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La Contraloría realizó un seguimiento para verificar si se había cumplido o no lo ordenado en la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, en la cual se establecen unas medidas sobre derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y a la participación de niñas y niños Wayúu. (Puede ver: Los 38 menores de edad migrantes que han fallecido bajo protección del ICBF.)
Entre los hallazgos que resalta la entidad están la ausencia de destinación de recursos específicos para la atención de lo solicitado en la sentencia y, además, evidenció falta de articulación entre las entidades. Ejemplo de ello es la situación en cuanto a la atención a los niños y niñas Wayúu.
Esa desarticulación, añadió la entidad, se reflejó en un panorama preocupante: de los 265 niños y niñas fallecidos reportados por el Ministerio de Salud, entre 2019 y 2022, 95 hacían parte de los programas del ICBF. “No fue posible detectar a tiempo su estado de desnutrición”, apuntó.
Para la Contraloría, este tipo de situaciones se han vuelto comunes en la atención de los niños y niñas, pues “las entidades desarrollan sus programas y proyectos y los resultados de los mismos no son compartidos con otras entidades interesadas y que también deben intervenir el proceso de combatir la desnutrición infantil”. (Le puede interesar: Gremio pediátrico pidió acciones para frenar cifras de desnutrición infantil en Colombia)
Además, la Contraloría aseguró que cuando se focaliza un niño por desnutrición en el ICBF esta información no es compartida con las EPS y con el Ministerio de Salud. El informe señaló que se registra un incumplimiento de la meta de casos de muertes por desnutrición aguda en menores de 5 años de la población Wayúu.
“La tasa de mortalidad en los municipios de Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure por desnutrición promedio es 61,88 por 100.000 niños menores de 5 años entre 2018 – 2022; la cual es mayor respecto a lo registrado en el promedio nacional y departamental”, se lee en el informe.
En cuanto al Programa de Alimentación Escolar (PAE), no se cumplió la normatividad vigente para su operación. “Hubo deficiente seguimiento y control a los procesos contractuales por parte de la administración temporal y de los supervisores, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y el contrato”, dijo la entidad y explicó que la suma de estos factores provocó que se incumplieran los lineamientos establecidos en el programa y se afectara su calidad.
Para el cumplimiento de esta sentencia, 42 entidades estatales invirtieron un poco más de $2.1 billones desde 2019 hasta 2022. El informe fue realizado por un equipo auditor, conformado por funcionarios de nueve Contralorías delegadas sectoriales, dos Contralorías delegadas generales, la Unidad de Regalías y la Gerencia Departamental de la CGR en La Guajira. (Lea también: Así moldean las leyes la batalla global contra el VIH)
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