a la salud.

Puede ver: Lo que sabemos (y desconocemos) de la reforma a la salud

A partir de esta comisión se comenzaron a llamar a una serie de encuentros que hoy la ministra señala fueron donde se discutió la reforma a la salud que planea presentar el gobierno. Por ejemplo, uno de ellos fue la cumbre social y política que convocaron durante 2021 y en la que participaron, además de delegados de varias regiones, candidatos a la presidencia, entre los que estaban Gustavo Petro. Fue allí donde el hoy presidente conoció la base de la reforma actual, en un documento titulado como “Propuesta de reglamentación y desarrollo de la ley estatutaria 1751 de 2015 para la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia”, que firman, además de Corcho, Pedro Santana Rodríguez, entre otros.

“Cuando un grupo arranca y lidera una propuesta, los que se quedan atrás, se quedan. No se pueden esperar. Nosotros arrancamos un proceso y no lo hemos parado en ocho años”, señala Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana. Según esta entidad, “ha habido foros sobre la reforma desde esa época; durante la pandemia abundaron los webinar, escritos a manera de artículos y ensayos, entrevistas y programas de TV con personas del común, trabajadores de la salud y dirigentes gremiales y académicos expresando sus ideas acerca de lo que debería ser un nuevo sistema de salud” para el país.

“Desde el 2017 tengo mi primer correo en relación con la construcción del proyecto. Hubo apertura e invitaciones a todos lados”, señala Néstor Álvarez Lara, vocero de Pacientes de Alto Costo, que participa de la Comisión. Ahora, en la Comisión, continúa Álvarez, “están las personas y organizaciones que han querido reformar al sistema. Quienes no estaban interesados en modificar el sistema, pues seguramente no iban a tener mucho interés en participar de la comisión. Hay organizaciones que nunca se han acercado a ningún espacio, porque su intención nunca ha sido modificar de manera estructurada el sistema de salud”.

Tanto Álvarez como Isaza hablan de un proceso que intentó incluir a todos y que incluso tuvo discrepancias entre los que participaron. “Pacientes de Alto Costo hará públicas sus objeciones cuando la reforma se publique. Hacemos parte de la comisión, pero somos una organización civil independiente, no somos gobierno”, menciona el primero. El problema, sin embargo, es que no todas las organizaciones participaron de estos espacios de la Comisión y la pregunta sobre ese proceso que se hacen otras personas como Gustavo Campillo, director de la Fundación Rasa, una organización de protección de los derechos de los usuarios del sistema de salud, es qué representatividad tienen las organizaciones que sí participaron.

Puede ver: Invima autoriza vacuna Moderna contra el covid-19 a partir de los seis meses de edad

“Por lo que se ha visto, esa representatividad no parece ser mucha, porque si lo fuera no estaríamos diciendo que no nos sentimos incluidos”, dice Campillo. La Fundación Rasa, cuenta, participó del proceso que dio origen a la Ley Estatutaria de salud 1751 de 2015 que consagra la salud como un derecho fundamental, un proyecto en el que Carolina Corcho también participó. “A partir de la Ley Estatutaria —dice Campillo— continuó la tarea de desarrollar la ley, no necesariamente de una reforma al sistema. De ese proceso, del que nos dicen que salió el articulado del proyecto, no hicimos parte porque no nos invitaron”.

Lo otro que hace notar Denis Silva, vocero de Pacientes, un movimiento que agrupa a 195 organizaciones de pacientes en Colombia, es que aun si hubo invitación o participación en ese momento, no podían ser los únicos diálogos: “Que el proyecto haya salido o se haya conversado en la comisión, bien, pero la participación social tiene que ser garantizada por el gobierno de turno. Es decir, ya no es el proyecto de reforma de una comisión de organizaciones civiles, ya es el proyecto oficial y seguimos sin conocerlo”.

El debate sobre la participación alrededor de la reforma ha tocado incluso a los senadores de las comisiones séptima de Cámara y Senado, en donde tiene que ser presentado el proyecto. “Siempre se ha sustentado que esta comisión de la sociedad civil, no solo ha realizado la discusión amplia, sino que han sido personas claves en la construcción de la reforma. Pero considero que no es suficiente, una cosa es un grupo trabajando un documento y otra la debida socialización de la Reforma”, dice, por ejemplo, la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima del Senado de la República.

Puede ver: Debate de la “maternidad subrogada” irá al Congreso: las claves del proyecto de ley

Los congresistas conocerán el proyecto en los próximos días, cuando se socialice a puerta cerrada y posteriormente en el Congreso, cuando la discusión pública comience desde todas las visiones.

La discusión sobre el proyecto de reforma al sistema de salud comenzó desde el segundo semestre de 2022, cuando ya rondaban en círculos de periodistas y líderes de la salud un supuesto borrador de articulado. En ese documento ya se hablaba de la eliminación de la intermediación financiera de las EPS, la creación de centros de atención primaria, la construcción de un sistema único de información y algunos otros detalles que tenían como propósito, decía el proyecto, mejorar las condiciones laborales del personal de salud.

Aunque ese documento se conocía, fue el propio Ministerio de Salud, en un comunicado fechado el 19 de septiembre, el que se encargó de señalar que dichas versiones sobre el proyecto no se ajustaban a la actualidad. “Nosotros vamos a presentar un documento serio para que el país lo discuta. Nuestra intención es presentar en las próximas semanas el documento para el debate público, para que se discuta con tranquilidad, se dialogue y se mejore”, indicó entonces la ministra de Salud, Carolina Corcho.

Durante los siguientes meses asociaciones, organizaciones y exfuncionarios solicitaron al Ministerio de Salud la publicación del documento que sí respondiera a la actualidad. Esta mañana, sin embargo, la ministra Corcho señaló en entrevista con la emisora W que ese proyecto filtrado a inicios de septiembre de 2022, y que entonces dijo no se ajustaba a la actualidad, constituye en realidad el 70% del proyecto oficial de reforma a la salud que tiene en su mesa el presidente Petro desde inicios de enero pasado.

Los diálogos de la Reforma

La participación en la construcción de la reforma a la salud ha estado en el ojo del debate de expertos y líderes. Ante las críticas de organizaciones, salubristas y exfuncionarios por la ausencia de un borrador oficial del articulado, la ministra Corcho respondió en varias oportunidades que estaba segura de que el proyecto era el más discutido “en toda la historia republicana del país”, como dijo hace menos de una semana. Según la ministra, se han realizado seminarios y discusiones de una reforma que “antecede al propio gobierno”.

La clave de esa “larga” discusión que ve el Ministerio, pero no otro sector de la salud, se encuentra en escenarios que existen mucho antes de que Gustavo Petro asumiera la presidencia, la más importante de ellas, la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 (sobre la salud como derecho fundamental) de la Corte Constitucional. Se trata de un espacio político de organizaciones de la sociedad civil que se reunieron tras esa sentencia de la Corte en 2008 con el propósito de reformar el sistema de salud colombiano.

En esa comisión se encontraba (y se encuentran aún), organizaciones como la Federación Médica Colombiana, de la que la hoy ministra de Salud fue vicepresidenta. También están la Academia Nacional de Medicina o la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, organizaciones que, entre otras, reconocieron en un comunicado el pasado 19 de enero que han participado de encuentros y reuniones para construir el proyecto de reforma a la salud.

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A partir de esta comisión se comenzaron a llamar a una serie de encuentros que hoy la ministra señala fueron donde se discutió la reforma a la salud que planea presentar el gobierno. Por ejemplo, uno de ellos fue la cumbre social y política que convocaron durante 2021 y en la que participaron, además de delegados de varias regiones, candidatos a la presidencia, entre los que estaban Gustavo Petro. Fue allí donde el hoy presidente conoció la base de la reforma actual, en un documento titulado como “Propuesta de reglamentación y desarrollo de la ley estatutaria 1751 de 2015 para la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia”, que firman, además de Corcho, Pedro Santana Rodríguez, entre otros.

“Cuando un grupo arranca y lidera una propuesta, los que se quedan atrás, se quedan. No se pueden esperar. Nosotros arrancamos un proceso y no lo hemos parado en ocho años”, señala Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana. Según esta entidad, “ha habido foros sobre la reforma desde esa época; durante la pandemia abundaron los webinar, escritos a manera de artículos y ensayos, entrevistas y programas de TV con personas del común, trabajadores de la salud y dirigentes gremiales y académicos expresando sus ideas acerca de lo que debería ser un nuevo sistema de salud” para el país.

“Desde el 2017 tengo mi primer correo en relación con la construcción del proyecto. Hubo apertura e invitaciones a todos lados”, señala Néstor Álvarez Lara, vocero de Pacientes de Alto Costo, que participa de la Comisión. Ahora, en la Comisión, continúa Álvarez, “están las personas y organizaciones que han querido reformar al sistema. Quienes no estaban interesados en modificar el sistema, pues seguramente no iban a tener mucho interés en participar de la comisión. Hay organizaciones que nunca se han acercado a ningún espacio, porque su intención nunca ha sido modificar de manera estructurada el sistema de salud”.

Tanto Álvarez como Isaza hablan de un proceso que intentó incluir a todos y que incluso tuvo discrepancias entre los que participaron. “Pacientes de Alto Costo hará públicas sus objeciones cuando la reforma se publique. Hacemos parte de la comisión, pero somos una organización civil independiente, no somos gobierno”, menciona el primero. El problema, sin embargo, es que no todas las organizaciones participaron de estos espacios de la Comisión y la pregunta sobre ese proceso que se hacen otras personas como Gustavo Campillo, director de la Fundación Rasa, una organización de protección de los derechos de los usuarios del sistema de salud, es qué representatividad tienen las organizaciones que sí participaron.

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“Por lo que se ha visto, esa representatividad no parece ser mucha, porque si lo fuera no estaríamos diciendo que no nos sentimos incluidos”, dice Campillo. La Fundación Rasa, cuenta, participó del proceso que dio origen a la Ley Estatutaria de salud 1751 de 2015 que consagra la salud como un derecho fundamental, un proyecto en el que Carolina Corcho también participó. “A partir de la Ley Estatutaria —dice Campillo— continuó la tarea de desarrollar la ley, no necesariamente de una reforma al sistema. De ese proceso, del que nos dicen que salió el articulado del proyecto, no hicimos parte porque no nos invitaron”.

Lo otro que hace notar Denis Silva, vocero de Pacientes, un movimiento que agrupa a 195 organizaciones de pacientes en Colombia, es que aun si hubo invitación o participación en ese momento, no podían ser los únicos diálogos: “Que el proyecto haya salido o se haya conversado en la comisión, bien, pero la participación social tiene que ser garantizada por el gobierno de turno. Es decir, ya no es el proyecto de reforma de una comisión de organizaciones civiles, ya es el proyecto oficial y seguimos sin conocerlo”.

El debate sobre la participación alrededor de la reforma ha tocado incluso a los senadores de las comisiones séptima de Cámara y Senado, en donde tiene que ser presentado el proyecto. “Siempre se ha sustentado que esta comisión de la sociedad civil, no solo ha realizado la discusión amplia, sino que han sido personas claves en la construcción de la reforma. Pero considero que no es suficiente, una cosa es un grupo trabajando un documento y otra la debida socialización de la Reforma”, dice, por ejemplo, la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima del Senado de la República.

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