La Contraloría anunció este lunes hallazgos fiscales por $6 billones en 24 EPS por presunta indebida destinación de los recursos de la UPC en el año 2020, que da apertura a procesos de responsabilidad fiscal. Además, otros $5.3 billones cuya incidencia la entidad pasa a dilucidar en un proceso de indagación preliminar. La entidad reporta 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 hallazgos con incidencia fiscal, además de otros 37 hallazgos con incidencia penal que la entidad traslada ahora a la Fiscalía General.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez hizo el anuncio en una rueda de prensa realizada en la entidad. El funcionario repasó algunos de los indicios que llevaron en un primer momento a la entidad a estudiar el uso dado por parte de las EPS a los recursos girados por el Estado, la llamada Unidad de Pago por Capitación (UPC). La entidad de control reportó en el pasado que se identificaron excedentes operacionales por valor de $6.81 billones para el año 2020, $3,68 billones para 2021 y $1,08 billones para 2022.
Esos primeros indicios dieron pie a la realización de la actuación especial de fiscalización con enfoque financiero sobre el uso y destino que las EPS dieron a los recursos públicos de la salud durante 2020, por ser la más representativa en cuanto al monto de los recursos a auditar. Durante ese año, explicó el contralor Rodríguez, la facturación de servicios de salud diferentes al covid-19 cayó.
“Es importante resaltar que debido a la emergencia, el Gobierno Nacional aprobó recursos por el orden de $41 billones, gran parte de los cuales se destinaron al pago de pruebas, vacunas, atenciones de salud mediante las llamadas canastas covid, lo que evitó que se usaran recursos de la UPC y de presupuestos máximos para costear atenciones o servicios para enfermos de covid-19″, dijo Rodríguez.
La Contraloría señaló que cuando las EPS administran recursos públicos, deben someterse al ordenamiento jurídico del Estado. Por lo tanto, dijo la entidad, al principio de anualidad, puesto que los recursos que les giran derivan del presupuesto general o de ingresos parafiscales. En palabras sencillas, lo que esto quiere decir es que las EPS deben ejecutar los recursos que se les gira en la vigencia fiscal que corresponde a ellos.
“Así las cosas, la UPC, al igual que presupuestos máximos, deben destinarse para el pago de servicios de salud en la vigencia respectiva, para la cual fueron calculados y girados. Más no, para el pago de dudas propias o para el pago de deudas particulares de las EPS generadas dentro de su ejercicio operacional. Pagar estas deudas con excedentes de la UPC, los cuales deben retornar al sistema de salud, evidencia en nuestro concepto una indebida apropiación de recursos público y parafiscales”, anotó el contralor.
Los procedimientos de control, reveló el contralor, apuntaron a que las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores al año 2020 con los recursos de UPC por $5.04 billones. “La EPS SOS, para citar ejemplos, pagó con recursos excedentes de la UPC de 2020, entre otras deudas, $86.000 millones de los períodos comprendidos entre las vigencias 2013-2015, cuando las obligaciones ya estaban prescritas o las obligaciones judiciales ya habían caducado. La Nueva EPS pagó servicios de vigencias anteriores con la UPC de 2020 correspondiente a las vigencias 2008-2015 por valor de $62.000 millones”, ejemplificó el contralor.
La Contraloría también identificó pagos que no guardar causalidad con los servicios de salud. “Como es el caso de Nueva EPS, en el que evidenciamos pagos sin soportes por un valor superior a los $2 billones. Y en la EPS Famisanar por $643.000 millones. Estamos hablando de unas cifras grandes”, dijo el funcionario. La entidad señala que las EPS tuvieron la oportunidad de controvertir los hallazgos, que el contralor definió de “alto impacto nacional”. Por lo tanto, toda la investigación se adelantará desde la Unidad de Delitos Especiales contra la corrupción de la Contraloría. En seis meses habría resultado de acciones.
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